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6 de enero, 2014
Inconstitucionalidad.
En tanto, el fiscal Enrique Viana Ferreira presentó
ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de
inconstitucionalidad contra la denominada "ley Aratirí 19.126", por
considerar que "esquiva la prohibición constitucional de causar daños
graves al medio ambiente", según estampó en el escrito, al que accedió
El País.
"Es una ley regresista, que retrocede en la tutela de un derecho humano como es la protección ambiental", afirmó el fiscal.
"Si la protección del medio ambiente es de interés
general por voluntad de la Constitución, mal puede una ley como la de
Minería de Gran Porte declarar de utilidad pública una actividad
contraria a ese interés general", insistió.
Y agregó en el escrito que "nadie discute que la
megaminería a cielo abierto del proyecto Aratirí causará destrucción y
contaminación graves del medio ambiente. Lo que la ley 19.126 hace es
justificarla, declarándola de utilidad pública e identificando sus
impactos ambientales. No cabe concluir algo distinto que su
inconstitucionalidad".
25.12.13 Juan Pablo Correa
El lunes la asamblea de COFE decidió
prácticamente por unanimidad adherir a la campaña de recolección de
firmas para que en forma simultánea con las elecciones nacionales se
vote para prohibir expresamente en la Constitución la minería metalífera
a cielo abierto.
El directivo de COFE, Pablo Cabrera, dijo a El País
que el sindicato recibió información de los activistas contra la minería
y que los gremios que forman la confederación llegaron a la conclusión
de que el beneficio que traería la extracción de hierro por parte de
Aratirí sería "mínimo". "Estamos comprometidos con el medio ambiente y
la extracción deterioraría la tierra en un futuro no muy lejano",
sostuvo Cabrera.
De esta forma, COFE se suma a la Federación Rural que
también adhirió a la campaña. En el otro extremo, el sindicato de
Aratirí está participando en la campaña que el gobierno realiza en los
medios para destacar los beneficios de la minería de gran porte.
En paralelo, una cincuentena de productores presentó el
lunes un recurso administrativo ante la Dirección Nacional de Minería y
Geología contra las solicitudes que presentó la empresa Aratirí para
acceder a sus predios para explotar hierro y para instalar el ducto que
llevaría el mineral a la costa oceánica de Rocha.
Los productores entienden que las solicitudes no son
válidas porque no fueron acompañadas de certificados notariales
actualizados que acrediten la propiedad de los establecimientos.
Incluso, un agrimensor de Dinamige notó la omisión y solicitó a Aratirí
que presentara sus pedidos de forma apropiada, dijo a El País Julio
Gómez García, un productor de Cerro Chato que está coordinando las
acciones jurídicas de los productores.
Gómez García explicó que los funcionarios del
Ministerio de Industria entregaron los cedulones "en base a un listado
que dio la empresa" que no refleja información reciente sobre eventuales
cambios de titularidad de los predios. Los productores que recurrieron
provienen de la zona de Cerro Chato (en el límite entre Durazno, Florida
y Treinta y Tres), la zona de Valentines (entre Treinta y Tres y
Florida) y del departamento de Rocha.
Aproximadamente 400 productores fueron notificados este
mes por funcionarios del Ministerio de Industria acompañados de agentes
policiales.
El 2 de diciembre se lanzó una campaña para promover
una reforma constitucional que prohíba la minería metalífera a cielo
abierto. Este viernes se realizará una primera evaluación de la campaña
que ha reunido hasta unas 10.000 firmas, informó el activista Óscar
Baccheta.
"El tema está instalado en la población pero nos
falta gente para recolectar firmas", reconoció. Se requieren unas
260.000 firmas seis meses antes de las elecciones para lograr que en
octubre se vote la reforma constitucional.
El gobierno logró la aprobación este año de la ley de
minería de gran porte y en este mes declaró que el proyecto de Aratirí
cuenta con esas características
Gómez García dijo que la empresa está queriendo
actuar "a los ponchazos y al galope" y que los productores entienden
que, por lo que consideran vicios formales, no puede comenzar a correr
todavía el plazo de que disponen para recurrir las solicitudes de
explotación que es de 30 días hábiles que no son prorrogables.
Aquellos productores que se oponen a la minería
entienden que los predios donde se realice la extracción de hierro
quedarán inutilizables para las actividades agropecuarias. La zona en la
que planea actuar Valentines es predominantemente ganadera y de
productividad media aunque también se realiza allí algo de agricultura.
Aratirí está discutiendo con el gobierno el contrato
que enmarcará su actividad. También están pendientes las autorizaciones
ambientales para que extraiga hierro y para que lo transporte a través
de un mineroducto a un eventual nuevo puerto de aguas profundas en
Rocha.
De acuerdo a un relevamiento de El País, hay unos 350
predios en Rocha afectados, 99 en Lavalleja, 157 en Treinta y Tres, 192
en Florida y 197 en Durazno.
En Lavalleja hay pedidos por oro
Si bien en Uruguay hoy se asocia la megaminería a
cielo abierto con el proyecto Aratirí, otro grupo de productores del
centro y oeste de Lavalleja presentó recursos contra los pedidos de
prospección para buscar oro y cobre a cielo abierto que realizó una
empresa. La activista Carol Aviaga dijo que las zonas afectadas son las
cercanías del arroyo El Soldado y las zonas de Barriga Negra, Sierras
Blancas y Espuelitas.
Aviaga agregó que vecinos de José Pedro Varela, al
norte de Lavalleja, presentaron recursos también porque les
preocupa que se ha reservado un predio a menos de 20 cuadras de la plaza
principal de esa localidad para que por allí pase el ducto de Aratirí
que podría sufrir roturas.
Les preocupa que esté previsto que el ducto pase
sobre el arroyo Corrales que forma el límite entre Lavalleja y Treinta y
Tres y que abastece a esa localidad.
En Rocha se han pedido predios para el ducto cerca
de Lascano, en el noroeste del departamento. Aratirí planeaba exportar
el hierro a través de un puerto que se ubicaría en La Angostura (Rocha)
pero el gobierno le pidió que lo haga por el puerto de "aguas profundas"
al suroeste. Aratirí no terminó aún los estudios de impacto sobre el
nuevo trayecto que se le exigió.
Estimados compañeros, aprovecho para agradecer la atención al mandarnos este mail, tenernos al tanto de situaciones tan relevantes y de utilidad para los que estamos inmersos en las diversas luchas sociales.
ResponderEliminarNuestro movimiento nació hace 17 años, fue el primero a nivel nacional, en oponerse a los actuales sistemas de minería de extracción masiva y sus criminales impactos. Nuestra organización es conocida como el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, "FAO" esto es en el Estado de SanLuis Potosí en México. Nos interesa mucho conocer el juicio de anticonstitucionalidad, dado que aquí en México el FAO recién elaboró una iniciativa de Ley Minera que ya está supuestamente en discuciónen el Senado.
Una vez más gracias por la atención y nuestras felicitaciones por la revista y su gran esfuerzo.
Atentamente Ing. Mario Martínez Ramos. Coordinador del FAO.