Julio fue mas conflictivo

Trabajadores que se involucraron en los conflictos fue de 66.900

En el mes de julio la conflictividad laboral aumentó un 28% en relación al mes anterior tanto si se considera la sectorial como la global. La variación de ambas es la misma dado que en lo que va del año no se han registrado paros generales. Con respecto al mismo mes del año anterior la conflictividad global bajó más de un 50% (porque en el 2013 hubo un paro general y en el el 2014 no) mientras que la sectorial de este año fue un 45% superior (Gráfico 1).

En julio el número de conflictos fue muy bajo (9), pe ro algunos de ellos en sectores con alto número de ocupados y gran adhesi ón lo que explica la cantidad de jornadas perdidas (54.057) que se reflejan en el índice. El número de trabajadores que se involucró en los conflictos fue de 66.900. Si se analizan las medidas que se ado ptaron se observa que hubo dos ocupaciones (el laboratorio Gramón Bagó y la Compañía del Gas) .

lun jul 21 2014 13:10

El laboratorio Gramón Bagó fue ocupado esta mañana por los trabajadores tras varias semanas de acampar en las afueras del lugar.

El episodio es una derivación del prolongado conflicto que enfrenta al laboratorio Gramón Bagó con el sindicato del medicamento (SIMA) por el despido de dos visitadores médicos que el gremio entiende son ilegales y que la empresa aduce que se deben a irregularidades graves cometidas por los dos trabajadores.

La empresa argumentó que despidió a los dos visitadores médicos porque decían hacer visitas a clientes que en realidad no realizaban, algo que en el sector es considerado una falta grave. Edgardo Oyenard, dirigente del sindicato del medicamento e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, dijo a El País que de los cuatro visitadores médicos, la empresa pretendía despedir a tres que estaban sindicalizados "por métodos ilegítimos". Uno de los despidos no se concretó por intervención del Ministerio de Trabajo, aseguró.

Nuevamente la construcción fue la rama con la mayor conflictividad

La construcción representó más de la mitad de la conflictividad del mes por el fallecimiento de un trabajador en un accidente de trabajo. En segundo lugar se ubicó la educación con el 28% por un paro nacional de maestros en protesta por las agresiones a los docentes, en este caso de una madre a una directora. Dentro del transporte se registraron un paro por asamblea informativa en la empresa Copsa y varios paros en el taxi por el anuncio de envíos masivos al seguro de paro. Finalmente en la industria manufacturera se registraron paros en dos curtiembres (Zenda y Bader) y en la industria farmacéutica.

Desde el gremio se alerta que cada vez se procesan menos cueros ante la baja de la faena vacuna, que incluso algunos salen del país en estado primario y las curtiembres tienen parte de su personal en el seguro de paro.

Actualmente, quedan cuatro empresas procesando cueros vacunos: Paycueros, Curtifrance, Dofín y Zenda. La quinta, Bader (ubicada en San José), también procesa cueros vacunos, pero parte de sus instalaciones las alquiló también al grupo JBS, donde próximamente comenzará a procesar cueros en estado primario (wet blue).

"El sector está pasado por un momento complicado; no hay ganado, por lo tanto no hay cueros", dijo a El País el dirigente de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Ramón Martínez. El sindicalista agregó que las empresas recurrieron mayoritariamente a la utilización del seguro de paro parcial o rotativo y en un caso concreto a reducir la cantidad de días de trabajo semanal. Al sindicato preocupa la venta de empresas a firmas brasileñas ya que éstas prefieren exportar los cueros desde Uruguay en estado fresco, salado o wet blue, procesos que tienen muy poco valor agregado y por tanto una exigua mano de obra.

"Está bien que lleguen capitales del extranjero, pero esa llegada debe ser para estimular la producción nacional", señaló Martínez.

Zenda.

La venta de la curtiembre que había sido adquirida en 2009 por Marfrig también preocupa al sindicato. Al momento de la concreción del negocio el gremio buscará reunirse con los nuevos propietarios para conocer su plan de negocios. La UOC pretende que se cumplan los acuerdos pactados en Zenda y Martínez aseguró que el gremio "peleará por la defensa de los puestos de trabajo".

Con la venta de la curtiembre al grupo JBS, Marfrig se desprende de deudas por US$ 2.760 millones que serán asumidas por el nuevo propietario. Zenda tiene una capacidad para producir diariamente entre 4.500 y 5.000 cueros vacunos y cuenta con una plantilla laboral de 1.800 operarios.

La facturación de la curtiembre ronda en los US$ 180 millones por año. Sus exportaciones se dirigen hacia Sudáfrica y México, mayoritariamente.

La principal reivindicación fue mejores condiciones de trabajo

Nuevamente los paros en reclamo de mayores medidas de seguridad fueron la enorme mayoría en términos cuantitativos y representaron el 84% del total del mes. En dicha causa se sumaron el accidente en la construcción y el paro de maestros, siendo ambos los más importantes del mes en términos cuantitativos. Dentro de empleo las situaciones fueron variadas: los trabajadores de los taxis hicieron movilizaciones por el anuncio de envíos a seguro de paro ante la situación del sector -que los empresarios catalogan como difícil por la baja suba de tarifas, el aumento de chapas, la competencia de programas bajados a teléfonos celulares para solicitar el servicio a lo que se agregó un incendio en la central de radio operadores-. La ocupación de Gramón Bagó por despido de dos visitadores médicos que generó paros en toda la rama, mientras los paros en Zenda se debieron a envíos a seguro de paro que los trabajadores vivieron como amenaza a las fuentes de trabajo. Por último en salarios se registró un paro en la curtiembre Bader por las formas de remuneración y en la causa “otros” se agregaron tres conflictos: la asamblea informativa de Copsa, la ocupación en la Compañía del Gas por aumento de tarifas y los paros en una empresa tercerizada de Ducsa que se inció con una pelea entre trabajadores de planta y los zafrales que derivó en despidos.

Perspectivas
Como fuera planteado en informes anteriores es difícil estimar que ocurrirá a futuro cuando la conflictividad de los últimos meses se explica de forma principal por accidentes o agresiones imposibles de prever. En relación a las causas típicas, como son los salarios, no debería esperarse una conflictividad alta.
En cuanto a las relaciones laborales, probablemente lo más significativo sea el procesamientos de dirigentes sindicales, uno de ellos integrante del directorio de ASSE, que puso en la agenda política el tema de la participación de los trabajadores en la dirección de entidades públicas, abarcando temas como su forma de elección, qué función deberían cumplir, los mecanismos de control, etc. Sobre este tema se han manifestado los diversos candidatos de las siguientes elecciones nacionales.

El procesamiento del exdirector de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y la caída del podio sindical en el que se mantuvo por años, removió las aguas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), donde han surgido acusaciones hacia los principales dirigentes de falta de transparencia, de llevar adelante una “dictadura sindical” y de acomodos.

Los sectores minoritarios le han declarado la guerra a los integrantes de la lista 1886 (afines al MPP y al Partido Socialista de los Trabajadores - PST) liderada por Beatriz Fajián y Pablo Cabrera,y les exigieron que muestren las cifras y acepten la realización de una auditoría externa e independiente.

Según dijo el secretario de Interior de la FFSP, Alejandro Laner, a El Observador el 26 de julio pasado, cuando asumieron la dirigencia del sindicato en 2001 tenían 4.500 afiliados, pero hoy son 14.000. De acuerdo a esas cifras se estima que la FFSP recauda US$ 243.500 mensuales. Conocidos los motivos del procesamiento de Silva por conjunción del interés personal y público y el cobro de coimas por parte de Heber Tejeira, mano derecha de Silva, surgió en la interna la preocupación por el manejo de dinero del gremio.

La lista 70, que responde al Partido Comunista y tiene tres cargos en la directiva, entregó esta semana una nota a Fajián, presidenta del sindicato, en la que le exigieron que se realice una auditoría de las finanzas y se convoque a elecciones este año.

Además, enviaron una carta a todos los afiliados en la que apuntaron “la importancia de los valores de honestidad y transparencia que deben guiar la acción de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y la de sus representantes en todos los espacios de participación”.

En la carta propusieron que esa auditoría se ordene con “carácter grave y urgente” y sea llevada adelante “por profesionales independientes externos y no vinculados previamente a la Federación, que tenga por objeto el control de todos los procesos internos de la organización, y en particular, a los vinculados al manejo de las finanzas de la Federación, durante los últimos cuatro años de gestión”.

Desafiliaciones
Otra consecuencia del procesamiento de Silva es la desafiliación de agremiados. El pasado lunes al mediodía, en el centro Unión, una de las policlínicas de Montevideo, se realizó una asamblea en donde se decidió una renuncia masiva de trabajadores. Veinte de 25 afiliados decidieron borrarse.

Jorge Olivera, uno de ellos, explicó a El Observador que los principales motivos de la desafiliación fueron “el apoyo a Silva (por parte de la federación después de que fue procesado), la movilización para juntar dinero para pagarle la defensa y la continuidad del ejecutivo de la federación”.

“No soportamos que se apoyen estas maniobras y que siga apoyando a delincuentes y corruptos como Silva y Tejeira (…) Esperamos que otros centros hagan lo mismo”, dijo Olivera.

Según Olivera, en la reunión estuvo presente Marta Granero, integrante del ejecutivo departamental de la federación, quien apuntó a la prensa como principal responsable de una campaña contra Silva y contra el sindicato.

En las distintas asambleas por centros, las policlínicas de Montevideo y los hospitales (Pereira Rossell, Maciel, Instituto Pasteur, Español, Piñeiro del Campo, Vilardebó e Instituto Nacional de Cáncer), manifestaron repudio a los actos de Silva y solicitaron un envío a la comisión de ética sindical.

Según miembros que renunciaron al sindicato, el envío a la comisión de ética gremial “resulta en la nada”, porque está controlada por gente del grupo de Fajián y Silva.

Dentro de los grupos opositores no todos apoyan las desafiliaciones. Otro dirigente departamental de la lista 2011, dijo que la solución no está en irse, sino en quedarse. “El único modo en el que se puede pelear es desde adentro”, aseguró.

Recordó que en la última asamblea, en la que Fajián propuso recaudar fondos para la defensa de Silva y Tejeira, cuando surgieron voces en contra de esa propuesta, la presidenta invitó a quienes no apoyaran a Silva a borrarse.

Una de las integrantes del directivo nacional en representación de la lista 70, Claris Malzoni, coincidió en que la solución no está en desafiliarse porque seguirá ganando la mayoría. La dirigente dijo a El Observador que lo que pretenden es que se hagan elecciones este año.

Mal manejo y acomodos
“Desde octubre de 2011, cuando asumió la actual directiva, no ha habido una fiscalización de las finanzas. Hoy no nos vamos a quedar quietos, vamos a exigir que nos muestren los números, que se realice la auditoría”, aseguró.

Otra integrante del directivo de la lista 70, Gabriela García, escribió en la página web de la FFSP que en ese congreso de 2011 se votó un aumento de la cuota por dos años para la construcción de cabañas nuevas en la colonia de vacaciones de Punta Ballena (ver foto). “Pasaron tres años y no se han llevado a cabo”, dijo.

“A esto le agregamos las contrataciones nuevas, sin llamar a concurso para la FFSP, y los nuevos representantes con cargos dentro de la FFSP, que no son electos, nos lleva a pensar, no que haya dolo en la administración de los recursos, sino que nos hace dudar y pensar que está muy mal administrada”, indicó.

Para discutir estos temas en “los ámbitos que corresponda”, García invitó a los agremiados a acompañar el pedido de la auditoría externa y que se reglamente el ingreso de personal de la FFSP “para que no siempre sean amigos y familiares de las mayorías. Mucha gente ha ingresado por este medio en este nuevo período”.

También surgieron acusaciones de persecución sindical. Olivera manifestó que “hubo procedimientos en los cuales a miembros de la oposición dentro de la federación, no le pasaron los fueros, y eso los perjudicó porque les pasaron faltas en los lugares de trabajo. Con tres faltas los echan”.