Los agrotóxicos matan

Nacional  22.7.14

Se plantaron

Vecinos de San José afectados por fumigaciones piden que Dinama declare la zona como “no apta” para la soja.

Rastrojo de la cosecha de soja en Villa Ituzaingó, departamento de San José. / Foto: Sandro Pereyra

Cañada que atraviesa el terreno de Humberto Alexander y el predio donde se cultiva soja.

Humberto Alexander y Jimmy Álvarez, vecinos de Villa Ituzaingó, en el departamento de San José.

 

Peces que aparecen flotando sobre la superficie de una laguna, durazneros que se secan repentinamente, colmenas dañadas y mortandad de abejas, alergias y afecciones respiratorias en las personas, son algunos de los relatos que hacen los vecinos de Villa Ituzaingó, departamento de San José, cuando explican por qué se oponen a que se siga plantando soja en unas 200 hectáreas de campo cuyos límites, en los hechos, son también los que marcan el inicio del pueblo. El dueño del predio, que fue multado por no cumplir con la distancia mínima de 300 metros que debe haber con un área suburbana para poder fumigar por vía terrestre, asegura que esa normativa no es aplicable y habría que reformularla.

Siguiendo el rastro

Los casos se multiplican. La preocupación brota en localidades pequeñas, medianas y grandes de todo el país. El avance de la soja y el poder económico que ha adquirido, especialmente en la última década, no ha sido acompasado por información confiable sobre el impacto ambiental que trae aparejado, como tampoco por un plan de siembra específico que tenga en cuenta el carácter transgénico de esa leguminosa y el cóctel de plaguicidas que requiere. La comunidad académica alerta por los daños a la salud y la potencial contaminación de los cursos de agua derivados de la aplicación de productos tales como glifosato o endosulfán.
Desde Menafra, en Río Negro, a Paso Picón, en Canelones. Desde Guichón, en Paysandú, hasta Laguna del Cisne, en Maldonado. Desde Villa Ituzaingó, en San José, hasta Paraje El Tala, en Soriano. Éstos son sólo seis de las decenas de pueblos en los que al menos parte de la población ya ha experimentando consecuencias directas en su vida cotidiana por la aplicación de plaguicidas en campos de soja. Así lo testimonian sus relatos y lo comprueban las intervenciones gubernamentales que han dejado documentos que consignan la violación de las normativas para llevar a cabo las fumigaciones. También hay constancia de los daños en juicios civiles y penales que han concluido o que aún están en trámite.
la diaria abordará desde hoy una serie inicial de cuatro informes enfocados en la producción sojera y en los daños colaterales que está dejando su expansión, que incluye también perjuicios a otras prácticas productivas (como la apicultura), la desaparición de algunas de ellas y los cambios de hábitos de vida. También se publicará una cronología de hechos que han sido registrados por periódicos departamentales o locales, así como en comunicados públicos o que trascendieron por su magnitud a la prensa de alcance nacional.
Desde la academia se advierte que son necesarios más investigación y análisis para poder establecer si en Uruguay ocurre lo mismo que en los países vecinos, donde la contaminación ya ha sido comprobada científicamente y figura en la lista de la multiplicación de casos de cáncer y tumores en las poblaciones afectadas, así como abortos espontáneos, enfermedades cutáneas y respiratorias.

Villa Ituzaingó es uno de los sitios que se sumaron recientemente al auge sojero de los últimos años. Es también uno de los pueblos fumigados que no quieren que se repita en la próxima temporada lo que les tocó vivir, y para lograrlo reclamaron a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en un petitorio avalado por más de la mitad de sus habitantes, que sea declarado territorio no apto para plantar soja.
De las 312 viviendas que fueron contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el censo de 2011, 259 estaban ocupadas. En la mayoría de ellas existe espacio suficiente para el desarrollo de huertas y granjas a escala hogareña, y efectivamente los habitantes tienen arraigado el autocultivo, aunque los adultos y más veteranos reconocen que con las nuevas generaciones esta cultura ha ido perdiéndose. Sin embargo, se mantiene, y pueden verse a simple vista en los frentes o fondos de las casas desde árboles frutales a hortalizas y verduras.
Su fundación se remonta al 23 de octubre de 1875, cuando mediante un decreto se lo categorizó como pueblo. Cuando cumplió su 88º aniversario, el Parlamento lo ascendió a villa, aprobando la Ley 13.167 el 15 de octubre de 1963, año en el que se contabilizaron 708 habitantes, alcanzando 12 años después su máximo histórico de 930. El registro estadístico marcó 734 pobladores en 1985, 769 en 1996 y 740 en 2004. El censo de 2011 estableció que la comunidad está formada por 771 personas, 417 de ellas mujeres y 354 varones.
Ituzaingó tiene estación de trenes, una escuela y, desde febrero de 2014, un centro CAIF. El punto de encuentro por excelencia, además de la plaza, como en todo pueblo, es el espacio de deportes instalado en el corazón del lugar. Los fines de semana en los que hay partido y les toca ser locales en la liga de baby fútbol en la que participa, son pocos los que se quedan sin darse una vuelta mientras dura la jornada. El domingo recibieron la visita de Aguas Corrientes y el sol fue un aliado a la hora de llenar la lomada de tierra devenida tribuna principal.

Tarjeta roja

Yimmy Álvarez se afincó en la zona hace varios años. Es árbitro de Primera División y eso lo convierte en un personaje conocido, en un mundo en que todos se conocen. Es, a su vez, entrenador de la categoría 2003-2004. El domingo sobre las 11.00, mientras esperaba la llegada del equipo para compartir una tallarinada en su casa antes de arrancar para la cancha, relató el proceso que lo llevó a ser uno de los referentes de la movida ante la Dinama.
Mientras mostraba fotos que sacó con su celular cuando se realizó la cosecha “y una polvareda tapó el pueblo”, explicó que la preocupación es por las consecuencias en el corto plazo (afectación por contacto directo con los plaguicidas), pero especialmente por lo que pueda ocurrir a mediano y largo plazo en los cursos hídricos. Los campos en cuestión decantan mediante una cañada hacia una laguna que se conecta con el Arroyo de la Virgen, que a su vez desemboca en el río Santa Lucía. “Ahí es donde terminan todos los químicos que se aplican y que, por lo que se sabe, son altamente contaminantes”.
El vecino asegura que hasta ahora y transcurridos varios meses, no han tenido ninguna respuesta por parte de la Dinama, al tiempo que una nueva temporada de siembra se aproxima, y según lo que anunció el empresario Lázaro Bacigalupe, propietario del predio, este año volverá a plantar soja en sus tierras maragatas (ver http://ladiaria.com.uy/ACt5).
Fue el 7 de abril que entregaron una carta con las firmas de unos 400 vecinos dirigida a la ingeniera Laura Bonomi de la Dinama, para denunciar e informar sobre “irregularidades medioambientales que ocurren en la zona de influencia a nuestra población”. En la misiva reseñan que el 10 de enero se llevó a cabo una asamblea vecinal para evaluar las acciones “a seguir respecto de la plantación de soja existente en el establecimiento ex Linares, ubicada en ruta 79 kilómetro 82, contigua a la zona urbana, que utiliza” en su proceso productivo “fumigaciones terrestres con agroquímicos”. “En octubre del año pasado un vecino que posee una quinta de durazneros constató que posterior a una fumigación nocturna se vieron afectadas una 50 plantas, hecho éste que fue denunciado en la Junta Departamental”, que resolvió darle intervención a la Dirección de Higiene de la Intendencia de San José y a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente de la propia Junta.
La solicitud consigna que durante los meses siguientes recogieron “testimonios de varios vecinos que se habían visto afectados en su salud con reacciones alérgicas” a consecuencia de las fumigaciones, cuadros que “pueden derivar en trastornos más graves y severos”, agravados, en la opinión de los vecinos, por “la contaminación inminente que provoca sobre el Arroyo de la Virgen, que transcurre por el predio cosechado, al que derivan todos los arrastres de los agrotóxicos utilizados, y por ende al río Santa Lucía”.
Se establece también que ante la confirmación por parte de varios vecinos de una nueva fumigación “en horas de la tarde noche” del 13 de enero, optaron por impulsar otra denuncia, esta vez por intermedio de un formulario disponible en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “acudiendo 48 horas después autoridades competentes (inspectores) quienes constataron las irregularidades detalladas e informaron que se aplicarían las multas correspondientes a la empresa encargada de la fumigación”.
Finalmente, enfatizan en que el cuadro se completa por el hecho de que frente al campo, a unos 50 metros de distancia, funciona desde febrero un centro CAIF al que asisten 34 niños, y que la escuela Nº 59 está emplazada a menos de 200 metros. “De acuerdo a todo lo expuesto y en procura de erradicar definitivamente estas producciones contaminantes del área de influencia urbana y medioambiental de nuestro pueblo, se recolectaron firmas de vecinos de la zona para llevar la denuncia a todos los ámbitos competentes. Con esta información aportada queremos [que] se nos dé por presentada la denuncia” y que “se tomen las medidas correspondientes a prohibir definitivamente este tipo de producciones en el área de influencia de Villa Ituzaingó”.

Sin cosecha

Washington Reyes está jubilado desde hace tiempo. Fue policía y, desde que se retiró, una de sus principales ocupaciones es cuidar su quinta de 54 durazneros, cuya producción anual han sabido saborear muchos de los habitantes del pueblo. Pero la última cosecha la perdió. Le llevó varios días y charlas con otros vecinos y conocedores del tema concluir que todo se desencadenó tras el paso del tractor mosquito que aplicó los productos fitosanitarios para eliminar plagas y malezas.
“Me dio una lástima... yo salía a mirarlos y estaban todos florecidos. Ese día vi el tractor que estaba recorriendo el campo y sentía el olor. Pero nunca pensé que iba a pasar esto”, cuenta Reyes rodeado de sus durazneros. A diferencia de aquella mañana, el domingo sólo se veían sus ramas podadas y peladas, aunque algunos brotes le daban la esperanza de que había logrado salvarlos. “Los lavé con agua de pozo, sin cloro, para sacarles ese veneno, y, por consejo de un conocido, les corté todas las ramas hasta donde estuvieran secas. Creo que los recupero”, afirmó.
Antes de convencerse de que la fumigación de la soja fue lo que causó el fenómeno en su quinta, situada a unos 100 metros del campo, creyó que él había hecho algo mal, pero tras analizar una y otra vez todos los pasos que había dado, no le encontraba la vuelta. “Yo los curé con lo mismo de siempre”, comenta. “Eso que usan tiene que ser un veneno muy potente”, piensa en voz alta, y se asusta al imaginar que se puede repetir la misma situación en pocos meses, cuando el ciclo sojero se ponga en marcha, hacia fines de año.
Humberto Alexander también es productor, tiene vacas y diferentes cultivos a escala pequeña en su predio, ubicado a un costado del predio de Bacigalupe, separados por una cañada. El año pasado, por las mismas fechas en las que los duraznos de Reyes se echaban a perder, él fue una vez más hasta la laguna que se encuentra a unos 500 metros de su vivienda, y donde muchos lugareños iban con frecuencia a pescar. “Cuando llegué, ese día el agua estaba tapada de peces muertos, de todo tipo y tamaño. Nunca había pasado algo así, y no me dio para sacarle fotos, pero era una imagen que impactaba”, asegura, mientras describe el recorrido que hace el agua de lluvia desde el campo vecino, arrastrando los restos de los plaguicidas hacia la cañada, que decanta en la laguna y en el Arroyo de la Virgen, afluente del río Santa Lucía, poniendo en eventual riesgo su condición de abastecedor de agua potabilizable.
Cree que no existe una dimensión real del perjuicio que causan los llamados agrotóxicos, ni en la población ni en las autoridades. Expresó que tiene la misma incertidumbre que los demás habitantes sobre el futuro del lugar, y las consecuencias en la salud que les dejaría el uso sostenido de estos productos. Lo mismo piensa Olga Martínez, referente de la asociación civil que gestiona el CAIF Rincón de Luz, ubicado sobre la ruta 79, enfrente al campo. Si bien abrió sus puertas en febrero, Martínez asegura que ya sufrieron las consecuencias de la actividad productiva, mencionando, por ejemplo, problemas de respiración en algunos de los niños.
Casi lo mismo repite Dante Carlini, otro de los que están movilizados para lograr que la zona sea declarada libre de soja. Él fue quien radicó la denuncia online ante el MGAP en enero, activando una inspección el 16 de ese mes por parte de técnicos de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA). A los 14 días de esa instancia, Carlini fue notificado de que se comprobaron “aplicaciones en cultivo de soja en zona suburbana, no respetando la normativa vigente”.
En informes posteriores que le fueron enviados, se le hizo saber que Tonigral SA, la empresa que opera la plantación, había sido multada.

Se nos viene el agua

Entre las gestiones y contactos que concretaron los vecinos de Villa Ituzaingó figuran reuniones con ediles y autoridades de la Intendencia de San José, entre ellos José Carlos Bisensang, director de Higiene de la comuna. Consultado por la diaria, el funcionario dijo: “Lo que pasó en Ituzaingó fue que hay un plantío que está muy cercano de la zona poblada... y ahí se da una contradicción, porque está prohibido fumigar pero no está prohibido plantar”, en alusión a la distancia de 300 metros. “Creo que hay que ir a un ajuste de la normativa”, opinó.
Desde su óptica, esta reformulación debería contemplar la cercanía existente con los acuíferos. Contó que a fines de junio se entrevistó una vez más con los vecinos para darles el respaldo del gobierno local al planteo que hicieron en la Dinama. Sostuvo que si bien en este caso “no hubo afectaciones a la salud de las personas, sí se arruinaron vides y durazneros; sabemos por la literatura internacional y nacional cuáles son las consecuencias por el uso de plaguicidas”.
Por su parte, el edil del Frente Amplio Juan Carlos Alfaro, uno de los que encendieron la alarma en la Junta por los efectos de la soja, consideró que en tiempos electorales este tema quedará en segundo plano, pero lo definió como “prioritario”. Anunció que una vez terminada la campaña, lo presentará como tema político en su colectividad, con miras a fortalecer las regulaciones y los controles para brindar garantías a los habitantes de los pueblos cercanos y preservar “un recurso tan vital como el del agua”.

Federico Gyurkovits