Guita electrónica

La cantidad de transacciones por débito o crédito se multiplicaron por 6 y los montos por 3,5 desde la puesta en vigor el 1° de agosto de la ley de Inclusión Financiera, lo cual demuestra la efectividad del sistema y la oportunidad de extenderlo. Esta iniciativa se alinea con la instalación de la Ventanilla Única Social en cuatro ciudades para simplificar trámites y avanzar en reformas del Estado, informó el Poder Ejecutivo.

Al término de la finalización del Consejo de Ministros este lunes en la Residencia de la calle Suárez, el titular de la cartera de Desarrollo Social, Daniel Olesker, informó de los asuntos analizados en la reunión y entregó a los medios presentes en la conferencia los primeros datos que surgen tras dos semanas de puesta en práctica de la ley de Inclusión Financiera.
También dio cuenta a la prensa sobre los avances e inauguraciones detalladas en la reunión por los ministros Francisco Beltrame, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y Susana Muñiz, de Salud Pública, y luego enfocó los datos sobre la creación de la llamada Ventanilla Única Social, que se suma a otras ya existentes bajo la misma modalidad en busca de reformar la estructura estatal.
El Gobierno anunció la instalación de la Ventanilla Única Social (VUS), en principio en cuatro ciudades.

La economía de a pie.

OTRA VEZ, GANA LA BANCA.

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OTRA VEZ, GANA LA BANCA.

Con el nombre pomposo de inclusión financiera y uso de medios de pago electrónicos se irá obligando a los asalariados, jubilados, trabajadores por cuenta propia, microempresarios, a aceptar un intermediario financiero en sus cobros y transacciones comerciales. Con el anzuelo de una pequeña rebaja en el IVA, se dan pasos en dirección a incrementar el poder de los Bancos y promover mayores procesos de concentración de riquezas

La ley 19210, de “bancarización” establece un cronograma mediante el cual en un plazo aproximado de dos años obligará de manera progresiva a la población uruguaya a optar en que institución financiera se le acreditarán sus ingresos.

Lo que se publicita como un derecho al uso de medios de pago electrónicos, se irá convirtiendo en una obligación. La mayor parte de la población deberá a aceptar un intermediario financiero que se lleva una tajada. Obviamente, la misma saldrá del que paga o del que cobra.

Salarios, jubilaciones, y diferentes ingresos propiedad de los trabajadores quedarán obligatoriamente aprisionados en manos de los grandes Bancos que recibirán así una enorme masa de depósitos por los que no pagarán ningún tipo de tasa de interés, ni siquiera un ajuste por la evolución de precios. Por más rápido que el usuario saque su dinero del cajero automático mediante su tarjeta, una enorme cantidad de sus saldos de diferente cuantía será usada por el sistema bancario sin pagar nada a sus legítimos dueños, obligados a elegir un intermediario que hará negocio con su dinero.

Otra cara del mismo proceso es la posibilidad ampliada de acuerdos entre grandes Bancos y el gran comercio para otorgarse beneficios mutuos en función de la enorme cantidad de transacciones que se habilitarán mediante las tarjetas y lo que significan en lo que refiere a su potencial de compras y ventas.

En consecuencia las grandes superficies comerciales pueden contribuir a direccionar las cuentas de asalariados y jubilados hacia determinados Bancos y a su vez las instituciones financieras pueden otorgar beneficios a quienes compren en tal o cual cadena comercial. La dinámica de estos procesos significará ir marginando o excluyendo del mercado a los jugadores “pequeños” y hasta medianos.

Como ni siquiera se establece la obligación de aceptar pagos con todas las tarjetas de débito, el poseedor de dinero electrónico, puede verse limitado en su posibilidad de acceso a una cantidad de bocas de venta de los más diversos productos. Es decir una especie de dinero que solo se acepta en algunos comercios.

A todo esto se deben agregar problemas prácticos, tales como posibilidades de saturación del sistema, cortes de energía, dificultades de pequeños comercios para acceder o mantener en funcionamiento los aparatitos de lectura del dinero electrónico. El riesgo es mayor obviamente en ciudades y localidades pequeñas, donde no abunden Bancos ni comercios.

Como la información es poder, se le otorga también a los Bancos un potente instrumento para sus negocios, en cuanto conocer el estado económico y financiero de los usuarios de sus servicios, que serán prácticamente todos los habitantes del país. Se incluye además la posibilidad que por dificultades financieras los receptores de créditos acepten que la institución acreedora le descuente directamente de su nómina de salarios o jubilación.

El anzuelo inmediato es una pequeña rebaja en el IVA, que gozarán provisoriamente quienes usen tarjetas de débito o crédito siempre y cuando se la acepten en el comercio que desea comprar. La promesa preelectoral de rebaja del tributo queda limitada a los usuarios de dinero electrónico y en consecuencia la intermediación financiera se apropiará por otras vías del posible beneficio ya que los trabajadores son obligados a depositar sus ingresos en los grandes Bancos con tasa de interés cero y los Bancos prestan ese dinero con tasas de interés galácticas.

El gobierno y la conducción económica mantienen absoluta coherencia. Una vez más sus medidas determinan que gane la Banca.