Buscadores
Entrevista a Dra Amalia Laborde
16-08-2013
Nacional
5.8.14
Dentro del tarro
Hospital de Clínicas impulsa proyecto para llevar registro y análisis
de personas afectadas por fumigaciones sojeras.
Amalia Laborde, encargada del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. / Foto: Pedro Rincón
“Las intoxicaciones por plaguicidas agrícolas y
veterinarios representan una patología frecuente en nuestro país, y
constituyen un problema de salud pública”. Así empiezan las conclusiones
de una investigación del Centro de Información y Asesoramiento
Toxicológico (CIAT) del Hospital de Clínicas. El trabajo, aún no
publicado en Uruguay, implicó el estudio de los casos de intoxicación
diagnosticados por el organismo entre enero de 2002 y diciembre de 2011.
Actualmente no hay ningún programa público ni privado que contemple el
auge de la agricultura extensiva -con la soja transgénica a la cabeza- y
monitoree el impacto que tienen en la salud humana los productos
fitosanitarios que demanda.
Si
bien en el global de casos definidos como intoxicación en ese período
(2.602) los relativos a los plaguicidas son bajos (73, lo que representa
2,8%), la encargada del CIAT, la toxicóloga Amalia Laborde, precisó que
la cifra es producto de las consultas recibidas y no de un trabajo de
campo en las comunidades que en los últimos años han denunciado
públicamente problemas respiratorios, alergias, dolores de cabeza y
erupciones, entre otros, por la llamada “deriva” de los productos que se
aplican durante la temporada de soja transgénica.
En este sentido, Laborde
contó a la diaria que en el marco de los acuerdos de complementación que
ha suscrito el CIAT con el Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) -que implican
exámenes periódicos a los funcionarios-, se planteó la posibilidad de
financiar un programa que apunte a estudiar el tema mediante el rastro
de metabolitos de plaguicidas en la orina de los afectados, y a partir
de esos resultados valorar el nivel de presencia en el organismo.
Justamente, de la investigación del CIAT, concluida y presentada en setiembre de 2013 en el XVIII Congreso Argentino de Toxicología, se desprende que “si bien el análisis clínico de los casos estuvo fuera de los objetivos de este estudio, los resultados permiten identificar casos y circunstancias de intoxicación para investigaciones clínicas futuras. Los resultados obtenidos permiten orientar nuevos estudios epidemiológicos, actividades de prevención y priorizar intervenciones de comunicación de riesgos e información a la población”.
El mapeo de las situaciones hecho por la dependencia universitaria establece que Rocha, con una tasa de 17,16 casos de intoxicación por cada 100.000 habitantes; Soriano, con un índice de 14,66; Lavalleja, con 14,44; y Florida, con 14,37, son los departamentos con mayor casuística, mientras que en el otro extremo aparecen Montevideo (4,39), Canelones (7,65) y Maldonado (7,85).
El informe también especificó, según la región del país, cuáles fueron los principios activos hallados en esos 73 casos de contaminación ambiental por plaguicidas, entre 110 agentes distintos. Los que más se repitieron fueron el glifosato (seis departamentos) y la cimerpetrina (en otros seis), ambos usados en las fumigaciones de cultivos de soja.
Laborde, ex compañera de equipo de Burger y quien la relevó al frente del CIAT, precisó que los llamados “paquetes tecnológicos” empleados en los cultivos refieren a una combinación de productos químicos, lo que dificultaría establecer, llegado el caso, cuál de ellos provocó un trastorno de salud.
Tanto Burger como Laborde lamentaron el atraso que lleva el país en estudiar sistemáticamente estos fenómenos. Creen que si se hubiera empezado cuando se conocieron las primeras denuncias de vecinos, hoy habría elementos científicos para aportar a un debate que, actualmente e incluso sin ellos, está ganando espacio en la sociedad civil y organizaciones, aunque no tanto en los medios masivos de información. Si bien no existen trabajos que se hayan concentrado en la situación de los habitantes de pueblos fumigados, sí existen en el ámbito local numerosas pesquisas, algunas de ellas de las décadas del 60 y 70, y la mayoría de 2000 a la fecha.
En muchos el objeto de estudio son los trabajadores involucrados, mientras que otros se enfocan directamente en los alimentos. Con base en este tipo de informes es que se han ido adoptando medidas correctivas, especialmente en materia de seguridad laboral y cuidado de medio ambiente en las zonas o sectores sometidos a estudio. Más recientemente, y en virtud de la literatura internacional acumulada, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a realizar exámenes periódicos de los vegetales que se consumen en la capital. El último, correspondiente a 2013, indicó que “10% de las muestras de frutas y hortalizas disponibles en el mercado uruguayo presentan residuos de plaguicidas que superan los límites máximos establecidos por la Unión Europea”, más exigente que la normativa local.
Esta
preocupación de la jerarca respondía al nuevo escenario del país, muy
diferente del de una década atrás, cuando aún no se percibían como un
problema los factores asociados a la decisión que tres años antes había
tomado la División de Protección Agrícola del MGAP al aprobar la soja
Roundup Ready (RR), conocida así por su resistencia al glifosato. En
1999 Uruguay fue sede de un taller sobre el uso seguro de plaguicidas en
países del Mercosur, denominado “Registro armonizado de casos y de
productos para toxicovigilancia y prevención de intoxicaciones por
plaguicidas”.
La delegación uruguaya presentó un estudio epidemiológico de las intoxicaciones por plaguicidas, fase piloto de un proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Armonización de Registro de datos de la exposición humana a plaguicidas. El informe comenzaba diciendo que “la intoxicación aguda por plaguicidas y el estudio de poblaciones expuestas a los mismos ha sido objeto de numerosos estudios en Uruguay en los últimos 20 años”, aunque reconocía que “hasta el momento actual no se han realizado estudios epidemiológicos para el estudio de la distribución y determinantes específicos de dicha exposición”. En este punto la situación es la misma, en el sentido de que se tienen datos sobre casos “consumados”, pero no hay series históricas que confirmen o descarten secuelas en habitantes de zonas como Guichón, de las primeras que sintieron el auge de la agricultura extensiva.
Para el trabajo se analizaron retrospectivamente 439 historias clínicas de pacientes de todo el país; 43% de los casos correspondió a la capital y 9% a Canelones. Del total, las principales causas de la exposición fueron: 59,2% accidental, 21,9% ocupacional y 18% intencional. De los 260 casos accidentales, 173 (66,5%) correspondieron a exposición a insecticidas y 46 (17,6%) a exposición a rodenticidas. Las exposiciones ocupacionales correspondieron en 55 casos a insecticidas y en 11 a herbicidas. Entre los insecticidas se estableció el predominio de los OF y piretroides, especialmente a nivel accidental y ocupacional.
En aquel entonces, la técnica de la OMS Jenny Pronczuk de Garbino hacía hincapié en que el tema de los plaguicidas exigía una estrategia de toxicovigilancia, definida como “un proceso dinámico y permanente de identificación de riesgos para la salud humana por exposición a sustancias químicas, seguido de notificación a las autoridades competentes a efectos de iniciar acciones para la reducción de riesgos y su prevención”.
El relato sobre los trastornos experimentados por las personas que habitan pueblos fumigados en Uruguay son consistentes con los descritos en otros países y reconocidos como probables en las advertencias que los productos incluyen en sus envases, tales como diarreas, alergias, erupciones, problemas respiratorios y cefaleas, entre los principales. Por el contrario, no está cuantificado ni aceptado unánimemente, al menos en el país, cuáles son los impactos y problemas asociados por la exposición sistemática a largo plazo, salvo los propios testimonios de los afectados documentados en trabajos de campo de organizaciones sociales, blogs, redes sociales o instituciones públicas como el Parlamento (ver nota vinculada).
Existen, sin embargo, estudios e investigaciones internacionales, usadas como referencias en trabajos locales, sobre esas otras consecuencias. Por ejemplo, una de las profesionales que se han dedicado en su carrera a este tema es Carmen Ciganda, ex integrante del CIAT y directora de la División de Salud Ocupacional y Ambiental del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde 2005, lugar desde el que hoy tiene a su cargo la ejecución de programas relacionados con este fenómeno. En diciembre de 2002, por ejemplo, en el marco de un taller sobre salud y medio ambiente organizado por la IM, la especialista aportó nociones básicas sobre el tema, señalando que si bien las sustancias químicas son indispensables porque controlan y previenen enfermedades en los cultivos e incrementan la productividad agrícola, “dañan la salud y contaminan nuestro ambiente”.
En este sentido marcó que la contaminación es inherente al desarrollo humano y que “los efectos más graves ocurren cuando la entrada de sustancias al ambiente rebasa la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas o degradarlas”. Lo mismo sucede con el cuerpo humano, comparó. “Todos estamos expuestos a tóxicos químicos”, y la magnitud del daño depende de la cantidad, duración y frecuencia de la exposición, toxicidad y sensibilidad individual. También inciden el sustrato que provoca la contaminación (agua, aire, suelo, alimentos) y la vía de exposición (respiratoria, oral, dérmica, transplacentaria y lactancia), y la especialista precisó que “90% de las intoxicaciones agudas y efectos crónicos ocurren en países subdesarrollados”. Entre ellos enumeró leucemia, aborto, malformaciones, irritación local, alteraciones respiratorias e incluso la muerte.
Previo a su ingreso al MSP, Ciganda había puesto el ojo en la salud sexual y reproductiva, tal como resumió en una de sus publicaciones, titulada “Riesgo químico y daño reproductivo relacionado a la exposición laboral con plaguicidas”. Allí plantea que “la mujer ha ido tomando un rol fundamental al formar parte de la fuerza de trabajo en el sector agrícola, siendo empleada fundamentalmente en invernáculos y en la recolección y manipulación de frutas, donde la contaminación puede alcanzar niveles elevados por el tipo de ambiente donde se desarrolla, con escasa ventilación”.
“La toxicología reproductiva tiene algunas características que le dan una singularidad especial: envuelve a la pareja y no sólo a un individuo, y suele ser ignorada en su dimensión hasta tanto no es buscado el embarazo. Numerosos trabajos han demostrado la relación entre la exposición a plaguicidas y alteraciones reproductivas tales como alteraciones de la fertilidad femenina y masculina, aborto, pretérmino, pequeño para la edad gestacional, malformaciones, bajo peso al nacer y óbito. Sin embargo, a nivel nacional no existe hasta el momento ningún estudio que valore la repercusión de los plaguicidas contaminantes del ambiente de trabajo y/o medio ambiental, sobre la salud reproductiva de la pareja expuesta”.
La académica incluye reseñas de los fenómenos más conocidos, vinculados a trastornos en la fertilidad masculina y en la femenina, en el embarazo y desarrollo, carcinogénesis transplacentaria y período posnatal, asociadas a plaguicidas.
Notifíquese
La
Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) comunicó ayer a los
vecinos de Villa Ituzaingó que había dado curso a la denuncia telefónica
recibida en abril por “fumigaciones con herbicidas y trilla continua de
soja desde el 25/4 al 27/4”, durante la cosecha de la oleaginosa. La
comunicación añade que “todos los aspectos denunciados por los vecinos
referidos a las consecuencias de la cercanía del cultivo de soja en el
predio rural ex Linares serán analizadas a través del expediente
2014/14000/7969”, en el que se tramita la solicitud hecha a la Dinama
para que declare a Villa Ituzaingó “no apta para la soja”, iniciativa
que contó con el respaldo de 400 firmas (más de la mitad de los
habitantes del lugar). En agosto está previsto que el organismo convoque
a una jornada de intercambio en Villa Ituzaingó, con la participación
de referentes de otras instituciones públicas para abordar el tema
integral y coordinadamente.
Justamente, de la investigación del CIAT, concluida y presentada en setiembre de 2013 en el XVIII Congreso Argentino de Toxicología, se desprende que “si bien el análisis clínico de los casos estuvo fuera de los objetivos de este estudio, los resultados permiten identificar casos y circunstancias de intoxicación para investigaciones clínicas futuras. Los resultados obtenidos permiten orientar nuevos estudios epidemiológicos, actividades de prevención y priorizar intervenciones de comunicación de riesgos e información a la población”.
El mapeo de las situaciones hecho por la dependencia universitaria establece que Rocha, con una tasa de 17,16 casos de intoxicación por cada 100.000 habitantes; Soriano, con un índice de 14,66; Lavalleja, con 14,44; y Florida, con 14,37, son los departamentos con mayor casuística, mientras que en el otro extremo aparecen Montevideo (4,39), Canelones (7,65) y Maldonado (7,85).
El informe también especificó, según la región del país, cuáles fueron los principios activos hallados en esos 73 casos de contaminación ambiental por plaguicidas, entre 110 agentes distintos. Los que más se repitieron fueron el glifosato (seis departamentos) y la cimerpetrina (en otros seis), ambos usados en las fumigaciones de cultivos de soja.
Qué paquete
Al igual que lo han marcado referentes académicos de la región, a medida que pasan los años la situación tiende a complejizarse, ya que las plagas que se quiere combatir también van mutando y aumentando su resistencia a los químicos. “Pasa lo mismo que ocurrió en el ser humano cuando se descubrió la penicilina: se usaba para todo, hasta curaba infecciones. Pero hoy, ¿para qué se usa?”, se pregúnto la toxicóloga grado 5 de la Facultad de Medicina Mabel Burger, ex directora del CIAT. “Hoy en todos los congresos médicos, el gran tema es la enorme resistencia bacteriana a los medicamentos”, graficó la académica en diálogo con la diaria, para luego indicar que con los demás organismos vivos pasa lo mismo.Laborde, ex compañera de equipo de Burger y quien la relevó al frente del CIAT, precisó que los llamados “paquetes tecnológicos” empleados en los cultivos refieren a una combinación de productos químicos, lo que dificultaría establecer, llegado el caso, cuál de ellos provocó un trastorno de salud.
Tanto Burger como Laborde lamentaron el atraso que lleva el país en estudiar sistemáticamente estos fenómenos. Creen que si se hubiera empezado cuando se conocieron las primeras denuncias de vecinos, hoy habría elementos científicos para aportar a un debate que, actualmente e incluso sin ellos, está ganando espacio en la sociedad civil y organizaciones, aunque no tanto en los medios masivos de información. Si bien no existen trabajos que se hayan concentrado en la situación de los habitantes de pueblos fumigados, sí existen en el ámbito local numerosas pesquisas, algunas de ellas de las décadas del 60 y 70, y la mayoría de 2000 a la fecha.
En muchos el objeto de estudio son los trabajadores involucrados, mientras que otros se enfocan directamente en los alimentos. Con base en este tipo de informes es que se han ido adoptando medidas correctivas, especialmente en materia de seguridad laboral y cuidado de medio ambiente en las zonas o sectores sometidos a estudio. Más recientemente, y en virtud de la literatura internacional acumulada, la Intendencia de Montevideo (IM) comenzó a realizar exámenes periódicos de los vegetales que se consumen en la capital. El último, correspondiente a 2013, indicó que “10% de las muestras de frutas y hortalizas disponibles en el mercado uruguayo presentan residuos de plaguicidas que superan los límites máximos establecidos por la Unión Europea”, más exigente que la normativa local.
La dimensión
En marzo de 2009, la entonces ministra de Salud Pública María Julia Muñoz le puso la firma a un decreto basado en “la necesidad de reglamentar la vigencia sanitaria de los trabajadores expuestos a los diferentes factores de riesgo laborales”, estableciendo “el esquema básico referente a los diversos factores de riesgo químicos y físicos, los respectivos controles y análisis médicos”. Para los trabajadores expuestos a “plaguicidas inhibidores de la enzima colinesterasa (órganofosforados [OF] y carbamatos)” se ordenaron “al menos dos controles anuales”, el primero “durante la exposición o dentro de los tres días posteriores” y el restante “durante el período de descanso anual, sin exposición”.La piel del otro
El
22 de mayo de 2012, la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas
para América Latina (Rapal) acompañó a comparecer ante la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados a Walkiria González, afincada en Costas
de San Francisco, Paysandú, quien se declara víctima directa de la
deriva de los productos fitosanitarios: “Estoy sufriendo unas 12 o 13
fumigaciones con mosquito [nombre con el que se conoce a los tractores
con los que se fumiga] por año. Mi casa tiene disposición urbana, y esto
se está realizando frente a mi casa, a menos de diez o 12 metros. He
hecho todas las gestiones necesarias ante la Dirección Nacional de Medio
Ambiente -hay expedientes- y otros vecinos han hecho las denuncias ante
ese organismo. Concretamente, desde 2008 nos estamos moviendo
-solicitamos audiencia con la Junta Departamental, pedimos que se
incorporara la inquietud a Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con
relación al proyecto de Paysandú-, pero no ha pasado absolutamente
nada; está todo encajonado, todo quieto, todo guardado, en la dulce
espera”.
“El problema es que las fumigaciones se suceden. En este momento, creo que estoy soportando la fumigación número 51 o 52. En 2008 comencé a evidenciar síntomas de trastornos neurológicos. Hice las consultas pertinentes en la mutualista y me hicieron estudios de todo tipo, tamaño y color. Lo único que se encontró, concretamente, fue que en el sistema nervioso tenía niveles muy bajos de una sustancia neurotransmisora, la serotonina. Probaron darme, en forma experimental, una sustancia que compensara esa atrofia, ese hipofuncionamiento -no sé cómo llamarlo-, la poca presencia de esa sustancia en mi sistema nervioso, y me dieron paroxetina -Blifedan o Paroxet-, que es una sustancia sintética. No evidenciaba ningún cuadro depresivo, pero sí tenía trastornos cognoscitivos y del sistema nervioso. No tengo ningún problema emocional que me haga pensar que sea la causa de eso. Cuando fumigaban comenzaba con temblores muy extraños -parecía que tenía Parkinson-, tenía dormideras en el cuerpo y el ritmo cardíaco se detenía de manera repentina y sin ninguna razón. Eso también me sucedía cuando no estaba realizando ninguna actividad. A partir de ahí pude establecer patrones que me hicieron sospechar, por primera vez y después de varios años, que quizás todo esto estuviera relacionado a que yo estaba muy directamente expuesta a las fumigaciones”.
Finalmente, contó que está siendo tratada “por estos problemas y costeando análisis y medicación con mis propios medios. No sé qué consecuencias pueda traer esto a mis hijos. El señor que realiza estas fumigaciones ha sido sancionado por el MGAP, pero ha continuado fumigando, inclusive en horarios nocturnos para que no lo vean”.
“El problema es que las fumigaciones se suceden. En este momento, creo que estoy soportando la fumigación número 51 o 52. En 2008 comencé a evidenciar síntomas de trastornos neurológicos. Hice las consultas pertinentes en la mutualista y me hicieron estudios de todo tipo, tamaño y color. Lo único que se encontró, concretamente, fue que en el sistema nervioso tenía niveles muy bajos de una sustancia neurotransmisora, la serotonina. Probaron darme, en forma experimental, una sustancia que compensara esa atrofia, ese hipofuncionamiento -no sé cómo llamarlo-, la poca presencia de esa sustancia en mi sistema nervioso, y me dieron paroxetina -Blifedan o Paroxet-, que es una sustancia sintética. No evidenciaba ningún cuadro depresivo, pero sí tenía trastornos cognoscitivos y del sistema nervioso. No tengo ningún problema emocional que me haga pensar que sea la causa de eso. Cuando fumigaban comenzaba con temblores muy extraños -parecía que tenía Parkinson-, tenía dormideras en el cuerpo y el ritmo cardíaco se detenía de manera repentina y sin ninguna razón. Eso también me sucedía cuando no estaba realizando ninguna actividad. A partir de ahí pude establecer patrones que me hicieron sospechar, por primera vez y después de varios años, que quizás todo esto estuviera relacionado a que yo estaba muy directamente expuesta a las fumigaciones”.
Finalmente, contó que está siendo tratada “por estos problemas y costeando análisis y medicación con mis propios medios. No sé qué consecuencias pueda traer esto a mis hijos. El señor que realiza estas fumigaciones ha sido sancionado por el MGAP, pero ha continuado fumigando, inclusive en horarios nocturnos para que no lo vean”.
La delegación uruguaya presentó un estudio epidemiológico de las intoxicaciones por plaguicidas, fase piloto de un proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Armonización de Registro de datos de la exposición humana a plaguicidas. El informe comenzaba diciendo que “la intoxicación aguda por plaguicidas y el estudio de poblaciones expuestas a los mismos ha sido objeto de numerosos estudios en Uruguay en los últimos 20 años”, aunque reconocía que “hasta el momento actual no se han realizado estudios epidemiológicos para el estudio de la distribución y determinantes específicos de dicha exposición”. En este punto la situación es la misma, en el sentido de que se tienen datos sobre casos “consumados”, pero no hay series históricas que confirmen o descarten secuelas en habitantes de zonas como Guichón, de las primeras que sintieron el auge de la agricultura extensiva.
Para el trabajo se analizaron retrospectivamente 439 historias clínicas de pacientes de todo el país; 43% de los casos correspondió a la capital y 9% a Canelones. Del total, las principales causas de la exposición fueron: 59,2% accidental, 21,9% ocupacional y 18% intencional. De los 260 casos accidentales, 173 (66,5%) correspondieron a exposición a insecticidas y 46 (17,6%) a exposición a rodenticidas. Las exposiciones ocupacionales correspondieron en 55 casos a insecticidas y en 11 a herbicidas. Entre los insecticidas se estableció el predominio de los OF y piretroides, especialmente a nivel accidental y ocupacional.
En aquel entonces, la técnica de la OMS Jenny Pronczuk de Garbino hacía hincapié en que el tema de los plaguicidas exigía una estrategia de toxicovigilancia, definida como “un proceso dinámico y permanente de identificación de riesgos para la salud humana por exposición a sustancias químicas, seguido de notificación a las autoridades competentes a efectos de iniciar acciones para la reducción de riesgos y su prevención”.
Degeneración en generación
La incidencia de los OF en la casuística y el riesgo sanitario potencial determinaron el plan de vigilancia fijado para los trabajadores en contacto con esos productos, causantes de 80% de las intoxicaciones en el mundo. “Son sustancias clasificadas químicamente como esteres (proceden de condensar ácidos con alcoholes) y se nombran como sales del ácido del que provienen derivados del ácido fosfórico y ácido fosfónico utilizadas como plaguicidas para el control de insectos; son biodegradables, poco solubles en agua y muy liposolubles, su presentación más frecuente es en forma líquida. La intoxicación aguda por OF ocurre después de exposición dérmica, respiratoria u oral a estos plaguicidas”, escribió la magíster en Toxicología colombiana Myriam Gutiérrez de Salazar, coordinadora del Centro de Información y Asesoría Toxicológica de la Universidad Nacional de Colombia.El relato sobre los trastornos experimentados por las personas que habitan pueblos fumigados en Uruguay son consistentes con los descritos en otros países y reconocidos como probables en las advertencias que los productos incluyen en sus envases, tales como diarreas, alergias, erupciones, problemas respiratorios y cefaleas, entre los principales. Por el contrario, no está cuantificado ni aceptado unánimemente, al menos en el país, cuáles son los impactos y problemas asociados por la exposición sistemática a largo plazo, salvo los propios testimonios de los afectados documentados en trabajos de campo de organizaciones sociales, blogs, redes sociales o instituciones públicas como el Parlamento (ver nota vinculada).
Existen, sin embargo, estudios e investigaciones internacionales, usadas como referencias en trabajos locales, sobre esas otras consecuencias. Por ejemplo, una de las profesionales que se han dedicado en su carrera a este tema es Carmen Ciganda, ex integrante del CIAT y directora de la División de Salud Ocupacional y Ambiental del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde 2005, lugar desde el que hoy tiene a su cargo la ejecución de programas relacionados con este fenómeno. En diciembre de 2002, por ejemplo, en el marco de un taller sobre salud y medio ambiente organizado por la IM, la especialista aportó nociones básicas sobre el tema, señalando que si bien las sustancias químicas son indispensables porque controlan y previenen enfermedades en los cultivos e incrementan la productividad agrícola, “dañan la salud y contaminan nuestro ambiente”.
En este sentido marcó que la contaminación es inherente al desarrollo humano y que “los efectos más graves ocurren cuando la entrada de sustancias al ambiente rebasa la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas o degradarlas”. Lo mismo sucede con el cuerpo humano, comparó. “Todos estamos expuestos a tóxicos químicos”, y la magnitud del daño depende de la cantidad, duración y frecuencia de la exposición, toxicidad y sensibilidad individual. También inciden el sustrato que provoca la contaminación (agua, aire, suelo, alimentos) y la vía de exposición (respiratoria, oral, dérmica, transplacentaria y lactancia), y la especialista precisó que “90% de las intoxicaciones agudas y efectos crónicos ocurren en países subdesarrollados”. Entre ellos enumeró leucemia, aborto, malformaciones, irritación local, alteraciones respiratorias e incluso la muerte.
Previo a su ingreso al MSP, Ciganda había puesto el ojo en la salud sexual y reproductiva, tal como resumió en una de sus publicaciones, titulada “Riesgo químico y daño reproductivo relacionado a la exposición laboral con plaguicidas”. Allí plantea que “la mujer ha ido tomando un rol fundamental al formar parte de la fuerza de trabajo en el sector agrícola, siendo empleada fundamentalmente en invernáculos y en la recolección y manipulación de frutas, donde la contaminación puede alcanzar niveles elevados por el tipo de ambiente donde se desarrolla, con escasa ventilación”.
“La toxicología reproductiva tiene algunas características que le dan una singularidad especial: envuelve a la pareja y no sólo a un individuo, y suele ser ignorada en su dimensión hasta tanto no es buscado el embarazo. Numerosos trabajos han demostrado la relación entre la exposición a plaguicidas y alteraciones reproductivas tales como alteraciones de la fertilidad femenina y masculina, aborto, pretérmino, pequeño para la edad gestacional, malformaciones, bajo peso al nacer y óbito. Sin embargo, a nivel nacional no existe hasta el momento ningún estudio que valore la repercusión de los plaguicidas contaminantes del ambiente de trabajo y/o medio ambiental, sobre la salud reproductiva de la pareja expuesta”.
La académica incluye reseñas de los fenómenos más conocidos, vinculados a trastornos en la fertilidad masculina y en la femenina, en el embarazo y desarrollo, carcinogénesis transplacentaria y período posnatal, asociadas a plaguicidas.
Federico Gyurkovits
Brotes de soja
Comunidad de Guichón pide preservar al arroyo Guayabos de las fumigaciones con plaguicidas.
Medio entre risas, pero sin disminuir el nivel de alerta, los vecinos
dicen que hay dos industrias pujantes en Guichón: no son ni la sojera ni
la forestal, sino la venta de purificadores y de agua embotellada.
Reconocen que viven con cierta paranoia por el tema, aunque dicen que
han reunido indicios suficientes sobre el daño que les están causando
las fumigaciones con glifosato, atrazina y endosulfán en el cultivo
transgénico estrella de la última década. Por ejemplo, relevaron más de
15 abortos espontáneos en mujeres de distintas edades y clase social
durante la última zafra.
Desde
octubre, aproximadamente, hasta abril, esta ciudad sanducera de 5.000
habitantes queda literalmente cercada por la soja. Son testigos del
ciclo productivo de la protagonista del resurgimiento y la recuperación
de hectáreas sembradas para el sector agrícola uruguayo (de unas 20.000
en 2000-2001 a casi un millón en 2012-2013 en todo el país): la
fumigación inicial para preparar el terreno, la siembra, el surgimiento
de los brotes, una nueva aplicación fitosanitaria para matar plagas, la
aparición de sus flores amarillas, quizá una tercera fumigación, y la
posterior cosecha, que también deja su polución. Generalmente se procede
a una nueva fumigación al terminar el ciclo, para evitar rebrotes o
preparar el campo para los cultivos de invierno.
Mientras observan este ciclo, son testigos también de otros fenómenos asociados. En Guichón se creó una de las primeras organizaciones vecinales de resistencia a este modelo agrícola en crecimiento, y fue donde se constató fehacientemente lo nocivo que puede ser para los seres vivos (salvo para la soja transgénica) el contacto con los productos utilizados. Fue en 2008 que una avioneta fumigadora tuvo un desperfecto y desparramó en una zona productiva decenas de litros de endosulfán, matando al menos a 50 vacas y terneros que se criaban en la zona conocida como Liga del Trabajo.
También se registraron en esa oportunidad pájaros y peces muertos, así como trastornos en la salud de las personas. Marcelo Fagúndez, uno de los referentes del Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, ofició de guía el 10 de julio cuando la diaria recorrió la zona. “Vas a conocer el lugar donde más gente se envenena en Uruguay”, aseguró en la ocasión Delfino Zazati, otro de los integrantes del colectivo.
Se refería al peso que tiene la forestación en la localidad, a la existencia de dos megaviveros forestales y a la presencia de silos en pleno casco urbano. Carlos Santos es presidente del barrio Mevir 1, ubicado a unos 50 metros de unos silos. Cuenta que es habitual que los vecinos se vean afectados por la aplicación de químicos para matar gorgojos, los que “despiden un humo blanco que llega hasta el Mevir y las demás casas cercanas”, cuenta Santos. Hace poco “se les fue la mano” y las consecuencias se hicieron notar: problemas de respiración, irritación de ojos y garganta y alergias.
Los guichonenses temen que, de no modificarse las normas a nivel nacional o si la Intendencia de Paysandú no declara una zona de exclusión, valiéndose de las herramientas que ofrece la Ley 18.308, de Desarrollo Sustentable, en unos cuantos años estarán lamentando algo parecido a lo que pasa hoy en el río Santa Lucía, donde se demostró científicamente una “presencia excesiva” de contaminantes, tal como reconoció en mayo de 2013 el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Jorge Rucks, en entrevista con El Espectador. Ellos hacen un cálculo rápido: si está prohibido fumigar por vía terrestre a menos de 300 metros de áreas pobladas y a menos de 500 metros por vía aérea, ¿cómo puede ser que esté permitido hacerlo al lado de un arroyo y frente a una UPA?
Sus versiones y la de los operarios de OSE son inequívocas acerca de que los plaguicidas llegan sin duda al agua. Un dato: las piletas de decantación de las UPA son a cielo abierto. Al igual que vienen haciendo ante la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), los vecinos movilizados han denunciado sistemáticamente ante otros organismos las irregularidades respecto del cumplimiento de la normativa y de lo que consideran riesgos inminentes, aunque bajo amparo legal.
Hicieron denuncias, por ejemplo, ante OSE, la propia Dinama y la Institución Nacional de Derechos Humanos (ver nota vinculada). Milton Machado, presidente del ente, repitió a la diaria los resultados de los análisis que hicieron en 2012 y que no arrojaron “presencia de productos como glifosato o endosulfán” en el agua que consume el pueblo. El jerarca indicó que desde entonces se monitorea unas cuatro veces al año la situación en la zona. Precisó que se extraen muestras en el lugar donde está la entrada del agua para las UPA, así como del líquido que sale de éstas, y no ha habido registro de plaguicidas.
Por su parte, Rucks recibió a los vecinos en mayo de 2012 y les devolvió la visita en agosto para informarles de las acciones realizadas tras las denuncias que le habían planteado en mayo en Montevideo. Allí anunciaba una mayor coordinación con OSE y ampliación de los exámenes a otros productos, la aprobación hacia fines de año de una ley de tratamiento de envases de plaguicidas, recomendaciones para mejorar el vertedero municipal, la inspección del vivero Santana de UPM por quemas de residuos a cielo abierto, entre otras cosas.
El anuncio de la nueva normativa para los envases, ya vigente, tenía sentido hacerlo en Guichón, ya que fue un colectivo de esa localidad el que fotografió y difundió públicamente desechos de decenas de envases de agrotóxicos en cañadas, canteras y espacios públicos de la localidad y de otras cercanas, por ejemplo la vecina Menafra, en Río Negro. El 27 de noviembre de 2012 hallaron 50 envases de glifosato en canteras naturales de esa comunidad, desde donde contactaron a sus pares de Guichón. Una semana después, el Grupo de Vecinos recibió otra llamada, esta vez desde Merinos, a 35 kilómetros, por el hallazgo de latas de clorpirifos, un insecticida organofosforado que se usa en cultivos de soja, trigo, cebada, avena, maíz, frutales, papa y remolacha.
El apoyo dado desde Guichón fue producto de la modalidad de denuncia que se trazó el grupo, tal como explicó Fagúndez. En 2011 habían detectado cientos de envases con productos como los mencionados, que estaban siendo quemados a cielo abierto en el vertedero local. Filmaron la escena y la hicieron llegar a medios de comunicación y organismos públicos, aportando las pruebas que hasta el momento no se tenían.
Lo mismo hicieron en otras tantas ocasiones cuando el problema eran las fumigaciones realizadas desde aviones sobre escuelas rurales. Por esta vía lograron ejercer una presión social y gubernamental que determinó que en la última zafra de soja no se hayan visto aviones sobrevolando plantaciones en el pueblo.
Pero lo que sí les molesta es que, además de denunciar y registrar lo que consideran irregular, se les exija rigor científico. Carolina Valdomir es productora, y hasta el año pasado tenía una peluquería. En ese local, donde todo se comenta, comenzó a notar una seguidilla de embarazos perdidos espontáneamente, incluyendo el suyo. Más de 15 en el período comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2013. “Se trataba de mujeres de distintas edades y niveles sociales. Algo estaba pasando, eso no era normal. En una misma cuadra había cuatro mujeres en la misma situación”, sostuvo.
Dada la reiteración de hechos, Carolina decidió hacer un registro casero. Amplió e imprimió un mapa de Guichón en el que comenzó a marcar los domicilios de las mujeres, consignando sus nombres y las fechas. De ese trabajo surgieron conclusiones tales como que los casos coincidían con la época de la soja, y que al momento de enterarse les informaron que “sus bebés no tenían latidos”. Las semanas de gestación iban desde las pocas semanas hasta a término. Valdomir entregó una copia de ese mapa con todos los datos al Grupo de Vecinos, que lo usó como un nuevo insumo, aunque no lo difundió masivamente como en las otras situaciones.
No obstante, la información circuló y las autoridades sanitarias locales salieron cuestionaron el trabajo porque “carecía de rigor científico”. “Pero claro que no tiene rigor científico”, dice Valdomir, y no deja de sorprenderse por la poca atención oficial que le han dado. A la toxicóloga Mabel Burger le pareció raro y aceptó ir a Guichón para hacerles un chequeo a las mujeres. “Pero el día que fui sólo vinieron tres a verme. Para dos de ellas, en principio, habría razones clínicas para la pérdida del embarazo, mientras que la tercera podría ser...”, dijo a la diaria la ex directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas.
Valdomir y Fagúndez reconocen que se les fue de las manos la oportunidad de obtener un aval científico para confirmar o descartar la vinculación directa del fenómeno con las fumigaciones. “Lo que pasa es que la gente tiene miedo por todo el poder que tienen las empresas sojeras, y la mayoría no quiso ir”, aunque previamente se habían comprometido, según relataron ambos. Todavía esperan que el registro casero despierte el interés de autoridades nacionales o departamentales.
Juan Gorosterrazú es el director departamental de Salud en Paysandú, dependiente del Ministerio de Salud Pública, y hasta 2013 fue el director del Hospital de Guichón. Le dijo a la diaria que estaban estudiando un solo caso de posible daño a la salud humana por aplicación de plaguicidas, pero se excusó de brindar más información al respecto y no fue posible consultarlo por el tema de los abortos, ya que alegó que al provenir la inquietud de un medio de prensa de alcance nacional, era necesario realizar una serie de trámites, por parte de la diaria, para que lo habilitaran. “Es una lástima, porque él fue director del hospital de acá y conoce bien la realidad que estamos viviendo”, lamentó Fagúndez.
Los testimonios sobre perjuicios a la salud son abundantes. Entre ellos se cuenta uno recogido por la diaria. Es el de Mirian Bodeant, una apicultora que, además de sumarse al coro de colegas de todo el país que han visto afectada la producción de sus colmenas y se han acostumbrado a recolectar en cada zafra cientos de abejas muertas, ahora está en tratamiento médico por secuelas de la última temporada sojera. A pocos metros de su chacra, un argentino comenzó a plantar soja en las cinco hectáreas de las que allí dispone, las que completan, según cuenta Bodeant, cientos de hectáreas plantadas por el mismo empresario en distintas partes del departamento. Fue en setiembre de 2013 que la deriva de los plaguicidas llegaron a su casa y a las de los vecinos.
Ella comenzó con irritaciones en la garganta y los ojos y problemas respiratorios, que asegura que no fueron bien diagnosticados en la primera consulta. Hizo la denuncia correspondiente llenando el formulario online que tiene en su web la DGSA, pero hasta el momento no ha recibido las conclusiones. Mientras cuenta su historia tose y se destapa la boca sólo cuando habla, porque dice que hasta el frío la afecta inmediatamente. Lamenta que si bien puede hacer la denuncia por internet, para enterarse de las novedades tiene que disponer de un día entero y contar con los más de 1.000 pesos que sale ir y venir en ómnibus a Montevideo, donde está ubicada la sede de la dependencia encargada de que se cumplan las normas.
Mientras observan este ciclo, son testigos también de otros fenómenos asociados. En Guichón se creó una de las primeras organizaciones vecinales de resistencia a este modelo agrícola en crecimiento, y fue donde se constató fehacientemente lo nocivo que puede ser para los seres vivos (salvo para la soja transgénica) el contacto con los productos utilizados. Fue en 2008 que una avioneta fumigadora tuvo un desperfecto y desparramó en una zona productiva decenas de litros de endosulfán, matando al menos a 50 vacas y terneros que se criaban en la zona conocida como Liga del Trabajo.
También se registraron en esa oportunidad pájaros y peces muertos, así como trastornos en la salud de las personas. Marcelo Fagúndez, uno de los referentes del Grupo de Vecinos de Guichón en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, ofició de guía el 10 de julio cuando la diaria recorrió la zona. “Vas a conocer el lugar donde más gente se envenena en Uruguay”, aseguró en la ocasión Delfino Zazati, otro de los integrantes del colectivo.
Se refería al peso que tiene la forestación en la localidad, a la existencia de dos megaviveros forestales y a la presencia de silos en pleno casco urbano. Carlos Santos es presidente del barrio Mevir 1, ubicado a unos 50 metros de unos silos. Cuenta que es habitual que los vecinos se vean afectados por la aplicación de químicos para matar gorgojos, los que “despiden un humo blanco que llega hasta el Mevir y las demás casas cercanas”, cuenta Santos. Hace poco “se les fue la mano” y las consecuencias se hicieron notar: problemas de respiración, irritación de ojos y garganta y alergias.
Has de beber
Los activistas aseguran que cada vez se planta soja más cerca del arroyo Guayabos, del que OSE extrae agua para procesarla en dos Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA) que tiene instaladas en las inmediaciones, con una de las cuales abastece a la población de Guichón y con la otra a las Termas de Almirón. “Las plantaciones sin control se realizan a la vera de las rutas 4, 25 y 90 y de caminos vecinales, y a pocos metros de los cauces”, enfatiza Fagúndez.Los guichonenses temen que, de no modificarse las normas a nivel nacional o si la Intendencia de Paysandú no declara una zona de exclusión, valiéndose de las herramientas que ofrece la Ley 18.308, de Desarrollo Sustentable, en unos cuantos años estarán lamentando algo parecido a lo que pasa hoy en el río Santa Lucía, donde se demostró científicamente una “presencia excesiva” de contaminantes, tal como reconoció en mayo de 2013 el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Jorge Rucks, en entrevista con El Espectador. Ellos hacen un cálculo rápido: si está prohibido fumigar por vía terrestre a menos de 300 metros de áreas pobladas y a menos de 500 metros por vía aérea, ¿cómo puede ser que esté permitido hacerlo al lado de un arroyo y frente a una UPA?
Sus versiones y la de los operarios de OSE son inequívocas acerca de que los plaguicidas llegan sin duda al agua. Un dato: las piletas de decantación de las UPA son a cielo abierto. Al igual que vienen haciendo ante la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), los vecinos movilizados han denunciado sistemáticamente ante otros organismos las irregularidades respecto del cumplimiento de la normativa y de lo que consideran riesgos inminentes, aunque bajo amparo legal.
Hicieron denuncias, por ejemplo, ante OSE, la propia Dinama y la Institución Nacional de Derechos Humanos (ver nota vinculada). Milton Machado, presidente del ente, repitió a la diaria los resultados de los análisis que hicieron en 2012 y que no arrojaron “presencia de productos como glifosato o endosulfán” en el agua que consume el pueblo. El jerarca indicó que desde entonces se monitorea unas cuatro veces al año la situación en la zona. Precisó que se extraen muestras en el lugar donde está la entrada del agua para las UPA, así como del líquido que sale de éstas, y no ha habido registro de plaguicidas.
Por su parte, Rucks recibió a los vecinos en mayo de 2012 y les devolvió la visita en agosto para informarles de las acciones realizadas tras las denuncias que le habían planteado en mayo en Montevideo. Allí anunciaba una mayor coordinación con OSE y ampliación de los exámenes a otros productos, la aprobación hacia fines de año de una ley de tratamiento de envases de plaguicidas, recomendaciones para mejorar el vertedero municipal, la inspección del vivero Santana de UPM por quemas de residuos a cielo abierto, entre otras cosas.
El anuncio de la nueva normativa para los envases, ya vigente, tenía sentido hacerlo en Guichón, ya que fue un colectivo de esa localidad el que fotografió y difundió públicamente desechos de decenas de envases de agrotóxicos en cañadas, canteras y espacios públicos de la localidad y de otras cercanas, por ejemplo la vecina Menafra, en Río Negro. El 27 de noviembre de 2012 hallaron 50 envases de glifosato en canteras naturales de esa comunidad, desde donde contactaron a sus pares de Guichón. Una semana después, el Grupo de Vecinos recibió otra llamada, esta vez desde Merinos, a 35 kilómetros, por el hallazgo de latas de clorpirifos, un insecticida organofosforado que se usa en cultivos de soja, trigo, cebada, avena, maíz, frutales, papa y remolacha.
El apoyo dado desde Guichón fue producto de la modalidad de denuncia que se trazó el grupo, tal como explicó Fagúndez. En 2011 habían detectado cientos de envases con productos como los mencionados, que estaban siendo quemados a cielo abierto en el vertedero local. Filmaron la escena y la hicieron llegar a medios de comunicación y organismos públicos, aportando las pruebas que hasta el momento no se tenían.
Lo mismo hicieron en otras tantas ocasiones cuando el problema eran las fumigaciones realizadas desde aviones sobre escuelas rurales. Por esta vía lograron ejercer una presión social y gubernamental que determinó que en la última zafra de soja no se hayan visto aviones sobrevolando plantaciones en el pueblo.
Papeles cambiados
En los hechos, los vecinos de Guichón están suplantando el rol fiscalizador y de contralor de varios organismos, aunque ellos mismos se reconocen como integrantes de una sociedad y, por lo tanto, comprometidos con su entorno. Por eso, lo hacen sin quejarse, aunque además de tiempo que les quitan a otras actividades, les insume recursos económicos.Pero lo que sí les molesta es que, además de denunciar y registrar lo que consideran irregular, se les exija rigor científico. Carolina Valdomir es productora, y hasta el año pasado tenía una peluquería. En ese local, donde todo se comenta, comenzó a notar una seguidilla de embarazos perdidos espontáneamente, incluyendo el suyo. Más de 15 en el período comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2013. “Se trataba de mujeres de distintas edades y niveles sociales. Algo estaba pasando, eso no era normal. En una misma cuadra había cuatro mujeres en la misma situación”, sostuvo.
Dada la reiteración de hechos, Carolina decidió hacer un registro casero. Amplió e imprimió un mapa de Guichón en el que comenzó a marcar los domicilios de las mujeres, consignando sus nombres y las fechas. De ese trabajo surgieron conclusiones tales como que los casos coincidían con la época de la soja, y que al momento de enterarse les informaron que “sus bebés no tenían latidos”. Las semanas de gestación iban desde las pocas semanas hasta a término. Valdomir entregó una copia de ese mapa con todos los datos al Grupo de Vecinos, que lo usó como un nuevo insumo, aunque no lo difundió masivamente como en las otras situaciones.
No obstante, la información circuló y las autoridades sanitarias locales salieron cuestionaron el trabajo porque “carecía de rigor científico”. “Pero claro que no tiene rigor científico”, dice Valdomir, y no deja de sorprenderse por la poca atención oficial que le han dado. A la toxicóloga Mabel Burger le pareció raro y aceptó ir a Guichón para hacerles un chequeo a las mujeres. “Pero el día que fui sólo vinieron tres a verme. Para dos de ellas, en principio, habría razones clínicas para la pérdida del embarazo, mientras que la tercera podría ser...”, dijo a la diaria la ex directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas.
Valdomir y Fagúndez reconocen que se les fue de las manos la oportunidad de obtener un aval científico para confirmar o descartar la vinculación directa del fenómeno con las fumigaciones. “Lo que pasa es que la gente tiene miedo por todo el poder que tienen las empresas sojeras, y la mayoría no quiso ir”, aunque previamente se habían comprometido, según relataron ambos. Todavía esperan que el registro casero despierte el interés de autoridades nacionales o departamentales.
Juan Gorosterrazú es el director departamental de Salud en Paysandú, dependiente del Ministerio de Salud Pública, y hasta 2013 fue el director del Hospital de Guichón. Le dijo a la diaria que estaban estudiando un solo caso de posible daño a la salud humana por aplicación de plaguicidas, pero se excusó de brindar más información al respecto y no fue posible consultarlo por el tema de los abortos, ya que alegó que al provenir la inquietud de un medio de prensa de alcance nacional, era necesario realizar una serie de trámites, por parte de la diaria, para que lo habilitaran. “Es una lástima, porque él fue director del hospital de acá y conoce bien la realidad que estamos viviendo”, lamentó Fagúndez.
Los testimonios sobre perjuicios a la salud son abundantes. Entre ellos se cuenta uno recogido por la diaria. Es el de Mirian Bodeant, una apicultora que, además de sumarse al coro de colegas de todo el país que han visto afectada la producción de sus colmenas y se han acostumbrado a recolectar en cada zafra cientos de abejas muertas, ahora está en tratamiento médico por secuelas de la última temporada sojera. A pocos metros de su chacra, un argentino comenzó a plantar soja en las cinco hectáreas de las que allí dispone, las que completan, según cuenta Bodeant, cientos de hectáreas plantadas por el mismo empresario en distintas partes del departamento. Fue en setiembre de 2013 que la deriva de los plaguicidas llegaron a su casa y a las de los vecinos.
Ella comenzó con irritaciones en la garganta y los ojos y problemas respiratorios, que asegura que no fueron bien diagnosticados en la primera consulta. Hizo la denuncia correspondiente llenando el formulario online que tiene en su web la DGSA, pero hasta el momento no ha recibido las conclusiones. Mientras cuenta su historia tose y se destapa la boca sólo cuando habla, porque dice que hasta el frío la afecta inmediatamente. Lamenta que si bien puede hacer la denuncia por internet, para enterarse de las novedades tiene que disponer de un día entero y contar con los más de 1.000 pesos que sale ir y venir en ómnibus a Montevideo, donde está ubicada la sede de la dependencia encargada de que se cumplan las normas.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado