El caso Alfredo Silva destapó varios errores (tarros) en la órbita de la salud pública y desde diferentes flancos se afina la mira para denunciarlo a nivel judicial y público.
El Presidente del SMU, Julio Trochansky, afirmó que se tiene información que está siendo investigada para luego realizar las denuncias pertinentes. Si bien el profesional no profundizó en el tema, sostuvo que “estamos analizando la situación” y que “por supuesto en caso de constatarse cosas que no estén dentro del marco legal vigente vamos a denunciarlo”.
“Estamos analizando la situación y no es ahora el momento para tomar una medida en ese sentido”, culminó.
Por otra parte el integrante del SMU reflexionó que el futuro representante de los trabajadores en el director de ASSE debería tener voz pero no voto ya que “no se puede estar de los dos lados del mostrador”.
Para Trochansky el futuro integrante en el directorio de ASSE en nombre de los trabajadores debería ser una suerte de asesor.
Haciendo referencia a las irregularidades constatadas y que culminaron con varios procesamientos, afirmó que “son consecuencia de una excesiva centralización en las tareas de ASSE”.
Para el representante del gremio médico no hay un contralor adecuado en los centros asistenciales estatales y abogó por una manera regionalizada y rápida de atención ya que de lo contrario “estas cosas seguirán ocurriendo” aseguró.
Las cuatro empresas involucradas en la red de corrupción en perjuicio de asse todavía mantienen contratos con varios ministerios y la Intendencia de Montevideo. La Administración de Salud pedirá que Joaka, Apex, Lucero y Onamerica sean dadas de baja en el registro de proveedores del Estado. Por otro lado, ahora se ordenan todo tipo de auditorías en ese ente con el fin de revisar los vínculos con 39 empresas tercerizadas que actúan en Salud Pública.
El Parlamento las convocó antes que la justicia, y entre exclamaciones del estilo “yo te lo dije”, la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y la presidenta de asse, Beatriz Silva, comparecieron el martes en un Senado que sesionó en régimen de comisión general. La convocatoria partió del propio oficialismo, de acuerdo a una estrategia decidida en la presidencia del Frente Amplio.
Beatriz Silva explicó que por el momento no hay elementos jurídicos que permitan rescindir los contratos con las cuatro empresas que pagaban coimas a Heber Tejeira, funcionario de asse y dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (ffsp). No obstante, la gerenta general de asse, Alicia Ferreira, dijo a Brecha que el ente pedirá que se quite a las cuatro empresas, Joaka, Apex, Lucero y Onamerica, del Registro Único de Proveedores del Estado. No se ha definido aún si se solicitará que la sanción se aplique de forma permanente o temporal, pero el argumento al que se apelará es el daño provocado en la imagen de asse.
Según detectó Brecha, Joaka es la que tuvo y tiene mayor cantidad de contratos con dependencias del Estado, entre las que se encuentran ministerios, intendencias y otras entidades públicas. En lo que va de este año, y por fuera de la órbita de asse, Joaka obtuvo contratos en la Intendencia de Montevideo, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio de Turismo y Deporte. Su representante, Joaquín dos Santos, fue quien envió dinero a Tejeira para “comer un asado”, según las escuchas recogidas por Interpol. Sólo en asse las cuatro empresas tienen en este momento 24 contratos.
El total de tercerizadas que trabajan en todas las unidades ejecutoras de asse son 39, confirmaron fuentes del organismo descentralizado a Brecha, y no “alrededor de cien” como se manejaba la semana pasada. Estas 39 empresas, según informó la presidenta de asse en el Senado, mantienen 176 contratos con la administración.
Y a propósito, a la auditoría interna que inició asse la semana pasada para constatar si hubo incumplimientos en el procedimiento de contratación de las empresas, se suma ahora una auditoría externa. Esta última fue una propuesta de Marcelo Sosa, nacionalista integrante del directorio de asse. Brecha no pudo confirmar que la medida de control esté actualmente ejecutándose, pero el miércoles la gerencia general ya se encontraba pidiendo cotización a empresas consultoras y todo parece indicar que no hay oposición al planteo.
Con respecto a los funcionarios públicos procesados, Alfredo Silva y Tejeira, no se adelantó mucho más de lo que ya se había dicho: ambos se encuentran con sumario administrativo y retención del sueldo, luego de ser procesados el 18 de julio. Silva, ex miembro del directorio de asse en representación de los trabajadores, fue procesado con medidas sustitutivas a la privación de libertad por conjunción del interés personal y público, ya que se constató que participó en la gestación de la asociación civil Buena Estrella y buscó beneficiarla aportando datos a la empresa. Tejeira fue procesado por el mismo delito de Silva más el de cohecho (véase Brecha, 25-XII-14).
Entre fuertes críticas de la oposición, que reclamaba su renuncia, Muñiz defendió durante su intervención en el Senado la participación social en asse, aludió a Silva y a Tejeira como “dos casos aislados” y respaldó a la ffsp al manifestar: “Estamos de acuerdo en que mientras no se reglamente la ley, este es el gremio más representativo”.
Muñiz reclamó mayor celeridad para aprobar la ley que otorga doble voto al presidente de asse (fórmula ya existente, por ejemplo, en el Codicen), que ya cuenta con la aprobación del Senado pero aún no de los diputados. Ahora es más urgente que antes, consideró la ministra, ya que mientras no se ocupe el cargo que dejó vacante Alfredo Silva podrían generarse empates entre los restantes cuatro miembros del directorio.
También hizo alusión al mail en el que recomendaba a las autoridades del hospital de Rivera hacer una contratación directa con la asociación civil Buena Estrella, pero llamar a licitación lo más pronto posible. “El mail lo mostré yo a la prensa”, alegó. No hay “nada ilegal o ilegítimo. Mi opinión es a favor de la licitación”.
Entre tanto, la citación de la justicia para que la ministra y la presidenta de asse concurran a declarar aún no está confirmada, explicó a Brecha el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez. El fiscal sabe que hubo apelaciones, de Alfredo Silva y algunos empresarios, aunque aún no tiene el expediente en su poder.
Respecto de los otros funcionarios que fueron llamados a declarar pero no fueron procesados, dijo que quedaron dudas sobre la actuación de algunas personas, y que no estaba claro si se trataba de desprolijidades o de delitos. Ese podría ser el caso, por ejemplo, de María Andrea Rivero, directora del hospital de Pando que, como publicó este semanario la semana pasada y según surge de las escuchas de Interpol, tuvo un encuentro con Tejeira para pactar lo que declararían ante la justicia. Según supo Brecha, Rivero es miembro de la ffsp y accedió a su cargo durante la presidencia de Mario Córdoba en asse, cuando se acusaba a Alfredo Silva de nombrar a personas de su confianza en las direcciones de los hospitales. El caso sigue abierto y, como sostuvo el fiscal Rodríguez, “las libertades que se dispusieron fueron sin perjuicio de que luego pudiera surgir algo más”.
Pisoteo a resoluciones, instancias y acuerdos, es la práctica del engreído e intolerante oficialismo que desprecia a los trabajadores y a sus sindicatos
La SCJ ni siquiera cumple con los acuerdos laudados con su propio personal, como se va a pensar entonces, que serán capaces de respetar la legalidad internacional sobre los crímenes de lesa humanidad. Estos personajes nefastos han malentendido su rol, se creen monarcas que pueden hacer lo que se les antoje.
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