Cuando el 2 de diciembre Vázquez comunicó quiénes integrarían su futuro gabinete, además de todo lo noticioso que la información significaba, permitió intuir algunos cambios de rumbo en torno a determinados temas que durante el gobierno de Mujica, pero no necesariamente por la oposición del ex presidente, estuvieron frenados, o mejor dicho, fue posible dejarlos en suspenso, pese a la presión ejercida desde sectores políticos y empresariales: la aprobación de nuevos eventos transgénicos (semillas de maíz y soja, básicamente) y el envío al Parlamento de una nueva Ley de Riego. De acuerdo con la información obtenida por la diaria, la norma habilitaría la privatización y la comercialización del agua por fuera del aparato estatal, iniciativa que se promueve, entre otras cosas, como la llave para mejorar la productividad del cultivo estrella de la década frenteamplista: la soja transgénica.
Mantener a Aguerre al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a todo su equipo fue la señal más fuerte en este sentido, pero no la única, ni suficiente como para asegurar el éxito. Hay urgencia. El crecimiento económico del país entre la primera presidencia de Vázquez y la segunda se debe en buena medida a la explosión comercial de la soja, que pasó de algunas pocas decenas de miles de hectáreas plantadas en 2005 a más de un millón en la temporada 2013-2014, cifra que se pretende superar en la temporada que está en marcha.
Para solventar parte de los proyectos sociales, las expectativas están atadas a que el boom sojero se potencie. Con la actual normativa, los márgenes son pocos. Desde el sector empresarial se considera y se defiende la tesis de que con nuevas variedades de semillas transgénicas habilitadas y con la oportunidad de poder recurrir a los shocks de riego que necesita la soja -en su etapa intermedia de crecimiento, o ante situaciones de sequía- la productividad del cultivo, ya alta, podría mejorar, y que de mantenerse estables los precios de exportación, el gobierno le podría volver a colocar la cocarda de gran campeona del crecimiento y el desarrollo económico del país.
Nadie niega este dato. Pero muchos sí sus consecuencias, a corto, mediano y largo plazo. Dejando de lado el cambio productivo que provocó en la agricultura y otros sectores, el hecho de que la soja haya contribuido a hacer desaparecer emprendimientos pequeños y familiares, haya sumergido al negocio de la miel, entre otros, y tenga un impacto ambiental considerable son factores que determinan que no todo el oficialismo mire el cultivo con tanta simpatía; y en muchos casos, con cero.
La designación de Rodolfo Nin Novoa como titular de la cancillería supuso la otra señal fuerte en esta dirección. Todo indica que el ex vicepresidente no opondrá la resistencia que significó Luis Almagro para la aprobación de nuevos elementos transgénicos en el marco del Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio), tarea en la que el canciller del gobierno de Mujica contó con el respaldo técnico sanitario de autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y también del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que junto con los de Industria, Energía y Minería (MIEM), Economía y Finanzas (MEF) y el MGAP conforman ese grupo de trabajo de alto nivel. El Gnbio fue creado por Vázquez mediante decreto en 2008.
Germina
La tensión entre las dos posturas centrales en el Gnbio, aquella que ponía reparos al incremento de eventos transgénicos y la que no, alcanzó su punto máximo entre fines de 2013 y agosto de 2014, cuando finalmente se aceptaron diez de los 11 eventos que estaban en trámite. El único que se rechazó contenía informes negativos en cuanto al impacto en la salud por parte de los técnicos del MSP.
De esos 11 eventos, nueve eran para cultivares, ensayos o producción de semilla. Esto significa que no tenían destino comercial y, por lo tanto, no era necesario que la Comisión de Gestión del Riesgo (CGR) -organismo asesor del gabinete- llevara a cabo análisis y consultas sobre eventuales daños a la salud humana. Por eso, entre los técnicos de la CGR había acuerdo en habilitar nueve semillas modificadas genéticamente, cuyo destino no era el consumo humano ni animal.
A esa decisión se llegó con un malestar planteado por Almagro por la forma de proceder y de dar la discusión en la interna del gabinete acerca del modelo país al que se apuntaba con la apuesta por los organismos genéticamente modificados (OGM). También hubo intentos de rediscutir la orientación por parte del titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, que entendía que el avance de las semillas y los cultivos transgénicos imponía, por la vía de los hechos, una redefinición de los enclaves territoriales sin que hubiera evaluación de por medio.
El debate que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) pretendía instalar en el grupo de trabajo interministerial sufrió un primer revés en 2012, cuando el gabinete aprobó determinados eventos sin esperar el pronunciamiento de los funcionarios de cancillería. Como en ese momento se obvió la firma de la cancillería, y al no concretarse una discusión de fondo, Almagro decidió no firmar ningún otro documento de aprobación de eventos.
Junto a las semillas experimentales que esperaban aprobación había otras dos variedades, cuyos fines eran comerciales. Fuentes técnicas que integran la estructura del Gnbio indicaron que esos dos eventos “sí necesitaban informe de evaluación de riesgo de salud, porque van para el consumo humano y/o animal”. Uno era la soja BPS-CV127-9 y el otro, el maíz 89034 x MON 88017. Desde el MSP se recomendó no firmar ninguno de estos dos productos. En el primer caso, porque la cartera no contaba con los técnicos necesarios para realizar las evaluaciones; en el segundo, porque se necesitaba más tiempo, ya que, si bien había un informe, como no era concluyente, se necesitaba mayor grado de certeza.
A finales de 2013, los titulares del MGAP, del MEF y del MIEM firmaron los 11 eventos, mientras que el del MVOTMA sólo suscribió los nueve no comerciales. Los titulares del MRREE y del MSP no estuvieron presentes en esa sesión del gabinete, por lo que se resolvió que se les haría llegar los documentos respectivos. En enero de 2014, los documentos llegaron al MSP para completar el trámite; al menos eso parecía, porque todos los eventos también estaban firmados por la cancillería, lo cual llamó la atención en virtud de la posición que había comunicado Almagro de no firmar nada. Según las fuentes consultadas por la diaria, el funcionario que dio el aval habría sido el vicecanciller Luis Porto, que había tomado posesión del cargo en mayo de 2013, en sustitución de Roberto Conde. Desde el MSP se resolvió reenviar toda la documentación al MRREE luego de firmar sólo para las nueve semillas experimentales.
Todo indica que hubo un ida y vuelta entre las autoridades de la cancillería, ya que los trámites, que parecían haber concluido, en realidad quedaron en suspenso, hasta que en agosto de 2014 el MGAP retomó la iniciativa y comenzó a recabar las firmas nuevamente, dejando sin efecto las actuaciones anteriores. En esta oportunidad, las gestiones de Aguerre derivaron en la habilitación de las nueve variedades para ensayo y producción de semillas, así como también una de las comerciales (la soja BPS CV 127-9), estando aún bajo análisis la de maíz MON 89034XMON88017, ya que nuevos informes del MSP alertan sobre eventuales daños en la salud de las personas y los animales que la consuman.
El subsecretario del MGAP, Enzo Benech, se encargó la mayoría de las veces del lobby político dentro del Frente Amplio (FA) y del gobierno , tarea que Aguerre nunca habría podido culminar con éxito. Lo hizo, por ejemplo, llamando por teléfono a funcionarios de la cancillería, para intentar que Almagro cambiara su actitud y les pusiera su sello a los nuevos eventos. “Nuestra posición era que no queríamos seguir incrementando las semillas con fines comerciales”, resumieron fuentes que trabajaron en la cancillería. Entre los argumentos por la negativa que recibía Benech estaban los riesgos sanitarios, algo que en el MGAP se considera que no existe. “Ellos sostienen que no está demostrado que los OGM hagan daño a la salud”, agregó uno de los ex funcionarios consultados.
En agosto de 2014, “la presión política” terminó consiguiendo su objetivo, y la cancillería firmó los que serían los últimos eventos aprobados del gobierno de Mujica, decisión formalizada en octubre.
Abre el grifo
En enero, durante el lapso en el que Mujica se estaba yendo y Vázquez estaba entrando, se dieron varias señales sobre otro de los temas que marcarán un cambio filosófico entre la segunda y la tercera administración del FA. En este caso se trata del agua y su uso destinado al riego mediante la privatización, un tema al que tanto Mujica como su ministro Aguerre dedicaron muchas ponencias y discursos, aunque sin lograr implementarlo como habrían querido.
“Estudian habilitar a privados la venta de agua para riego”, tituló una nota el diario El País el 28 de enero, que consignaba, entre otras cosas, que la idea del nuevo sistema de riego “la lanzó Aguerre en diciembre de 2013, cuando presentó el proyecto Estrategias Asociativas de Riego. En abril de 2014 el ministro volvió a hablar del tema. Durante el Consejo Agropecuario Nacional, realizado durante la Expoactiva de Soriano, se refirió a los planes para el ‘segundo piso de Uruguay’ para el período 2015/2030”.
En realidad, el proyecto ya había sido escrito durante ese período, pero la oposición ejercida desde el MVOTMA y la Dirección Nacional de Agua (Dinagua), dependiente de esa cartera, evitaron su envío al Parlamento. Fuentes que integraron esos organismos durante la gestión de Mujica indicaron a la diaria que Beltrame se negó expresamente a poner su firma para darle ingreso. El rechazo a la iniciativa se basó en parte en “cuestiones jurídicas”: se alegó que con esa redacción se estaba modificando el espíritu y la forma del artículo 47 de la Constitución, reformado en 2004 con 64,5% de respaldo ciudadano, que consagra la protección del medio ambiente y en especial del recurso agua.
Incluso Beltrame habría hecho saber que estaba dispuesto a renunciar si la iniciativa era puesta a consideración del Legislativo aun sin su firma. Pero se trataba de una secretaría de Estado que había cambiado su titular en junio de 2012 (Beltrame por Graciela Muslera), y una nueva sustitución traería más problemas políticos que soluciones, si se tiene en cuenta a su vez que ambos jerarcas eran de la fuerza política que Pepe construyó, el Movimiento de Participación Popular. “El proyecto proponía reformas a la ley de riego, pero incursionaba en cuestiones que eran competencia del MVOTMA”, indicaron las fuentes.
Por goteo
Con esta iniciativa, el gobierno de Vázquez intentará terminar lo que Mujica no pudo, tal como lo dio a entender irónicamente Aguerre, cuando el 6 de diciembre -a cuatro días de haber sido confirmada su continuidad en el cargo- dijo, durante el Seminario Internacional de Riego en Cultivos y Pasturas, en Paysandú, que lo que no había podido hacer “este ministro” lo tendría que culminar “el futuro ministro”. O sea, él. Dijo: “Hemos enviado un proyecto, que está a estudio del MVOTMA que modifica la ley de riego”.
La norma apuesta a la inversión privada para la creación de grandes represas que permitan un mayor suministro de agua que el actual, mediante pequeñas represas. Además de la construcción, los privados estarán habilitados para el almacenamiento y la venta del líquido a terceros. “Falta mucho conocimiento científico para determinar el impacto que puedan tener estas represas. De hecho, hay algunas señales negativas de lo que ha sido el impacto de las represas, embalses y tajamares dependientes en los cauces de los ríos Santa Lucía o Negro”, indicaron las fuentes, para agregar que la puesta en marcha del proyecto podría alterar los cursos y los caudales hídricos.
Entusiasmado por el respaldo de Vázquez, en Paysandú Aguerre se animó a contar en qué ríos está pensando. Según lo consignado por El Telégrafo, el ministro remarcó que la cuenca más agrícola del Uruguay, la del río San Salvador, “se está llenando de pequeñas represitas que se hacen para poner dos o tres pivotes. En realidad, si hacemos tres grandes represas en la naciente del San Salvador, lo que vamos a hacer abriendo la válvula en el verano es cambiar el caudal que naturalmente tiene ese río, de 1.100 o 1.200 litros por segundo, a 12.000 o 15.000 litros por segundo”. Y, como a la pasada, le mojó la oreja a la Dinagua, organismo que esencialmente se encarga del control y la preservación de los caudales: “Tendrá como problema 9.000 litros de agua por segundo más que lo que tiene hoy para otorgar el permiso de toma de un riego que hoy está agotado”.
Benech le confirmó a la diaria que el proyecto “ya está redactado, con algunas modificaciones”, aunque no fue posible precisar cuáles y si éstas recogen parte de las preocupaciones esgrimidas en su momento por el MVOTMA y la Dinagua.
Fuera de ella, nada
Con los cambios introducidos en la reforma de 2004, el artículo 47 de la Constitución declara en el inicio: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. Define también que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso al agua potable y al saneamiento “constituyen derechos humanos fundamentales”.
Luego, en el primero de sus cuatro puntos, establece las bases en las que deberá apoyarse la política nacional de aguas: ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza; la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. En dicha planificación se establecerán las prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Se establece además que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. Y se remarca: “Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejado sin efecto”.
El punto 2 dispone: “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”. El punto 3 asigna a figuras jurídicas estatales la tarea de brindar los servicios de abastecimiento de agua potable para consumo humano de manera exclusiva y directa. Finalmente, habilita a que con los tres quintos de votos de cada cámara legislativa se podrá autorizar por motivos de solidaridad el suministro de agua potable a terceros países.
Con los cambios introducidos en la reforma de 2004, el artículo 47 de la Constitución declara en el inicio: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. Define también que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso al agua potable y al saneamiento “constituyen derechos humanos fundamentales”.
Luego, en el primero de sus cuatro puntos, establece las bases en las que deberá apoyarse la política nacional de aguas: ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza; la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. En dicha planificación se establecerán las prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Se establece además que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. Y se remarca: “Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejado sin efecto”.
El punto 2 dispone: “Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”. El punto 3 asigna a figuras jurídicas estatales la tarea de brindar los servicios de abastecimiento de agua potable para consumo humano de manera exclusiva y directa. Finalmente, habilita a que con los tres quintos de votos de cada cámara legislativa se podrá autorizar por motivos de solidaridad el suministro de agua potable a terceros países.
Las semillas del Pepe
Los nuevos integrantes del Gnbio, que todavía -desde el 1º de marzo- no ha sesionado, tienen sobre la mesa de trabajo cuatro solicitudes de aprobación de semillas transgénicas sin fines comerciales (dos para exportación, una para investigación y otra para cultivares) y ocho con fines comerciales. Esta última cifra representa la mitad de las que Uruguay aprobó con esas características en 19 años. De las 16 habilitadas para consumo humano o animal (soja y maíz), 13 lo fueron durante el gobierno de José Mujica, en cuyo mandato se reaprobaron otras dos, luego de que ingresaran al mercado en 2003 y 2004. La primera semilla transgénica aceptada data de 1996, y fue de soja, variedad que tiene otros cuatro eventos validados, tres en 2012 y uno en 2014, contra 11 de maíz (cinco en 2011, año en que se reaprobaron otros dos, y cuatro en 2012).
Con perspectiva político-partidaria, las semillas transgénicas con permiso para ser comercializadas en Uruguay corresponden a los siguientes períodos de gobierno: una en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, dos en el de Jorge Batlle, y 13 con el Frente Amplio, cantidad que podría incrementarse a 24 al terminar el tercer gobierno consecutivo de esa fuerza política.
Los nuevos integrantes del Gnbio, que todavía -desde el 1º de marzo- no ha sesionado, tienen sobre la mesa de trabajo cuatro solicitudes de aprobación de semillas transgénicas sin fines comerciales (dos para exportación, una para investigación y otra para cultivares) y ocho con fines comerciales. Esta última cifra representa la mitad de las que Uruguay aprobó con esas características en 19 años. De las 16 habilitadas para consumo humano o animal (soja y maíz), 13 lo fueron durante el gobierno de José Mujica, en cuyo mandato se reaprobaron otras dos, luego de que ingresaran al mercado en 2003 y 2004. La primera semilla transgénica aceptada data de 1996, y fue de soja, variedad que tiene otros cuatro eventos validados, tres en 2012 y uno en 2014, contra 11 de maíz (cinco en 2011, año en que se reaprobaron otros dos, y cuatro en 2012).
Con perspectiva político-partidaria, las semillas transgénicas con permiso para ser comercializadas en Uruguay corresponden a los siguientes períodos de gobierno: una en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, dos en el de Jorge Batlle, y 13 con el Frente Amplio, cantidad que podría incrementarse a 24 al terminar el tercer gobierno consecutivo de esa fuerza política.
“Hay un proyecto de ley por ahí, que va a tener resistencia, pero hay que encararlo. Lo tienen que encarar todos. No hay que asustarse que haya gente que se dedique a invertir capital en vender agua. No es ningún pecado. No estamos hablando de agua para tomar, estamos hablando de agua para regar”, explicó en enero el entonces presidente Mujica a radio El Espectador. Aludía, casi un año después de haberlo recibido, al proyecto de ley del Ministerio de Ganadería (Mgap) que modifica la ley de riego de 1997.
La modificación volvió a ser presentada esta semana por Aguerre como la primera de 11 líneas de acción de la estrategia de riego del nuevo gobierno. Pero lo cierto es que esa iniciativa no había recogido consenso ni dentro ni fuera del gabinete cuando fue discutida el año pasado por los ex ministros de Mujica. Los principales reparos, según supo Brecha, provinieron desde el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente (Mvotma), que solicitó más tiempo para estudiar los aspectos legales y ambientales.
Bastante antes, el 28 de abril de 2014, la página web de Presidencia daba como hecho que el proyecto de ley sería enviado al Parlamento: “En las próximas horas –decía el comunicado presidencial– se conocerán más detalles del nuevo articulado que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento”. Pasaron las horas, los días, los meses, se está por cumplir un año, y la reforma legal no cruzó la Avenida de la Leyes.
Las dudas habían ganado al círculo de confianza de Mujica. “Aquel proyecto de ley fue, tendrá que venir otro. Cuando venga (al Parlamento) lo discutiremos”, reconoció a Brecha el senador suplente del ex presidente, el emepepista Andrés Berterreche. Cuando recibió el texto, Berterreche –ex presidente del Instituto Nacional de Colonización– era secretario político de Mujica. Y aunque no quiso dar detalles de las diferencias, agregó que “el proyecto tenía cosas interesantes, pero algunas se podían corregir. No tengo contradicciones con el Ejecutivo, porque el tema del riego es fundamental, pero hay que ver de qué forma se implementa”.
Luego de inaugurar este miércoles la Expoactiva en Soriano, el ministro Aguerre disertó durante casi una hora sobre la estrategia de riego. El riego, señaló ante un auditorio colmado de empresarios rurales, es “la única razón poderosa que me lleva a continuar en esta función”, y recordó que era la tercera de las seis veces que asistió a esa expo como ministro en la que se insistía con el tema. En abril de 2014, en ese mismo lugar, Aguerre había puesto como ejemplo los beneficios para la producción que había generado el sistema de riego implementado en un campo experimental de Florida por el Secretariado Uruguayo de la Lana (Sul). Meses después, en setiembre, el Mgap y el Banco República (Brou) aprovecharon la Expo Prado para lanzar una convocatoria para financiar proyectos de riego y anunciar más exoneraciones tributarias a través de la ley de inversiones.
A través de las Sociedades Agrarias de Riego (sar), creadas por la ley de 1997, se permite que los productores se asocien para distribuirse agua con este fin (construir represas, conducir el líquido elemento hasta los cultivos o almacenarla en los embalses). Sin embargo, sólo algunos proyectos asociativos –básicamente arroceros– se han conformado desde entonces. El 76 por ciento del área regada de Uruguay corresponde al arroz (184 mil hectáreas de las 242 mil regadas de todo el país), según el Censo Agropecuario de 2011. Uruguay tiene agua disponible para incrementar las áreas regadas en otras actividades de modo de aumentar la producción agropecuaria y, a la vez, mitigar los impactos del cambio climático. La ganadería de carne y leche, la soja y el maíz son los sectores productivos más factibles de incorporar el riego –para el Mgap– de modo de mejorar la productividad por hectárea (la producción de soja podría aumentar en 1.500 quilos por hectárea si se pasa de la agricultura de secano a la de riego; y la de maíz 6.100 quilos, según estudios del Mgap).
Además de los problemas de financiamiento que existían, hasta que el Brou lanzó el año pasado en acuerdo con el Mgap “históricas” líneas de crédito para invertir en riego (véase recuadro), el gran escollo para Aguerre es que la ley vigente prohíbe que una sar se niegue a brindarle agua para riego a un socio que no pueda o quiera pagarla. Actualmente “si un socio no paga no se le puede cortar el agua. Entonces va a ser difícil que yo los convenza a ustedes de poner plata o de firmar una garantía en un proyecto asociativo si no podemos cortar el agua al que no paga. Si eso no funciona ni con Ose ni con Ute, ¿por qué va a funcionar en una empresa privada?”, se preguntó.
Propone, por tanto, eliminar esa prohibición y crear la figura del “promotor de riego” dadas las dificultades que tienen los productores rurales para asociarse. Esta nueva figura sería un inversor que se encargaría de construir una represa multipredial y conseguir a los futuros clientes en la cuenca de ese río a quienes vendería el agua almacenada en el embalse artificial como forma de amortizar la inversión realizada.
Pidió a los productores rurales que calcularan los beneficios que habrían obtenido de sus cultivos si un “promotor de riego” hubiera invertido en una represa multipredial en la naciente del río San Salvador y les hubiera cobrado a los vecinos de la cuenca, ahora que escasean las lluvias, por distribuirles el agua del embalse. Para eso, los productores que lo deseen deberían asociarse en una sar, y además de una tasa fija, pagarían al “promotor” una tasa variable por los metros cúbicos de agua utilizados para riego. “El operador –ejemplificó el ministro– pasaría a tener un negocio como el que tiene el del peaje al arreglar carreteras o el que tiene el de la concesión del puerto.”
El proyecto de ley, por otro lado, consagra las exoneraciones tributarias que para la inversión en riego se han implementado a través de la ley de inversiones, e incorpora el esquema de participación público privada (ppp), sancionado en 2011, para financiar proyectos de gran porte que escapan de las posibilidades de los medianos productores asociados. De hecho, hasta ahora los proyectos de inversión en riego que están en marcha son los de tipo 1 y 2, y en menor medida los de tipo 3 (véase recuadro), pero todavía no existe ninguno de tipo 4. Este nivel comprendería proyectos asociativos con obras de almacenamiento y embalses estratégicos. Involucraría áreas regadas de más de 2 mil hectáreas y la construcción de represas de más de 15 metros de altura. El Estado sería el encargado de identificar la ubicación de los embalses y evaluar las acciones compensatorias para los dueños de las tierras que quedarán sumergidas en los embalses. También sería responsable del diseño ejecutivo del proyecto y de los planes de mitigación por sus potenciales efectos ambientales y sociales. A partir de diversas investigaciones, el Mgap pretende identificar la ubicación estratégica más conveniente de cuatro embalses que ocuparían hasta 7 mil hectáreas.
De acuerdo al Mgap, por la magnitud de estos proyectos recibirían la categoría C de impacto ambiental –al igual que algunos proyectos medianos del nivel 3–, es decir, que requerirán un estudio de impacto ambiental completo como se le exigió, por ejemplo, a la minera Aratirí. En los niveles 3 y 4 el agua de las represas multiprediales podría tener múltiples usos: no sólo para el riego de los cultivos, la lechería y la ganadería, sino también para la producción de energía y agua potable, por lo cual exigiría la coordinación con otros organismos.
Aguerre, por otro lado, pretende apuntalar la capacidad de asociación del empresariado agropecuario que invierta en riego, al proponer el fortalecimiento de las sar y de las juntas de riego, pero sobre la creación de una cámara de regantes. Insiste también en que para manejar de forma sustentable los diferentes usos del agua es indispensable la coor-dinación entre todos los actores vinculados al recurso hídrico.
Por otro lado, estudios promovidos por el Mgap se basaron en modelos de simulación que analizaron la rentabilidad del riego en sistemas agrícolas, lecheros y ganaderos. El modelo en principio aparecería como una alternativa económicamente viable. “No hay en Uruguay ninguna otra inversión en términos de infraestructura que mueva la aguja como la puede mover el agua”, afirmó Aguerre. No obstante, según las fuentes consultadas por Brecha, unos de los “embudos” de la estrategia es que no está clara la propensión de los empresarios a realizar costosas inversiones que sólo serían amortizables en el largo plazo (de ahí las líneas de financiación del Brou). Pero la ecuación aún está lejos de cerrar. El Mgap encargó otro estudio de impacto del desarrollo de riego en dos embalses en la cuenca del río San Salvador (Soriano), que simuló los costos de un proyecto de mediano a gran porte (entre el tipo 3 y el 4) en la que un privado realizaba la inversión y vendía el agua a otros productores asociados de la cuenca. En algunos casos el costo del agua no era viable para los productores, o presentaba estrechos márgenes de rentabilidad para el inversor. Los estudios se siguen perfeccionando y está previsto extender las simulaciones a otras regiones.
El otro reparo relevante que salpica la propuesta del Mgap es ambiental. Alertados por la situación del río Santa Lucía (véase entrevista en páginas 4 y 5), técnicos consultados por Brecha consideran que la estrategia de riego debería reforzar los recaudos que se deben tomar en cuanto al manejo de los embalses, si se pretende fomentar la construcción de represas multiprediales. Porque embalsar el agua conlleva el riesgo de propiciar las condiciones para la floración de cianobacterias, si no se toman medidas contra la eutrofización que generan los nutrientes de la actividad industrial y agropecuaria volcados a las aguas. Según supo Brecha, durante la transición Aguerre solicitó a sus técnicos que reforzaran las investigaciones y los recaudos ambientales que debería incluir el plan. No obstante, al menos en titulares, una de las líneas de acción apunta a una “intervención pública y privada limitando y atendiendo cabalmente los riesgos ambientales”. Además, el Mgap reconoce que la inversión en sistemas de riego conlleva esos problemas: “Se ha comenzado a transitar los primeros esfuerzos para documentar y sistematizar estos riesgos ambientales en base a revisión bibliográfica y entrevistas con referentes. La debida atención al funcionamiento de las cuencas hidrográficas y la biodiversidad, junto con el mejoramiento del ordenamiento territorial y la protección de los servicios ecosistémicos, constituyen uno de los siete pilares en los que se apoya la política de adaptación al cambio climático para el sector agropecuario definida por el Mgap en 2013.”, reza un documento elaborado por técnicos de esa cartera. Y Aguerre, por su parte, se defendió también: “La intensificación que proponemos a partir del riego es más sostenible ambientalmente que la que tenemos hoy. El riego no es solamente una estrategia para tener sistemas más productivos o competitivos, también es un instrumento, utilizado adecuadamente, para darle sostenibilidad a nuestra agricultura. Ese es el eje principal. Porque de lo que estamos hablando acá no es de ganar más plata en los próximos cinco años o de amortizar el crédito a 15 años, sino de que nuestros bisnietos sigan teniendo la capacidad productiva de nuestros recursos naturales y el ambiente preservado para las futuras generaciones”.
Un Fondes para empresarios rurales
En setiembre de 2014, durante la Expo Prado, Tabaré Aguerre anunció que en la línea de la ley de promoción de inversiones se aumentarían las exoneraciones tributarias para los proyectos destinados al riego. El miércoles en Soriano afirmó que “hay pocas inversiones productivas que tengan un nivel de exoneraciones tributarias tan grande como el que tiene el sistema de riego”. Puso como ejemplo que un proyecto de riego que invierte un millón de dólares exoneraba con el régimen anterior 42 por ciento por vía impositiva, y con la extensión del año pasado exonera 64 por ciento. El empresario podría descontar 620 mil dólares del impuesto a la renta (renuncia fiscal). Pero además, el presidente del Brou, Julio César Porteiro, confirmó este miércoles que más de 30 proyectos de riego solicitaron líneas de crédito. Para conseguir los fondos, el Brou acudió a dos líneas de crédito internacional (200 millones de dólares a través del City Bank y 125 millones –con posibilidad de duplicarse– a través del Banco Interamericano de Desarrollo). El Brou propone a los empresarios rurales financiar entre 70 y 80 por ciento de la inversión en riego, con un plazo de diez a 15 años..
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