Estado del agua envenenada que sale de la canilla
18 mar 2015
Pese a esa valoración que en febrero de este
año hizo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, las 23 empresas que desarrollan su actividad industrial en la
cuenca del río y fueron intimadas el 24 de julio de 2013, no cumplieron
con la obligación de tener construidas y operativas al 31 de enero de
2015 sistemas de tratamiento de efluentes.
A fines de febrero el Mvotma decidió darles una
prórroga a esas industrias que intimó por tener "vertidos prioritarios" y
altamente contaminantes.
Se trata, entre otros rubros, de frigoríficos, laneras,
curtiembres, avícolas e industria láctea. Se dividieron en grupos y se
otorgaron nuevos plazos que vencen el 30 de mayo, 30 de setiembre y 30
de diciembre.
"En el análisis de los proyectos presentados, surgieron
aspectos que prolongaron la tramitación y retrasaron su aprobación, así
como el inicio y ejecución de las obras, por lo que diecisiete
industrias cuentan con el proyecto de ingeniería aprobado y de estas
catorce se encuentran aún en obras, que deben acompasar a la operación
de cada planta", sostiene la resolución del Mvotma.
Agrega que "la remoción de nitrógeno y fósforo de los
efluentes requiere competencias técnicas e inversiones que implican un
cambio tecnológico en los sistemas de tratamiento de efluentes y que el
cumplimiento de los plazos para la ejecución del Plan de Acción,
requirió un trabajo intenso de esas empresas y de la Dirección Nacional
de Medio Ambiente, mediante la interacción e intercambio de las partes
involucradas, en un proceso tendiente a la mejora de los proyectos
presentados". "Habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección
Nacional de Medio Ambiente, estableciéndose un nuevo plazo para la
finalización de obras, tomando como base el análisis de cada industria,
la complejidad de las obras propuestas y la calidad del proyecto de
ingeniería presentado", justifica la resolución firmada por el
exministro Francisco Beltrame.
Otra resolución, también de febrero, había señalado que
"los cursos y cuerpos de agua de la cuenca del Río Santa Lucía
presentan —en general— un preocupante grado de eutrofización,
como consecuencia principalmente de los aportes de nitrógeno y fósforo,
provenientes de distintas fuentes, entre las que se destaca la
contaminación difusa proveniente de la actividad agropecuaria". Y
agregaba que "los problemas recurrentes en la calidad de las aguas de la
cuenca del Río Santa Lucía, sumados a los bajos caudales
—fundamentalmente en estiaje—, conforman un escenario que puede ser
crítico para la principal fuente de agua bruta con destino al suministro
de agua potable del país".
Frente a ese diagnóstico se tomaron una serie de
medidas tendientes a controlar el transporte de nutrientes y
contaminantes del suelo al agua, mediante la exclusión de ciertas
actividades en las áreas lindantes a los cursos y cuerpos de agua, así
como con la conservación y regeneración del monte ribereño como forma de
restablecer la condición hidromorfológica del río. "Se propone el
estricto contralor de los álveos, tanto de dominio público como privado,
y, el establecimiento de una franja de amortiguación que acompañe los
cursos y cuerpos de agua principales de la cuenca, como una barrera
natural que se mantenga libre de la aplicación directa de agroquímicos, y
con una estructura de suelo que evite la erosión o la pérdida de
elementos naturales que la fortalecen, como el monte ribereño y la
vegetación en general", especificó la resolución.
Las medidas de "corto plazo" que se adoptaron para
"controlar el proceso de eutrofización y deterioro de la calidad
ambiental de los cursos y cuerpos de agua de la cuenca y que tiendan a
su reversión" incluyeron la prohibición del laboreo de la tierra y la
aplicación de agroquímicos, directamente en los álveos, tanto de dominio
público como privado, así como en la franja de amortiguación que se
establece respecto de los ríos Santa Lucía, San José, Santa Lucía Chico;
arroyos La Virgen, Canelón Grande, Canelón Chico, Casupá y El Soldado;
así como los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco,
comprendidos en una zona de protección que abarca la cuenca hidrográfica
del Río San José y la cuenca hidrográfica del Río Santa Lucía desde sus
nacientes hasta la confluencia entre ambos.
La franja de amortiguación bordeará los cursos de
agua a ambos lados de sus márgenes, con un ancho de 40 metros, medidos
desde la línea de propiedad o lindera entre el curso y los predios
ribereños, hacia el interior de dichos predios.
El nuevo director de la Dinama, Alejandro Nario,
dijo a El País en enero que al río Santa Lucía le quedan "cinco o diez
años" de vida si no se aplican medidas que reviertan su contaminación.
"No quiero ser alarmista pero empezamos la cuenta regresiva", afirmó.
FA cita a Huidobro por estado del río.
En su primera sesión de la legislatura, la Comisión
de Defensa de Diputados resolvió citar al ministro de Defensa Eleuterio
Fernández Huidobro y al subsecretario Jorge Menéndez por la situación de
la cuenca del Río Santa Lucía.
El presidente de la Comisión de Defensa, Víctor
Semproni, dijo a El País que la citación obedece a que se quiere
conocer de primera mano lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas —de
acuerdo a las normas vigentes— para la preservación del río Santa
Lucía.
Además, Semproni indicó que la intención de los
legisladores que integran la comisión de Defensa es realizar una
recorrida por el Santa Lucía para analizar la situación en que se
encuentra la cuenca.
"Preocupante".
En mayo de 2013, el ministro de Defensa se mostró
muy preocupado por la alta contaminación del río Santa Lucía y se
pronunció a favor de adoptar "medidas paliativas serias", según dijo a
Sarandí.
Los titulares de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), Eneida de León, Tabaré
Aguerre y Carolina Cosse, respectivamente, dieron ayer una conferencia
de prensa para anunciar la voluntad del presidente de la República,
Tabaré Vázquez, de profundizar las medidas instrumentadas en mayo de
2013, para frenar y revertir el deterioro de la calidad del agua del río
Santa Lucía, que da de beber al 60% de la población del país.
Los jerarcas transmitieron que se trata de un “tema crucial para el gobierno” y que el presidente remarcó que su abordaje “no se va a dilatar en el tiempo”, sino que se instrumentará “en el corto plazo”. De León aseguró que se aplicarán las sanciones para que se cumpla el plan proyectado. Descartó que se esté ante una situación de emergencia y afirmó: “Vamos a seguir actuando para que haya seguridad total, para que en 20, 30 años la disponibilidad de agua potable para el área metropolitana esté asegurada”.
Aterrizaje
Una de las medidas implementadas desde 2013 apunta a reducir el impacto de los vertimientos de origen industrial. De un total de 54 industrias instaladas en la cuenca del río Santa Lucía (que comprende parte de los departamentos de Lavalleja, Canelones, San José, Florida, Flores y Montevideo), el MVOTMA determinó en 2013 que había 24 que eran prioritarias, debido a sus niveles de producción, ubicación, caudal de efluentes y cargas de materia orgánica y nutrientes volcados a los cauces de agua. El ministerio intimó a esas 24 industrias a implementar sistemas de tratamiento de remoción de nutrientes en sus plantas de tratamiento. Jorge Rucks, ex titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y actual subsecretario del MVOTMA, respondió que hasta el momento no se ha aplicado ninguna multa por incumplimiento en la cuenca del Santa Lucía, pero aseguró que se está trabajando. Dijo que todas las industrias (son 23 porque una cerró) “presentaron sus planes y proyectos de ingeniería para el tratamiento de los efluentes y cargas orgánicas y de fósforo y de nitrógeno, que fueron las exigencias que se pusieron”. Aclaró que la aprobación de las plantas de tratamiento de esas industrias se ha demorado porque en Uruguay no existían ese tipo de plantas y que se trajeron especialistas internacionales para analizarlas. Al día de hoy hay aprobadas 18 plantas y las otras están en proceso, aseguró el subsecretario.
Tres de las 11 medidas le corresponden a OSE. Una consiste en mejorar el sistema de saneamiento de tres ciudades: Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía. Otra apunta a crear una reserva de agua potable en el arroyo Casupá (algo que ya estaba previsto en 2013) y otra en la cuenca del arroyo El Soldado (incorporada en 2014); con las reservas de agua se aumenta el caudal del río Santa Lucía, y con eso se aumentaría la disponibilidad de agua que llega a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, y además de atacar la escasez evita la aparición de cianobacterias. Respecto de las plantas de saneamiento y los nuevos embalses, De León aseguró que “hay compromiso del Poder Ejecutivo, y específicamente del presidente, de que esas inversiones van a estar disponibles para poder resolverlas el tema en esta administración”. La otra tarea de OSE es resolver el manejo y disposición de lodos que salen de la planta de Aguas Corrientes, cuyo proceso está operativo y se espera que esté disponible para ser utilizado en setiembre de 2017.
Otra de las medidas consiste en la presentación de planes de uso, manejo y conservación de suelos ante el MGAP de los padrones rurales que estén en la cuenca. Las autoridades anunciaron que se trabajó en una fase piloto con sistemas lecheros en la cuenca del Arroyo de la Virgen (que incide altamente en el embalse de Paso Severino), y el 30 de abril es la fecha límite para presentar los planes de uso ante el MGAP.
Se avanzó, también, en cuanto al control de los feed lots, o emprendimientos de engorde de ganado a corral. Se regulan ahora por un decreto aprobado en junio de 2014 que obliga a los establecimientos a contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos, y aquellos que se instalen o quieran aumentar su capacidad por encima de 5.000 animales deberán presentar una solicitud de autorización ambiental.
Desde 2013 se exige el tratamiento y manejo obligatorio de efluentes de todos los tambos de la cuenca del Santa Lucía. Antes del 30 de abril de 2014 los tambos con más de 500 animales debían presentar Solicitud de Autorización de Desagüe y propuesta de Plan de Gestión de Residuos Sólidos. De acuerdo al informe entregado por el MVOTMA, hasta ahora lo han presentado sólo 16 tambos de un total de 1.600, y se está trabajando en el diseño del sistema de autorizaciones y en su control. El ministro Aguerre acotó que se está trabajando con los productores lecheros en aprovechar los efluentes y usarlos como fertilizantes en el propio campo.
Otra de las medidas apunta a restringir el acceso de ganado a los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco.
Aguerre precisó que el deterioro de la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía “no empezó con la intensificación [agrícola] de los últimos diez años”, sino de la producción agrícola, hortícola, lechera y vitivinícola que se desarrolla desde hace más de un siglo. Una de las medidas anunciadas en 2013 apunta a crear una zona de amortiguación en los ríos y arroyos de la cuenca del Santa Lucía, y en ella se avanzó con un decreto firmado el 24 febrero por el ex titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, que declaró como zona sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos a una franja de 40 metros en las márgenes de los cursos principales (ríos Santa Lucía y San José), a 20 metros de los afluentes de primer orden y a 100 metros de los tres embalses.
La Dirección Nacional de Aguas controlará las extracciones de agua superficial y subterránea de la cuenca, otra de las medidas; De León afirmó que “hay muchas intimaciones” por permisos que debieron solicitarse hace más de un año. De acuerdo al documento entregado por el MVOTMA, 39% de quienes fueron intimados no han realizado trámites ante Dinagua (se trata de 248 emprendimientos).
Se apuntará además a la recuperación del monte nativo. Aguerre señaló que hasta 2010 la multa por talar una hectárea de monte nativo era de 400 dólares y que en 2011 la cifra se elevó a 12.500 dólares. “Es una señal, dijo, pero remarcó que lo más importante es la comunicación y el diseño de políticas para la prevención de problemas.
Las autoridades valoraron también la creación en 2013 de la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía, en la que participan el gobierno y la sociedad civil, y el ingreso de los humedales del Santa Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Respecto de la fiscalización, De León respondió que “es un tema complejo” que desarrollarán “los ministerios en conjunto”. Enunció que también está involucrado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que reemplazará alambrados en los embalses, “y, por qué no, el Ministerio de Defensa”. Anunció que otra parte podrá hacerse por monitoreo satelital, al tiempo que Cosse reafirmó que es necesario “ser más eficientes en la gestión de controles”.
Los jerarcas transmitieron que se trata de un “tema crucial para el gobierno” y que el presidente remarcó que su abordaje “no se va a dilatar en el tiempo”, sino que se instrumentará “en el corto plazo”. De León aseguró que se aplicarán las sanciones para que se cumpla el plan proyectado. Descartó que se esté ante una situación de emergencia y afirmó: “Vamos a seguir actuando para que haya seguridad total, para que en 20, 30 años la disponibilidad de agua potable para el área metropolitana esté asegurada”.
Aterrizaje
Una de las medidas implementadas desde 2013 apunta a reducir el impacto de los vertimientos de origen industrial. De un total de 54 industrias instaladas en la cuenca del río Santa Lucía (que comprende parte de los departamentos de Lavalleja, Canelones, San José, Florida, Flores y Montevideo), el MVOTMA determinó en 2013 que había 24 que eran prioritarias, debido a sus niveles de producción, ubicación, caudal de efluentes y cargas de materia orgánica y nutrientes volcados a los cauces de agua. El ministerio intimó a esas 24 industrias a implementar sistemas de tratamiento de remoción de nutrientes en sus plantas de tratamiento. Jorge Rucks, ex titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y actual subsecretario del MVOTMA, respondió que hasta el momento no se ha aplicado ninguna multa por incumplimiento en la cuenca del Santa Lucía, pero aseguró que se está trabajando. Dijo que todas las industrias (son 23 porque una cerró) “presentaron sus planes y proyectos de ingeniería para el tratamiento de los efluentes y cargas orgánicas y de fósforo y de nitrógeno, que fueron las exigencias que se pusieron”. Aclaró que la aprobación de las plantas de tratamiento de esas industrias se ha demorado porque en Uruguay no existían ese tipo de plantas y que se trajeron especialistas internacionales para analizarlas. Al día de hoy hay aprobadas 18 plantas y las otras están en proceso, aseguró el subsecretario.
Tres de las 11 medidas le corresponden a OSE. Una consiste en mejorar el sistema de saneamiento de tres ciudades: Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía. Otra apunta a crear una reserva de agua potable en el arroyo Casupá (algo que ya estaba previsto en 2013) y otra en la cuenca del arroyo El Soldado (incorporada en 2014); con las reservas de agua se aumenta el caudal del río Santa Lucía, y con eso se aumentaría la disponibilidad de agua que llega a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, y además de atacar la escasez evita la aparición de cianobacterias. Respecto de las plantas de saneamiento y los nuevos embalses, De León aseguró que “hay compromiso del Poder Ejecutivo, y específicamente del presidente, de que esas inversiones van a estar disponibles para poder resolverlas el tema en esta administración”. La otra tarea de OSE es resolver el manejo y disposición de lodos que salen de la planta de Aguas Corrientes, cuyo proceso está operativo y se espera que esté disponible para ser utilizado en setiembre de 2017.
Otra de las medidas consiste en la presentación de planes de uso, manejo y conservación de suelos ante el MGAP de los padrones rurales que estén en la cuenca. Las autoridades anunciaron que se trabajó en una fase piloto con sistemas lecheros en la cuenca del Arroyo de la Virgen (que incide altamente en el embalse de Paso Severino), y el 30 de abril es la fecha límite para presentar los planes de uso ante el MGAP.
Se avanzó, también, en cuanto al control de los feed lots, o emprendimientos de engorde de ganado a corral. Se regulan ahora por un decreto aprobado en junio de 2014 que obliga a los establecimientos a contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos, y aquellos que se instalen o quieran aumentar su capacidad por encima de 5.000 animales deberán presentar una solicitud de autorización ambiental.
Desde 2013 se exige el tratamiento y manejo obligatorio de efluentes de todos los tambos de la cuenca del Santa Lucía. Antes del 30 de abril de 2014 los tambos con más de 500 animales debían presentar Solicitud de Autorización de Desagüe y propuesta de Plan de Gestión de Residuos Sólidos. De acuerdo al informe entregado por el MVOTMA, hasta ahora lo han presentado sólo 16 tambos de un total de 1.600, y se está trabajando en el diseño del sistema de autorizaciones y en su control. El ministro Aguerre acotó que se está trabajando con los productores lecheros en aprovechar los efluentes y usarlos como fertilizantes en el propio campo.
Otra de las medidas apunta a restringir el acceso de ganado a los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco.
Aguerre precisó que el deterioro de la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía “no empezó con la intensificación [agrícola] de los últimos diez años”, sino de la producción agrícola, hortícola, lechera y vitivinícola que se desarrolla desde hace más de un siglo. Una de las medidas anunciadas en 2013 apunta a crear una zona de amortiguación en los ríos y arroyos de la cuenca del Santa Lucía, y en ella se avanzó con un decreto firmado el 24 febrero por el ex titular del MVOTMA, Francisco Beltrame, que declaró como zona sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos a una franja de 40 metros en las márgenes de los cursos principales (ríos Santa Lucía y San José), a 20 metros de los afluentes de primer orden y a 100 metros de los tres embalses.
La Dirección Nacional de Aguas controlará las extracciones de agua superficial y subterránea de la cuenca, otra de las medidas; De León afirmó que “hay muchas intimaciones” por permisos que debieron solicitarse hace más de un año. De acuerdo al documento entregado por el MVOTMA, 39% de quienes fueron intimados no han realizado trámites ante Dinagua (se trata de 248 emprendimientos).
Se apuntará además a la recuperación del monte nativo. Aguerre señaló que hasta 2010 la multa por talar una hectárea de monte nativo era de 400 dólares y que en 2011 la cifra se elevó a 12.500 dólares. “Es una señal, dijo, pero remarcó que lo más importante es la comunicación y el diseño de políticas para la prevención de problemas.
Las autoridades valoraron también la creación en 2013 de la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía, en la que participan el gobierno y la sociedad civil, y el ingreso de los humedales del Santa Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Respecto de la fiscalización, De León respondió que “es un tema complejo” que desarrollarán “los ministerios en conjunto”. Enunció que también está involucrado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que reemplazará alambrados en los embalses, “y, por qué no, el Ministerio de Defensa”. Anunció que otra parte podrá hacerse por monitoreo satelital, al tiempo que Cosse reafirmó que es necesario “ser más eficientes en la gestión de controles”.
| Preparan un “sistema de alerta” para el Santa Lucía pero es vandalizado |
 |
escribe María Paz Sartori |
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado