Stedile: La burguesía no se atreve a hablar de Golpe
El líder del Movimiento de los Sin Tierra, João Pedro Stedile, pidió el viernes (13), en la manifestación en el centro de Río, que la presidenta Dilma Rousseff de una "salida del Palacio" para escuchar a los trabajadores."Dilma sale a la calle para escuchar a los trabajadores"
También dijo que no acepta "la infiltración de capitalistas" y del ministro Joaquim Levy (Finanzas) en el gobierno federal. "Basta ya de infiltración capitalista en el gobierno. No aceptamos la infiltración de un tal [Joaquim] Levy ".
"No podemos ajustar los gastos a los Trabajadores. La crisis que Brasil es culpa de los capitalistas. No aceptamos la reducción del derecho de la clase trabajadora. Dilma, sale del palacio y venga a escuchar trabajadores de la calle ", argumentó Stedile.
El ejército brasilero se posiciona en todo el país "esperando ordenes"
Al golpe del tarro
Miles de personas se manifestaron en Brasil contra el gobierno de Dilma Rousseff.
Miles de personas se manifestaron ayer en 18 ciudades de
Brasil para protestar contra el gobierno de Dilma Rousseff. En general,
los reclamos se debieron a la situación económica y los casos de
corrupción vinculados con Petrobras, pero también hubo quien reclamó por
el juicio político contra la presidenta y hasta alguno que pidió la
intervención de las Fuerzas Armadas. El gobierno no hizo una valoración
sobre las movilizaciones, aunque sí hubo encuentros y conversaciones
telefónicas.
El diputado más votado del estado de Río de Janeiro, Jair
Bolsonaro, fue el primero en oficializar el pedido de juicio político
contra Rousseff.
Desde hace algunas semanas, movimientos sociales y políticos estaban
manejando esta posibilidad, pero fue Bolsonaro, un militar retirado que
pertenece al Partido Progresista, el primero en tomar la iniciativa
formal y desde el propio Parlamento.
La mayoría de los partidos políticos brasileños adelantó en las últimas semanas que no respaldará un juicio político contra la mandataria, aunque una minoría de sus integrantes sí lo hace; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, señaló que impediría el tratamiento de una iniciativa de estas características en la cámara, e incluso ayer dos de los grandes diarios conservadores, Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo, se pronunciaron contrarios a este procedimiento.
Bolsonaro justificó su pedido de juicio político sosteniendo que Rousseff recibió parte del dinero desviado de Petrobras. En la investigación que se está llevando adelante a partir de las declaraciones de ex directores de la empresa petrolera -que si aportan información certera recibirán una reducción de la pena por los delitos cometidos- apareció el nombre de Rousseff. La teoría de los investigadores es que las empresas involucradas en el escándalo pagaban a los políticos que las habían beneficiado de forma directa pero también mediante donaciones a sus campañas, y Rousseff recibió estas donaciones en su primera campaña presidencial, en 2010. Sin embargo, la propia Procuraduría reconoció que no tiene elementos suficientes como para investigar a Rousseff.
Sensaciones profundas
Un millón de personas en San Pablo, casi 50.000 en Brasilia, 30.000 en Porto Alegre y unas 15.000 en Río de Janeiro son algunas de las cifras que dieron a conocer las autoridades acerca de las movilizaciones de ayer. “Privatización de Petrobras ya” o “El 31 de marzo está cerca... Vamos a repetir 1964”, en referencia a la fecha del golpe de Estado, fueron pancartas que se vieron durante la movilización, pero no eran las dominantes entre quienes salieron a las calles. El factor común de la movilización era la desazón generada por la situación económica y la corrupción en Petrobras. La situación económica se percibe como dramática en Brasil: a la falta de crecimiento desde 2014 se sumó el aumento sostenido de la inflación, que en febrero fue de 7,7% (respecto de febrero de 2014), la tasa más alta desde mayo de 2005 y muy por encima de la meta oficial, de 4,5%. Además, el real está perdiendo valor y hace sólo unos días superó la barrera psicológica de tres reales por dólar, algo que no sucedía desde 2004.
El gobierno ha tomado medidas para paliar la situación (como aumentar los impuestos a algunos productos y recortar programas sociales) e intenta adoptar un ajuste fiscal, aunque encuentra resistencias en un Congreso que se le presenta adverso.
El escepticismo sobre el futuro económico alcanza a la población. O Estado de São Paulo publicó un análisis comparativo sobre los temores del electorado brasileño durante los gobiernos de los últimos tres presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff. Según ese comparativo, más de 80% del electorado brasileño tiene miedo de que aumenten los precios (el mayor porcentaje en los últimos años), y más de 60% teme que aumente el desempleo (porcentaje sólo superado por algunos períodos del gobierno de Cardoso). Además, la tasa de gobernabilidad (que se obtiene con el respaldo del Congreso a los proyectos del Ejecutivo) es la más baja desde el primer gobierno de Lula, aunque alcanza 70%, y el “núcleo duro” del gobierno en la Cámara de Diputados (que se logra con el porcentaje que representan los diputados que siempre respaldan al Ejecutivo) es el más bajo: 30% para este gobierno de Rousseff, menos de la mitad de lo que tenía en su anterior mandato.
El gobierno no hizo ayer comentarios sobre las manifestaciones, aunque Rousseff estuvo en comunicación con asesores e integrantes del gabinete. Se espera un pronunciamiento en las próximas horas, pero en la previa en el oficialismo había distintas percepciones sobre la movilización: mientras que el número dos de la bancada de diputados del Partido de los Trabajadores, Carlos Zarattini, aseguraba que estas manifestaciones son un “test para ver el efecto del inmenso despliegue de publicidad negativa en las redes sociales y en la gran prensa”, el ministro de Comunicación, Ricardo Berzoini, admitía que el gobierno ha cometido errores de comunicación a la hora de informar acerca de la situación económica y del escándalo de Petrobras.
La mayoría de los partidos políticos brasileños adelantó en las últimas semanas que no respaldará un juicio político contra la mandataria, aunque una minoría de sus integrantes sí lo hace; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, señaló que impediría el tratamiento de una iniciativa de estas características en la cámara, e incluso ayer dos de los grandes diarios conservadores, Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo, se pronunciaron contrarios a este procedimiento.
Bolsonaro justificó su pedido de juicio político sosteniendo que Rousseff recibió parte del dinero desviado de Petrobras. En la investigación que se está llevando adelante a partir de las declaraciones de ex directores de la empresa petrolera -que si aportan información certera recibirán una reducción de la pena por los delitos cometidos- apareció el nombre de Rousseff. La teoría de los investigadores es que las empresas involucradas en el escándalo pagaban a los políticos que las habían beneficiado de forma directa pero también mediante donaciones a sus campañas, y Rousseff recibió estas donaciones en su primera campaña presidencial, en 2010. Sin embargo, la propia Procuraduría reconoció que no tiene elementos suficientes como para investigar a Rousseff.
Sensaciones profundas
Un millón de personas en San Pablo, casi 50.000 en Brasilia, 30.000 en Porto Alegre y unas 15.000 en Río de Janeiro son algunas de las cifras que dieron a conocer las autoridades acerca de las movilizaciones de ayer. “Privatización de Petrobras ya” o “El 31 de marzo está cerca... Vamos a repetir 1964”, en referencia a la fecha del golpe de Estado, fueron pancartas que se vieron durante la movilización, pero no eran las dominantes entre quienes salieron a las calles. El factor común de la movilización era la desazón generada por la situación económica y la corrupción en Petrobras. La situación económica se percibe como dramática en Brasil: a la falta de crecimiento desde 2014 se sumó el aumento sostenido de la inflación, que en febrero fue de 7,7% (respecto de febrero de 2014), la tasa más alta desde mayo de 2005 y muy por encima de la meta oficial, de 4,5%. Además, el real está perdiendo valor y hace sólo unos días superó la barrera psicológica de tres reales por dólar, algo que no sucedía desde 2004.
El gobierno ha tomado medidas para paliar la situación (como aumentar los impuestos a algunos productos y recortar programas sociales) e intenta adoptar un ajuste fiscal, aunque encuentra resistencias en un Congreso que se le presenta adverso.
El escepticismo sobre el futuro económico alcanza a la población. O Estado de São Paulo publicó un análisis comparativo sobre los temores del electorado brasileño durante los gobiernos de los últimos tres presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff. Según ese comparativo, más de 80% del electorado brasileño tiene miedo de que aumenten los precios (el mayor porcentaje en los últimos años), y más de 60% teme que aumente el desempleo (porcentaje sólo superado por algunos períodos del gobierno de Cardoso). Además, la tasa de gobernabilidad (que se obtiene con el respaldo del Congreso a los proyectos del Ejecutivo) es la más baja desde el primer gobierno de Lula, aunque alcanza 70%, y el “núcleo duro” del gobierno en la Cámara de Diputados (que se logra con el porcentaje que representan los diputados que siempre respaldan al Ejecutivo) es el más bajo: 30% para este gobierno de Rousseff, menos de la mitad de lo que tenía en su anterior mandato.
El gobierno no hizo ayer comentarios sobre las manifestaciones, aunque Rousseff estuvo en comunicación con asesores e integrantes del gabinete. Se espera un pronunciamiento en las próximas horas, pero en la previa en el oficialismo había distintas percepciones sobre la movilización: mientras que el número dos de la bancada de diputados del Partido de los Trabajadores, Carlos Zarattini, aseguraba que estas manifestaciones son un “test para ver el efecto del inmenso despliegue de publicidad negativa en las redes sociales y en la gran prensa”, el ministro de Comunicación, Ricardo Berzoini, admitía que el gobierno ha cometido errores de comunicación a la hora de informar acerca de la situación económica y del escándalo de Petrobras.
Cientos de miles de brasileños marcharon en Sao Paolo, Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte para exigir la destitución de la presidenta, la cual fue reelecta el año pasado con el 51,64 por ciento de los votos.
Dos días después de la marcha en apoyo a Dilma Rousseff y en defensa de Petrobras, la oposición brasileña tomó este domingo las calles de varias ciudades para manifestar en contra de la mandataria.
Unas 580 mil personas marcharon en Sao Paolo (sureste), 50 mil en Brasilia, 15 mil en Río de Janeiro, 24 mil en Belo Horizonte, para rechazar el escándalo de corrupción en la estatal petrolera y pedir la destitución de la presidenta, a la que acusan de saber lo que sucedía en Petrobras en los últimos años.
El Dato: La cantidad de manifestantes solo representa el 0,5 por ciento de la población, pues Brasil tiene más de 200 millones de habitantes.
“Hoy somos miles y miles de personas que pedimos el ‘impeachment’ (destitución) de Dilma Rousseff. El Gobierno está en una situación lamentable”, dijo Rubens Nunes, asesor jurídico del Movimiento Brasil Libre, uno de los grupos que organizó la protesta en las redes sociales.
De forma paradójica, muchos manifestantes pidieron incluso una intervención militar para derrocar a la mandataria, cuando este 15 marzo se cumplen 30 años del retorno de la democracia a Brasil tras la dictadura militar de 1964 a 1985, apoyada por Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, el esquema de corrupción en Petrobras movilizó en términos de lavado de dinero y sobrefacturación unos 10 mil millones de reales (tres mil 850 millones de dólares) en obras y contratos de la petrolera.
En diciembre pasado la presidenta Dilma Rousseff pidió castigo para los involucrados en el caso, al tiempo que enfatizó que en su país “no hay intocables”.
Actualmente, más de 30 legisladores del Senado y la Cámara son investigados como presuntos implicados en la trama de corrupción en Petrobras.
Rousseff no será implicada en la investigación de la trama de corrupción por falta de evidencias que constaten su participación, dijo el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Teori Zavascki.
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Bajo la lógica de elmuertoquehabla.blogspot.com(me hago el revolucionario pero me someto a las órdenes de Mr. google y sigo echando mierda a los yankis en vez de tener sentido común y abandonar blogspot e ir por el código libre), esto que sucede en Brasil es culpa de Tabaré Vazquez y Raul Sendic, y del frente amplio entero.
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