Cuando tengamos una copia del sistema judicial americano
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Habla el Dr Enrique Viana en Tierra Libre conducido por Luis Cordoba 15 marzo 2015
Jorge Díaz, fiscal de Corte. Foto: Sandro Pereyra (archivo, noviembre de 2014)
Nuevo centro
Fiscal de Corte Jorge Díaz promoverá unidades de apoyo en violencia de género y en delitos contra la persona y la propiedad privada.
-¿Cuáles son las características de la
descentralización de las fiscalías, proyecto de ley presentado el 5 de
marzo por el Poder Ejecutivo al Parlamento?
-Se crea un servicio descentralizado, con directorio a cargo del fiscal de Corte, que implica un cambio de paradigma: un fiscal de territorio, que tendrá que trabajar en equipo, elaborar y discutir estrategias y compartir información, que tendrá rostro y voz, y rendirá cuentas en forma democrática y transparente, como representante de la sociedad. Tenemos que estar cerca de la población, y en lugar de que la población se traslade hacia las fiscalías. Vamos a ser los receptores de todas las denuncias penales que se hagan en el país. El proyecto prevé que haya fiscalías en poblaciones del interior con más de 10.000 habitantes, además de un proceso de descentralización en Montevideo: dividiendo la capital en cuatro regiones, que eventualmente pueden coincidir con las que maneja la Policía. A su vez, la integración de las unidades fiscales dependerá del volumen de trabajo que haya en cada lugar. La distribución de trabajo no va a ser por turno, sino por modalidad delictiva; no por criterios temporales -que implica que cuando el sujeto termina el turno, se va-, sino con una unidad a lo largo de toda la investigación.
-¿Estos cambios implican más recursos?
-Vamos a pedir un incremento importante, pero todavía no queremos hablar de cifras; sería irresponsable sin tener un sustento práctico. En la medida en que evaluemos el volumen de trabajo que tendremos, buscaremos una cifra que garantice la efectividad del trabajo. Hay que redireccionar los recursos, sobre todo humanos. Los legisladores tendrán que redefinir cuáles son las funciones de una fiscalía, porque hoy cumplimos un montón de funciones que hay que evaluar si tienen vigencia, como en el área civil, donde el fiscal interviene como determinante técnico, como actor o como tercero. Como técnico, hace un dictamen técnico no vinculante de asesoramiento al juez: en pleno siglo XXI no es necesario que los jueces tengan a un fiscal de asesor, ni que le paguen a dos personas para que hagan una misma función. Como actor, debe intervenir en muchos procesos, por ejemplo, en protección de niños, de incapaces, de medioambiente; muchas veces se superpone la legitimación de un fiscal con la de un sujeto particular o del propio Estado. Sobre el total de fiscales, si no tuvieran que realizar este trabajo, podríamos redireccionarlos para que hicieran otros, como el aduanero. La fiscalía tiene competencia en el área penal y en penal juvenil, donde es imprescindible y es su razón de ser como institución, en lugar del área civil.
-¿Sobre qué áreas deberían crearse unidades centralizadas de apoyo a la fiscalía?
-El proyecto prevé la creación de unidades en tres áreas: violencia de género (tema complejo, de gran impacto, no sólo por los feminicidios), delitos contra la persona y delitos contra la propiedad. También habría una unidad de derechos humanos, para hacer un gran esfuerzo, dar celeridad e impulso en las causas que abordan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y dar respuesta efectiva a los familiares de las víctimas o a las propias víctimas. Nuestra posición siempre ha sido considerar que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y se deben remover todos los obstáculos hasta sancionar a los responsables.
-¿Cómo se está llevando adelante la implementación del nuevo Código Procesal Penal?
-Estamos trabajando con el Ministerio del Interior en varias líneas de capacitación de jueces, fiscales y policías en varias áreas, como la científica y la de investigación criminal; además de trabajar junto con la Policía en la elaboración de protocolos de actuación sobre las investigaciones en delitos contra la persona, violencia física, de género y delitos contra la propiedad.
-Se crea un servicio descentralizado, con directorio a cargo del fiscal de Corte, que implica un cambio de paradigma: un fiscal de territorio, que tendrá que trabajar en equipo, elaborar y discutir estrategias y compartir información, que tendrá rostro y voz, y rendirá cuentas en forma democrática y transparente, como representante de la sociedad. Tenemos que estar cerca de la población, y en lugar de que la población se traslade hacia las fiscalías. Vamos a ser los receptores de todas las denuncias penales que se hagan en el país. El proyecto prevé que haya fiscalías en poblaciones del interior con más de 10.000 habitantes, además de un proceso de descentralización en Montevideo: dividiendo la capital en cuatro regiones, que eventualmente pueden coincidir con las que maneja la Policía. A su vez, la integración de las unidades fiscales dependerá del volumen de trabajo que haya en cada lugar. La distribución de trabajo no va a ser por turno, sino por modalidad delictiva; no por criterios temporales -que implica que cuando el sujeto termina el turno, se va-, sino con una unidad a lo largo de toda la investigación.
-¿Estos cambios implican más recursos?
-Vamos a pedir un incremento importante, pero todavía no queremos hablar de cifras; sería irresponsable sin tener un sustento práctico. En la medida en que evaluemos el volumen de trabajo que tendremos, buscaremos una cifra que garantice la efectividad del trabajo. Hay que redireccionar los recursos, sobre todo humanos. Los legisladores tendrán que redefinir cuáles son las funciones de una fiscalía, porque hoy cumplimos un montón de funciones que hay que evaluar si tienen vigencia, como en el área civil, donde el fiscal interviene como determinante técnico, como actor o como tercero. Como técnico, hace un dictamen técnico no vinculante de asesoramiento al juez: en pleno siglo XXI no es necesario que los jueces tengan a un fiscal de asesor, ni que le paguen a dos personas para que hagan una misma función. Como actor, debe intervenir en muchos procesos, por ejemplo, en protección de niños, de incapaces, de medioambiente; muchas veces se superpone la legitimación de un fiscal con la de un sujeto particular o del propio Estado. Sobre el total de fiscales, si no tuvieran que realizar este trabajo, podríamos redireccionarlos para que hicieran otros, como el aduanero. La fiscalía tiene competencia en el área penal y en penal juvenil, donde es imprescindible y es su razón de ser como institución, en lugar del área civil.
-¿Sobre qué áreas deberían crearse unidades centralizadas de apoyo a la fiscalía?
-El proyecto prevé la creación de unidades en tres áreas: violencia de género (tema complejo, de gran impacto, no sólo por los feminicidios), delitos contra la persona y delitos contra la propiedad. También habría una unidad de derechos humanos, para hacer un gran esfuerzo, dar celeridad e impulso en las causas que abordan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y dar respuesta efectiva a los familiares de las víctimas o a las propias víctimas. Nuestra posición siempre ha sido considerar que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y se deben remover todos los obstáculos hasta sancionar a los responsables.
-¿Cómo se está llevando adelante la implementación del nuevo Código Procesal Penal?
-Estamos trabajando con el Ministerio del Interior en varias líneas de capacitación de jueces, fiscales y policías en varias áreas, como la científica y la de investigación criminal; además de trabajar junto con la Policía en la elaboración de protocolos de actuación sobre las investigaciones en delitos contra la persona, violencia física, de género y delitos contra la propiedad.
Fabrizio Scrollini
Presidente de la asociación civil DATA Uruguay e investigador en temas de transparencia, acceso a la información y datos abiertos.
Presidente de la asociación civil DATA Uruguay e investigador en temas de transparencia, acceso a la información y datos abiertos.
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