Rechazo al estado policial

Patota estatal

Más de 40 organizaciones respondieron la semana pasada a una convocatoria de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), con el objetivo de dialogar y conocer la posición de la sociedad civil con respecto al borrador de proyecto de urgente consideración que pretende aprobar el gobierno electo.

Allí hubo consenso en cuestionar, en primer lugar, el mecanismo elegido por las nuevas autoridades para hacer prosperar sus iniciativas.

Instituciones como Amnistía Internacional, Cotidiano Mujer y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) sostuvieron que, si bien está previsto en la Constitución, un proyecto de urgencia “restringe la posibilidad de diálogo y excluye de la discusión a la comunidad”.

Afirmaron también que el borrador difundido toca aspectos centrales de la vida democrática y los agrupa bajo el rótulo de urgentes, inhabilitando una discusión necesaria sobre un conjunto de temas importantes y prioritarios para el país.

En cuanto al contenido, varias organizaciones expresaron su preocupación por el capítulo relativo a la seguridad pública.

En ese marco cuestionaron el “enfoque punitivo” del ante proyecto, que apunta a la instalación de un “Estado policial”.

Fue el caso de la organización Idas y Vueltas, que criticó la intención de que retirados policiales y militares porten armas y puedan forma parte de la seguridad pública aún en situación y retiro.

También en relación al artículo 11, que agrega un artículo al Código Penal con sanciones de prisión ante el “agravio a la autoridad policial”.

Serpaj advirtió, a su vez, sobre la autonomía que el anteproyecto le asigna a los funcionarios policiales. En particular, en lo referido a la extensión del principio de legítima defensa.

Ovejas Negras, en tanto, puso el foco en el artículo 14, que prohíbe la ocupación de los espacios públicos.

Se considera que, en gran parte, el contenido de la propuesta de reforma “Vivir sin miedo”, rechazada por mayoría en una consulta popular, está incluida en el articulado.

La preocupación incluye el eventual aumento del plazo de detención en dependencias policiales sin dar aviso a la Justicia, que pasaría de dos a cuatro horas.

El colectivo Nada Crece a la Sombra consideró que el capítulo sobre seguridad es una “propuesta simplistas, que privilegia el encierro como solución” y que, paradójicamente, tendrán como efecto el agravamiento de la inseguridad pública, el aumento de la superpoblación carcelaria y el deterioro de las condiciones de vida en las cárceles.

La Red Pro Cuidados cuestionó que a los adolescentes se los vuelva a llamar “menores”, que en los casos de conflicto con la ley se les prive del régimen de semilibertad por delitos gravísimos y que se aumenta la posibilidad de que estén encerrados por hasta diez años.

También que se quiera conservar, en forma permanente, los antecedentes de los que cometieron delitos graves cuando pasen a ser mayores de edad.

La Red Especial Uruguaya y la Asociación Down del Uruguay, entre otros, criticaron la intención plasmada en el borrador de derogar el artículo 33 de la ley General de Educación que establece la importancia de promover la inclusión de personas con discapacidad en los ámbitos de la enseñanza formal.

Colectiva Mujeres, por su parte, sostuvo que los cambios proyectados en el proceso de inclusión financiera expondrían a muchas personas a situaciones de vulnerabilidad y desprotección en cuanto contrataciones fuera de la ley e incumplimiento de laudos salariales.

Allí se puso el foco en las personas migrantes y en las empleados bancarios, que son los que han logrado más protección social a partir de la obligación del pago de haberes por medios electrónicos.

Mundo Afro expresó su preocupación por el artículo 268 del borrador, que reduciría los montos habilitados en el Estado para compra directa, lo que podría colocar a las cooperativas de limpieza que tienen contratos en el sector público en un escenario muy complejo.

Varias organizaciones se pronunciaron en contra de lo establecido en el artículo 349 del anteproyecto, que habilitaría al poder Ejecutivo a imponer restricciones al derecho de huelga.

También por los cambios propuestos en el artículo 360, relativos a las competencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a la eliminación de una serie de colectivos de su área de responsabilidades y a la forma incorrecta de aludir a las personas con discapacidad y a las
personas mayores, a los que el borrador menciona como “discapacitados” y “adultos mayores”.

Se cuestionó que se le quite al Instituto Nacional de las Mujeres la rectoría en lo relativo a las políticas de género y en cambio se le adjudique la promoción del “respeto a la vida”, reduciéndose además la responsabilidad de la prevención de la violencia contra la mujer al ámbito familiar.

En el diálogo, la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt ratificó su preocupación sobre las iniciativas para “proteger la libre circulación” plasmadas en los artículos 448 al 450 del borrador.

De ser aprobados, “se promovería una política estatal de criminalización de la protesta social, que afectaría los principios liberales que ponen límites al poder punitivo”.

Según el movimiento sindical, en el anteproyecto se utiliza un nuevo lenguaje de persecución penal, haciéndose referencia a “piquetes”.

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Por Sergio Sommaruga

Finalmente el gobierno decidió ingresar la LUC al parlamento.
Lo hizo el jueves pasado.
Claramente, esta decisión de Lacalle, no es una señal alentadora; aunque si es aleccionante.
No es alentadora, porque da cuenta de una indiferencia radical del gobierno al pedido fundado de vastas organizaciones del campo social para que no lo hiciera, o al menos que le sacara el carácter de”urgente”.
Incluso, muchas de esas organizaciones ni siquiera pedían que no la presentara. Solo le pedían que postergara su envió al parlamento mientras estuviese vigente la declaración de la emergencia sanitaria.
Parecía obvio que así lo hiciese, pero lo obvio esta en el cementerio de los incautos.
No importaron ni razones, ni obviedades.
Se impuso el apetito por demostrar quien tiene el poder.
Y se impuso la necesidad de avanzar en la construcción política del ajuste neoliberal, que es, en definitiva, lo que esta ley nefasta representa.
Estamos ante un proyecto de ley de más de 500 artículos, que modifica de forma regresiva y muy negativa, un conjunto de aspectos centrales para la vida democrática de la sociedad. Y para peor es una ley de aprobación automática.
A los 90 días, si la ley no es aprobada con votos, se aprueba de facto.
Si, de hecho.
No importa si hay debate.
No importa la postura de las organizaciones sociales.
No importa que diga la academia.
No importa si la población se entera.
No importa la emergencia sanitaria. Es más, hasta parecería que se usa como contexto para evitar las movilizaciones de protesta.
Que nada de lo anterior importe, más allá de todas las diferencias, es desalentador.
Porque indica que estamos ante una versión de la democracia representativa llevada al extremo del reduccionismo. Una versión que vendría a significar que: como gané, tengo derecho a hacer lo que quiero, por encima de todos y de todo.
De ahí al autoritarismo, solo hay una cuestión de grados.
Lo aleccionante de esta mala decisión del gobierno es que nos indica dos cosas. Que la radicalización del ajuste contra los trabajadores y el pueblo se viene con todo y que vamos a tener que repensar nuestras prácticas de cuidado para que no sean de confinamiento.
Porque el confinamiento, a la luz de la voluntad del gobierno, es como afilar el cuchillo con el que nos van a degollar.