30 abril 2020
¿Tienen derecho los más humildes a un techo digno? Por supuesto. ¿Es legítimo que ocupen tierra para construir su futuro hogar? Claro que sí. A partir de estos interrogantes filosófico-jurídicas -y de sus respuestas- el doctor Helios Sarthou había elaborado su “doctrina okupa” a la uruguaya, alguna que otra decena de miles deben la posesión del solar donde levantaron su hogar.
Un par de centenas de miles no pueden acceder al terreno donde construir un techo digno, se los impide el monopolio del negocio inmobiliario urbano. Es la estructura de la propiedad la evidente razón de las desigualdades en el uso de la tierra, el problema básico, fundamental, de Uruguay y de América Latina. Mientras no se resuelva, siempre habrá ciudadanos y ciudadanas sin techo donde guarecer a sus hijas e hijos.
Por su parte, el Estado no cubre el déficit habitacional. El déficit afecta a las trabajadoras y los trabajadores más empobrecidos y, en especial, a los más jóvenes y excluidos de la vida social y política. Irresponsabilidad total de los gobiernos que, sean del color que fueren, se comen el futuro. El tan mentado Estado de Derecho, diamante del pensamiento liberal, protege solamente los privilegios de la cumbre, indiferente a las necesidades de los de abajo, reducidos a la marginación. Mas que indiferente, los empuja hacia el estado de permanente necesidad. El actual “ordenamiento territorial” arroja al precipicio multitudes, es una masacre masiva e impune.
En consecuencia, dado que los dueños de todo y su Estado de Derecho imponen la desigualdad y la marginación, los perjudicados tienen derecho tomar pacíficamente las tierras que precisan para salvarse del desbarranque. Es totalmente legítimo agarrarse de un fierro caliente cuando te empujan al vacío. La situación exculpa a los usurpadores, que, última instancia, están actuando conforme a los principios generales del derecho: sacrifican el derecho del propietario del predio para proteger el derecho a un futuro digno para sus hijas y nietas. Causan un mal menor para escapar al mal mayor.
Mis vecinas y vecinos de Santa Catalina ocuparon esas 800 hectáreas de tierra yerma, que ni siquiera estaban alambradas, donde solamente crecen chircas y abrojos. El estado de necesidad a que están sometidos justifica plenamente que hayan elegido el camino más directo, la usurpación pacífica de terrenos echados al abandono por sus propietarios. Sí, es verdad, se está agrediendo el derecho del propietario, pero, también es verdad que la propiedad no puede ser utilizada para joder a los demás, su uso debe tener una finalidad social, que impulse el desarrollo de la justicia social, no que la impida. La propiedad privada, al estar monopolizada por unos pocos es la causa de la injusticia.
No hubo daño en las cosas ni en las personas. Al ocupar dejaron marcadas las calles y los espacios comunes (merenderos, CAIF, salón comunal, etc.-, dividieron la tierra en solares, lograron que OSE -con consentimiento del MVOTMA- instalara tres canillas con agua potable, están tramitando en UTE la corriente eléctrica, en la IMM la recolección de residuos. Están dispuestos a pagar sus solares mediante un acuerdo con los propietarios.
¿Dónde está el ánimo de cometer un delito? No. La intencionalidad es resolver por una vía directa el problema social que los gobiernos no quieren resolver, su ánimo es civilizar el páramo que ocuparon, llevar la civilización al desierto. Obedecen el mandato de la justicia social. Su desobediencia social ha tenido la virtud de revelar el carácter injusto del actual estado de cosas.
El fiscal Diego Pérez no tiene dudas. Enceguecido, acusa por asociación para delinquir desechando el contenido social de los hechos. ¡Transmuta un movimiento social en organización delictiva! Asume la misión sagrada de defender la dictadura del capital sobre los más jodidos e indefensos asalariados. Un ejercicio desmedido de poder que, en su filosofía, encierra las bases del terrorismo de Estado.
Vivimos en patrias diferente, señor fiscal, la suya es la de los especuladores inmobiliarios protegidos por el Estado de Derecho, la nuestra es la patria de los trabajadores y trabajadoras que viven en el Estado de Necesidad.
Jorge Zabalza
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“Los vecinos estamos preocupados con todo este tema, las dos compañeras detenidas fueron procesadas injustamente, estamos todos con el corazón en la boca porque no sabemos qué hacer, nos movilizamos por ellas y para seguir en el terreno”, comenzó relatando.
Le consultamos a Alejandra sobre la carta que le entregaron a Presidencia la pasada movilización del día lunes, en la cual trataban de aclararle algunas versiones falsas que trascendieron en los medios: “Le aclaramos que nosotros no somos delincuentes, lo que queremos es un techo para nosotros y nuestros hijos, que nuestro barrio está en formación y necesitamos alguna solución”.
La vecina nos relató, también, la situación que vivieron el jueves pasado, cuando se desplegó un gran operativo en Nuevo Comienzo, derivando en varias detenciones: “Ese día llegó la policía haciendo un censo (supuestamente), y al rato nos avisaron que se habían llevado a dos compañeras detenidas a Zona 4”. “Al final, el censo era un operativo”, añadió.
Las dos vecinas, supuestas líderes, fueron sentenciadas a arresto domiciliario “para que nos exhortaran a todos los ocupantes a desalojar las viviendas, si ellas no lograban en 7 días que nos fuéramos iban a ser procesadas con prisión”. Alejandra negó que hubiera roles de liderazgo en Nuevo Comienzo, y afirmó que no está en los planes abandonar el terreno: “Los vecinos quieren seguir peleando y apoyando a las compañeras, porque lo que pasó es injusto”, afirmó.
Desde los medios comerciales vienen circulando versiones, como era de esperar, criminalizando a los vecinos, basadas en las versiones policiales, que, por lo demás, carecen de sustento: “Si fuéramos una cuna de delincuentes, como dicen ellos, el barrio no estaría como está. Si recorrés vas a ver realmente el trabajo que hemos hecho, cuando estaba abandonado sí era otra cosa, pero nosostras somos madres de familia, mujeres embarazadas, somos todo gente trabajadora”. Alejandra contó, además, que en la ocupación hay policías y militares, que “no se quieren involucrar mucho para no comprometerse”.
“No sé por qué nos ensucian así, nos condenan por ser pobres, de repente nos cae un operativo, procesan a las compañeras, y de la nada aparecen 13 dueños del terreno, es todo muy raro”, afirmó. Por su parte, la vecina comentó que nadie del sistema político se ha acercado a brindar soluciones, y que el apoyo que han tenido fue fundamentalmente de sindicatos: “Ningún legislador, de ningún partido, apareció. El Mides lo único que acercó fue unas canastas, y los sindicatos nos han ayudado mucho”. Entre ellos, se menciona al del taxi (Suatt), al de la UTU del barrio (Afutu), al de OSE (FFOSE) y al Sunca.
Alejandra finalizó afirmando que no tienen a dónde ir, que si los echan del predio van a parar directamente a la calle, y que están “dispuestos a resistir un desalojo» en caso de que no aparezcan soluciones..
>>> Nueva movilización en busca de respuestas desde el barrio Nuevo Comienzo de Santa Catalina.
••En búsqueda de respuestas vecinos y vecinas de la ocupación nuevo comienzo se manifestaron hoy nuevamente y marcharon desde torre ejecutiva hacia el ministerio de vivienda. ••
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