Guernica: el problema son los pobres

 Fin del progresismo peronista

 

En Guernica el gobierno optó por los de arriba en contra de las familias más humildes

 Resumen Latinoamericano 

Cuesta escribir viendo la humareda de las casillas quemadas de Guernica. Cuesta imaginarse el dolor de familias que durante tres meses estuvieron aferradas a su pedacito de tierra, soñando con que algún día allí iban a poder levantar un techo, humilde pero techo al fin para cobijarse con sus hijos e hijas, con sus familias. Cuesta calmar la rabia que provoca escuchar decir al Fiscal racista Juan Cruz Condomí Alcorta, que el «operativo fue excelente y muy satisfactorio», mientras se sacaba selfies con el fondo de la humareda y las corridas de vecinos para protegerse de las balas policiales.

Cuesta darse cuenta que finalmente, hoy Guernica es tierra arrasada porque el maldito policía Sergio Berni, enviado por un gobernador que en algún momento daba clases de marxismo, y a su vez protegido por un presidente, que se dice «peronista», que en diciembre pasado decía que venía a gobernar «para todos»y que durante toda esta plandemia confinadora gastaba palabras advirtiéndonos que nos cuidemos. Solo le faltaba agregar: «de la policía».

Lo ocurrido esta mañana en Guernica es la receta de un gobierno que fue votado por la mayoría de un pueblo desesperado por los cuatro terribles años del macrismo y que prefiere gasear a su pueblo, antes que lo confundan por defenderlo de quienes lo desestabilizan todos los días, por derecha. Así estamos. A lxs pobres: balas y detenciones, y a quienes se manifiestan en las calles haciendo «banderazos» opositores, con gritos racistas y de franca nostalgia de la dictadura militar: custodia policial para que puedan golpear a periodistas o a todo aquel que los mira de reojo. A los pobres: ofenderlos día tras día llamándolos «usurpadores» o «delincuentes», ya sea en Guernica como en Mascardi, mientras los auténticos usurpadores, los terratenientes de las camionetas 4×4 de exportación, los ladrones de guante blanco que están atrincherados en Puerto Madero o en los countries (que tanto le gustan a la intendenta Blanca Cantero), esos gozan de toda la impunidad para hacer y deshacer en un país que sigue yéndose a pique.

Guernica, Mascardi y Santa Elena son un punto de inflexión que pone sobre la superficie el tema de la tierra. Y en todas estas alternativas populares de recuperación del territorio, el gobierno ha actuado o mirando a un costado como en Entre Ríos, donde el Proyecto Artigas desafía a los socios extractivistas de la Casa Rosada, o a favor de quienes dicen defender la propiedad privada, pero en realidad lo único que quieren es seguir llenando sus bolsillos de dinero, como ocurre con los que quieren echar a lxs mapuche de Mascardi o a quienes esta fría mañana quedaron otra vez a la intemperie en Guernica.

 

Es paradojal que a la misma hora que seguían ardiendo las casillas de Guernica, la compinche de Berni, Patricia Bullrich, llegaba a Santa Elena a «abrazar» a los Etchevehere y declaraba que «a los usurpadores» hay que ponerlos en caja sea como sea.

Párrafo aparte merecen los medios. Esos pusilánimes que tanto en Clarín, La Nación, TN o C5N aplaudían el desalojo, seguían inventando que los «usurpadores no pagan impuestos y viven sin trabajar», o justificando la violencia de Berni y su banda del «gatillo fácil». Esta es la prensa a la que Rodolfo Walsh con claridad definía como «los alcahuetes de un poder que los termina usando y arrojando a la basura cuando ya no les sirven». Todos ellos también hoy se pusieron el uniforme y la gorra, para seguir ladrando mentiras.

De todas maneras, ahora que Guernica se ha convertido en símbolo de una resistencia latente de nuestro pueblo, de un pedacito importante de dignidad de nuestras doñas y nuestros hermanos más humildes, ¿cree por ventura el gobierno, el provincial y el nacional, que a partir de hoy se acabaron las recuperaciones de tierras? ¿Creen Fernández, Kicillof, Berni y la Cantero, que la solución de los problemas de los que no tienen ni pan, ni techo, ni trabajo es aplicando la violencia estatal como en tiempos de los milicos? El tiempo dirá, pero este pueblo no está acostumbrado a comer vidrio toda la vida, y por algún resquicio el fuego que se ha prendido hoy, destruyendo las ilusiones de muchas mujeres y hombres que solo querían tierra para vivir, se va a convertir en llamarada contra los verdugos infames que se jactan de haber puesto «la casa en orden».

Con los pobres de Guernica, con los Mapuche de Mascardi, con los agroecologistas de Santa Elena, repito: Tierras para vivir. Basta de represión policial contra los de abajo. Ni un paso atrás frente a la oligarquía y sus cómplices. Solo el pueblo salvará al pueblo!.

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) denunciaron este jueves ante la Justicia la represión de la policía bonaerense en el desalojo a la toma de Guernica, tanto dentro del predio como en los alrededores. Y Hebe de Bonafini, durante la marcha de los jueves que ahora es virtual, dijo "no estoy de acuerdo con el desalojo de Guernica, siempre pagamos los más pobres". También se pronunciaron organismos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.Durante el día se movilizaron en repudio organizaciones sociales y partidos de izquierda, tanto en el centro porteño como en frente a la municipalidad de La Plata.
“En atención de estar presente en estos momentos un grupo de integrantes de nuestras instituciones en el predio de la toma de Guernica, nos presentamos con el fin de denunciar la desproporción del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales en el marco de la medida dispuesta en autos”, señalaron en la presentación al juez de Cañuelas, Martín Rizzo, quien lleva la causa por el desalojo.
La denuncia está firmada por Diego Morales y Paula Litvachky del Cels y por Adolfo Pérez Esquivel y Ana Almada, del Serpaj, y allí también se advierte que la represión continuó aun después del desalojo: “La policía ha continuado su accionar represivo a más de 400 metros de distancia del predio ocupado”, se indica.
Desde el Cels presentaron dos escritos: uno, sobre la medianoche del miércoles, que tuvo la intención de que el juez frenara el desalojo, algo que no ocurrió. El jueves sumaron a la causa judicial ya existente una denuncua por el accionar represivo y el operativo desproporcionado que comandó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
A la denuncia se adjunta material audiovisual en el que se registran disparos de balas de goma --prohibidos en desalojos--, y se solicita también que se investigue si existió un uso abusivo de los de gases lacrimógenos.
"En las últimas semanas, las familias, las organizaciones y el Estado buscaron alternativas al desalojo policial violento. El esfuerzo para alcanzar acuerdos reales y participativos implicó discutir una solución habitacional definitiva y sus etapas", indicaron desde el Cels en la cuenta de Twitter.
"Se hizo un relevamiento, se discutió en asambleas participativas la propuesta y se dialogó con el dispositivo interministerial sobre el alcance y contenido de los compromisos. Así se llegó a una propuesta de acuerdo que podía dar una solución de fondo a las necesidades urgentes", repasaron.
"Luego del desalojo violento, que rompió este proceso, es importante que el gobierno provincial sostenga la propuesta y de curso a nuevas conversaciones para reconducir una respuesta al reclamo por el derecho a la vivienda". Tanto el Cels como el Serpaj habían participado del relevamiento de las familias que se encontraban en la toma de Guernica, como veedores, y habían elaborado un informe para el Gobierno provincial.
"Siempre pagamos los más pobres"
"No estoy de acuerdo con el desalojo de Guernica, siempre pagamos los más pobres, ese es el tema", dijo Hebe de Bonafini. "Me pareció injusto, muy violento siempre con los que menos tienen. Los que estaban ahí no están preparados para enfrentar a las fuerzas policiales, que son como verdugos".
"Yo quiero saber si van a actuar de la misma manera para desalojar los barrios de ricos que nunca pagaron impuestos, porque están como terrenos baldíos, son ocupas con dinero", preguntó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. "Estoy muy enojada. Nuestros Hijos dieron la vida justament epara que no haya mmás Guernicas"
 

 

>>> Desalojo y represión contra 1.400 familias en Guernica

>>> “La justicia no es neutral y suele ponerse del lado de los patrones”

Les interesó los desaparecidos

Daniel Rey Piuma viajó a Uruguay con documentacion importante de los desaparecidos. Daniel Rey Piuma lo dijo claramente a todos los gobiernos y a Vasquez mismo "No le interesa ni un sorete sobre los desaparecidos"

"Sólo vi y leí el expediente administrativo, sin las actas", respondió Tabaré Vázquez

 
El ex presidente respondió por escrito las preguntas que le hicieron los senadores de la Comisión de Derechos Humanos.

28 octubre 2020

 

La Comisión de Derechos Humanos del Senado recibió este miércoles las respuestas que envió el ex presidente Tabaré Vázquez sobre lo sucedido en 2006 con las confesiones realizadas por el ex militar de la dictadura Gilberto Vázquez ante un Tribunal de Honor del Ejército.
La Comisión analiza el procedimiento seguido por el gobierno de Vázquez (2005-2010) tras no denunciar ante la Justicia la confesión que hizo Gilberto Vázquez sobre los crímenes que cometió cuando servía como coronel para la dictadura (1973-1985).
Según las respuestas que envió el ex presidente a la Comisión (un documento de cinco páginas al que accedió Subrayado) Vázquez reitera que nunca leyó las actas con la confesión del ex militar porque no le fueron entregadas en ningún momento, ni le fue advertido que existían tales declaraciones.
“Sólo se me trajo en mano el expediente administrativo, individualizado con el Nº 2006.05937-9, sin las actas ni las actuaciones del Tribunal de Honor”, responde Vázquez en la página 4, en referencia al documento que le presentó la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti.
“Sólo vi y leí el expediente administrativo”, reitera el ex presidente en una respuesta al senador del Partido Nacional Jorge Gandini.
“Leí el expediente administrativo y fui informado al respecto por la Sra. ministra. Por los hechos delictivos en que había incurrido el militar descalificado, aquel ya se encontraba procesado por la justicia penal, donde terminó recibiendo sendas condenas a 25 y 30 años de penitenciaría, respectivamente”, respondió más adelante Vázquez, en relación a los delitos cometidos durante la dictadura por Gilberto Vázquez y por los que había sido enjuiciado.

 El expresidente Tabaré Vázquez aseguró al Parlamento que Azucena Berrutti le llevó el expediente “sin las actas”

En una videoconferencia por Zoom, el ex presidente Tabaré Vázquez aseguró que las actas no fueron enviadas a Presidencia y que los mandos militares de la época ocultaron las confesiones del represor a las autoridades de gobierno.

 

Fue mi bala

Lo mató por la espalda

 

De acuerdo con Lacalle Pou, absolver a Machado resultaría «un contrasentido impropio del Estado de derecho, y aun del principio de separación de poderes, convalidar un fallo administrativo de carácter absolutorio en el plano de la valoración moral del señor oficial enjuiciado por sus pares, mientras este ha sido condenado por un delito de homicidio intencional a través de una sentencia firme dictada en un proceso con todas las garantías constitucionales del debido proceso».

 

TRANQUILINO MACHADO

 “Fue mi bala”, confesó el asesino de Ramón Peré, fue absuelto por el Tribunal Militar pero Lacalle Pou no homologó 

28 octubre 2020

 

El coronel retirado, procesado por el homicidio de Ramón Peré, aseguró que para la Justicia Militar de la época investigar el caso era un “subproducto” 

El coronel retirado Tranquilino Machado admitió ante un Tribunal de Honor del Ejército ser el responsable del asesinato del estudiante de veterinaria y militante de la UJC, Ramón Peré, el 6 de julio de 1973 pocos días después del golpe de Estado.
“Sí yo tiré y sí yo le pegué al individuo (...), yo tiré y fue mi bala y ya está”, manifestó ante los generales Miguel Giordano, Héctor Tabárez y Gerardo Fregossi –el actual comandante en jefe del Ejército– en el año 2018 en el marco de un tribunal dispuesto por el gobierno de Tabaré Vázquez.
Pese a la confesión, los generales entendieron que Machado no afectó el honor militar y en acuerdo con Guido Manini Ríos –el comandante en jefe del momento– emitieron un fallo absolutorio, que más de un año después no fue homologado por el presidente Luis Lacalle Pou, de acuerdo con el expediente del caso al que accedió El Observador a través de una solicitud de acceso a la información pública. 

 

“Los hechos no están lo suficientemente aclarados, al existir la imposibilidad de reconstruir las situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 45 años”, estamparon los generales en un fallo en el que también señalaron que no disponían de “elementos de convicción suficientes” para aseverar que Machado había contravenido las “particulares condiciones” en las que se produjo la muerte de Peré.

Por el caso, Machado fue procesado en dos instancias en 2013 y 2014 como autor de un delito de “homicidio intencional”, pese a que su defensa siempre manifestó que se trató de un caso de “legítima defensa”.

La condena del coronel retirado por parte de la Justicia fue el argumento utilizado por Lacalle Pou para no homologar el fallo. El expediente señala que Vázquez tenía una sugerencia del ministro de Defensa, José Bayardi, para tampoco homologar.

“Las consideraciones no resultan enteramente de recibo, más allá de admitir la opinabilidad en la valoración ética del caso, en tanto la aprobación del fallo alcanzado supondría una contradicción con las bases fácticas y la valoración jurídica que emerge de un proceso jurisdiccional que, con todas las garantías del debido proceso legal, arribó a un fallo condenatorio penal firme por la comisión de un grave delito de homicidio intencional”, señaló el mandatario en la resolución. 

>>> Los hechos

La narración de los hechos señala que "el indagado T.M.B., en su calidad de Alférez del Ejército Nacional, se encontraba en compañía del entonces Sgto. C.P.T.S., vestidos de civil, realizando una recorrida en las inmediaciones de la Avda. Rivera y la calle Bustamente de esta ciudad", y que, "en dichas circunstancias avistaron a la víctima R.R.P.B. y al testigos H.M.M., quienes eran estudiantes en la Facultad de Veterinaria, siendo P. además, profesor de Histología, en ocasión en que se encontraban en la zona caminando, con la finalidad de repartir volantes en las paradas de los ómnibus y colocar "miguelitos" a dichos vehículos, como medidas de resistencia al (...) golpe de Estado; y por entender que tenían una conducta sospechosa, los siguieron caminando, provocando la huída de ambos estudiantes, lo que determinó que los persiguieran corriendo a corta distancia por la vía pública, para luego realizarles disparos con armas de fuego, impactando un proyectil del arma de M.B. en el cuerpo de P., ingresando en región dorso lumbar (espalda), paravertebral derecho, a nivel de duodécima vértebra toráxica, provocando su posterior muerte, ocurrido momentos después en el Hospital Militar".

Saravia entendió que "existen elementos de convicción suficientes de que el indagado T.M.B., en oportunidad en que se realizaba un operativo militar durante el período del gobierno cívico militar, por no acatar la voz de alto y darse a la fuga, con intención de matar, dio muerte a R.R.P.B. efectuándole un disparo con arma de fuego, ingresando el proyectil en la espalda de la víctima, por lo que será sometido al proceso penal por la Comisión en carácter de autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por haberlo cometido con impulso de brutal ferocidad".

 

 

Incapaz

El ministro se empieza a quedar solo, rodeado de problemas y negando las soluciones sensatas. Mientras mucha gente empieza a entender que no era tan fácil "Vivir sin miedo" 

 

 

Se fueron dos importantes jerarcas de la policía en 48 horas!! Erode Ruiz renunció en Montevideo, y fue separado del cargo Walter Porcile quien era encargado de despacho de la Jefatura de Flores.

>>> Todo comenzó cuando Larrañaga perdió el plebiscito

El año pasado en una gran manifestación contra la campaña de Larrañaga de "Vivir sin miedo", vi que estaba Leal rodeado de estudiantes. La cuestión que "Vivir sin miedo" perdió el plebiscito rotundamente. Pero la coalición por pequeño margen ganó las elecciones dandole riendas a Larrañaga para imponer su "política policial" a pesar del fracaso. Con "se acabó el recreo" se anunciaba que la "mano dura" se iba a poner en practica, no solo contra las "empresas" narcotraficantes, sino también contra el movimiento social. El represor Erodes Ruiz se vio desbordado no solamente por las multinacionales del narcotráfico (que cuentan con medios económicos y armamentisticos considerables para cualquier estado, el uruguayo, americano o europeo) Tras los telones la masonería tambien juega con sus operadores aqui y allá. El otro polo es el eclesiastico, no se cual será la proxima movida eclesiástica de Cabildo Abierto y su coalición. Mientras las fuerzas populares duermen al margen siendo víctimas de un estado de crisis.

>>> Policía desbordada

>>> Problema entre vecinos, dijo Erode Ruiz

El jefe de policía de Montevideo, Erode Ruiz, y el ex director de Convivencia y Seguridad ciudadana del anterior gobierno frenteamplista, Gustavo Leal, establecieron un "teléfono rojo" para atender situaciones de violencia en la periferia de la capital.

 
>>> Telefono rojo

La reunión entre ambos fue el viernes y ya el sábado el teléfono rojo sonó por primera vez ante un caso de desalojo a punta de pistola en el cual las víctimas le informaron a Leal que no querían hacer la denuncia por temor y desconfianza. (sigue)

Leal, en contacto con Erode Ruiz, convenció a la familia que dejó asentada la denuncia. Desocupado, Leal sigue haciendo un desgastante trabajo social ya que por redes o mediante cuidacoches que salieron de prisión, le hacen saber de situaciones violentas que viven

La movida de Ruiz deja en incómoda situación al Ministerio del Interior donde el cargo que ocupaba Leal lo ejerce Santiago González, mano derecha del ministro.

>>> En Flores bailaron un malambo

El Ministerio del Interior relevó a quien estaba en funciones como jefe de Policía de Flores después que centenares de jóvenes “le bailaran en la puerta de la Jefatura”

La movida de Ruiz deja en incómoda situación al Ministerio del Interior donde el cargo que ocupaba Leal lo ejerce Santiago González, mano derecha del ministro.

 

>>> Nene de pecho

De Brecha :  “Soy gran amigo de Bonomi”

Erode sin filtro

Ex presos políticos y activistas por los derechos humanos nucleados en Crysol y en la Plenaria Memoria y Justicia califican a Erode Ruiz como un represor. Primero, como funcionario de los cuarteles de la Cárcel Central, donde se torturaba a los detenidos de la dictadura; luego, como uno de los oficiales a cargo del operativo represivo del 24 de agosto de 1994 frente al hospital Filtro, donde las fuerzas al mando del ministro Ángel María Gianola asesinaron a Fernando Morroni y a Roberto Facal, además de herir a decenas de manifestantes.

Apenas supieron que Ruiz había sido designado como jefe de Policía de Maldonado, Crysol y Plenaria organizaron una movilización, que se concretó el 2 de marzo de 2015 frente al edificio de la jefatura fernandina. “Otra vez están condecorando y dándole premios a este individuo. Siguen condecorando a los que estuvieron en la masacre del Filtro, y el mensaje que dan es que está bien que mi hijo esté muerto; de verdad yo no entiendo nada”, declaró Norma, la mamá de Fernando Morroni, al portal local Maldonado Noticias. “No buscan justicia, y por eso tenemos el derecho y la obligación de estar aquí”, agregó la mujer, que encabezó la manifestación junto a Irma Leites y dirigentes de Crysol Maldonado.

Pero Erode seguirá insistiendo en su inocencia. Poco después del escrache, en el que no faltaron pancartas que lo marcaban como asesino, el jefe aseguró a Brecha que estaba “lejos” del lugar donde mataron a Morroni. “No tengo nada que ver con ese hecho. Procesaron a un montón de gente que sí estaba en los operativos, pero a mí no me tocaron, nunca fui al juzgado y no sé cómo viene dada la manija. Cuando el gran lío frente al hospital, yo ya estaba en el aeropuerto”, desde donde partieron los vascos Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde, extraditados a España. “Dijeron que yo pasé con un patrullero a los tiros. ¿Y yo qué iba a estar haciendo ahí? Yo estuve todo el tiempo adentro del hospital porque mi función era la seguridad de los vascos, y nadie nos vio salir rumbo al aeropuerto. Es más, cuando ellos se subieron al avión esperé, el avión demoró en partir y ya era tardísimo cuando me fui a mi Seccional 23”, alegó.

Ruiz tampoco se hace cargo como cómplice de la dictadura por haber trabajado en la Cárcel Central, donde fueron confinados y torturados cientos de presos políticos. “Tenía 24 años, y si me negaba a ir, o me echaban o me mandaban a la cárcel. Incluso fui sancionado por dar visitas a familiares que no estaban autorizados a entrar al establecimiento. Eso me costó un arresto de cinco días en una oportunidad, y en otra me echaron como a un perro y me mandaron a la Seccional 12. Me hicieron un favor, porque hacía rato que me quería ir”, relató en su defensa, y aseguró que hay documentos que prueban su inocencia. “Me pregunto por qué los activistas de estos grupos que me acusan no los han buscado.”

En esa entrevista, se declaró como “un amigo del ministro Bonomi” y aseguró que, en medio de las acusaciones, el secretario de Estado le recomendó seguir “con fuerza y adelante”.

 

Leal y el jefe de Policía, Erode Ruiz, se habían reunido días antes para tratar el tema de los desalojos.

 En los últimos meses resurgió una modalidad delictiva que tuvo en vilo a varios barrios en el 2018: los grupos criminales que desalojan a familias de sus casas y ocupan las viviendas, revendiéndolas o usándolas para sus actividades.
Estos casos ocurrieron por ejemplo en Casavalle (donde actuaba el grupo Los Chingas), el complejo Quevedo de Maroñas y el complejo Talca en Las Piedras.
La semana pasada, Informativo Sarandí reportó el caso del desalojo de una mujer y su hija en Flor de Maroñas. Este sábado ocurrió un caso similar en un complejo del Ministerio de Vivienda, según reportó también Informativo Sarandí y confirmó Montevideo Portal.
El sábado de noche, a las 23:30, dos delincuentes llegaron a una casa del complejo para exigir que la desalojaran porque la habían comprado.
Uno de los criminales le puso un revólver en la cabeza al padre de familia y le dijo que el domingo a las 15 horas debían estar afuera. Luego disparó al suelo y aclaró que el próximo tiro sería al pecho.
A las 2 de la mañana la familia decidió irse y hacer una mudanza express, según el relato de Sarandí. A las 3 consiguieron un flete y comenzaron a cargar las cosas. Varios vecinos, sorprendidos por la situación, llamaron al 911 porque creyeron que estaban robando la casa.
Cuando llegaron tres patrulleros, los integrantes de la familia entraron en pánico, porque creyeron que los delincuentes, que estaban a media cuadra, podían pensar que ellos habían hecho la denuncia.
Los policías no les creían y no se iban, pero decidieron marcharse finalmente. A las 6 de la mañana la casa quedó vacía y a las 11 llegó uno de los delincuentes a pedir la llave. A la misma hora fue convocado el padre de familia a la seccional 19 para ratificar que no había ocurrido ningún robo.
Sarandí narra que la víctima se contactó con el exdirector de Convivencia, Gustavo Leal y le explicó que no quería hacer la denuncia.
De acuerdo a lo que reportó Sarandí, Leal y el jefe de Policía, Erode Ruiz, se habían reunido días antes para tratar el tema de los desalojos. Según reportaron fuentes policiales a Montevideo Portal, la reunión fue solicitada por el propio Leal, a lo que accedió Ruiz, con el objetivo de informar sobre casos de desalojo y tener un contacto más fluido.
Se logró identificar a los responsables de la extorsión en base a información de vecinos. La familia vive mientras tanto con unos parientes. La Policía está investigando el caso.

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Desalojaron-a-punta-de-pistola-a-una-familia-el-pasado-sabado-de-madrugada-uc768648 

 

>>> Masones vs católicos

  Larrañaga le pidió la renuncia al jefe de Policía de Montevideo
26 de octubre de 2020

La versión oficial se refiere a “diferencias de enfoque”, pero los contactos del comisario Erode Ruiz con el frenteamplista Gustavo Leal precipitaron la decisión.

El Ministerio del Interior (MI) anunció este lunes en su cuenta de Twitter la renuncia del jefe de Policía de Montevideo, el comisario retirado Erode Ruiz, y el cese en el cargo del jefe de Policía interino de Flores, Walter Porcille.

pic.twitter.com/xJYwVr7LQ2

— Ministerio del Interior (@Minterioruy) October 26, 2020

Según informaron fuentes del MI a la diaria, la renuncia de Ruiz responde a “distintos enfoques sobre la gestión de la Jefatura”, y tomó la decisión este lunes tras reunirse con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el director nacional de Policía, Diego Fernández.

En la mañana de este lunes, el periodista de radio Sarandí Gabriel Pereyra informó que el viernes 23 Ruiz inició contactos con Gustavo Leal, quien fuera director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del último gobierno frenteamplista, por los recientes casos de desalojos a vecinos por parte de organizaciones criminales ocurridos en varios barrios de Montevideo, y señaló que este vínculo habría generado molestia en la cúpula del ministerio, lo que derivó en la renuncia de Ruiz.

Consultado por Subrayado sobre estos trascendidos, Larrañaga respondió que “hay un Ministerio del Interior y hay que cumplir con políticas coordinadas”, y fuentes del MI confirmaron a la diaria que efectivamente el canal de comunicación con el ex jerarca frenteamplista fue uno de los factores que influyeron en la decisión adoptada este lunes.

A su vez, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a Subrayado que “la participación del director de Convivencia actual [Santiago González] hubiera sido importante” para evitar estas “diferencias”.

Por otra parte, el cese de Porcille se debe a la realización de una fiesta en la plaza principal de Trinidad el sábado, precisamente frente a la sede de la Policía, en la cual se violaron los protocolos sanitarios, según informó Telemundo.

El cargo de Ruiz será ocupado de forma interina por el comisario Mario D’Elía, actual subjefe de Policía de Montevideo, y Porcille será suplantado provisionalmente por el actual jefe de Policía de Durazno, Richard Marcenal.

Diálogo fluido

Gustavo Leal y Erode Ruiz tienen un diálogo fluido desde que se inició esta gestión de gobierno. Conversaron, por ejemplo, tras el asesinato de la policía Daniela da Silva, el 7 de marzo, en el barrio Nuevo Ellauri. El ex director de Convivencia aportó información para aclarar aquel caso y hasta declaró como testigo en la Fiscalía.

Otro ejemplo: hace diez días el jefe de Policía se comunicó con Leal para informarle de que había muerto Brian Ezequiel Sosa Juncal, uno de los líderes de la banda conocida como Los Chingas. Sosa, que fue asesinado de un tiro en la nuca en el pasaje 318 de Los Palomares, en Casavalle, había amenazado de muerte a Leal en marzo de 2019, tras uno de los operativos de seguridad que el MI llevó a cabo en ese barrio de la capital. Ese día, Ruiz le comunicó que una de las amenazas “había cesado”.

La última conversación entre ambos duró tres horas y fue este viernes 23 en la Jefatura de Policía de Montevideo. Ese día se llevaba a cabo la reunión semanal de los jefes de Policía, pero la terminó coordinando el subjefe, el comisario general Mario D´Elía.

El sábado temprano volvieron a hablar por un caso de desalojo a una vivienda en el barrio 19 de Abril, donde la policía investiga desde hace un mes la usurpación de casas de un complejo habitacional del Plan Juntos. Leal le transmitió que podía ayudar a que los vecinos presentaran la denuncia, y Ruiz estuvo de acuerdo.

Estas últimas comunicaciones de viernes y sábado llegaron a conocimiento de la actual cúpula del MI, que se molestaron por no estar al tanto y porque en estos movimientos no participó el actual director de Convivencia. Larrañaga se comunicó este lunes con el jefe de Policía de Montevideo y le pidió que presentara la renuncia. Explicitó su malestar por los contactos con Leal y le transmitió que ese tipo de vínculos debían ser informados a las autoridades de la cartera.

Ruiz le respondió que el jefe de Policía de Montevideo no podía informar al ministro del Interior de todos los contactos que mantiene; incluso planteó que si Larrañaga debía autorizar cada uno de esos vínculos debería “dedicarse exclusivamente a eso”. Según pudo saber la diaria, el jefe de Policía de Montevideo le enumeró a Larrañaga cuáles fueron los casos anteriores en los que Leal cooperó con investigaciones policiales durante esta administración y también le recordó que era el jerarca que habría ocupado la titularidad del MI si el Frente Amplio hubiera ganado la elección.

Ruiz ostenta uno de los rangos más altos de la Masonería dentro de la Policía; lleva 50 años como funcionario policial y es un jerarca que ha estado identificado con el Partido Nacional.

 

 

 

 

 

El suicidio de un viejo torturador

 

  Se suicidó Hugo Guillén, formalizado por delitos de lesa humanidad en Los vagones
 

24 de octubre de 2020

 

Estaba en prisión preventiva desde diciembre de 2019.

 

Uno de los tres ex policías que fueron formalizados en diciembre con prisión preventiva por la causa “Los vagones”, Hugo Guillén, se suicidó este sábado.

Guillén integró la Dirección de Investigaciones de Canelones y fue identificado por sobrevivientes como uno de los responsables de torturas en el centro clandestino Los vagones. Tanto él como Winston Vitale y Alejandro Ferreira fueron formalizados por los delitos continuados de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.

Los tres ex policías cumplían prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena, pero en marzo el juez de Canelones Luis Alberto Sobot les concedió la prisión domiciliaria. La defensa de los acusados presentó testimonios médicos para solicitar el beneficio por razones de salud.

La última audiencia de la causa de Los vagones fue suspendida en setiembre, mientras el juez analiza un recurso de reposición contra el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, presentado por las defensas de los policías retirados Winston Vitale y Alejandro Ferreira.

 El centro clandestino de torturas Los Vagones del barrio Olímpico

 

Por testimonios recabados entre militantes comunistas, socialistas y sindicalistas, sabemos que a los Vagones de la Escuela de Policía iban detenidos los capturados en el eje obrero de la Ruta 5 entre la ciudad de Canelones y el límite departamental con Montevideo, así como del eje de la Ruta 11. Algunos de l os “delitos” cometidos fueron haber participado en las manifestaciones del 1º de mayo o en luchas sindicales dentro de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines para conseguir que los trabajadores de los frigoríficos industriales de Canelones tuvieran los mismos derechos que los de El Cerro de Montevideo. En momentos de detenciones masivas los vagones se quedaron pequeños y también fueron usados los baños del edificio. En este lugar las torturas desarrolladas pasaron por el mantenimiento permanente de las capuchas y los grilletes. Los ex detenidos también señalan los plantones de días, hasta el delirio o el desmayo, y sesiones de variadas torturas dentro de los vagones: golpizas, colgamientos, caballete, submarino, picana eléctrica, y sostener libros de temática política con los brazos extendidos requisados en el momento del secuestro. Algunas de estas torturas fueron vistas por los vecinos. No obstante, son varios los casos en los que los policías del lugar negaron tener allí a detenidos, ante las preguntas de los familiares, desarrollando por tanto los primeros ensayos de clandestinidad. 

Aún es pronto para poder consignar un número aproximado de secuestrados que pasaron por este lugar, aunque gracias al corpus de entrevistas realizadas podemos determinar que las principales víctimas fueron tanto militantes comunistas como socialistas, que hubo hombres y mujeres, que, aunque destacaban los detenidos jóvenes, también se secuestró y torturó a personas de avanzada edad, y que raramente habría más de 20 secuestrados a la vez. También podemos afirmar que el periodo de uso intensivo fueron los últimos meses de 1975 y el año 1976. Los testimonios para el lapso 1977-1979 son muy puntuales y aluden a un lugar prácticamente vacío. Lo que sí puede asegurarse es que Los Vagones del Barrio Olímpico estuvieron gestionados por la Policía Departamental de Canelones y supeditados a la coordinación represiva de OCOA. Esta afirmación se sustenta en la fecha de apertura coincidiendo con la Operación Morgan, el propio funcionamiento de OCOA que coordinaba a militares y policías, y las visitas que algunos oficiales de las Fuerzas Armadas hicieron al lugar para llevarse a varios secuestrados al 300 Carlos.

  “Nos tenían en un baño, todos de plantón. Cada tanto entraban, sabíamos por el olor a cigarro, y si te habías aflojado o recostado un poco a la pared, ya te daban. Los vagones se usaban para interrogatorios, en el pasillo que los separaba te colgaban con las manos hacia atrás hasta que te desmayabas”

 Eran alrededor de 15; los policías los llamaban “cerdos” o “ratas de caño”.

“El primer ablande –dice– era usarte de pelota de fútbol.” “Había un patio al que nos llevaban cuando traían a alguien de Punta Carretas. Nos sacaban de la mano con unos lentes sellados, para que no pudiéramos ver, y nos dejaban ahí unos días mientras atormentaban a los compañeros que habían traído”, relata el ex preso. También había simulacros de fusilamiento: “Te llevaban a un terreno, te decían ‘acá vinimos a fusilarte, como ya fusilamos a tu hijo’, y te mostraban una camiseta con manchas que parecían sangre”.

 https://brecha.com.uy/rastros-de-unos-vagones-perdidos/

>>>  Defensa de la tortura de Cabildo Abierto

Hugo Guillén, de 80 años, un policía retirado que cumplía prisión domiciliaria después de haber pasado 3 meses preso en Domingo Arena, acusado por violaciones a los derechos humanos, se quitó la vida en las últimas horas.

Así lo informó el diputado de Cabildo Abierto Carlos Testa a través de su cuenta de Twitter. Testa afirmó que conoció a Guillén hace más de un año y pocos meses antes «de esta pesadilla».

Agregó que se trataba de un hombre «gentil, culto y amable» pero también «muy enfermo» a quien «le costaba hablar y no podía caminar; sin embargo, al despedirme quiso ponerse de pie como se despiden los caballeros y lo hizo».

Agregó el legislador que «aunque he tenido testimonios de que la acusación que se le imputó es falsa es cosa de la justicia y eso se respeta».

Agregó que «quienes lo acusaron y están recibiendo por su procesamiento una renta de dinero, sientan en propia conciencia el juicio que la verdad y la moral les reclame».

«Para mí este asunto no terminará aquí», expresó. Por último, Testa señaló que no fue testigo de aquellos años por su edad «pero sí conocí a Hugo Guillén en el final de su vida» y agregó que «este hombre sufrió el deterioro que la prisión agregó a su enfermedad, el cual precipitó su final. Se despidió de pie, como un caballero».

Guillén, junto a los también policías retirados Winston Vitale y Alejandro Ferreira habían sido formalizados por el fiscal de lesa humanidad por crímenes cometidos en el centro de reclusión clandestino conocido como «Los Vagones».

La denuncia había sido presentada en mayo pasado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones y patrocinada por el Observatorio Luz Ibarburu, en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. La defensa de los policías argumentó que, debido a la cantidad de años transcurridos, los delitos debían prescribir.

El magistrado no hizo lugar al pedido de la defensa de los policías. Las torturas, las vejaciones, las atrocidades, se produjeron aproximadamente entre los años 1968 y 1979 aunque no se descarta que haya casos por fuera de ese período del que se tienen decenas de testimonios.

Se trata la primera vez que tres funcionarios policiales fueron formalizados por delitos de lesa humanidad bajo el régimen del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). «Con el nuevo CPP se están investigando crímenes que le interesan a la humanidad, crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparato estatal, por funcionarios públicos», comentó el abogado denunciante Pablo Chargoñia.

>>>>   Denuncia de amenazas de Gerson Abogado y Edil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Acomodo, amiguismo y otras yerbas

  Por Gabriel Pereyra

Uno de esos departamentos donde los votos parecen otorgar poderes que van más allá de las leyes es Colonia, allí el polémico Carlos Moreira fue reelecto a pesar de las denuncias que pesaban en su contra

 El intendente electo de Colonia, Carlos Moreira fue denunciado por cometer actos de presunta corrupción, abuso de funciones, acoso y extorsión en la concesión de pasantías en su anterior mandato. 

Sin embargo, la gente lo volvió a elegir por 5 años más. Profundizamos en la primera parte de «Acomodo, amiguismo y otras yerbas» con Hebert Márquez, Edil de Colonia por el Frente Amplio.

>>> El feudo de Antía

La gestión pasada de Enrique Antía estuvo plagada de acomodos, nepotismo e irregularidades, a pesar de lo cual el dirigente blanco fue reelecto. Profundizamos en este tema junto a la periodista Mónica Robaina, quien hace tiempo viene informando sobre estas irregularidades. 

En este tramo, Pereyra incorpora la participación de la Periodista Mónica Robaina, de San Carlos, actualmente en el Semanario BRECHA, quien sobre el tema, ha realizado una muy completa investigación, de la cual aporta detalles.

Saquen sus propias conclusiones.

De elecciones departamentales y otras yerbas

    Escribe: Jorge Ramada

  

    Pienso que no puedo agregar mucho a lo que seguramente se ha dicho al analizar las últimas elecciones departamentales. Pero me gustaría al menos, resaltar que han mostrado la importancia del tejido de redes por parte de los partidos del bloque de derechas (especialmente el Partido Nacional) desde las cúpulas partidarias hasta los ciudadanos comunes y corrientes. Tejido que incluye amistades, compadrazgos, promesas, favores y hasta conductas de dudosa moralidad, que en conjunto suman para conseguir votos, que es lo que realmente importa en una votación. El progresismo ha fallado en tejer sus redes (que deberían ser de otras fibras), como lo muestra en especial los retrocesos sufridos en el nivel de los municipios y los pocos (o ningún) avances en todos estos años en la mayoría de los departamentos del interior del país. La expresión más chocante, sin duda, es la declaración de la actual dirigencia de UTAA de apoyo al candidato del Partido Nacional.

El tema de la relación del progresismo -y su expresión uruguaya, el FA- con las elecciones y la democracia representativa seguramente da para un análisis más detallado. En el caso concreto de los departamentos del interior del país habría que tratar de analizar la expresión concreta de la sociedad de clases en ellos y cómo se atiende a los intereses de los diferentes sectores populares, no para ganar votos, sino para ganarlos para un programa de transformaciones más profundas, que los incluya. La realidad del último período fue que muchos pequeños y medianos productores –potenciales aliados para un programa antioligárquico– fueron ganados para prestar su apoyo a las derechas por “Un Solo Uruguay”.

Algo de eso intentó –y en parte logró– Pepe Mujica, con su estilo y su acercamiento al campo (en algunos casos con ignorancia de la zoología, al no saber distinguir entre culebras y víboras). Pero eso no se profundizó –insisto, en un sentido transformador y no de votos– posiblemente porque respondía a una concepción de apoyarse más en los de arriba que en los de abajo.

En ese sentido, es interesante analizar lo que ha dicho Mujica en dos apariciones hechas con pocos días de diferencia: la primera, en el programa “En Perspectiva”, donde se refirió a su relación con Manini; la segunda, compartiendo charla con Sanguinetti y Lacalle padre, en un programa conducido por Cristina Morán.

En la primera expone crudamente qué fue lo que lo orientó, junto a Fernández Huidobro, a mantener esa especie de complicidad (más bien habría que decir compinchería, con perdón de la RAE) con la alta oficialidad. Según Mujica, cuando FH asumió el Ministerio de Defensa “se trazó dos grandes rumbos. Uno, el Nunca Más que, como estudioso de las cuestiones militares, había llegado a la conclusión que los golpes de Estado en el mundo entero, impulsados por FF.AA. “cuando no lograron la unidad de la oficialidad, tendieron a fracasar”; por eso había que trabajar con la oficialidad más inteligente acerca de la importancia del respeto institucional. El segundo rumbo era que si se quiere obtener información sobre el pasado, hay que intimar con la oficialidad joven. Para todo eso, según Mujica, se requería “intimidad política”, pero FH “no andaba con un cartel en la frente” diciendo lo qué estaba haciendo. Dice también que FH trabajó mucho para lograr información sobre los desaparecidos (los resultados están a la vista) y acepta que la promoción a Manini fue para contrarrestar a la logia de los masones, aunque dice desconocer (¿?) que Manini pertenecía a otra logia: la de los Tenientes de Artigas.

En la segunda, entre varias idas y venidas, más propias de una amistosa charla de boliche que de una polémica política, lamentó que estuviera desapareciendo la burguesía nacional, dándole pie a Sanguinetti para reivindicar “el carácter revolucionario de la burguesía” señalado por Marx. Sanguinetti contrabandeó una afirmación que correspondía a la época de superación del feudalismo, como si tuviera validez intemporal. Mujica no se molestó en señalar ese “detalle”, pero casi dio a entender que, sin esa “burguesía nacional”. era complicado pensar en cambios de fondo.

Ambos discursos forman parte de una concepción política que, aunque haya sectores del progresismo que no la comparten y otros que más bien tengan diferencias de estilo, ayuda a explicar el retroceso expresado, entre otras cosas, en los resultados electorales.

En primer lugar, esa “intimidad” con algunos sectores de la oficialidad es casi la misma que propició la “tregua” que impulsaron entre otros FH y Mujica como dirigentes del MLN en 1972 y cuyos resultados (10 años de rehenes) estuvieron a la vista. Sé que muchos viejos compañeros, indignados con sus actitudes de antes y de ahora, han tratado a FH de “traidor”; otros hablaron “del síndrome de Estocolmo”. Esas son simplificaciones que no ayudan a ir al fondo del problema. Analizar en términos de “traidores” o de conductas miradas desde la psicología, solo refiere a juzgar conductas personales, con lo que se elude analizar las concepciones políticas –con sus connotaciones de clase– que llevan a esas actitudes. En todo caso, esta nueva intimidad, más que una traición, es una tozudez política.

La existencia de oficiales progresistas que puedan neutralizar actitudes golpistas de las FF.AA. tiene antecedentes en los años anteriores al pachequismo, cuando los generales Seregni y Pomoli, entre otros se opusieron a intentos golpistas tempranos. A la presión de los oficiales “civilistas” se sumó la movilización sindical en pleno proceso de unificación, pero más bien hay que pensar que el golpe no cuajó porque aún no se había profundizado lo suficiente la crisis política y las clases dominantes aún tenían margen para mantener su dominio dentro del juego democrático. Casi diez años después, las condiciones habían cambiado y los supuestos “progresistas” del Ejército apenas si pudieron maquillar el ascenso de los militares al control del Estado, con lo cual confundieron a buena parte de la izquierda, que en febrero del 73 seguía pensando que era posible impulsar cambios antioligárquicos, apoyándose en un sector de las FF.AA.

Se podrá decir que algo de eso pasó en Venezuela; pero los “peruanistas” de los '60 fueron rápidamente desplazados por golpistas de derecha, el general de confianza de Allende terminó encabezando una de las dictaduras más sangrientas de los '70. Y en Uruguay, ni los “peruanistas” del 73, ni los promovidos por Mujica y FH, hicieron otra cosa que alinearse detrás de los dueños del poder. Querer apoyarse en ellos ha sido a lo sumo entrar en una disputa interna de logias, conspiraciones a la sombra, fuera de la vista del pueblo. Todo sucede a nivel de la oficialidad. Mientras tanto, la tropa sigue con sueldos sumergidos, conviviendo con obreros y trabajadores marginados, en barrios pobres de Montevideo; o atenuando la desocupación en ciudades y pueblos del interior, donde la subordinación a los mandos se parece a la subordinación de muchos peones a “su” patrón. ¿No será en ellos que habrá que apoyarse para desalentar aventuras golpistas?

La otra aparición de Mujica es cuando expresa su lamento por la desaparición de la burguesía nacional. A mi juicio es otra faceta de una concepción que subestima en la práctica el papel de los trabajadores en la transformación de ésta sociedad. El tema de la “burguesía nacional” –o sería mejor decir, de los empresarios nacionales– requiere un análisis más profundo y exhaustivo de lo que puede hacerse en un breve artículo. Seguramente hay que estudiarla en su evolución, ver cuál es su situación actual y quiénes realmente componen ese sector. Pero no cabe duda que muchos de esos empresarios han terminado negociando –vía asociación o venta– con capitales transnacionales (por citar algunos ejemplos: Salus, Tienda Inglesa, BRANAA, Pinturas Industriales, varios frigoríficos). Otros –ramas enteras en algunos casos– han sucumbido ante la competencia de bienes importados. El capital transnacional ha venido avanzando en muchas ramas de nuestra economía y lo ha seguido haciendo durante los gobiernos progresistas, entonces ¿de qué lamentarse? Sin duda que aún quedan muchos empresarios nacionales, de diferente tamaño y en diferentes ramas; muchos de ellos podrían ganarse para políticas de transformación en la medida en que los grandes capitales, la oligarquía, el capital transnacional, no les ofrezcan otra cosa que quiebra o sometimiento. Pero de ninguna manera se los puede tomar como una clase capaz de acompañar –mucho menos conducir– un programa antioligárquico.+

De la conciliación al fracaso de una revolución

El abrazo de la culebra y el fracaso de una revolución

 

>>>> Érase una vez

Lugarteniente en dictadura

Luchador social

 

  Rehén

Corrupción republicana, impunidad en democracia 

Los presidentes
 

 

La globalización nos gobierna El Quincho de Varela

Alguna cosa dijo que lo dejó pensando

Gestionó proyectos financiados por la fundación Open Society de George Soros

Se alejó de la revolucion y se acercó a la globalización

Propuso una gobernanza mundial que el capitalismo necesita

"El Capitalismo Mejoró el Mundo, es Maravilloso"

El triunfo de Mujica, el único politico uruguayo que puede llenar un estadio en California o Europa vendiendo humo filantrópico

 

 

 

 

UPM avanza

a pesar de imprevisiones e incumplimientos

 

Los gobiernos se atienen a los acuerdos con UPM a pesar de los errores del proyecto ferroviario y la indefinición de la empresa en aspectos ambientales clave de la planta de celulosa 

Víctor L. Bacchetta

Las autoridades del Ministerio de Ambiente encabezaron, el pasado jueves, la primera reunión de la comisión de seguimiento de la segunda planta de celulosa de UPM con representantes de la empresa finlandesa, de los ministerios de Ganadería, Industria y Transporte, de las Intendencias de Durazno y Tacuarembó, de la Junta Local de Centenario, el Municipio de Paso de los Toros y varias organizaciones sociales.
El cometido de esta comisión es acompañar el desempeño ambiental de la planta en la fase de construcción y hasta tres años de la fase de operación, luego de lo cual se evalúa si debe continuar o no. Se lo valora como una instancia de participación de todos los actores, pero es un seguimiento a distancia porque suelen realizarse dos reuniones anuales y la siguiente de esta comisión será el año próximo.
“A pesar de las dificultades, los tiempos se están alineando según lo previsto por UPM”
, expresó el viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, al comentar que ahora empieza la obra física de la planta. Amarilla sostuvo que no tuvieron sorpresas con el proyecto: “Es lo que se firmó por parte de Uruguay, es lo que recibimos y, como dijo el presidente, es importante resguardar la seguridad política del país”.
“Nos están apurando”
, dijo a su vez Eduardo Andrés, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), a cargo del seguimiento cercano del proyecto. Y agregó: “Pero lo vamos a hacer en el tiempo que consideremos, entendiendo que Uruguay se comprometió —por voluntad política— a que, si no cumplía determinados requisitos en tiempo y forma, el país tendría que enfrentar multas económicas tremendas”.

Las declaraciones oficiales dan la impresión de que Uruguay y UPM están cumpliendo los compromisos y las exigencias propias de un gran proyecto, pero en los hechos no es así. En primer lugar, las anteriores autoridades ambientales cumplieron los plazos definidos en el contrato con UPM para la aprobación de los proyectos, pero lo hicieron a costa de posponer la definición de aspectos fundamentales de los mismos.
Una demostración de esta situación y sus consecuencias es el Proyecto Ferroviario. Para cumplir los plazos, las audiencias públicas del Ferrocarril Central se hicieron en vísperas de Navidad y Año Nuevo. Se aprobó apenas un pre-proyecto, sin estudios, definiciones y precauciones suficientes. Las obras del tren están hoy prácticamente paradas por imprevisiones técnicas de la empresa contratada por UPM.
Alegando que aumentaban demasiado costos y plazos comprometidos, negaron las propuestas de bypass para evitar que ese tren con celulosa y productos químicos atraviese las zonas urbanas entre Paso de los Toros y la capital. Los errores de UPM y de los responsables del gobierno uruguayo elevarán los costos y plazos del proyecto mucho más, pero no se plantean reconsiderar el interés de los vecinos.
Tras haber sido reelecto, el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se dio el lujo de citar la Biblia para decir que “el tiempo de protesta ya fue”
, aunque los hechos están dando la razón a los vecinos contrarios al paso del tren de UPM por sus barrios. La protesta en las audiencias públicas fue ignorada y la Corte Electoral les cerró el paso cuando presentaron miles de firmas para decidir la cuestión por plebiscito.
En segundo lugar, las actuales autoridades ambientales parecen no ser conscientes de la situación y siguen dando luz verde a la obra de la planta de celulosa cuando en este proyecto también subsisten indefiniciones clave. Los desvelos de la ex ministra Eneida de León por cumplir el plazo la llevaron a firmar una autorización condicionada al cumplimiento futuro por UPM de varios requisitos que debían ser previos.
La resolución ministerial 690/2019, del 14 de mayo de 2019, por la cual se concedió la Autorización Ambiental Previa (AAP) a UPM para el proyecto de planta de celulosa y zona franca en el departamento de Durazno, en su artículo 2° estableció que la autorización era concedida “sujeta al estricto cumplimiento de los compromisos que surgen de la presente tramitación y de las siguientes condiciones” (sic).
 

 

Autorización Ambiental Previa

Exponemos a continuación, literalmente, algunas de las principales condiciones requeridas para la construcción y operación de la planta de celulosa, que fueron detalladas en contenido y plazo de ejecución en aquella resolución ministerial.

* Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)

“l) Se deberá implementar un plan general de monitoreo de las condiciones ambientales, que sirva para delinear la situación preoperativa del área de influencia y permita realizar el posterior seguimiento de las distintas fases del proyecto.
Las dimensiones a cubrir serán la calidad del agua y de los sedimentos del Río Negro, incluido el estado de la biota acuática, las características del agua subterránea y del suelo en el predio del proyecto y su entorno inmediato, las condiciones de calidad del aire en la zona, incluyendo ruido, así como también las variables socioeconómicas de las comunidades involucradas.

Cada uno de los planes de monitoreo a implementar deberá ser presentado, dentro del plazo máximo de 6 meses, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución, de forma tal que cada plan específico permita disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción que pudieran afectar cada uno de los ambientes objeto de relevamiento, o un período justificado suficientemente representativo a los fines de la caracterización buscada previo a la fase de construcción”. (Resolución 690/2019)

* Planta química

“f) Respecto de la planta química, dentro del plazo máximo de 6 meses, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución, se deberán presentar para su consideración por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, los detalles del proyecto de la alternativa de planta química finalmente seleccionada”. (Resolución 690/2019)

* Estructura de descarga de los efluentes

El punto (o) establece que la operación de la planta de celulosa no debe superar los niveles de calidad del agua en el río Negro definidos en la Evaluación de Impacto Ambiental, excepto en un lugar que define como

“la zona de mezcla asociada a la descarga del efluente, que no superará los 1000 metros de longitud ni se superpondrá con las márgenes del río”. (Resolución 690/2019)

“p) Se deberán ajustar las características y localización de la estructura de descarga de efluentes en el Río Negro y consecuentemente el proyecto de emisario y zona de mezcla previstos. A tales efectos se deberá presentar un estudio detallado que fundamente la opción finalmente seleccionada, en base a los criterios enunciados previamente en el Informe de evaluación realizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. (Resolución 690/2019)

* Tratamiento de los efluentes y residuos industriales en la zona franca

Este mismo punto (p) expresa que deberán presentarse los proyectos ejecutivos de las plantas de tratamiento de efluentes previstas para las fases de construcción y operación respectivamente y el sitio de disposición final a localizar dentro de la planta, para las diversas categorías de residuos industriales.

Y concluye que

“todas estas definiciones de proyecto deberán ser presentadas dentro de un plazo máximo de 6 meses, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución, y se requiere que cada una de ellas resulte aprobada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente previo al inicio de la correspondiente actividad de construcción del proyecto”. (Resolución 690/2019)

Los incumplimientos de UPM

El tercer factor en juego en el desarrollo de este proyecto es que UPM, a su vez, viene postergando el cumplimiento de tales requisitos, al punto que hoy, casi un año y medio después, hay aspectos no definidos y tareas no realizadas que se superponen con actividades que debían ser posteriores, pero que ya fueron iniciadas. Y esto sucede con el consentimiento de las actuales autoridades ambientales.

El “plazo máximo de 6 meses” establecido en la resolución ministerial para esos cinco aspectos -plan de monitoreo ambiental, planta química, descarga de los efluentes en el río, tratamiento de efluentes y de residuos industriales en la zona franca-, venció a mediados de noviembre de 2019 pero no se cumplió. De ahí en adelante, UPM planteó sucesivas prórrogas de los plazos que fueron concedidas sin más.  

 Con el nuevo gobierno nacional, la División Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC), a cargo del proyecto de UPM en el Área Evaluación de Impacto Ambiental de la Dinama, realizó el pasado 13 de mayo un “recuento de algunos de los compromisos que aún no han sido satisfechos”
. La DEAC no mencionó plazos y pasó a distinguir entre premura, mayor diligencia posible y urgencias de mediano plazo.
El asunto con “premura” era el Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), que no había sido presentado en su totalidad y no estaba aprobado por la Dinama. Y entre los asuntos que requerían avanzar con la “mayor diligencia posible” estaban las informaciones pendientes sobre las dimensiones agua, suelo y agua subterránea del PMA y la definición de la estructura de descarga de los efluentes en el río Negro.
Este informe evidencia el incumplimiento definitivo de una condición fundamental que era, una vez aprobado el PMA, la medición de las características ambientales del área de influencia del proyecto al menos un año antes del inicio de la construcción de la obra, para poder evaluar luego los impactos del proyecto. Las obras ya se habían iniciado sin ese requisito, con movimientos de tierras, explosiones, etc.
El 31 de agosto último, UPM informó a la Dinama de los trabajos con vistas a “realizar una medición de las condiciones hidrodinámicas y de mezcla transversal en la zona del río Negro donde será ubicada la estructura de descarga prevista”
. La tarea estaba a cargo de la Facultad de Ingeniería y debía ser coordinada con UTE para asegurar el flujo de la represa de Rincón del Bonete requerido para los ensayos.
La comunicación de UPM muestra que hasta el presente no se ha encontrado una solución que garantice que la zona de mezcla del efluente no tenga más de 1000 metros de longitud y no llegue hasta las orillas del río. Este factor, cuya dificultad el profesor Daniel Panario advirtió hace tiempo, es una condición que determina la viabilidad del proyecto y debió ser una exigencia previa a su autorización.

El 3 de setiembre, la Dinama señaló que UPM no había presentado la caracterización de la línea de base de la dimensión social y le fijó un plazo de 10 días para presentar los resultados del monitoreo de ese y otros componentes del PMA. A esa altura, no se habían aprobado las dimensiones de calidad del agua, sedimentos y biota acuática, razón por la cual tampoco se habían iniciado los monitoreos respectivos.
La DEAC señaló que la caracterización del estado del ambiente previo a las acciones del proyecto se encontraba “preocupantemente demorado y su inadecuado abordaje aparejaría riesgos para la adecuada actividad de seguimiento del proyecto y de enmascaramiento de potenciales afectaciones sobre el ambiente, y entorpecimientos al normal proceso de evaluación y autorización que aún resta desarrollar”.
Por temor a las multas “tremendas”, como dice el director, la Dinama está cumpliendo los plazos de las autorizaciones. Pero cuando UPM no cumple con las condiciones de las autorizaciones no se toman medidas en consecuencia. De esta manera, se siguen postergando definiciones fundamentales del proyecto y las mediciones del ambiente imprescindibles para poder evaluar sus impactos reales en el futuro.

UPM Y EL GOBIERNO ELUDEN REQUISITOS AMBIENTALES BÁSICOS
 

• Autorizaron el inicio de la construcción de la planta sin haberse cumplido las condiciones previas establecidas por la autorización ambiental del proyecto.

A casi un año y medio de la firma por el gobierno anterior de la autorización ambiental para la segunda planta de celulosa de UPM sobre el río Negro, la empresa aún no ha cumplido con requisitos que debían ser previos a la fase de construcción. El gobierno actual autorizó el inicio de las obras sin que estén definidos aspectos fundamentales del proyecto y las condiciones de partida para medir sus impactos ambientales.

Una condición fundamental es asegurar que la dilución de los efluentes de la planta de celulosa no aumente la contaminación del río, ya muy comprometida en la actualidad. Este requisito define la viabilidad del proyecto y debió ser previo a su autorización, pero no se ha realizado hasta la fecha, cuando se acaba de contratar un estudio de la Facultad de Ingeniería para determinar si es aceptable o no la propuesta.

Otra condición fundamental de este y de cualquier proyecto es la información sobre la situación del medio ambiente en la zona de influencia de la planta de celulosa, que debe recogerse antes de iniciadas las obras para estar en condiciones después de medir si sus impactos son aceptables o no. Ese Plan de Monitoreo Ambiental debía estar pronto en noviembre de 2019 pero aún no ha sido completado.

De acuerdo con la autorización ambiental del proyecto, el Plan de Monitoreo Ambiental debía incluir la situación previa y la evolución de la calidad del agua y los sedimentos del río, el estado de la biota acuática, del agua subterránea y del suelo en el predio del proyecto y su entorno inmediato, la calidad del aire en la zona, incluyendo ruido y las características socioeconómicas de las comunidades involucradas.

Todos los planes de monitoreo debían estar prontos en un plazo máximo de 6 meses desde la autorización del proyecto el 14 de mayo de 2019, para disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. Como es notorio, las actividades de construcción se iniciaron sin cumplir con este requisito.

Los riesgos y perjuicios económicos, ambientales y sociales que puede ocasionar esta conducta de la empresa y de las autoridades se están constatando, lamentablemente, con el proyecto del Ferrocarril Central. Las imprevisiones técnicas de la empresa que diseñó el proyecto, contratada por UPM, y de los responsables del gobierno uruguayo que debían fiscalizarlo, han conducido a una verdadera catástrofe.

Los vecinos de las ciudades atravesadas por el tren tenían razón cuando cuestionaron en las audiencias públicas las insuficiencias del proyecto. No obstante, hoy, cuando el gobierno actual está obligado a revisar condiciones, plazos y costos del proyecto, se sigue sin atender el reclamo de los vecinos para evitar el paso de ese tren con celulosa y productos químicos peligrosos por zonas densamente pobladas.

La repetidamente invocada "seguridad jurídica" del Uruguay y el cumplimiento de los compromisos es una vía en un solo sentido pues UPM incumple con total impunidad. A pesar de los informes técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que evidencian los incumplimientos de la empresa, las autoridades responsables de las decisiones nada hacen para controlar a UPM ni impedir los incumplimientos.

Llamamos la atención de la opinión pública por las graves consecuencias que pueden acarrear estos hechos y llamamos a responsabilidad a las autoridades.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
20 de octubre de 2020.