La jueza penal de 27° turno Silvia Urioste procesó con prisión a los militares retirados Mario Aguerrondo, Raul Scioscia, Carlos Frachelle y Manuel Cola y a los militares en situación de reforma Jorge Silveira, Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo por privación de libertad y violencia privada contra unos 30 detenidos por la dictadura en el centro clandestino conocido como 300 Carlos. El centro de torturas, también conocido como Infierno Grande, funcionó entre 1975 y 1977 en el predio del Batallón de Infantería Blindado Nº 13, en Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle y era controlado por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Sobre las 13.30 fueron llegando al juzgado de la calle Bartolomé Mitre y Buenos Aires los exrepresores sobre los que pesaba un pedido de procesamiento con prisión desde fines de julio de 2018.

El miércoles compareció, por teleconferencia, ante la jueza Urioste el militar en situación de reforma Ernesto Ramas, quien se negó a declarar ante la Justicia. Ese día, también debía declarar Gavazzo, pero su abogada presentó un escrito pidiendo reagendar la audiencia, dado que el exrepresor se encuentra internado en el Hospital Militar desde el 14 de mayo, según informaron a la diaria fuentes de la investigación judicial.

En marzo de este año, Gavazzo reconoció haber estado en el Galpón 4 del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), donde funcionó el 300 Carlos, cuando declaró ante la jueza Isaura Tórtora en la causa que investiga las torturas y crímenes de lesa humanidad contra el periodista y militante comunista Rodolfo Porley.

El fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento con prisión por los delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra ocho represores, uno de ellos fallecido durante el proceso.

Tras conocer el procesamiento de los militares, la denunciante Brenda Falero, que estuvo detenida en el Batallón 13 entre 1972 y 1974, dijo a la diaria que la decisión judicial es “lógica”, dado que “estaban todas las pruebas” a disposición de la Justicia.

Falero recordó que la denuncia fue presentada el 27 de octubre de 2011, luego de que el entonces presidente José Mujica quitara del amparo de la Ley de Caducidad las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. “Fueron 10 años, cuatro jueces y otros tantos fiscales”, recordó.

“Esto no terminó acá, va a seguir porque hay otras causas. Lo esencial está hecho, llegamos a culminar esta primera denuncia”, agregó.

La jueza Urioste también investiga, en otra causa vinculada al 300 Carlos, la participación del médico Ramón Rodríguez de Armas, conocido como “Oscar 5”, alias utilizado por los miembros del OCOA. El 10 de junio el médico realizará un careo con el oficial de la Fuerza Aérea (FAU) Bernabé Saralegui, quien declaró haberlo visto varias veces en el centro clandestino 300 Carlos.

En este lugar fueron desaparecidos Eduardo Bleier, Fernando Miranda, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Julio Escudero y Elena Quinteros. En junio de 2005 fueron hallados los restos de Fernando Miranda y en agosto de 2019 los de Eduardo Bleier. Más de 130 testimonios directos e indirectos señalan que hubo varios enterramientos allí.

Una máquina de destruir

Carlos Lamancha estuvo 26 días en el 300 Carlos, fue el primer centro de torturas al que lo llevaron después de su detención, en una casa de la zona de Burgues y Propios donde funcionaba una imprenta clandestina.

“A mí me detuvieron el 3 de noviembre de 1975 yo imprimía Carta Semanal, que era el periódico del Partido Comunista. Llegaron y nos dijeron 'tienen 30 segundos para decir dónde está la imprenta' y nos quedamos callados”, relató Lamancha en diálogo con la diaria.

Los militares comenzaron a golpear el piso de la casa hasta que encontraron la tapa oculta: “Nos sacaron de ahí y nos tiraron en una camioneta, empezaron a dar vueltas y vueltas hasta que llegamos como a una zona de campo. Llegan a un portón, dan una clave y entran”.

“Es difícil de explicar lo que sentís cuando entrás en un lugar así, eran gritos de gente que están torturando, gritos de personas que están en un período de locura, mujeres gritando y tres o cuatro parlantes a todo volumen. El olor que te penetraba, a orín, a materia fecal a transpiración, eso ya te impactaba”. A Carlos le vendaron los ojos con un leuco ancho y lo encapucharon. “Me pusieron un número y me dijeron 'a partir de ahora tu nombre es 87'”.

Hoy aún recuerda los 17 escalones que llevaban al segundo piso donde se torturaba: “Había una pieza que tenía el tacho para hacerte submarino y otra que tenía el caballete, picana y todo eso. Al principio no me preguntaban nada, era solo tortura. Cuando ya no dabas más te pegaban una piña en el estómago y te metían en el tacho de nuevo, hasta que te desmayabas, después te dejaban en el primer piso en un colchón lleno de sangre”.

En el segundo piso, los torturadores tenía un cuarto con una ventana hacia abajo. “Con un micrófono y un parlante decían 'traeme al número tanto' y vos sabías que en cualquier momento decían tu número. Una cosa muy siniestra era que a las personas que quebraban les ponían el micrófono y vos empezabas a escuchar nombres y nombres... era como una máquina de destruir. Algunos compañeros se sacaban la venda y decían 'vamos compañeros, vamos a luchar contra estas bestias', y los masacraban”.

La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad aún tiene pendiente 13 pedidos de procesamiento con prisión por violaciones a los derechos humanos, contra unos 50 implicados en delitos vinculados al terrorismo de Estado.

Entre las causas pendientes se encuentra la que investiga el secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y sus hijos; el asesinato del trabajador rural Óscar Fernández Mendieta, ocurrido en mayo de 1973 en Durazno; el triple homicidio en la causa conocida como las muchachas de abril; la causa que investiga torturas en la base aérea Boiso Lanza; el asesinato del militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) Hugo de los Santos; las causas que investigan torturas en el establecimiento La Tablada; el homicidio de Luis Batalla, ocurrido en 1972 en el Batallón de Infantería 10, ubicado en Treinta y Tres; la muerte del militante del MMLN-T Gerardo Alter; la participación del médico Ramón Rodríguez de Armas en varios centros de tortura, y el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien.