Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa) denunciaron este lunes de mañana que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) está "en riesgo" y que existe una "repartija de cargos" a nivel político. Estos cuestionamientos surgen en pleno proceso de discusión sobre los cinco nombres que renovarán la conducción del organismo.
Ignacio Errandonea de madres y familiares de detenidos desaparecidos sobre lista de candidatos a integrar la INDDHH
Repartija de cargos en la nueva conformación de la institución de
derechos humanos que designa hoy la Asamblea General, dijo Elena
Zaffaroni
"Vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo"
"La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesiona la autonomía de la institución, es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial, tan grave como quitarle la función de controlar al Estado"
Declaración de la Conferencia de Prensa del 1 de agosto de 2022
ORGANIZACIONES SOCIALES IMPUGNAN PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO PROMOVIENDO ACCIÓN DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Buenos días para todas y todos
Primero agradecer a los medios presentes y a quienes logramos llegar con nuestras palabras por la tarea que ustedes hacen.
En segundo lugar, corresponde presentarnos. Somos organizaciones sociales, vinculadas a la mayor diversidad de derechos humanos, con actividad desplegada en todo el país. Somos muchas más que las que firmamos esta convocatoria y desde ya invitamos a seguir sumándose. Nos propusimos articular para garantizar un proceso democrático, transparente y ajustado a la ley en la elección de un nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
También nos proponemos trabajar para lograr una mayor participación de las organizaciones sociales en lo que hace a los cometidos y actividades de la Institución.
Cuando hablamos de la Institución referimos al organismo de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas en todo el territorio. Y hablamos del control que esta Institución hace para que el Estado no vulnere esos derechos. Hablamos de 10 años de contribución al fortalecimiento del sistema democrático. Hablamos de una ley de creación que se votó por unanimidad.
Una de las fortalezas de la Institución, reconocida como tal por el organismo internacional responsable de calificar la calidad democrática de los ombudsman o defensorías del pueblo es su autonomía. Autonomía e independencia del Gobierno de turno y de los partidos políticos. Autonomía que sustenta también la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones. Y eso es lo que hoy está en riesgo. Eso es lo que venimos a denunciar y por lo que nos proponemos iniciar acciones legales. Vamos a ejercer nuestros derechos. Vamos a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
La Institución hace tiempo viene recibiendo fuertes ataques. En particular a través de declaraciones de referentes de distintos partidos políticos. Se dijo que no se precisa una Institución de Derechos Humanos, como se dijo que había que cambiar la ley porque se metía en temas que no le correspondía. Y se insistió con definir la elección del nuevo Consejo Directivo como un reparto de cargos entre gobierno y oposición. Con lujo de detalles, señalando incluso como sería el reparto dentro de la propia coalición de gobierno. Es solo esperar un rato hasta que se reúna la Asamblea General para ver si fueron solo palabras. La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesionar la autonomía de la Institución es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial. Tan grave como quitarle la función de controlar al Estado. En el marco de este proceso de elección los ataques trascienden las palabras y se concretan en resoluciones de la comisión especial parlamentaria encargada por ley de recibir las postulaciones y remitir a la Asamblea General la lista de aquellos candidatos y candidatas que reúnan los requisitos que la ley exige.
La Comisión Especial no actuó como manda la ley. Primero porque aceptó postulaciones realizadas por legisladores y legisladoras, cuando solo debió acepar aquellas postulaciones realizadas por organizaciones sociales registradas en la INDDHH. Segundo porque no controló todos los requisitos de admisibilidad que la ley impone para ser candidato o candidata, como por ejemplo el de “contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos”, resolviendo en consecuencia enviar a la Asamblea General todos los nombres propuestos, salvo los de aquellos que presentan incompatibilidades.
Fuera de la ley y al margen de los Principios de Paris que son aquellos que orientan y sustentan las Instituciones de Derechos Humanos y las Defensorías del Pueblo.
Por esto hablamos de ilegalidades. Y por esto hablamos de acciones legales que permitan que el proceso sea como debe ser. Vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la comisión especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo.
El parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la ley y evitar así que se enjuicie su accionar. Apelamos a eso. Designar ahora un Consejo Directivo sobre el que se estará juzgando si sus integrantes fueron bien electos no le hace bien a las personas involucradas, no le hace bien a la Institución de Derechos Humanos cuya autoridad, como decíamos antes, reposa no solo en la ley sino en la incuestionabilidad de sus autoridades. En definitiva, no le hace bien a la democracia. No queremos ni pensar que pasará con cada observación y resolución que tome la Institución si después el Tribunal nos da la razón y dispone que el proceso de elección no fue ajustado a derecho y quienes fueron elegidos no debieron serlo.
Las organizaciones sociales actuamos responsablemente. Advertimos de estas irregularidades, como en su momento también señalamos que se habían aceptado postulaciones desde organizaciones que no estaban habilitadas para hacerlo por no estar inscriptas en el registro de la Institución. También exigimos transparencia porque no se hizo pública toda la información disponible de los candidatos. Lo dijimos por los medios de prensa, lo dijimos en Redes sociales, enviamos correos electrónicos a la comisión que nunca respondió y solicitamos ser recibidos por la Comisión y eso nunca sucedió.
Pudo haber cierta soberbia por parte de algunos legisladores y legisladoras al ignorar el aporte que se proponía desde las organizaciones sociales en este proceso. Incluso dudando de nuestra representatividad.
Lo que alertamos insistentemente desde las organizaciones fue señalado también por un grupo de trabajo de la ONU que realizó “un llamado a las y los integrantes de la comisión bicameral y de la Asamblea General para que garanticen que la elección del Consejo Directivo no afecte la independencia de la Institución ni obstaculice su labor de búsqueda de personas desaparecidas. En particular, por lo que concierne a la independencia” Preocupación fundada en la “intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo”. Nada que no hubiera sido dicho por los políticos y publicado por toda la prensa del país.
Aquí estamos, las organizaciones sociales, promoviendo esta acción de nulidad ante el
TCA. Hubo un camino hasta llegar acá. No renunciamos a ninguna otra acción dentro del marco legal vigente para defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo, a la pueden acudir las personas cuando encuentran vulnerados sus derechos por la acción o la omisión del Estado.
Gracias nuevamente. Disponemos de tiempo para responder preguntas si lo entienden necesario.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT CNT)
Servicio Paz y Justicia (Serpaj) - Uruguay
Redes Amigos de la Tierra – Uruguay
Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (MNUSPP)
Colectivo Ovejas negras
Idas y Vueltas
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)
Mujeres Sin Miedo – Minas, Lavalleja
Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo)
Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (COSAMEDDHH)
Asociación Civil Vida y Educación
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Asociación Uruguaya de Animadores y Auxiliares Gerontológicos (AUDAAG)
Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA)
Coordinadora por el Retiro de Tropas de Haití
Tacuabé Chasqui Oyendau
Sindicato Único Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA)
Memorias de la Costa
Asociación Civil Ágora de Canelones
Secretaria de DDHH del PIT CNT
Colectivo por Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó (Interiores en Red)
Memoria en Libertad – Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas del terrorismo de Estado
Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad – Soriano (Interiores en Red)
Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca
Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión (Interiores en Red)
Grupo Solidario A Redoblar
Consejo de la Nación Charrúa
Charrúa Oipik Udimar
Comisión Memoria Muchachas de Abril
Espacio Memorial Penal de Libertad
Colectivo de Derechos Humanos de Juan Lacaze
A propósito de la renovación de autoridades de la INDDHH
Publicado el 30 de julio de 2022
Escribe Raúl Olivera Alfaro en Posturas de La Diaria.
Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días existe un campo de luchas y tensiones en torno a las normas que rigen las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y sobre los instrumentos diseñados para amparar a estos últimos. Ejemplos existen en el mundo de las variadas formas de autoritarismo en que esas tensiones se han revelado: regímenes que ponen al sistema judicial al servicio de sus políticas; otros que implantan nuevas normas que van en el sentido de blindar las políticas estatales de la acción o el control ciudadano; regímenes abiertamente dictatoriales que barren todo vestigio de protección de los seres humanos del autoritarismo del Estado.
Es una tentación recurrente en la historia reciente de la humanidad que gobiernos, sean del color que sean, busquen limitar o neutralizar la intervención de la sociedad civil organizada cuando esta no les deja el campo libre para implementar impunemente políticas que violentan sus derechos.
En una sociedad auténticamente democrática –y para ello no alcanza con que se cumpla con la realización de elecciones en los plazos establecidos en la Constitución–, la existencia de normas destinadas a proteger a los ciudadanos no es suficiente para darles certeza y tranquilidad; la independencia de los poderes judiciales nacionales son un resguardo indispensable.
En nuestro país, a partir del 13 de junio de 1968 sufrimos las consecuencias de un proceso de perversión de las normas del derecho que empezó a ser ya no de protección del ciudadano sino de las
políticas del Estado: Medidas Prontas de Seguridad, congelación de salarios, anulación de los Consejos de Salarios, prohibición de huelgas, Estado de guerra interno, etcétera. Lo que hoy es catalogado como el período de actuación ilegítima del Estado.
A ese período lo siguió, a partir del 27 de junio de 1973, la dictadura cívico-militar, un régimen que barrió todo vestigio del Estado de derecho.
Culminada la dictadura y con la instalación de aquella democracia pactada, la expectativa de que con ella se restaurarían las normas que nos reintegrarían los derechos a la verdad y la justicia sobre las conductas criminales del Estado dictatorial fue traicionada.
La designación del próximo directorio de la INDDHH a partir de cuotas favorables a quienes conducen las políticas del Estado es una muestra de una forma de autoritarismo estatal.
La aprobación de la ley de caducidad fue la forma más profunda de la perversión del sistema legal concebido para limitar el autoritarismo de los estados y proteger al ciudadano. Dicho de otra manera, las normas, que debían operar en el sentido de ponerle límites al poder del Estado, pasaron a establecer límites a los derechos ciudadanos de acudir ante los tribunales para que se les reintegraran los derechos a la verdad y la justicia.
La dictadura militar proyectó así su alargada sombra con una nueva forma de autoritarismo: el poder ilegítimo que le otorgó la ley de caducidad al Poder Ejecutivo de decidir qué conductas debían ser objeto de las indagatorias por parte del sistema judicial.
La declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, la ley que reinstaló la pretensión punitiva del Estado, y la condena al Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejaron sin efecto jurídico la impunidad mantenida para las violaciones cometidas por el Estado.
A partir de ahí, el campo de lucha y tensiones se instaló indisimuladamente en las normas y las instituciones. Eso explica los intentos de dejar sin efecto la Ley 18.831, la reimplantación de la caducidad, y los ataques al sistema judicial, en particular a la fiscalía especializada dirigida por Ricardo Perciballe y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que tiene por finalidad la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad estatal.
La designación del próximo directorio de la INDDHH a partir de cuotas favorables a quienes conducen las políticas del Estado, desmereciendo a aquellos que genuinamente representan la confianza de la sociedad civil organizada, es una muestra de una forma de autoritarismo estatal. Según esta visión, el que tiene autoridad manda, y el resto, esté o no de acuerdo, porque se amenazan sus derechos, obedece. Este es un principio autoritario, que es también el concepto militar.
Al rey no le gusta que le digan que está desnudo, y menos que lo obliguen a vestirse.
Raúl Olivera Alfaro integra la Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT.
“Una vergüenza” este Parlamento que le haya faltado el respeto a las organizaciones sociales, dijo la diputada del frente amplio Verónica Matto en la selección de las nuevas autoridades de Instituto de derechos humanos en la asamblea general
El director de la Institución Nacional de derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) Juan Faroppa se pronunció este lunes sobre el nombramiento de las nuevas autoridades de la institución, en el marco de la discusión que lleva adelante en Asamblea Extraordinaria del Parlamento.
En diálogo con Primera Mañana, Faroppa dijo que el objetivo de la Inddhh es a “través de recomendaciones y orientaciones que se brindan al aparato del Estado es poder superar y corregir irregularidades”.
“En Uruguay identificamos las violaciones a los derechos humanos con las cometidas por el gobierno de facto, en la dictadura cívico-militar. Sin embargo, un Estado como el que afortunadamente hay en Uruguay en el que rige el estado de derecho y existen garantías, igual por determinados factores (legislación no actualizada, prácticas administrativas vetustas, personal que requiere mejor calificación) aún en los países con mejor desarrollo en materia institucional se producen situaciones que implican la vulneración del derecho de las personas”, señaló Faroppa.
Sobre el nombramiento de nuevas autoridades, Faroppa manifestó que existe una confusión con respecto a la Inddhh.
“La Inddhh es una institución del Estado. No del gobierno, sino del Estado. Por lo tanto, no integra el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente en muchos lugares se confunde e inclusive algunos actores políticos siguen sin entender que la Inddhh no es una organización de la sociedad civil. En estos 10 años de funcionamiento la institución ha mantenido una actitud de no involucrarse en las decisiones que se adoptan desde la sociedad civil. Me genera una gran preocupación y se prenden toda las luces y alarmas cuando el Estado intenta involucrarse en el funcionamiento de la sociedad civil", afirmó.
Sobre la denuncia de más de 20 organizaciones sociales que entienden hubo “ilegalidades” en el proceso de elección del Consejo Directivo de la Inddhh, Faroppa señaló “que hay un marco jurídico muy claro establecido en la ley” y que tiene la certeza “que el Parlamento no puede actuar de otra manera que no sea respetando la legalidad vigente”.
“No puedo creer que esta Asamblea General no actué cumpliendo la ley. Eso implica que se designe un Consejo Directivo que actué en forma independiente y autónoma, que no responda al gobierno de turno”, detalló.
Para que una nueva directiva de la Inddhh sea elegida este lunes sus cinco miembros deberán contar con un apoyo de dos tercios de los votos (86) de la Asamblea General.
En caso de no llegar a ese consenso, la votación deberá pasar a una segunda instancia dentro de los próximos 20 días.
Para este lunes son 26 los posibles candidatos a votar y los nombres que estarán nuevamente sobre la mesa en 20 días serán los que tengan un quinto de los votos.
“Que haya sectores que lo quieren manejar o manipular, echar agua para su molino, es natural porque somos seres humanos. Existe siempre esa intención que tenemos de tomar el camino más corto para llegar a donde se debe llegar. Pero que exista esa intencionalidad no quiere decir que se termine designando un Consejo Directivo que no cumplan con los requisitos que hacen a una institución de derechos humanos. Si no se cumplen esos criterios, se va a elegir algo que se va a llamar Inddhh, pero que no lo va a ser, va a ser cualquier otra cosa. No lo que la ley establece”, afirmó Faroppa.
Montevideo Portal
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