El proceso del caso Maya Cikurel
La contadora Maya Cikurel fue detenida en febrero de 2020 por Interpol cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja, Pablo da Silveira, quien asumió días después al frente del Ministerio de Educación y Cultura.
Cikurel es acusada de participar en una maniobra de transferencia de coimas millonarias a políticos y gobernantes, a través de Arcadex Corporation, una offshore registrada en Belice, asociada a la contadora.
En junio de 2020, la jueza María Helena Maynard negó la extradición de Cikurel por una cuestión formal, al considerar que la autoridad competente para reclamar a la ciudadana uruguaya es el Poder Judicial panameño y no la Fiscalía, argumento presentado por la defensa de la contadora, el abogado Gonzalo Fernández. El abogado, que fue el canciller que firmó el Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay y Panamá en 2008, interpreta que cuando el texto del tratado dice que el requerimiento debe ser realizado por las “autoridades judiciales”, excluye a la fiscalía panameña.
La decisión de primera instancia fue apelada por el fiscal Lackner, que planteó que la interpretación del tratado debe ser amplia y flexible, priorizando el espíritu de cooperación en investigación penal que impulsó el tratado.
En noviembre, el Tribunal de Apelaciones de 3° turno confirmó la decisión de Maynard , al considerar que la Fiscalía uruguaya no es parte de la causa y, por la misma razón, le negó a Lackner la posibilidad de ir a casación. Ante eso, Lackner optó por presentar ante la SCJ un recurso de queja, medio que se utiliza para revertir el rechazo de un recurso de apelación. Ese recurso de queja, que debe ser elevado a la SCJ por el Tribunal de Apelaciones junto a un informe de actuación, también fue rechazado por la SCJ, que consideró que el rol de la fiscalía en el proceso se reducía a un dictaminante técnico y que no debía ser parte del proceso, decisión que ahora Lackner pidió que sea reconsiderada a través del recurso de reposición.
La posición de los tribunales de Justicia en este caso generó que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, impulsara un proyecto de ley para explicitar el rol de la Fiscalía en representación del Estado requirente, cuando este no se presenta directamente.
El ministro Pablo Da Silveira, mantiene silencio sobre la situación de su pareja, la contadora Maya Cikurel, una de las tres personas uruguayas que enfrentan un juicio en Panamá por la investigación de la red de lavado de sobornos de la empresa Odebrecht.
Este lunes en Ciudad de Panamá se iba a realizar la audiencia judicial de la causa “Panabretch”, que investiga el esquema de corrupción que permitió a la constructora Odebretch lavar millones de dólares. La audiencia se reprogramó para septiembre y allí se conocerá la suerte de 50 imputados, incluyendo a tres uruguayos, según informó Sudestada.
La contadora Maya Cikurel, detenida en 2020 cuando intentaba viajar al exterior junto a su pareja, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, cuya extradicción se frustró en 2021, debido a que la Justicia entendió que debió haberse formulado a través del Poder Judicial y no del Ministerio Público, es una de las imputadas en la causa. Cikurel está señalada en la causa por haber prestado servicios “para elaborar la estructura financiera que le permitiera a la caja 2 de Odebrecht, encubrir, ocultar, transferir la suma de dineros ilícitos hacia los beneficiarios finales”.
Andrés “Bettingo” Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y exdirectivo de Peñarol, fue acusado por un un abogado y un exdirectivo de Odebrecht por haber abierto “cuentas para testaferros” desde su función de vicepresidente de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra (BPA). La publicación periodistica señala que “varios ministros del gobierno panameño también recurrieron a Betingo para lavar sus coimas”.
El otro uruguayo es Juan Francisco Mutio Cerdeiras, expresidente de la sociedad anónima uruguaya Sherkson International que lavó millones de dólares para la constructora. Está identificado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”.
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