miércoles, 10 de agosto de 2022

El facilitador de narcoguay

 

Sebastián Marset Cabrera, exfutbolista del Deportivo Capiatá.

 

Medios paraguayos dan cuenta de que es uruguayo uno de los implicados en la organización criminal que traficaba drogas y lavaba dinero.

En octubre del año 2013, la jueza Adriana de los Santos lo había procesado con prisión. Fue en el marco de la Operación Halcón, por la que se incautaron más de 173 kilos de marihuana, 35 gramos de cocaína, armas, vehículos y dinero en efectivo.

El futbolista uruguayo Sebastián Enrique Marset, detenido en Dubái con pasaporte falso paraguayo, integraba el onceno del Deportivo Capiatá, los escoberos.
Esa no era su única faceta porque en octubre del 2013 fue detenido y condenado bajo el “Operativo Halcón” en Uruguay por tráfico de drogas. Él reveló a los investigadores que una avioneta detenida procedente de Paraguay llevaba droga a dicho país.
Acusó al conductor, tío del entonces presidente Horacio Cartes, Juan Domingo Papacho Viveros Cartes, quien fue procesado.
El futbolista defendió el Deportivo Capiatá hasta mayo de este año. A pesar que en su país era buscado por la Interpol.
“Jugó en el club pero con el mote de empresario y dentro de ese contexto, involucrándose muy de cerca en la política”, sostuvo a EXTRA, Líder Amarilla, miembro del directorio del PLRA.


Apoyo político
Actualmente, el presidente del club es el diputado Erico Galeano. El vice Óscar Barreto es candidato a concejal por el Partido Colorado. Ambos, “soportes políticos de Luis Fernando que es el candidato nuevamente a intendente”, dijo Amarilla.
“Todos ellos forman un clan poderoso ahí en Capiatá. Están queriendo mantener el poder político, el poder en el club”, señaló.
EXTRA intentó acceder a las versiones de Erico Galeano y Luis Fernando pero no respondieron.
El Embajador Paraguayo en Qatar, Ángel Barchini, mencionó que la familia de Marset pidió ayuda, sin embargo, el caso lo pasó a Uruguay.


En octubre de 2021 Marset fue detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falsificado.

El abogado Alejandro Balbi fue el encargado de retirar en Montevideo el pasaporte que el gobierno uruguayo le dio al narco Sebastián Marset.

 Narco uruguayo -que recibió pasaporte de la Cancillería liderada por Francisco Bustillo- está detrás de crimen de fiscal paraguayo en Colombia. 
Marset estuvo detrás del atentado a la Brigada Antidrogas en Montevideo y las amenazas a la fiscal Mónica Ferrero. El caso está bajo investigación del fiscal Diego Pérez.

  Atentado a la Brigada Antidrogas de 2020 y a las amenazas a la fiscal Ferrero

Obtención, traslado y remisión de cocaína por cuenta propia


Sebastián Enrique Marset Cabrera (30 años), considerado líder de un grupo narco y como tal, era quien negociaba con conjuntos del extranjero la provisión de cocaína que, ya en el país era movida con los medios logísticos brindados por Miguel Ángel Insfrán Galeano (40), hasta su envío a Europa o África. Del lavado de las ganancias se encargaban otros integrantes.
Por ABC Color

De acuerdo con los datos citados en la imputación del Ministerio Público y la pesquisa de la Senad, el uruguayo Sebastián Marset, en el 2012 fue vinculado a la investigación “Wayra”, en la que fue detenido un piloto paraguayo con 450 kilos de marihuana que eran para Marset. En 2013, cuando solo tenía 21 años, también se lo vinculó en la “Operación Halcón”, en la que se incautaron 173 kilos de marihuana y 335 gramos de cocaína. Este fue detenido, condenado y en 2018 recuperó su libertad.
Entre ese año y 2019 se registraron a Paraguay, entradas y salidas de Marset. Una de ellas, con una identidad presuntamente falsa. Todo esto para alistar el terreno a modo de iniciar otra organización ilícita.
En octubre de 2019, Marset se radicó en Paraguay con su esposa Gianina García Troche y sus dos hijos. ingresaron a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El perfil de Sebastián fue de el de un productor de conciertos e incluso tuvo un breve paso por el fútbol.


Contactos de Marset con criminales extranjeros
 

Desde Paraguay, supuestamente, Marset contactaba con organizaciones narcos de Bolivia que eran las que le proveían la cocaína, que era traída a nuestro país en aviones con matrículas de ese país. La nave bajaba en Alto Paraguay, donde se hacía el trasbordo a otra, pero ya con matrícula paraguaya para su posterior traslado hasta el establecimiento San Agustín de Presidente Hayes, propiedad de un presunto socio del uruguayo, Miguel Ángel Insfrán Galeano (40).
De hecho, el mismo Insfrán Galeano contaba con empresas tales como “Barakah SRL”, de transporte terrestre; “El Porvenir SA”, de metalúrgica; así como “Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA” y “Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte SA”. La primera y la penúltima firma tenían tres aviones registrados a su nombre, utilizados para el traslado de la sustancia de Alto Paraguay a Presidente Hayes.
Las empresas de Miguel Ángel fueron constituidas con ayuda de sus hermanos Conrado Ramón Insfrán Villar, José Alberto y Yolanda Ignacia Insfrán Galeano, quienes a su vez colaboraban para el lavado del dinero ganado con el tráfico.

Aviones al servicio de la organización

 
Dichas aeronaves, sin embargo, pertenecían a Gilberto Esteban Sandoval Giménez (29), que según la imputación fiscal, contaba con una flota de 13 naves, pero que estaban registradas a nombre de otros integrantes de la asociación criminal y firmas ligadas a estos, para no levantar sospechas.
Sandoval pilotaba los aviones llevando la cocaína y, contrataba otros pilotos como: Roque Félix Estigarribia Ojeda, alias Pata, Diego Enrique Guerrero Yegros, José Enrique Gamarra Villalba y el coronel retirado Job Von Zastrow Masi, citados en la imputación del Ministerio Público.


Transporte por tierra de la droga

 
Desde Presidente Hayes, la sustancia era trasladada en camiones Scania, de la firma “Barakah SRL”, cuyas carretas fueron modificadas con doble fondo en la empresa “El Porvenir”, hasta depósitos distribuidos en el departamento Central, especialmente en Mariano Roque Alonso, Limpio y Villeta. Este último, vinculado a Luis Fernando Sebriano González (47), donde se empacaba la carga en bolsas Big Bag entre otras mercaderías.
Sebriano hacía los trámites con Aduana y las empresas marítimas. Enviaba la carga a través de sus firmas “Neumáticos Guairá SA”, “Notia SA” y “Artis SA”, a Europa y África.
Otro colaborador, Alberto Koube Ayala lavaba el dinero a través de su firma “Grupo Tapyracuai SA”, y el exdiputado Juan Carlos Ozorio, introducía la plata a la Cooperativa San Cristóbal, y limpiaba el capital en el sistema financiero.


Perfil empresarial, religioso y testaferros para ocultar bienes
Más de medio centenar de inmuebles, vehículos de alta gama, avionetas, embarcaciones, maquinarias agrícolas, camiones, ganado y hasta un helicóptero integran los bienes incautados en más de 60 allanamientos realizados en el marco del Operativo A Ultranza Py, iniciado el 22 de febrero pasado.
El valor de los bienes comisados en todo el país –varios de ellos ya se encuentran bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico)– ya superan los 100 millones de dólares.
Este es uno de los tres Lamborghini requisados por los antidrogas, valuado en unos US$ 340.000.
 
El cuantioso patrimonio de los sindicados por la Fiscalía como supuestos integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, revela la gran envergadura de las operaciones ilícitas de la organización, en atención a que empezaron a operar en Paraguay en el año 2020.
Entre los vehículos incautados que más llamaron la atención están tres Lamborghini, dos del modelo Huracán, valuados estimativamente entre 320 y 340 mil dólares (según su versión) y uno modelo Gallardo, valuado en unos 350 mil dólares.
La imputación da cuenta de que Marset, tras obtener su libertad en su país, donde estuvo procesado por tráfico de drogas en más de una ocasión –tuvo condena inclusive– en una de ellas junto a Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente Horacio Cartes- estuvo Paraguay en los años 2018 y 2019.
En estos viajes, el uruguayo realizó los contactos necesarios para poder operar en nuestro país, para lo cual gestionó su permanencia definitiva ante Migraciones. A los efectos de ocultar su verdadero propósito, previamente Marset se autoconstruyó la figura de empresario de artes y espectáculos, dedicado a la organización de eventos y conciertos.
Con este tipo de publicaciones, Sebastián Marset instaló una imagen de empresario de artes y espectáculos.
“(...) a tal fin, utilizó medios de prensa informales del extranjero, tales como Colombia, Ecuador, Venezuela, etc, para difundir la mencionada figura falsa, con la cual realizó una puesta escénica acerca de su aparente actividad ilícita, cuya personalidad ficticia, la escogió luego de sus constantes viajes anteriores a nuestro país, en los cuales obtuvo información acerca de la explotación de dicho rubro en paraguay (...)”.
La elección del rubro de eventos, espectáculos y conciertos con artistas internacionales fue elegida para ocultar ganancias ilícitas obtenidas en el pasado, mediante el narcotráfico y justificar el origen de su patrimonio actual, precisa la imputación.
“Como producto de la mencionada actividad ilícita, Marset obtenía ganancias económicas que ingresaban a sus haberes, generalmente mediante la utilización de casas de cambios, las cuales las introdujo al sistema financiero y económico nacional, mediante compra de bienes, tantos muebles también inmuebles o bien las capitalizaba mediante la constitución de empresas de distintos rubros comerciales o depositaba en cuentas bancarias habilitadas a nombre de terceras personas físicas y jurídicas”, señala la imputación fiscal.
“Este plan de eludir eventuales controles, incluso sería convincente según la actividad oficial de José Insfrán, ya que el citado y Ovidio Javier Rojas Ferreira, ambos representantes documentales de Mastián Productions, del cual se sirvió Marset, serían pastores o representantes de una organización religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento Curuguaty, por lo que podrían inventar con facilidad, haber realizado actividades propias de núcleo religioso”, refiere otra parte de la imputación.
A su vez, otro de los integrantes de la organización, según la Fiscalía, el piloto Gilberto Sandoval, inscribió bienes muebles e inmuebles que no podía justificar a nombre de su esposa Liz Fabiola Taboada Gamarra y de sus suegros Inocencia Gamarra y Mauro Taboada Centurión.

Desde hace un año la Fiscalía sabía de narcos de A Ultranza Py
Desde mayo del año pasado la Fiscalía supo del operativo SMART y de graves indicios contra los principales objetivos narcos de la operación A UltranzaPy consumada este año. El fiscal Lorenzo Lezcano tenía serios indicios contra el uruguayo Sebastián Marset (fugado con su familia), Miguel Insfrán (fugado), el brasileño Lindomar Reges Furtado (fugado), Mauricio Schuartzman (asesinado), Alberto Koube (preso) y Federico Santoro (libre, vinculado al escándalo del avión iraní). Este expediente fue investigado por un policía que sufrió un atentado por parte de brasileños el 25 de abril; 15 días, después el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado presuntamente por orden del PCC. Pecci investigaba el asesinato de Schuartzman.
Por ABC Color
05 de agosto de 2022 


El exjugador del Deportivo Capiatá, el uruguayo Sebastian Enrique Marset Cabrera no se fugó en setiembre del año pasado, cuando apareció en Emiratos Arabes con documentos falsos y quedó preso por algún tiempo. En realidad, Marset y familia huyeron de Paraguay el lunes 7 de junio del año pasado mientras era investigado por el fiscal del Crimen Organizado Lorenzo Lezcano, exministro del interior y exsecretario de inteligencia del gobierno de Horacio Cartes.
Todo indica que tras un reporte de inteligencia del Uruguay, un reducido equipo policial del Comando Tripartito inició investigaciones clasificadas y confidenciales que duraron prácticamente todo el año 2021, con avances periódicos al fiscal Lezcano a quien se pidió abrir una causa penal.

El operativo se llamó SMART (inteligente). Al principio, las investigaciones policiales se mantenían tan confidenciales que ni la cúpula policial conocía el contenido de los reportes; de los mismos sabían solo el jefe de Investigaciones de Alto Paraná, los investigadores policiales y el fiscal Lezcano.
Tras el reporte inicial de inteligencia de Uruguay, iniciaron seguimientos tan completos que los investigadores no tardaron en dibujar las empresas vinculadas, las reuniones, el modus operandi, los lujosos vehículos empleados, los viajes a Bolivia y Panamá que realizaba Marset con frecuencia y sus socios con quienes se reunía a la luz pública en restaurantes, confiterías y shoppings.
 
Entre los nombres que aparecen en la carpeta de investigaciones del operativo SMART figuran el uruguayo Sebastián Marset (su pareja, hijos y hermano, todos prófugos); los investigadores también llegaron hasta Miguel “Tio Rico” Insfrán, del clan Insfrán identificado en la operación A Ultranza Py; el clan Insfrán está prófugo casi en su totalidad. Lograron individualizar como parte de la “cooperativa” de narcos también al brasileño Lindomar Reges Furtado (prófugo, huyó este año mientras la comitiva de la Senad y Fiscalía ingresaba al Paraná Country Club), a Alberto Koube Ayala (hoy día preso tras el operativo A Ultranza Py) y a Federico Santoro (aún libre, sospechado entonces de usar de pantallas dos agencias de viaje para la logística, vinculado a trata de personas
Asesinado en medio de la investigación

Lo más grave del operativo SMART se dio cuando la investigación salió de la confidencialidad del grupo primario de investigadores y los contenidos se filtraron a más personas. Aparentemente, alrededor del 4 de junio, la carpeta de investigación se socializó con más personas, incluida la cúpula de la Policía Nacional y unos días después, los investigadores llegaron a hacer fotos donde se veía a Marset en una confitería recibiendo lo que -se sospecha- pudieron haber sido los pasajes que lo sacaron del país.
Federico Santoro, hoy día apuntado como el dueño de la agencia de turismo que se encargó de la logística de los iraníes en Paraguay, habría sido quien gestionó y entregó los pasajes con los cuales Marset terminó fugándose. Un poco antes, en el mes de abril, según la carpeta A ULTRANZA, del 17 al 21 de abril todo el equipo había estado en Dubai: Marset, Koube y su pareja, José Fernando Darío Estigarribia y Santoro; se habían hospedado todos en un mismo hotel.
El lunes 7 de junio, a las 9:13 horas, Marset y sus familiares salieron del país. Hasta ese entonces, el uruguayo había logrado aterrizar exitosamente en Paraguay y simulaba ser uno más del plantel de fútbol del Deportivo Capiatá, club ligado al tabacalero y diputado cartista Erico Galeano.
Sin embargo, venía de varias condenas y de estar preso, la última de las veces lo habían sorprendido traficando marihuana y cocaína con “Papacho” Viveros Cartes, considerado narcopiloto en la región. El uruguayo ha sido recientemente descripto como el verdadero gerente de la mafia que movía cocaína por la hidrovía; se movía en lujosos vehículos europeos que hacían figurar a nombre de empresas y hacía viajes frecuentes a Bolivia y Panamá.
Marset huyó con toda su familia tras enterarse de las investigaciones en su contra. EL OPERATIVO SMART SE HABÍA FILTRADO y, según fuentes, existen sospechas de que alguien pudo haber cobrado gruesas sumas de dinero supuestamente por parar las indagaciones.
Sin embargo la fuga del uruguayo –considerado la médula de los envíos de cocaína a Europa y países vecinos- no fue lo peor.

Atentado y otro asesinato
 
El domingo 12 de setiembre del año pasado, mientras el operativo SMART seguía su curso, en las narices de los investigadores fue asesinado Mauricio Schuartzman cuando llegaba a su casa de barrio Jara, alrededor de las 23:00. Tenía 52 años y sus fotos aparecen en varios tramos de la carpeta de investigación policial y fiscal a cargo en ese momento de Lorenzo Lezcano. Hasta donde se puede ver, las indagaciones igual siguieron su curso, pero el asesinato de Schuartzman fue asignado a un equipo en el que coincidentemente estaba Lorenzo Lezcano, junto a sus colegas Alicia Sapriza y el asesinado Marcelo Pecci.
Nuestro diario no ha podido confirmar si es que el operativo SMART siguió su curso independientemente de todas las demás indagaciones dentro del Operativo TURF (cuyo objetivo era Lindomar Reges, a pedido de la policía brasileña) y A Ultranza Py. Lo que sí se puede confirmar es que la Policía seguía informando al fiscal Lezcano datos del Operativo SMART, lo que confirma un informe de diciembre del año pasado.
 
El lunes 25 de abril de este año, tres brasileños rociaron a balazos el vehículo donde viajaba el jefe policial investigador del Operativo SMART. La policía confirmó poco después que los brasileños detenidos confesaron quiénes los contrataron y cuánto les pagaron por matar al policía, pero hasta hoy se maneja con hermetismo lo que dijeron.
Una cosa es segura: QUINCE días después del intento de asesinato en Juan León Mallorquín del policía que encabezaba las investigaciones del Operativo SMART, en Colombia asesinaron al Fiscal Marcelo Pecci quien investigaba el asesinato de Mauricio Schuartzman y había abierto indagaciones sobre el caso.
Se abrió causa penal

Desde mayo del año pasado, el fiscal Lorenzo Lezcano –exministro del interior y exministro de inteligencia del gobierno de Horacio Cartes- empezó a recibir informes confidenciales ORIGINADOS en Uruguay sobre “una estructura criminal dedicada presumiblemente al Tráfico Internacional de Drogas, Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos”. El Comando Tripartito solicitó la “apertura de una causa penal” por sospecha de organización criminal para operativizar envíos de droga a Europa y países vecinos. Durante todo el 2021 Lezcano recibió comprometedores indicios: fotos, documentos, nombres, teléfonos, direcciones, testimonios de seguimientos y mapas de inteligencia.
 
Hay fundadas sospechas de que se filtró la investigación al punto que Marset, considerado una especie de gerente de operaciones del tráfico de drogas por la hidrovía, se fugó junto a toda su familia; los indicios apuntan a que se habría pagado por detener la investigación.
Fiscal se contradice sobre por qué paró la investigación

ABC contactó en dos ocasiones con el fiscal del Crimen Organizado, Lorenzo Lezcano, para obtener su versión sobre los reportes del comando Tripartito. En un primer contacto, el agente dijo que la investigación en el marco del operativo SMART paró porque el prófugo Sebastián Marset se fue a Dubái. Contradictoriamente, en la segunda ocasión ya dijo que las tareas pararon cuando ocurrió el asesinato de Mauricio Schwartzman.

Lezcano reconoció que a partir de mayo del año pasado tuvo acceso a los documentos confidenciales y el objetivo solo era detenerle a Sebastián Marset, en virtud a una supuesta orden de captura por homicidio que él tenía en Uruguay.

“Ese era el objetivo y se abrió una carpeta en virtud a ese pedido de informe que vino a través del Comando Tripartito, con el comisario Fernando Ruiz Díaz. Empezamos a recabar información porque nunca llegó la orden de captura que ellos decían que había. Trabajamos mucho porque se empezó a hacer un trabajo de inteligencia. Se llegó a establecer las ligaciones que tenía esta persona acá, entre ellas ya figuraba todo el tema Schwartzman y compañía”, señaló el agente del Ministerio Público.

Lezcano afirmó que se hizo un trabajo de inteligencia y se trabajó directamente con Inteligencia del Ministerio del Interior sobre los datos entregados por el Comando Tripartito. El fiscal afirmó que en setiembre, cuando Schwartzman es acribillado, se enteran que había una investigación mucho más avanzada en la Fiscalía Antinarcóticos, haciendo referencia a “A Ultranza Py”.
“Todita la información se generó a partir de ese informe (del Comando Tripartito) casi calcado a lo que finalmente después tenían la gente de Fiscalía Antinarcóticos. Como te dije el informe de inteligencia se desarrolló a partir del pedido que hizo, creo que Uruguay, eso te va a poder precisar el comisario Ruiz Díaz del Comando Tripartito y a partir de ahí se trabajó sobre ese caso”, reiteró Lezcano.
El representante fiscal señaló que la investigación quedó abierta. Sin embargo, seguidamente dijo: “nuestra investigación empezó a parar cuando nos dimos cuenta que nuestro objetivo principal se fue a Dubái, nos enteramos después de la detención. O sea extraoficialmente la gente de Tripartito ya manejaba que el tipo habría salido del país, pero después, oficialmente luego de la detención en Dubáí en setiembre (del año pasado) que nos enteramos. Migraciones nos confirmó que él (Marset) había salido del país”, señaló.

Al consultársele si fue después del asesinato de Schwartzman (ocurrido el 12 de setiembre de 2021) confirmó que sí y efectivamente Marset era detenido el 28 de setiembre de 2021 por aparentemente contar con pasaporte paraguayo falsificado, dicen los reportes periodísticos. “Nosotros sabíamos perfectamente que Schwartzman tenía cierta ligación, pero sabíamos también que había otra investigación abierta (Al Ultranza) y que estaba mucho más avanzada que la nuestra”, reiteró el agente fiscal.

No se fugó, se fue de viaje
 
En el segundo contacto, el fiscal Lezcano ya habló en otro sentido sobre los informes recibidos del Comando Tripartito. El representante del Ministerio Público afirmó que Marset no se fugó del país sino viajó como lo realizó en otras ocasiones. “Marset no se puede decir que se fugó porque no tenía ninguna orden de captura en el país. El viajó... y en ese viaje no fue la única vez. Del 15 al 22 de abril él (Marset) estuvo en Dubái”, señaló.
En otro momento, Lezcano dijo que los informes remitidos por el Comando Tripartito eran solo un desarrollo de Inteligencia y dicha tarea comenzó a parar cuando muere Mauricio Schwartzman. Según explicó, una vez que se reúnen con sus colegas de antinarcóticos se enteraron que existía una investigación más avanzada en relación a esa estructura.

No había hecho punible

Para el fiscal Lezcano los datos remitidos por los investigadores no pasaron de la fase de inteligencia. “Era un seguimiento, me decían que Santoro, Koube y Marset estaban tomando café en Medialunas Calentitas, después se fueron y se reunieron, después se fue a la práctica (de Capiatá). Pero ahí no hay un hecho punible. Un hecho punible parte a partir de que esta carga cayó, nosotros nos fuimos acá, salió de este depósito. Ahí recién nosotros podemos materializar una orden de detención o lo que sea”, señaló.
 
Al indicársele que los reportes del Uruguay hablaban de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos, reiteró como en la primera entrevista que el pedido original era por un homicidio, pero no existía la orden de detención.

El criminal tiene orden internacional de detención y está prófugo de la Justicia

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió conceder en enero de este año un pasaporte uruguayo al narcotraficante de 31 años Sebastián Enrique Marset Cabrera, quién fue detenido en Dubái por portar un documento paraguayo falsificado, en setiembre pasado, y ahora es buscado por Interpol, informó Búsqueda.
Marset Cabrera inició el trámite desde la cárcel y obtuvo su pasaporte en noviembre. Esa fue una de las razones que antepuso su abogado para pedir que fuera liberado al entender que no suponía un riesgo ni era un delincuente de relevancia si su propio país le autorizaba la documentación. Y lo consiguió.
Sin embargo, luego de quedar libre, autoridades paraguayas le confiscaron bienes de más de US$ 100 millones a una organización criminal -en lo que supuso el mayor operativo del país contra el crimen organizado- de la que la Justicia de ese país lo acusa como uno de los cabecillas. A su vez, la policía uruguaya lo investiga desde 2018, consignó el semanario.

¿Por qué, entonces, Uruguay le tramitó el pasaporte?
 
De acuerdo al artículo 27 del decreto Nº129/014, el pasaporte del narcotraficante fue emitido ya que este no contaba con causas pendientes, procesos judiciales abiertos o una requisitoria a nivel nacional al momento en que inició la tramitación. Es decir, no habían elementos de peso judicial para suspender el proceso.
Según establece la normativa vigente, por más que el narcotraficante estuviera detenido en el exterior o con una causa abierta, eso no le impedía acceder al pasaporte común uruguayo. Fue por esa razón que, tras los controles de las oficinas competentes del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) lo terminó emitiendo el pasado 25 de noviembre y luego remitiendo a la Cancillería para su entrega.
Si Marset Cabrera hubiese tenido una causa pendiente como sucede ahora, que rige sobre él una notificación roja de Interpol, entonces el proceso debería haber sido suspendido por la DNIC. Para este caso, Policía Científica no detectó irregularidades en la ficha del criminal.







0 comentarios:

Publicar un comentario

No ponga reclame, será borrado