martes, 14 de mayo de 2019

Qué dice la Ley antiterrorista?



>>>  Se Aprobó Ley Antiterrorista

(con modificaciones en art 3 y 4) (único voto en contra Rubio de la up)



La Cámara de Senadores aprobó este martes, por unanimidad, el proyecto de ley contra el terrorismo.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo a fines de 2016, fue modificada por la Comisión de Asuntos Internacionales, a pedido de la bancada del Frente Amplio (FA), para darle mayor agilidad a su tratamiento. Los legisladores del oficialismo plantearon que se tenía que aprobar con urgencia, ya que una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encargará de evaluar a Uruguay en materia de cooperación en la lucha contra el terrorismo, arribará al país en los próximos días.



¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

Es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el denominado G-7, actual G-20. Su propósito, es establecer normas que promuevan la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Estos objetivos están codificados en las denominadas Recomendaciones, las cuales recopilan todas las medidas tendientes al cumplimiento de los mismos.



En el año 2016 el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de Ley, altamente punitivo, que modificó el concepto de acto terrorista, llegando a extremos impensados para buena parte de la sociedad uruguaya.

Lisa y llanamente, dicho proyecto propuso definir como ‘terrorista’, toda movilización o acción política que pretenda impedir o cuestionar emprendimientos o acuerdos entre el gobierno y empresas u organismos internacionales. En pocas palabras, bajo un manto de protección antiterrorista, se buscó aumentar el poder y los mecanismos del Estado para criminalizar la protesta.
El martes 7 de mayo del presente año, la Cámara de Senadores votó, por unanimidad, un proyecto de Ley más reducido que el presentado en 2016, manteniendo, sin embargo, una caracterización del concepto de ‘terrorismo’ que permite criminalizar, aún más, las luchas populares.

Bajo la lupa de ‘acciones terroristas’, muchas de las movilizaciones sociales y políticas quedarán sometidas al criterio de un Poder Judicial que determinará si aplica o no el peso de esta nueva ley.


El proyecto consta de once capítulos; los primeros se centran en la persecución y control financiero de las actividades consideradas ‘terroristas’ por la comunidad internacional. En los últimos capítulos se amplía exponencialmente la caracterización de acciones a ser incluidas en dicha tipificación, incorporando modificaciones a las actuales leyes de extradición y habilitando la penalización de actividades que, siendo lícitas, podrían ser interpretadas, desde gobiernos extranjeros, como actos que financian el ‘terrorismo’. En el proyecto de ley se limita aún más las posibilidades de asilo político a quienes se organicen resistiendo, si algún gobierno de turno entiende que esas luchas no se enmarcan en la ‘legalidad actual’. De esta manera se criminaliza la solidaridad entre los pueblos y se profundiza el sometimiento del país a las definiciones de los Estados más poderosos, a sus conflictos armados y a su poder de decidir quiénes son los terroristas.

Por otro parte, este proyecto de ley amplía el actual concepto de “financiamiento al terrorismo”, pudiendo prohibir, por ejemplo, actividades de recolección de fondos (hasta ahora lícitas), que podrían ser consideradas ilegales bajo sospecha de contribuir a la financiación de organizaciones o individuos terroristas. Imaginemos una campaña económica en apoyo al pueblo palestino ¿Qué diría el sionismo y los gobiernos que dependen económicamente del poderío económico de Israel?

¿Quién determinará cuáles son las organizaciones terroristas y cuándo el miedo es ‘relevante’ penalmente?

¿Acaso se puede confiar en las interpretaciones del Poder Judicial acerca de quién es terrorista?

En caso de aprobarse, esta Ley será una herramienta más en manos del Estado para interpretarla según su conveniencia, asegurando los intereses de los poderosos y criminalizando a quienes no soportamos tanta opresión.



Este proyecto de Ley se vota bajo vergonzosas presiones de diferentes organismos internacionales, manipulados por el gobierno de EE.UU. y el sionismo israelí. Todos los países de la región han venido aprobando este tipo de leyes, con la excusa de fortalecer la lucha antiterrorista. Así se fortalece el poder penal del Estado contra quienes no aceptan una paz impuesta, mientras nos roban lo que nos pertenece. Este proceso se desarrolla en un contexto internacional, regional y local, en el que el fascismo asienta sus bases en nuestros territorios, con las fuerzas armadas saliendo de sus cuarteles, instalándose en las calles y tomando los micrófonos de la prensa servil para difundir su mensaje de odio.



Esta ley les dará el aval para que, cuando quieran, puedan utilizarla contra los pueblos que se rebelen ante tanta falta de soberanía y servilismo al imperio.

El año pasado abrimos las fronteras para que el ejército yanqui se instalara en nuestro país; hoy aprueban las leyes basadas en un nuevo plan de imposición, ocupación y sometimiento.

¡Hasta los tiempos de aprobación han sido impuestos!

La votación se ‘cocina’ en medio de un plebiscito donde se propone sacar los militares a las calles y habilitar los allanamientos nocturnos.

Ya ha quedado en evidencia el accionar ilegal del Ministerio del Interior infiltrando, vigilando y reprimiendo a militantes sociales, con total aval del Poder Judicial. Esta ley le dará aún más potestades, bajo el manto de lucha contra el terrorismo; ese será el discurso hegemónico, difundido mil veces y repartido por los medios de comunicación del poder.

Desde hace años diversas organizaciones venimos denunciando que el derecho a la protesta viene siendo limitado, vigilado y criminalizado. Esta Ley es un eslabón más de esa cadena que pretende amordazar a los pueblos. Los



Los antecedentes de los países que han puesto en práctica leyes similares son terribles, pues se ha aplicado en contra de las luchas sociales y sindicales, vulnerando los derechos fundamentales de los detenidos, condenándolos o amenazándolos con sentencias que superan los 15 años de cárcel.

 Por todo ello, llamamos a todas y todos a repudiar esta ley difundiendo su nefasto contenido y los riesgos que conlleva. Una ley más se suma a la actual impunidad reinante. Necesitamos denunciar, organizarnos y resistir








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