La amenaza del TISA

 2 julio, 2015

En el documento, que fue suministrado a nueve medios del mundo entre los que se incluye Brecha, queda claro que los países firmantes deberán otorgar un “tratamiento nacional” a los proveedores de los demás socios del acuerdo en las licitaciones para suministrar servicios en su territorio. Esta cláusula por ejemplo pondría en entredicho una política destinada a preservar cuotas para las pequeñas empresas o cooperativas de proveedores nacionales, así como las eventuales intenciones de discriminar positivamente a determinado tipo de proveedor por parte de los estados, en base a criterios que no sean puramente economicistas. A modo de ejemplo, según La Jornada en México los proveedores nacionales se encargaron del 48 por ciento de las adquisiciones gubernamentales.
El texto del anexo establece que los estados deberán adjudicar la provisión de los servicios a quienes hayan enviado la propuesta con la “oferta más ventajosa” (sin aclarar el alcance de esta expresión) o la que implique el “precio más bajo”, basados solamente en la evaluación de los criterios o la documentación de la oferta. Esta cláusula condiciona o limita la soberanía de los estados para adjudicar sus compras en base a criterios sociales o ambientales, por ejemplo, y los obliga a circunscribirse a criterios puramente económicos (piénsese por ejemplo en aquellos llamados en los que un país se reserva el derecho a proveer servicios atendiendo a razones de equidad y priorizando por ejemplo cuotas de género, discapacidad o étnicas).
La entidad encargada de decidir sobre una licitación pública debe informar “prontamente” la decisión sobre la contratación, aunque en el anexo no se especifica el alcance temporal del término, ni qué consecuencias puede acarrear para el Estado miembro no cumplir con esa ambigua puntualidad. En países con legislaciones nacionales en que exista un procedimiento de revisión, el organismo contratante debe dar a un oferente “una explicación” de por qué la entidad no seleccionó su oferta y las ventajas relativas de los otros proveedores con “suficiente detalle” como para permitir la revisión de la decisión a pedido del oferente perdedor. Con todo, la Unión Europea propone que este anexo opere sin perjuicio de los compromisos suscritos entre los países bajo el acuerdo de contrataciones públicas de la Organización Mundial del Comercio (Omc) o los acuerdos preferenciales basados en el Gatt.
De este modo, siguen conociéndose a través de Wikileaks y de la Internacional de Servicios Públicos (Isp) más documentos que revelan aspectos de un tratado negociado por medio centenar de países, bajo la batuta de Estados Unidos y la Unión Europea, que si bien aboga por procedimientos “transparentes”, se ha venido negociando de modo confidencial y con la idea de ser mantenido en secreto hasta por cinco años después de su entrada en vigencia.
El Tisa cuenta con la participación de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Corea, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía, además de los 28 estados miembros de la Unión Europea y Estados Unidos. China ha solicitado el ingreso a las negociaciones el 30 de setiembre de 2013, pero Estados Unidos se opone. Ningún otro integrante de los Brics (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, además de China) forma parte del Tisa. Uruguay participó por primera vez en las negociaciones en febrero pasado, según documentos de la cancillería. Las conversaciones se llevan a cabo por el momento fuera del ámbito de la Omc. A diferencia de los acuerdos de servicios negociados en el marco del Gatt (hoy Omc), en el Tisa, según admiten documentos elaborados por técnicos del propio gobierno uruguayo, los compromisos se consagran mediante listas negativas, las cuales requieren mayor precisión y recaudos con los sectores que se consignan, ya que lo que no está especificado de modo expreso queda abierto a la competencia.

En junio de 2014, a través de Wikileaks, se conoció el primer documento que revelaba las negociaciones secretas que medio centenar de países mantenían para alcanzar un acuerdo de comercio de servicios, conocido como Tisa. Fue el diario mexicano La Jornada el que publicó el anexo donde los países, bajo el liderazgo esencial de Estados Unidos, discutían cómo liberalizar los servicios financieros, sin descartar incluso restringir las capacidades de los bancos centrales. Esta semana la Ong filtró 17 archivos a distintos medios de Europa y América Latina, en los que, entre otras cosas, se establece la intención de lograr que los proveedores de todos los socios del tratado reciban “trato nacional” en cada uno de los territorios. Los textos son complejos y crípticos, pero no ocultan la filosofía del acuerdo. Por un lado, erosionar la capacidad de los estados nacionales para fijar sus propias reglas, y por otro, so pretexto de promover el comercio internacional, flexibilizar las barreras de entrada para las grandes corporaciones de los servicios, los niños mimados del capitalismo global.
A través de la asociación con Wikileaks, Brecha pudo analizar un documento (del 25 de enero de 2015)2 en el que se manifiesta claramente lo que está en juego, y la agresividad comercial con que los países o los bloques más influyentes encaran las negociaciones. El texto elaborado por los negociadores de la Unión Europea –en una de las rondas del Tisa– expone las solicitudes de acuerdos que le plantearon a Turquía, otra de las partes. Los autores hacen una suerte de inventario de las fortalezas y debilidades de la negociación con ese país, y también dejan en evidencia sus “blancos”.
El texto es largo, pero en las siguientes líneas ofrecemos algunos pasajes ilustrativos de cómo se negocia en las grandes ligas. Los fragmentos pueden ser elocuentes para ilustrar la estrategia de un bloque o país más fuerte para planificar la perforación de las normas, controles y medidas proteccionistas de un país de desarrollo medio, categoría en la que suele inscribirse tanto a Turquía como a Uruguay.
LOS INTERESES
• La UE, según dan cuenta sus negociadores, tiene interés en vender servicios “al menos” en los rubros de “transporte, distribución, logística, telecomunicaciones, ambiente y movimiento de personas físicas” (Modo 4, servicios profesionales y otros).
• Turquía manifiesta interés en vender servicios de transporte carretero y también del Modo 4.
• Los negociadores europeos describen una condición que presenta Turquía, como si adelantaran una posible traba a las inversiones previstas: en ese país existe legislación tendiente a evaluar que las inversiones que vienen del exterior “beneficien su desarrollo económico”.
Se refieren así a la intención natural del país emergente de controlar el tipo de inversión que llega a su país.
• La UE deja asentado que su objetivo es “remover” este tipo de “limitaciones”. Los “operadores (de servicios) de la UE se pueden beneficiar de la remoción o disminución a las restricciones de propiedad”. La referencia parece apuntar hacia una de las líneas de trabajo del Tisa, que propone quitar restricciones a la participación de las empresas extranjeras en los servicios públicos de otro Estado parte.
• Los negociadores de la UE se cubren y son conscientes de los resquemores que puede despertar una suerte de arreglo bilateral (como el que exploran en esta conversación) entre el bloque europeo y Turquía: “el hecho de que un asunto de interés bilateral sea discutido en Ginebra (donde se realizan las conversaciones del Tisa) puede herir la sensibilidad de un número de estados miembros”.
EL CORREO
Los intereses “ofensivos” (la expresión es usual en este tipo de negocios) de la UE quedan de manifiesto en el área de los servicios postales, de gran tradición en el viejo continente.
• La UE tiene “fuerte interés ofensivo” en este sector y establece que Turquía “es un mercado importante para las compañías (de correos) de la UE que están activas”.
• Pero los autores de este texto estratégico también son conscientes de las malas noticias: la existencia de ciertas barreras turcas proteccionistas. “La nueva legislación” (turca) y la obligación para los privados que ingresen a ese país de “contribuir” a un fondo estatal destinado a subsidiar el “servicio postal universal” (el paquete mínimo más barato para toda la población turca), pueden resultar en “una pérdida de ingresos para nuestros operadores” (los europeos). Y sueltan una queja, en referencia al 2 por ciento de las ganancias netas que los courier express extranjeros que operen en Turquía deben volcar a ese fondo. “Encontramos injustificado que las compañías proveedoras de servicios exprés tengan que contribuir a financiar el servicio postal universal (…). Nos gustaría alinear la legislación postal de Turquía con la de la UE.” Los redactores confían en la flexibilidad turca.
LA TELEFONÍA
En el sector telefónico también hay algunos conceptos ilustrativos.
• La UE, sin rodeos, establece que Turquía es un “mercado clave” para las compañías telefónicas, y que “Vodafone ya tiene una presencia importante” en el mercado de la telefonía móvil.
Es necesario hacer aquí un paréntesis, porque se trata de un actor con un importante historial. El grupo de origen británico Vodafone es el segundo operador de telefonía móvil, fija y de Adsl del mundo, detrás de China Mobile. Tiene 440 millones de clientes, pero también es una corporación que suele estar en boca de mucha gente. A fines de 2010 fue objeto de un aluvión de demandas de sus clientes australianos, que alegaron malos servicios e insuficiencias técnicas graves. Las molestias le hicieron ganar el mote de “Vodafail” (Vodafalla). Asimismo, Vodafone fue acusada de haber apagado todos los servicios de voz y de datos durante la revolución egipcia de 2011, a pedido de Mubarak. En 2013 el espía informático Edward Snowden reveló que Vodafone y otros socios colaboran con la agencia de inteligencia británica Gchq y le dieron entrada a su red de cables de comunicación submarinos, así como datos sobre llamadas, e-mails y accesos a las cuentas de Facebook de sus clientes.
• En el documento analizado por Brecha, los relatores europeos confiesan que es necesario obtener más información sobre los permisos para proveer servicios satelitales en Turquía, sobre todo a partir de “rol dual” del Turksat (un programa turco de lanzamiento de satélites que promete abaratar los costos en telefonía, datos y televisión satelitales): una “suerte de regulador pero también de jugador de mercado al mismo tiempo”.
1.     Traducción y comentarios: Daniel Gatti y Rosario Touriño.
2.     El documento confidencial, redactado por los negociadores de la UE, es un tipo de texto conocido como “Negociaciones para el acceso a los mercados”. Expone parte de las conversaciones privadas. Fue generado poco antes de la 11ª ronda de las negociaciones del Tisa, desarrolladas del 9 al 13 de febrero de 2015 en Ginebra.

La ironía de la transparencia

Entre los documentos desclasificados el miércoles 3 por Wikileaks hay una decena de anexos sobre los diferentes rubros involucrados en el Tisa (buena parte de ellos ya habían sido difundidos en Uruguay por La Diaria y la Red de Economistas de Izquierda, Rediu). En el Tisa se podrían regular de modo supranacional servicios de transporte, telecomunicaciones, financieros, profesionales, e incluso de salud o de agua. Un análisis de enero de este año de Wikileaks dedicado al capítulo “Transparencia” establece que “hay una profunda ironía” cuando los gobiernos se comprometen a respetarla en “tratados proempresariales contemporáneos que son negociados en condiciones de extraordinario secreto”. Según la Ong, el Tisa es uno de los ejemplos “más extremos”, porque las partes se comprometieron a mantener las negociaciones en reserva hasta por cinco años después de que el tratado cobre fuerza obligatoria.
En el análisis se cuenta que en el Tisa se establecen “obligaciones” cada vez mayores para los estados, mucho más allá de los requerimientos del Gatt (el acuerdo de servicios alcanzado en la Omc en 1995), tanto en su contenido como en los derechos que se les debe acordar a las empresas privadas. A modo de ejemplo, en el capítulo sobre “transparencia” se plantea que un gobierno antes de adoptar cualquier “medida” debe comunicarla con antelación, “con una oportunidad razonable”, a las “personas interesadas” (y también justificar previamente a las partes las razones por las que se implementa). “Esto añade más oportunidades para influir en los gobiernos y lanzar campañas de lobby”, advierten los analistas de Wikileaks. Ello incluye a las medidas de tipo social, laboral o ambiental que un Estado pretenda aplicar (a modo de ejemplo, piénsese en la demanda que Philip Morris le entabló a Uruguay). En el Tisa también se busca que el otorgamiento de las licencias para operar a los proveedores de otro país se haga con criterios “transparentes” y “objetivos”, con la ambigüedad típica que suele exponer a los estados más débiles a singulares tribunales internacionales.

DOCUMENTOS:
TiSA Annex on Electronic Commerce
TiSA Annex on Maritime
TiSA Annex on Movement of Natural Persons
TiSA Annex on Professional Services
TiSA Annex on Telecommunication Services
TiSA Financial Services Negotiating Text
TiSA Transparency Negotiating Text
TiSA Transparency Negotiating Text (previous)
TiSA Market Access – Israel
TiSA Market Access – Turkey
TiSA Cover Note TPC (EU reservations)
TiSA Japan Analysis of Committed Related Provisions
TiSA Japan Separate From And Accountable
TiSA Annex on Domestic Regulation
TiSA Annex on Competitive Delivery Services
TiSA Air Transport Negotiating Text

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Las 10 amenazas del tratado secreto de servicios TISA que fraguan 50 países. 
  2 jul 2015

El acuerdo internacional sobre el comercio de servicios (TISA, por sus siglas en inglés), que se está 'cocinando' entre medio centenar de países, ha quedado en evidencia gracias a WikiLeaks como un arma de las multinacionales para retomar el control financiero a nivel global, como hasta 2007, antes de la crisis mundial que sigue afectando a la economía. Estas son las 10 principales amenazas que el TISA plantea para el sistema actual.
El investigador Ben Beachy, que trabaja para el observatorio ciudadano sobre la globalización del comercio internacional 'Public Citizen Global Trade Watch', con sede en Washington, ha elaborado un completo informe, publicado por WikiLeaks, en el que pasa revista a las diez mayores amenazas que representa el TISA:

1. Restringir las medidas equitativas para minimizar riesgos financieros

Las reglas de "total acceso al mercado" que impone el TISA se contraponen a todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican de manera simétrica a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas deja a los gobiernos vulnerables ante demandas de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales, simplemente por intentar limitar los arriesgadísimos derivados que, precisamente, generaron la anterior crisis global.

2. Permitir el tráfico de datos sensibles de los consumidores

Aunque los gobiernos se preocupan cada vez más por la sustracción y el mal uso de datos personales, como en el caso de los escándalos del espionaje político e industrial de comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TISA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores más allá de sus países, dándoles la opción de almacenarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones tributarias o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos.
Estas cláusulas del TISA estarían también violando y contraviniendo las actuales leyes de protección de datos de la Unión Europea y de muchos otros países firmantes del tratado, como recuerda el diario Público.es.

3. Forzar a los gobiernos a anticipar todas sus futuras regulaciones

El TISA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si "inadvertidamente modifican las condiciones de competencia" en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales, y obliga a los gobiernos a cumplir la casi imposible tarea de predecir todas las posibles regulaciones financieras.

4. Prohibir indefinidamente cualquier nueva regulación financiera

Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que, de alguna forma, limiten la desregulación absoluta establecida por el TISA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a las normas que ya están en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de 'trinquete' ('ratchet', en inglés) por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberalización de productos financieros.

5. Prohibir los controles de capital dirigidos a paliar la crisis

Tras el colapso de 2008 surgió un consenso internacional entre los economistas acerca de la necesidad de mitigar la crisis con controles de capital, que no son otra cosa que regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo de alto flujo hacia o desde un país, a fin de impedir la especulación a gran escala. Hasta el FMI, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la Recesión Global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales.

6. Exigir la implementación de productos financieros aun no existentes

Los estados suscritos al TISA sólo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros, como los CDS o CDO, cuya falta de regulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en EE.UU., si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Todos esos inventos financieros, desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos, solo demuestran ser dañinos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas.

7. Aceptar las reglas financieras vigentes en otros países

El TISA pretende que las multinacionales financieras queden exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen (por ejemplo, EE.UU.), un proceso conocido como 'recognition' o reconocimiento.

8. Permitir a las corporaciones el bloqueo de nuevas regulaciones

El Anexo de Servicios Financieros del TISA contiene una cláusula que prevé que los gobiernos publiquen de antemano los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor, dando pie a las multinacionales a desplegar su arsenal de lobbies y burós de abogados para evitar su aplicación.

9. Prohibir las preferencias bancarias nacionales para los contribuyentes

Los gobiernos firmantes no podrán establecer preferencias para instituciones bancarias o compañías de sus propios países, ni siquiera con la intención de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar su disponibilidad y rentabilidad.

10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones

El lenguaje adoptado por el TISA en cuanto a las "medidas prudenciales" adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones.
En resumidas cuentas, estas cláusulas harían que los Estados queden desarmados e impotentes frente al poder ilimitado de las compañías financieras internacionales.

CARLOS ENRIQUE BAYO

@tableroglobal

Las leyes económicas que los Estados aprueben en el futuro vendrán impuestas por acuerdos secretos entre medio centenar de gobiernos aliados de EEUU y de la UE, sin que parlamentarios ni ciudadanos conozcan los verdaderos motivos por los que se legisla a favor de las grandes corporaciones multinacionales incluso cuando se está perjudicando los intereses públicos.

Ésa es, al menos, la intención de los 50 gobiernos que negocian en absoluto secreto el Trade in Services Agreement (TiSA o Acuerdo de Comercio de Servicios), un pacto internacional en el que participan los 28 países de la UE pero de cuyo contenido sólo se han enterado los eurodiputados del Parlamento Europeo gracias a la filtración de Wikileaks, que Público tiene en exclusiva para España y en la que colaboran medios de otros nueve países. El pasado 3 de junio, nuestro diario reveló la existencia y gran parte de los anexos de esta verdadera alianza neoliberal planetaria: un acuerdo todavía más antidemocrático y neoliberal que el transatlántico TTIP y que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

Ahora, Público facilita a sus lectores el contenido del Core Text del TiSA, es decir el cuerpo central de ese pacto internacional secreto, en colaboración con los otros doce medios asociados con Wikileaks en esta exclusiva mundial: The Saturday Paper (Australia), Libération (Francia), Mediapart (Francia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Ethnos (Grecia), Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Dagens Næringsliv (Noruega), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

El TiSA restringe la capacidad del Gobierno para moldear el mercado

Es en el mismo Preámbulo del cuerpo central del TiSA, en el punto 3 del Artículo I-I sobre el Alcance de las Disposiciones Generales, donde se estipula: "En el cumplimiento de las obligaciones y compromisos bajo el Acuerdo, cada partícipe [país firmante del acuerdo] debe adoptar todas las medidas razonables a su disposición para asegurar su cumplimiento por los gobiernos regionales y locales y por las autoridades y organismos no gubernamentales dentro de su territorio".

Es decir, que los Estados implicados tendrán que legislar, e imponer reglas y normativas ejecutivas –puesto que es la única manera de obligar al cumplimiento de esas disposiciones a los organismos, entidades y empresas no gubernamentales– en aplicación de unas cláusulas negociadas en secreto y cuyo contenido se pretende mantener oculto a la ciudadanía y representantes electos mientras están en vigor. Una situación orwelliana que sólo tiene parangón en el secretismo normativo de la Inquisición.

Porque, como explica la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland, Jane Kelsey, "las reglas centrales del acceso a los mercados [establecidas por el TiSA] restringen la capacidad de los gobiernos para moldear esos mercados limitando el tamaño o el crecimiento de determinadas actividades, tales como bancos, franquicias turísticas o hipermercados, tanto a nivel nacional como local, y tanto si son de propiedad nacional como extranjera".

Los proveedores de servicios no precisarán tener conexión ninguna con las personas o comunidades que dependen de ellos, ni compromiso o responsabilidad a largo plazo con esos países

En este cuerpo central del TiSA es donde se establecen las restricciones más extremas a la acción de los gobiernos de cada país firmante, porque el acuerdo secreto trata todos los servicios como mercancías comercializables y niega todas sus funciones sociales, culturales, mediambientales, laborales o de desarrollo. La gente no es considerada como ciudadanos o miembros de sus comunidades, sino simplemente como "consumidores".

Así que los proveedores de esos servicios –públicos o privados– no precisan tener conexión alguna con las personas o las comunidades que dependen de esos servicios, puesto que pueden "suministrarse" desde otros países, por un visitante temporal o a través de compañías extranjeras que establezcan una presencia local pero cuya prioridad sea la de obtener beneficios económicos a los accionistas foráneos. Ninguno de esos proveedores tendrá ningún compromiso ni responsabilidad a largo plazo con el país que consume dichos servicios.
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Así que los gobiernos que negocian el TiSA en secreto se disponen a renunciar a su derecho soberano de dar preferencia a los proveedores locales de servicios estratégicos o de necesidad pública, como la educación, la sanidad, las telecomunicaciones, la energía o los abastecimientos urbanos, igual que renunciarán al poder de limitar la inversión extranjera en sectores clave o de requerir mayorías nacionales en los consejos de administración y en los accionariados de los sectores de los que dependa la seguridad nacional.
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TiSA barre de golpe con todos los derechos soberanos de los gobiernos , pues limita el empleo y alcance de todas las herramientas legales a su disposición, como leyes, regulaciones, reglamentos, procedimientos, decretos, decisiones administrativas

El conjunto de las normativas que se están negociando secretamente en el marco del TiSA barre de golpe con todos los derechos soberanos de los gobiernos en cuanto al crucial comercio de servicios, pues limita el empleo y alcance de prácticamente todas las herramientas legales a disposición del Ejecutivo, como leyes, regulaciones, reglamentos, procedimientos, decretos, decisiones administrativas y cualesquiera otra forma de regular el mercado.

Igualmente, las cláusulas secretas del TiSA se aplicarán a cualquier tipo de medida que afecte al "comercio" de un servicio, público o privado, incluso si lo hace indirectamente, por ejemplo estableciendo normas de pago o de distribución, o si lo regula con objetivos medioambientales o incluso si lo que pretende es proteger a la población con restricciones a la venta de productos insalubres.

Cualquier monopolio público o privado, como un servicio de Correos o una coordinadora estatal de comercialización y distribución agrícola, puede ser desafiada por corporaciones extranjeras que disputen incluso su derecho a ofrecer servicios no monopolísticos, aduciendo que se sirve de su ventaja inicial. Y las cláusulas que permiten excepciones que deberían proteger de ese asalto multinacional la salud pública o el medioambiente, por ejemplo, siempre dependen de los tribunales de arbitraje que benefician a las empresas y ya se han mostrado ineficaces como salvaguardas en el marco de la Organización Mundial del Comercio: sólo han prosperado plenamente en una de las más de 40 disputas dirimidas por esos motivos.

En definitiva, el TiSA nos promete un futuro en el que todas las leyes y normas que regirán los servicios públicos y privados estarán impuestas por los pactos internacionales en beneficio de las grandes multinacionales... que estarán ocultos a la ciudadanía. La distopía del 1984 de Orwell será una realidad.
 

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Mensaje del Encargado de Negocios, Bradley Freden, con motivo del 239 Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos de América 

En el marco de la celebración por el 239 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el encargado de negocios de la embajada en Uruguay, Bradley Freden, consideró que el acuerdo es ventajoso para Uruguay.

"Nosotros hemos apoyado a Uruguay en la entrada del TISA. Apoyamos a Uruguay a participar en la negociación", dijo Freden.

Durante la conferencia, el diplomático también describió las ventajas comerciales de integrar el acuerdo.

En particular, destacó que "los servicios son una parte muy importante del comercio internacional", y apuntó que Estados Unidos compra 40% de las exportaciones uruguayas del área informática. "Para nosotros el sector de servicios es una parte muy importante del comercio internacional y yo creo que Uruguay tiene ciertas ventajas en estas áreas como tecnología e informática que puede beneficiarlo mucho", sostuvo.

Más allá de la posición de Estados Unidos, Fraden advirtió que el gobierno uruguayo deberá tomar una resolución sobre el tema.

"Uruguay tiene un puesto en la mesa pero la negociación ahora está completamente en manos de Uruguay sobre qué quieren negociar, qué no quieren negociar, cuáles son los beneficios y los riesgos", sostuvo.

La tradicional celebración estuvo marcada por la ausencia de la primera línea del gobierno. Concurrieron los subsecretarios José Luis Cancela (Cancillería), Jorge Menéndez (Defensa), Julio Baraibar (Trabajo), y la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier.

 

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