EDUARDO BARRENECHE04 jul 2015
"Este expediente desnuda las vulnerabilidades
del sistema de registro de armas. En el contexto de la nueva ley de
armas, este sistema deberá mejorar", dijo a El País el juez del caso,
Gabriel Ohanián.
El "almacén", que usaban padre e hijo como pantalla,
era una parrillada en el barrio Colón. El negocio funcionó sobre ruedas
durante dos años: las armas eran compradas en armerías con el carnet del
retirado militar de 79 años, y su hijo, de 42, las pagaba.
Sin embargo, en noviembre del año pasado comenzaron los
problemas. Se suscitó un tiroteo entre vecinos en la jurisdicción de la
Seccional 17 (Mendoza). Uno de los protagonistas del incidente huyó y
tiró su arma detrás de un muro de la casa. Los policías, que lo seguían
de cerca, la incautaron. El arma estaba registrada a nombre del retirado
militar.
En enero de este año, dos individuos rapiñaron una
panadería en jurisdicción de la Seccional 16 (Maroñas), y huyeron en una
moto.
A pocas cuadras fueron detenidos por efectivos de la
Zona III. Los policías decomisaron una pistola usada en el atraco. En el
registro de armas de la Policía Científica, aparece otra vez el nombre
del retirado militar.
El tercer caso en que también se encontró un arma del
exmilitar fue más grave. El 15 de marzo de este año, Nicolás G.
circulaba en un auto con tres secuaces por el barrio Peñarol. Dos
individuos, que iban en una moto, les dispararon. Nicolás G. recibió
varios impactos de bala. Los cómplices del herido lo llevaron hasta la
emergencia del Hospital Policial y dijeron: "Lo tirotearon. Lo
encontramos caído en la calle".
Nicolás G. murió poco después de ingresar al centro
asistencial. Minutos más tarde, los cómplices se dirigieron hacia la
casa de la madre del muerto. "Señora, hirieron a su hijo. Está en el
Hospital Policial", dijo uno. Otro sujeto agarró el arma de Nicolás G. y
la tiró en el patio de la casa.
Efectivos policiales que concurrieron a la finca a entrevistar a la mujer, registraron el patio y encontraron el arma de fuego.
El caso comenzó a ser investigado por efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial.
A nivel judicial, el expediente pasó a la órbita del
juez penal de 19° Turno, Gabriel Ohanian, y al fiscal de 9° Turno,
Enrique Rodríguez.
Arsenal.
El jueves 2, efectivos de la Dirección de
Inteligencia Policial efectuaron un allanamiento en la casa del ex
militar. Allí encontraron 41 armas: escopetas, revólveres y pistolas
automáticas.
En el procedimiento fueron detenidos el retirado castrense y también su hijo.
"Es evidente que las armas no eran de colección. Se trataba de un arsenal importante", dijo a El País una fuente del caso.
El retirado declaró en sede judicial que, si la
Policía realiza allanamientos en otras casas de exmilitares, se va a
encontrar con arsenales iguales o más grandes que el suyo.
"También percibirá que a ellos les podría faltar
algunas armas", agregó en alusión a que conocía a exfuncionarios
castrenses que vendían armas a delincuentes.
En el Juzgado de 19° Turno quedó probado que el hijo
del exmilitar vendía personalmente las armas a rapiñeros que había
conocido en la zona de Colón.
El detenido alegó que había entregado las armas a Nicolás G. y a otros delincuentes porque fue obligado.
"Yo le debía plata a Nicolás G. Por eso me obligó a entregarle armas de mi padre a él y a otras personas", testificó.
El hijo del exmilitar, cuyas iniciales son J.E.M.M.,
fue procesado con prisión por el artículo 9 de la Ley 19.247 (Tráfico
interno de armas).
El retirado militar también fue procesado por el mismo delito pero sin prisión. Para la Policía, el caso está cerrado.
Bandas brasileñas usan armas uruguayas.
En la mañana del 14 de abril de este año, equipos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial (Dniip) detuvieron a tres policías subalternos y a un comerciante en Rivera.
A pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, el juez
especializado Néstor Valetti procesó con prisión a dos agentes por un
delito continuado de tráfico internacional de armas a título de dolo
eventual. El comerciante y otro policía quedaron en libertad.
Durante las investigaciones, la Policía uruguaya
detectó que los funcionarios remitidos traficaron a Brasil unas 300
armas nuevas entre 2013 y lo que va de 2015.
Las pistolas 9 milímetros y fusiles ametralladora
eran adquiridas en armerías en forma legal y luego contrabandeadas hacia
Brasil por Rivera. Las bandas que compraban las pistolas y fusiles
—se sospecha que una es el poderoso grupo narco Comando Vermelho— las
utilizaban luego en hechos delictivos.
20.000 proyectiles para ametralladora de los aviones Pilatus que la Fuerza Aérea tiene en la base de Durazno. Horas después, tras iniciar una investigación en el lugar, el subsecretario de Defensa Nacional Jorge Menéndez confirmó el hecho y precisó que eran 18.000 las municiones robadas entre diciembre de 2014 y marzo de este año.
La denuncia dio paso a una intervención del juzgado de
Crimen Organizado al frente del cual se encuentra la jueza Adriana de
los Santos y donde actúa como fiscal Juan Gómez.
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