Procesaron con prisión al capitán retirado Ramón Larrosa por torturas en el Batallón de Infantería N° 8 de Paysandú en 1974
6 octubre 2021
En conferencia de prensa, Hermes Pastorini informó que la justicia procesó con prisión a un militar que fue denunciado por violación de los Derechos Humanos y torturas en la última dictadura, hechos ocurridos sobre su persona en el batallón de Paysandú. Pastorini realizó la denuncia hace diez años contra varios militares y luego de varias instancias se llega a este fallo en primera instancia. Hermes Pastorini dijo que continuará luchando por la defensa de los Derechos Humanos, y que él puede contar su historia, pero “hay una cantidad de personas que no lo pudieron contar”. Por su parte el Dr. Enrique Malel indicó que el militar fue procesado con prisión, pero seguramente por su edad solicitará prisión domiciliaria, o sea “va a tener todos los recursos, recursos que él no dio a los detenidos en su momento, de los cuales Pastorini es uno de los ejemplos vivientes”. Malel dijo que el militar retirado procesado es Ramón Larrosa y el proceso judicial continuará y seguramente terminará en con un fallo final de la Suprema Corte de Justicia.
La Justicia lo procesó por los delitos de abuso de autoridad, lesiones graves y privación de libertad contra el sindicalista Hermes Pastorini.
La Diaria
La Justicia procesó con prisión al capitán retirado Ramón Larrosa por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad en calidad de coautor.
En una conferencia de prensa realizada en el club Social Sanducero, el abogado Enrique Malel y la víctima de los delitos, el sindicalista Hermes Pastorini, informaron el procesamiento con prisión del capitán retirado por delitos de lesa humanidad.
Según informó Malel, un testigo fue fundamental para llegar a esta instancia porque mostró que había “un grupo de tortura organizado”. “Ese hombre hablaba de lo que le pasó él y a otros compañeros” afirmó el abogado.
Visiblemente emocionado, Conejo Pastorini indicó que a diez años de realizada la denuncia, “después de mucho tiempo de maniobras que hicieron con tal de no ser juzgados”, “hoy podemos decir que se reconoció una vez más que hubo torturas, un hecho de los tantos de violación de los derechos humanos”.
“No es una satisfacción que uno pueda tener, es estar conforme con uno mismo, el compromiso de seguir luchando por los derechos humanos y para que haya verdad y justicia en este país”, afirmó.
La primera denuncia sobre el caso, realizada en 1986, fue archivada por la Ley de Caducidad. La investigación se retomó en 2011, cuando se aprobó la ley de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado.
“Yo lo puedo contar, pero hay una cantidad que no lo pueden contar”, expresó el denunciante, quien agregó que “en la medida que haya verdad y justicia vamos a recuperar la confianza en la democracia”, que “es débil mientras se ocultan cosas”.
El abogado hizo hincapié en que desde 1968 el derecho internacional reconoce que los delitos de lesa humanidad no prescriben, concepto derivado desde el tribunal de Nüremberg, que juzgó los delitos del nazismo.
“Cuando los militares son denunciados, inmediatamente presentan la inconstitucionalidad de todas las leyes. Después, cuando la corte les dice que no, presentan la prescripción de todos los delitos, entonces en ese interín va el expediente al tribunal de apelaciones y vuelve. En este caso se quería plantear una tercera inconstitucionalidad, y en el juzgado les dijeron que no”, comentó el abogado, quien reconoció la actuación del juzgado y el trabajo de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad que permitió el avance de la causa.
Malel explicó que el ahora procesado era el enlace de inteligencia (S2), por lo que conducía los interrogatorios y los apremios físicos y destacó la declaración del procesado, que “en parte contribuyó a esta situación” al plantear que era imposible que una persona estuviera 12 días bajo tortura sin que tomara conocimiento el S2.
El abogado rebatió los argumentos de la defensa del procesado y señaló que se planteó que no existía una certificación médica. “Una ridiculez ¿Alguien puede decirme cómo en aquel momento podíamos llevar un certificado médico?“, comentó.
La defensa del militar anunció que apelará la resolución de primera instancia sobre la prisión preventiva y pedirá prisión domiciliaria para el indagado. Se estima que hasta que quede firme la sentencia podrían pasar unos dos años, o un poco más.
Pastorini fue sindicalista textil de Paylana y en el Congreso Obrero textil. El 14 de mayo de 1974 fue detenido y conducido al Batallón de Infantería N° 8, “Leandro Gómez”, donde fue torturado durante 12 días. Luego fue trasladado a Salto y posteriormente al penal de Libertad, donde permaneció detenido hasta 1980.
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