MDN declaró reservadas actas de Tribunal de Honor a Armando Méndez
El Ministerio de Defensa declaró reservadas por 15 años las actuaciones de un Tribunal de Honor al que fue sometido años atrás el teniente coronel retirado Armando Méndez, que el jueves pasado fue procesado con prisión por el asesinato de Gerardo Alter, ocurrido en agosto de 1973.
La declaración de reserva, fechada el 17 de setiembre, se hizo a raíz de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Javier García, explicó que se dispuso la reserva porque el Tribunal de Honor versaba sobre cuestiones personales de carácter comercial que nada tienen que ver con violaciones a los Derechos Humanos.
>>> Qué es lo que "reserva" García?
El "Goyo" y el "Operativo Conserva"
LR21 15 de julio de 2007
El Comargen fue uno de los frigoríficos que se benefició con la defraudación del «Operativo Conserva», uno de los delitos económicos cometidos por el gobierno de la dictadura cívico militar.
En 1982, en pleno gobierno del dictador y ex jefe del Ejército Gregorio «Goyo» Alvarez, el Ministerio de Ganadería firmó un contrato con la empresa Inversur Trading Company, a través del cual se comprometía a exportar carne vacuna a Argentina, elaborar corned beef en el vecino país, vender el producto y prestar «servicios especiales» por parte de la empresa privada.
El representante de Inversur, José María Alori, era director del Frigorífico y Matadero Carrasco, del cual además era director el ex vicepresidente de la República Enrique Tarigo mientras que desempeñaba tareas Rosario Flores, esposa del dictador.
El acuerdo establecía que el precio final de adquisición del corned beef, por parte del Estado uruguayo, era superior al que se obtenía en su colocación, beneficiándose de esta forma los frigoríficos, entre ellos el Comargen. Además se obligaba a nuestro país a pagar los costos de la operación y a comprar la producción.
El Operativo Conserva llevó a que el Ministerio de Ganadería obtuviera el corned beef un 25% más caro del precio internacional, adquiriendo de esta forma una deuda con el Bank of América de 15 millones de dólares. La conserva fue reexportada por Alori, que ganó unos 700 mil dólares más las comisiones que pagó INAC por la venta. Por su parte, el gobierno de facto compró la cartera de deudores incobrables del Bank of América por unos 10 millones de dólares, además de pedirle un préstamo por 27,3 millones de la moneda americana. El Operativo Conserva supuso una pérdida de unos 12 millones de dólares para el Estado uruguayo. *
28/12/2016
El otro crimen impune de Gregorio Álvarez
La muerte del dictador este miércoles 28 también consagra la impunidad de uno de los principales delitos económicos de la dictadura, el Operativo Conserva.
La serie de crímenes de lesa humanidad que perpetró Álvarez ha sido reiteradamente enunciada en los últimos años, y por algunos de ellos ha sido perseguido y
procesado por la Justicia ordinaria de la democracia junto a otros represores.
Sin embargo, los ilícitos económicos que se cometieron en ese mismo período nunca se persiguieron, a pesar de que estuvieron explícitamente excluidos de la
impunidad consagrada por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del EstadoLa siguiente es la descripción del famoso “Operativo Conserva” incluida en el capítulo “La impunidad de los delitos económicos de la dictadura uruguaya” del libro “
El negocio del terrorismo de Estado”.
Otro delito económico denunciado tanto en el Parlamento como en la prensa y nunca castigado fue el denominado Operativo Conserva, que involucró directamente al exdictador Gregorio Álvarez y a su esposa Rosario Flores de Álvarez, quien integraba el directorio de varias industrias frigoríficas beneficiadas por la millonaria maniobra. Según los detalles de la operación (Carrió, 1987) ésta básicamente consistió en la exportación de carne vacuna uruguaya a Argentina para fabricar corned beef y luego traerlo de regreso al país como conserva para exportarlo. Esta maniobra se realizó, además, en medio de una operación para la reestructuración de la industria frigorífica, que comenzó con el cierre del estatal Frigorífico Nacional, el ente testigo en la materia, con un consiguiente aumento de la ganancia de la industria frigorífica privada.
En concreto, el Operativo Conserva se llevó adelante luego de la firma de un convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca encabezado por Carlos Mattos Moglia e Inversur Trading Company, empresa representada por José María Alori, un empresario vinculado a la industria frigorífica y a la banca. El trámite tuvo que ser confirmado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), presidido en aquel momento por el mayor Armando Méndez, un oficial de la Armada conocido por su afición a la represión ilegal pero no a la corrupción financiera.
Méndez elaboró un informe contrario a la Operación Conserva en el que señala un número de aspectos irregulares: los argumentos de la empresa para fundamentar el negocio son inexactos, la empresa no tiene antecedentes en el negocio, el precio de adquisición del corned beef por parte del Estado es mayor que el precio de mercado, entre otros. Esta postura determinó que Méndez fuera removido por el dictador Álvarez, luego de lo cual la maniobra pudo concretarse (Ibíd: 75).
Alori era además miembro del directorio del Frigorífico Carrasco, que tenía como abogado a Enrique Tarigo, quien sería el vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. También tenía vínculos con los bancos, La Caja Obrera y Pan de Azúcar, dos instituciones financieras que años más tarde darían quiebra y serían rescatadas por el estado democrático. Al final de cuentas, el Operativo Conserva benefició a varios frigoríficos mientras que el estado uruguayo perdió con este operativo unos 12 millones de dólares, mientras que INVERSUR ganó más de 688 mil dólares, a lo que hay que sumar comisiones cobradas al INAC por la venta del corned beef.
El Estado también tuvo que hacer frente a una deuda de 15 millones de dólares, por un préstamo pedido al Bank of America que había financiado la operación. El asunto fue tratado en diversas ocasiones por los senadores de la primera legislatura posterior a la dictadura, entre 1985 y 1990, siempre a instancias de la oposición. El tratamiento del tema consta en los diarios de sesiones de los días 4 de junio de 1985, 13 de agosto de 1986, 23 de julio de 1987 y 21 de febrero de 1989, en esta última ocasión durante la comparecencia en sala de los ministros de Economía, Ricardo Zerbino y de Ganadería, Pedro Bonino.
El 3 de julio de 1985 el Ministro de Ganadería de la democracia, Pedro Bonino, resolvió iniciar una investigación administrativa dentro del Ministerio para investigar el Operativo Conserva. En sus conclusiones, el informe de la investigadora (Carrió, op. cit., p. 88) confirma el monto de las pérdidas para el Estado, señala que se violó la ley de contabilidad y administración financiera del Estado, que el exministro Mattos Moglia se negó a colaborar con la investigación y que «le cabría responsabilidad» en el «apartamiento a las disposiciones vigentes en materia de contrataciones públicas y por no haber actuado en la emergencia con la diligencia de un buen padre de familia».
A pesar de estas contundentes conclusiones, el ministro Bonino ordenó clausurar la investigación, pero cuando el informe tomó estado público fue enviado al Tribunal de Cuentas para que informara sobre las irregularidades constatadas. La asesoría letrada del Tribunal recomendó citar al exdictador Álvarez y al exministro Mattos Moglia pero el caso solo llegó a la justicia en 1987 cuando una denuncia penal fue presentada por el entonces senador Alberto Zumarán. El expediente fue archivado sin resultados.
En 2008 también hubo intenciones parlamentarias de denunciar el asunto, por intermedio del entonces senador del Frente Amplio, Jorge Saravia, a fin de deslindar las responsabilidades que le podrían caber al exdictador Álvarez. Este intento de investigación tampoco prosperó.
Armando Méndez, director de Aduanas en la década de los noventa
Mediante la resolución 77.015, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, ordenó «clasificar como información reservada la totalidad de las actuaciones del tribunal de honor del teniente coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban por un período de 15 años desde su clasificación». Ello supone que la ciudadanía, los investigadores, los periodistas y, fundamentalmente, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos –que pidió el acceso a ese documento– recién podrán conocer su contenido en setiembre de 2036. El ministro justificó esa draconiana censura amparándose en los términos del artículo 9 de la Ley del Derecho de Acceso a la Información Pública, que autoriza la clasificación cuando se fundamente debidamente «la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público». La resolución no incluye la fundamentación que reclama la ley, pero en sus declaraciones a los medios de prensa García argumentó que el tribunal de honor de Méndez no estaba relacionado con «cuestiones de derechos humanos, porque se refiere a un tema comercial con elementos personales». Para redondear la justificación, dijo que «todos los tribunales vinculados a derechos humanos» son entregados, «a diferencia de lo que sucedía en otras administraciones».
Un pequeño tropezón: el tribunal de honor que García clasifica como reservado está incluido en el legajo personal de Méndez, y ese legajo fue entregado al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) en 2018 por Jorge Menéndez, el ministro de Defensa Nacional de la época. Puesto que ese legajo integraba la documentación que el GTVJ entregó a Cruzar, un proyecto universitario multidisciplinario para sistematizar archivos militares, es posible consultar el contenido de ese tribunal de honor (que Brecha publicará oportunamente en su página web) y descubrir dónde se anidan los «elementos objetivos de daño al interés público» que justifican su clasificación, su ocultamiento por 15 años. El «tema comercial» que invoca el ministro es el llamado Operativo Conserva, un negociado de mediados de 1982 que, con la exportación de carne para la producción de corned beef, enriqueció aún más a empresarios de frigoríficos y terminó detonando la compra de carteras deudoras, operación por la que los bancos extranjeros se desembarazaron de deudas incobrables en perjuicio del Estado. Y las «cuestiones personales» refieren a la identificación que el entonces mayor Méndez hacía de los responsables del negociado mediante declaraciones a tres coroneles designados para juzgarlo.
Integrado por los coroneles Juan Zerpa, Omar Goldaracena y José Chialanza, el tribunal de honor sesionó en agosto de 1982, inmediatamente después de que el presidente de la república, el general retirado Gregorio Goyo Álvarez, ordenara la sanción máxima (arresto a rigor de 30 días) por deslealtad de Méndez hacia los miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas en el transcurso de la puesta en práctica del Operativo Conserva. En el testimonio de Méndez aparecen, por primera vez, los detallados entretelones del Operativo Conserva que, en 1985, el Parlamento fue incapaz de investigar y que la Justicia, al archivar el caso, fue incapaz de juzgar y penar. Lejos de cuestiones personales, el documento revela la responsabilidad de militares y civiles que operaron en el centro del poder para beneficio de una rosca. La clasificación de reserva no solo esconde una porción de la historia reciente y la responsabilidad de jerarcas, empresarios y políticos, sino que, además, protege de una incómoda comparación entre prácticas antiguas y prácticas actuales.
EL ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS TERRORISTAS DE ESTADO
Álvarez, autoproclamado presidente de la república, y Méndez, designado presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), ya habían contribuido generosamente a la dictadura con asesinatos y desapariciones, de modo que en 1982 podían, cada uno desde su respectiva trinchera, enfrentar los desafíos que, en vísperas de las elecciones internas de los partidos políticos, anunciaban los descalabros económicos que agotarían el proyecto cuartelero y precipitarían la negociación para la salida democrática. En el cónclave gubernamental de Piriápolis de noviembre de 1981, la cúpula militar y política analizó, entre otros problemas, el abultado stock de ganado que no se faenaba ni para la exportación ni para el abasto interno y peligraba derivar en una mortandad generalizada en medio de una sequía persistente.
Diversas misiones comerciales –a Jordania, Italia, Egipto e Irán– procuraban concretar la exportación de carne bovina y ovina, pero una dificultad adicional era la colocación de ganado para «manufactura y conserva» (es decir, flaco). La idea de faenar 14.600 toneladas para la producción de corned beef surgió en el entorno de Álvarez (véase la nota aparte sobre los detalles del negociado). Del testimonio de Méndez en el tribunal de honor surge que los dos principales ejecutores del operativo fueron el ministro de Agricultura y Pesca, Carlos Mattos Moglia (tío de Fernando Mattos, actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, asesor de UPM y expresidente de la Asociación Rural), y el empresario José María Alori, cabeza del grupo económico Alori Oyenard. El protagonismo del dictador es el de titiritero que mueve las marionetas a su antojo.
Antes de acceder al ministerio, Mattos Moglia había sido presidente de la Asociación Rural y respaldado la reestructuración de la industria frigorífica, que terminó liquidando al Frigorífico Nacional como ente testigo. Por su parte, en el momento del Operativo Conserva, Alori era director del Frigorífico Carrasco, integraba la Cámara de Industrias Frigoríficas y era director del Banco Pan de Azúcar. Antiguo director de Establecimientos Frigoríficos del Cerro SA, su grupo económico controlaba unos 15 establecimientos agropecuarios, uno de los cuales, Las Mercedes, explotaba junto con Álvarez. Los vínculos del presidente y el empresario exhibían otro eslabón: Rosario Flores, esposa del dictador, también integraba el directorio del Frigorífico Carrasco, del que era abogado Enrique Tarigo. Si la relación comercial entre Álvarez y Alori permitía afirmar que en las transacciones ganaderas ambos llegaban a controlar los precios de las haciendas, y junto con un terrateniente de Cerro Largo de apellido Arigón eran conocidos como La Triple A –Álvarez, Arigón, Alori–, la que existía entre Mattos Moglia y Alori era mucho más modesta: tal como detalló Méndez en el tribunal de honor, en el momento de ponerse en marcha el Operativo Conserva, Alori gestionaba, a través de una inmobiliaria de su propiedad, la venta de la casa del ministro. Pero los grandes poderes que Mattos Moglia otorgó a Alori sugieren vínculos más estrechos.
UN NEGOCIO PERJUDICIAL PARA EL PAÍS
Las fuertes confrontaciones entre Mattos Moglia y Méndez surgieron en el mismo momento en que el ministro pretendió adjudicar la faena de las 14.600 toneladas de ganado conserva, en forma directa, a un puñado de frigoríficos elegidos a dedo. Méndez, desde el INAC, reclamaba una licitación abierta. El ministro, después, justificó su criterio aludiendo a «las complejidades del operativo». Méndez se opuso al criterio de Mattos Moglia de poner en manos de privados la ejecución del Operativo Conserva: consideraba que debía ser una «negocio de gobierno a gobierno». Mattos Moglia, por el contrario, prefirió descansar la gestión en una empresa, Inversur Trading, cuyo responsable era Alori. Tal como explicó Méndez a los coroneles, fue Alori quien elaboró el contrato entre el gobierno e Inversur, en el que se especificaron los mecanismos por los que el Estado financiaba a Alori la compra de la carne a frigoríficos que no eran individualizados y, a la vez, extendía una carta de crédito para que Inversur impulsara la producción de corned beef en cinco frigoríficos argentinos, que tampoco eran individualizados en el documento (pero que fueron identificados después como empresas vinculadas al jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps).
Según Méndez, el negocio significó un beneficio seguro para Alori –y
para los frigoríficos que faenaron las 14.600 toneladas– y terminó en un
perjuicio de 15 millones de dólares para el Estado. Por lo menos en dos
reuniones con Álvarez, en las que estuvieron presentes el ministro y el
general Pedro Aranco, director de la Secretaría de Planeamiento,
Coordinación y Difusión –organismo precursor de la actual Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, en el que el contador Ariel Davrieux actuaba
como segundo responsable–, el presidente del INAC expuso y fundamentó
sus reparos. En las actas del tribunal de honor Méndez dejó constancia
de que en una oportunidad Álvarez opinó que Alori y Arigón eran
«imparables» y de que en otra le advirtió: «No te tires contra el
ministro en los escritos». De todas formas, Méndez ratificó por escrito
sus posiciones y exigió que Mattos Moglia hiciera lo mismo. Méndez
identificó al abogado Fernando Etcheverry Ferber como el asesor del
ministro, que hacía de enlace con Alori en el proceso de elaboración del
contrato.
EL GOYO IMPONE SU PODER
En las casi 400 fojas del tribunal hay reiteradas referencias a «lo que se dice en la calle». Méndez identifica los restaurantes del Mercado del Puerto, «donde se reúnen empresarios frigoríficos y ganaderos», la usina de los rumores. Uno de ellos sostenía que él cobraba coimas para oponerse al operativo. Ese rumor encendió su temperamento impulsivo y habría sido la razón de que, en una reunión con los jefes y los gerentes del INAC y la Comisión de Abasto, divulgara los detalles del proceso, que los presentes interpretaron como «un negociado». Consumada la «deslealtad», la reacción de Álvarez fue fulminante. El arresto a rigor impulsó a Méndez a solicitar el tribunal de honor («A los 34 años me cortaron la carrera», dijo).
Cuando los tres coroneles terminaron la labor, decidieron, por unanimidad, que Méndez había cometido «una falta leve, con atenuantes y agravantes», producto de su temperamento y su juventud. Descartaron la investigación que el ministro del Interior, Yamandú Trinidad, encomendó a la Dirección de Información e Inteligencia por una eventual «motivación política» en la oposición de Méndez al Operativo Conserva (lo que hubiera implicado consecuencias de otro tenor) y elevaron su juicio al comandante del Ejército, el general Boscán Hontou, quien, a su vez, lo derivó al Poder Ejecutivo. Un decreto de Álvarez negó la homologación del fallo, desautorizando implícitamente a los tres coroneles. Meses después, Méndez solicitó su pase a retiro. Incursionó en la actividad privada como empresario de seguridad, además de como productor rural, y en 1991 tuvo una postrera reivindicación, cuando el presidente de la república, Luis Alberto Lacalle Herrera, decidió anular el decreto del dictador Álvarez, homologar el fallo del tribunal y, por tanto, promover el ascenso de Méndez a teniente coronel en situación de retiro, sin beneficio de retroactividad en sus haberes.
En una espiral de la historia, el ministro de Defensa Nacional del hijo de aquel presidente decidió cajonear durante 15 años este insólito episodio sobre un diferendo entre dos homicidas, cuyo trasfondo revela la corrupción de militares y civiles a la sombra de una dictadura. La clasificación de reserva para el tribunal de honor se adoptó antes de que Méndez fuera procesado por el asesinato del prisionero argentino Gerardo Alter. Por lo tanto, ello no influyó en la decisión. Solo el ministro puede explicar por qué quiso mantener en secreto los pormenores del Operativo Conserva, un secreto que no duró ni 15 días.
La trama del Operativo Conserva
Frigoríficos beneficiados con dineros públicos
La trama del Operativo Conserva bien puede haberse convertido en un manual para futuros negociados a la sombra del poder. Su lógica es transparente en la medida en que haya margen para la impunidad. En el último tramo de la dictadura ese requisito estaba asegurado.
El esquema fue el siguiente: una porción del ganado en praderas (se estimó en 100 mil cabezas de mala calidad) estaba condenado a no ser faenado, porque no había mercado que lo absorbiera. Entonces se fabricó ese mercado: 14.600 toneladas serían compradas a ciertos frigoríficos elegidos a dedo, a 850 dólares la tonelada. El precio de mercado no superaba los 700 dólares. El intermediario sería Inversur Trading, del empresario José María Alori. Una de las empresas que recibirían un cupo para la faena, Central Frigorífica del Uruguay, estaba presidida por el hermano de este, Antonio María Alori. Para financiar la compra de la carne, Inversur recibiría una letra de cambio extendida por el gobierno. Otra letra de cambio fue extendida a favor de Inversur para financiar la producción de corned beef en frigoríficos argentinos, a un precio promedio de 21,5 dólares cada lata de 340 gramos, es decir, un 25 por ciento más cara que el precio de mercado. La carne fue ingresada a Argentina en régimen de off shore, como si se tratara de capitales financieros, y fue «repatriada» a través del puente en Fray Bentos. El contrato entre Inversur y el Ministerio de Agricultura y Pesca establecía que el gobierno estaba obligado a comprarle a esa empresa la totalidad del corned beef. Inversur terminó vendiendo en el exterior las latas a 16 dólares, con una pérdida de 5 dólares por cada una, pero la ecuación resultó un negocio redondo para Alori, que no había puesto un peso.
En el esquema, los frigoríficos obtuvieron una ganancia de 150 dólares por tonelada. Los frigoríficos argentinos embolsaron unos 5 millones de dólares por la manufactura, sin haber desembolsado capital por la materia prima. Se estima que, con la venta del corned beef y las comisiones, Alori ganó unos 10 millones de dólares. Las latas que no pudieron ser vendidas fueron usadas por el intendente de Montevideo, Juan Carlos Payssé, para atraer votantes durante la campaña electoral de 1984 con «corned beef barato». Había sido designado intendente de facto en 1983 cuando convenció a los militares de que había dejado definitivamente atrás su vinculación con Wilson Ferreira Aldunate, de quien fue secretario político. Uno de los mayores beneficiados fue la representación en Argentina del Bank of America, que financió la producción de corned beef con la garantía del Estado uruguayo. Utilizó ese endeudamiento del gobierno como parte del acuerdo para la compraventa de carteras de deudas incobrables que impulsó junto con el Citibank. Para salvar el sistema financiero, el gobierno del dictador Gregorio Álvarez destinó 500 millones de dólares en carteras incobrables de los bancos extranjeros. El Estado uruguayo perdió 15 millones de dólares con el Operativo Conserva.
Confrontación entre facciones militares
El planeta de los simios
En la trama del Operativo Conserva sería una ingenuidad atribuir el papel del bueno al mayor Armando Méndez, que defiende los intereses de empresarios honestos damnificados por una rosca de empresarios inescrupulosos a los que protege con guiños de don Corleone el dictador Gregorio Goyo Álvarez. Conviene recordar que Méndez fue un oficial de inteligencia que en febrero de 1973 participó activamente en el enfrentamiento del Ejército y la Fuerza Aérea contra la Marina y que en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas desarrolló métodos para interrogatorios que hicieran más productiva la tortura. Más correcto sería interpretar la confrontación entre Álvarez y Méndez por el Operativo Conserva como una expresión del esquema de puja interna por el control del Ejército, que desde 1974 enfrentó a Álvarez con el general Esteban Cristi. Ambos eran la cabeza de corrientes internas que disputaban el poder sin que, en los términos políticos más generales e ideológicos, pusieran en riesgo el proceso dictatorial. Coincidían en la brutalidad de la represión como herramienta de control, en el rumbo de la economía, en la necesidad de utilizar a los partidos políticos tradicionales como paraguas (de ahí que no titubearan en desplazar a Juan María Bordaberry cuando propuso instaurar un régimen corporativo) y en las estrategias para impulsar el famoso cronograma que permitiera devenir en una democracia tutelada. Pero ambos eran gorilas cuando se trataba de disputar el liderazgo de la manada.
Álvarez era tan fascista como Cristi, pero logró imponer la imagen del moderado frente al duro que se parapetaba en la División de Ejército 1, la más poderosa del país. Las maniobras del Goyo resultaban infructuosas para debilitar a Cristi, que controló las estructuras de la inteligencia del Ejército. En ese esquema Méndez fue un niño mimado de Cristi y pudo desarrollar una carrera meteórica, incluso después del pase a retiro de su mentor, bajo el ala del general Juan Vicente Queirolo. Así, en 1979, accedió primero a la presidencia de la Comisión Administradora del Abasto y después a la del Instituto Nacional de Carnes, ambos organismos estratégicos. Para concretar sus ambiciones de proclamarse presidente, Álvarez supo aprovechar una jugada errónea de «los duros»: la impresión de El Talero, un pasquín de circulación clandestina entre la oficialidad que pretendía desprestigiar al comandante en jefe. Al identificar a los autores, Álvarez ordenó el pase a retiro del general Amaury Prandt, director del Servicio de Información de Defensa, y del mayor José Gavazzo, jefe del Departamento III (Operaciones) de ese mismo organismo.
Cuando en 1981 Álvarez se convirtió en presidente, la situación de Méndez cambió cualitativamente, pero logró mantener el respaldo de Queirolo, hasta que este fue sustituido por Boscán Hontou. En el ámbito del Poder Ejecutivo, quedó en solitario. Y cuando Álvarez pretendió anular a aquel oficial protegido de Cristi, mediante manipulaciones para implicarlo en sus planes, Méndez optó por resistirse. Aun cuando los tres coroneles que lo juzgaron habían sido sus colegas en la represión (Juan Zerpa, comandante del Batallón 13 de Infantería; José Chialanza, comandante de Transmisiones 1 –unidades, ambas, en las que funcionó el 300 Carlos–, y Omar Goldaracena, comandante del 6.o de Caballería), no tuvo suerte, jaqueado no solo por el dictador, sino también por los generales que lo rodeaban, Hontou, Pedro Aranco y Yamandú Trinidad.
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