“Se impone transitar el camino hacia el cese inmediato de actividades”, sentenció este 23 de diciembre el titular del juzgado de Concursos de primer turno, Leonardo Méndez. El magistrado dejó escrito en la sentencia judicial que, con el pago de las deudas que mantiene el Estado a la exmutualista, “hubiera sido posible obtener un camino hacia el cese de forma menos abrupta”.

La medida fue adoptada tras la recomendación de la sindicatura que desde hace un mes organiza a la institución de salud. Los síndicos fueron Fernando Cabrera y Júpiter Pérez, ambos de la Liga de Defensa Comercial.

Con ellos ocurrió una situación particular que también mereció la atención del juez. El Observador recuerda que la Federación Uruguaya de la Salud solicitó la renuncia de los síndicos porque su mala gestión afectó el pago de los salarios y aguinaldos, según expresaron en un comunicado.

Pero la sentencia indica que hay un préstamo pre aprobado por el Banco República y solo falta la autorización de la Junta Nacional de la Salud para cobrarla. Sin embargo, y con el Ministerio de Salud Pública enterado de la situación, la habilitación de la Junasa aún no llegó.

«Como expresa la sindicatura, el Ministerio de Salud Pública no cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal y, por ende, con la administración de justicia», subraya la sentencia. “Tanto fue así que el MSP ni siquiera facilitó a la Sindicatura los informes realizados durante la intervención administrativa por los interventores por esta designados», añadió.

Pago de las deudas estatales habría modificado la forma de interrumpir los servicios, asegura el juez

Al momento, tiene 100 millones de pesos de saldo deudor. La sentencia asegura que “hubiera sido posible obtener un camino hacia el cese de forma menos abrupta, y que no impactara en la atención de los usuarios, así como en la situación laboral de los trabajadores, si se hubiera contado con la colaboración del Estado quien, a través de ASSE”.

Para esto, según la propia sindicatura cuestionada, el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) debería haber habilitado todas las facturas adeudadas a Casa de Galicia que totalizan casi 30 millones de pesos.