La energía de ricos para ricos

Capitalismo verde

 

AUTE 6 diciembre 2021

Un nuevo avance privatizador del servicio público de energía eléctrica parece estar en las puertas de las oficinas del Poder Ejecutivo. Se trata de un borrador de decreto que establece una serie de modificaciones reglamentarias para habilitar un modelo de competencia desleal perjudicial para la UTE, permitiendo que los consumidores más grandes participen en el Mercado Eléctrico y eviten asumir los costos asociados al cambio de la matriz energética. Costos que son asumidos por el resto de los clientes de UTE a través de su tarifa. Es decir, se establece un subsidio millonario para que los grandes consumidores de UTE, se transformen en “Clientes Libres” y participen en el Mercado Eléctrico.

Desde AUTE hemos venido denunciando los procesos de recortes y privatización que se vienen llevando adelante desde hace años en UTE, y es de público conocimiento que no solo hemos realizado la crítica pertinente, también hemos presentado una serie de propuestas.

En plena dictadura se aprueba la ley de electricidad (1977), dando un primer gran paso hacia la mercantilización del servicio público de energía eléctrica. El marco regulatorio (1997) cambió las reglas de juego: desmonopolización de la generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía, desintegración vertical de la UTE como participante en todas las etapas del servicio eléctrico, lógica de mercado para el funcionamiento del sistema eléctrico, en desmedro del enfoque de servicio público. Consolidando así la privatización como modelo de transición energética, otorgando grandes beneficios al 1% más rico de nuestro país y a empresas multinacionales que se quedan con la parte más rentable del sistema eléctrico.

“El capitalismo verde juega a ganar – ganar”, invierten por medio de préstamos con la garantía del estado en energías renovables, exoneraciones fiscales por hasta el 90% de la inversión, con contratos de compra de energía PPA (se les paga toda la energía que estén en condiciones de generar independientemente de las necesidades del servicio) a 20 años en dólares. Un negocio redondo.

La UTE paga más de 400 millones de dólares anuales por compra de energía a generadores privados, de los cuales una parte importante va a parar a manos de empresas multinacionales y grupos empresariales uruguayos como los Otegui,  Fernández, Raquet y otras familias que en conjunto concentran la mayoría del parque generador eólico, biomásico y fotovoltaico, cosechando las políticas de la multipartidaria de energía del 2008.

Humildemente nuestro sindicato en el año 2015, después de un estudio detallado llegamos a la conclusión que la tarifa eléctrica era injusta, donde los hogares cargan con todo el peso y pagan por la energía el doble que los grandes empresarios. A los grandes consumidores de energía (grandes superficies, industrias, zonas francas, etc.) en promedio les cuesta menos del 0,4% de su valor bruto de producción costear la tarifa eléctrica, mientras que a los hogares les cuesta 10 veces más, llegando a ser más pesada esa carga en los hogares más humildes.

Propusimos cambiar la estructura tarifaria como forma de que pague más el que tiene más, e hicimos propuestas de sacar el IVA en la tarifa residencial en los primeros 200kwh de consumo.

Denunciamos que la privatización del parque generador iba a propiciar la profundización de la aplicación del Marco Regulatorio, y argumentamos que existían alternativas para permitir que el cambio en la matriz energética se hiciera con una mayor participación de UTE en las inversiones, produciendo mayores beneficios que se reflejarían en las tarifas.

Nada de esto se tomó en cuenta. Los trabajadores/as teníamos razón. Hoy por hoy, en caso de concretarse las modificaciones reglamentarias planteadas en el borrador de Decreto en manos del Poder Ejecutivo, estamos a las puertas de que se profundice esta situación de injusticia en el sistema eléctrico, beneficiando nuevamente a los más poderosos, en perjuicio del resto de la población.

El Marco Regulatorio establece que para que un Gran Consumidor deje de ser cliente de UTE y se convierta en Cliente Libre, participando en el Mercado Eléctrico, tiene la obligación de contratar a largo plazo, con generadores que aportan potencia firme, parte de sus requerimientos de energía. Este mecanismo existe de forma de garantizar a futuro la existencia de suficiente generación disponible para abastecer la demanda. El proyecto de Decreto elimina esta obligación de contratar, por lo que los clientes podrían comprar su energía directamente en el Mercado Spot, mercado que presenta precios bajos (Precio Spot) en general, referenciados al costo marginal, producto de que hay una gran oferta energética y que no incluye los costos de los contratos firmados por la generación renovable.

De esta forma, evitarán pagar los costos asociados al cambio de la matriz energética, que se paga en todas las tarifas de UTE, y se apropiarían de los beneficios, perjudicando a la UTE y todos sus clientes. Es decir, el Poder Ejecutivo crearía un subsidio implícito a quienes ya son los principales favorecidos por la estructura tarifaria, que implicaría 60 millones de dólares anuales de pérdidas, empujando al alza las tarifas, afectando la rentabilidad de la Empresa Pública, y la calidad del servicio.

El texto del proyecto de decreto establece un modelo de competencia desleal. Los costos del cambio de la matriz energética no pueden recaer exclusivamente en las tarifas de UTE, sino que deberían ser solventados por el conjunto de todos los participantes del Sistema Eléctrico. De esta forma se equipararía la diferencia que existe entre los costos reales de generación y el Precio Spot.

¿Quiénes se benefician de esta propuesta? Los consumidores que podrían acceder a este beneficio serían los de mayor porte a nivel nacional, clientes con más de 250 kW de potencia, los llamados Grandes Consumidores de UTE, que constituyen un total de 550 clientes y representan un 25% de la demanda energética total. No accederían clientes residenciales, tampoco pequeñas y medianas industrias y comercios.

Además, el borrador de decreto propone una nueva metodología para la determinación de la potencia firme que aportan al sistema las energías renovables no convencionales. La metodología propuesta no refleja de manera correcta en qué medida éstas aportan potencia firme, llegando incluso a reconocer y remunerar potencia firme a generadores solares en horas de la noche. Constituyendo así un desvío extraordinario de fondos hacia los generadores privados.

Consideramos la energía como un Derecho humano fundamental, y no una mercancía.

Esta nueva ola privatizadora viene por mas, su insaciable apetito por concentrar beneficios y riquezas parece no tener limite, con esta posibilidad de comprar y vender energía entre los grandes generadores privados y los grandes consumidores se cierra el ciclo de la privatización de la energía. La parte menos rentable queda en manos de UTE, haciendo de “UBER” de la energía dentro del mercado eléctrico uruguayo.

AUTE

Lunes 6 de diciembre de 2021