lunes, 6 de julio de 2009

Corsarios del Caribe


Jorge Zabalza

Desde que secundaria incentiva a informarse sobre la “historia reciente”, algunos estudiantes cerrenses se han acercado a Santa Catalina en busca de mi testimonio. Por cierto, no me causa gracia ser visto como parte de la historia, una especie de momia con memoria...

He podido comprobar que, por lo general, los adolescentes poseen una imagen distorsionada del golpe, lo creen consecuencia de la guerra entre tupamaros y el ejército. El análisis más riguroso desvirtúa esa visión errónea y simplista de la historia, pero la teoría de los dos demonios viene ganando subjetividades a nivel popular, especialmente en esa juventud nacida después de 1985, que asume de manera no consciente esa visión reaccionaria de la historia.

Aún antes de los ’60, el estancamiento de la producción del campo y la pérdida de capital de las industrias protegidas, había hecho caer las ganancias de la clase capitalista que, como siempre, buscó hacer pagar los platos rotos por la crisis al pueblo asalariado.

Un par de cifras bastan para dejar en evidencia que los motivos del golpe cívico-militar fueron más bien prosaicos:

-antes de la dictadura, el pueblo asalariado disfrutaba de ingresos equivalente a más o menos el 40% de la torta producida cada año en el país

-a la salida de la dictadura, esa parte de la torta que iba al salario había sido reducida hasta alrededor del 20%.

Según explica Raúl Sendic (padre) en uno de sus artículos, la reducción de los ingresos de los asalariados entre 1976 y 1985, representó una brutal transferencia de 6.047 millones de dólares hacia los dueños del capital, que fueron a parar a la especulación financiera. Un robo.

Como nadie tolera ser robado sin oponer resistencia, las organizaciones sociales salieron a la calle a frenar el asalto que sufrían. Viendo que la rapiña no salía por la vía pacífica (elecciones nacionales y parlamento), los dueños del Uruguay quitaron la careta liberal a su democracia e iniciaron, con el pachecato, la escalada de violencia hacia el terrorismo de estado.

Cuando Pacheco no fue suficiente, convocaron a sus fuerzas armadas ordenándoles cometer el robo y ofreciéndoles una parte del botín. Los milicos hicieron el mandado concienzudamente: desaparecieron forzosamente y asesinaron a cientos de militantes, torturaron a decenas de miles de personas y encerraron a todo el pueblo en el campo de concentración que fue el Uruguay entero.

Sus crímenes tuvieron la finalidad de crear el clima de terror que necesitaban para la rapiña. Hubo un sólo demonio, el que desató la guerra contra el pueblo asalariado para apropiarse de los más de 6. 000 millones de dólares. Encubierta por toda su parafernalia nacionalista y patriotera, la dictadura consistió en el uso de la fuerza militar con el objetivo de que la clase dominante se apoderara del 80% de la torta producida cada año.

Es lo que explico a los estudiantes, aunque no la explicación tal vez contradiga los programas de secundaria. Como son futuros asalariados, me parece interesante que vayan aprendiendo a relacionar política con clases sociales y salario, que comprendan, además, que la esencia de un programa popular está en la restitución del poder adquisitivo que la dictadura arrebató al pueblo asalariado.

Raúl Sendic lo introdujo en su programa de soluciones como señaló en un artículo de MATE AMARGO el 6 de diciembre de 1987: “Hay que hacer cumplir el veredicto del referéndum. Ahí está la valentía, el desafío audaz ante la prepotencia, de un vasto sector de nuestro pueblo, y que no se puede negociar. Hay que aumentar los salarios para devolver al pueblo trabajador uruguayo, por lo menos el poder adquisitivo que le quitó la dictadura. Eso no se puede transar. No hay que pagar un dólar más por la deuda externa. Esta configura una estafa descomunal y no se puede seguir quitando el alimento, la salud y la enseñanza a los uruguayos para darle más capital al gran capitalismo. Esto tampoco admite transacciones ni fórmulas intermedias”.

Este programa innegociable. Si se transa con el poder...no se está con el pueblo. Así enseñaba Raúl Sendic.



Hace un par de siglos que la historia nacional es la historia de la confrontación entre dos proyectos antagónicos e irreconciliables, por un lado el de los dueños del Uruguay, que luchan por conservar el poder que les permite apropiarse del 80% de lo producido cada año – y por eso es el proyecto “conservador”- y, por el otro lado, el proyecto de la emancipación social, que quiere arrebatar a la clase dominante ese poder económico y político para que el pueblo asalariado transforme revolucionariamente la sociedad capitalista.

Ninguno de esos proyectos es para “todos los uruguayos”. Cada uno pretende beneficiar a uno de los extremos de la bautizada “brecha social” por la academia, que ya es más bien abismo que simple brecha.

Un extremo es el vértice de los grandes propietarios, alrededor de 300 familias y empresas que monopolizan la propiedad de los 2.176 latifundios mayores de 1.000 hectáreas, del comercio agroexportador, así como de algunas industrias y empresas de servicios medianas. Ellas están asociadas y subordinadas a los grandes capitales transnacionales de la banca, el monocultivo sojero y de eucaliptus y la industria frigorífica, les “regalan” zonas francas y se hacen los distraídos cuando Botnia se vuelve el mayor latifundista del país, jamás nunca se los ha visto asumir la defensa del capital nacional y oponerse a los designios del imperialismo.

El otro extremo es la base de la pirámide, el millón y medio de asalariados y jubilados que no pagan IRPF porque sus ingresos no llegan al mínimo imponible. La condición de pobreza, sin embargo, no está dada solamente por el poder adquisitivo, no se mide por el consumo de las familias. La pobreza es estar sometido a una existencia intrascendente y resignada, una vida de sometimiento y explotación. Los pobres pasan por la vida, no que la viven. La pobreza es de espíritu.

El objetivo primordial de la dominación de clases es mantener a los oprimidos en el subdesarrollo intelectual, que les sea imposible comprender que emanciaprse del poder económico es la única manera de terminar con la pobreza. Si el millón y medio se revolucionara... ¡adiós a las 300 familias dueñas de todo!



La misión política de los partidos conservadores es arrastrar al pueblo asalariado bien lejos del proyecto emancipatorio, arrastrarlos mediante la amortiguación y la demagogia tras el proyecto conservador, alienarlos hasta que “besen llenos de felicidad el látigo de quienes los oprimen”. Han tenido éxito.

Recurro a las cifras nuevamente:

-en 1971, la lista más votada fue la del SI al plebiscito para permitir la reelección de Jorge Pacheco Areco: ¡medio millón de votos!, para apoyar la escalada hacia el gope de Estado.

-en 1980, más del 40% del electorado votó el SI a la reforma constitucional de los milicos, o sea, que de hecho, un importantísimo sector de la población apoyaba lo actuado por la dictadura.

-en 1989 más del 50% votaron amarillo. Aunque haya influído la propaganda aterrorizadora de la derecha sobre un porciento de esos votantes, hubo un núcleo duro que estaba ideológicamente de acuerdo con la impunidad de los criminales en delitos aberrantes.

Sin ser exageradamente pesismistas, puede afirmarse que durante décadas los partidos tradicionales lograron retener a más del 40% del electorado apoyando el proyecto conservador, aún cuando la mayoría vote –y actúe, lo que es peor- en contra de sus propios intereses.



Otros números que no mienten.

Después de casi cinco años de política redistributiva progresista, el senador Alberto Couriel confesó –sin otro apremio que el electoral- que los millones de dólares que dejó el crecimiento de la producción, fueron a parar directamente a las arcas del 5% más rico de los uruguayos, o sea, de los dueños de latifundios y bonos de deuda pública. Nadie lo ha desmentido, ni siquiera Astori.

Por el contrario, los asalariados que en los últimos años del siglo XX, habían recuperado parte de lo perdido durante la dictadura, alcanzando a recibir un 30% de lo producido en el país, con el gobierno progresista retrocedieron nuevamente al entorno del 20% que recibían al 1985.

Añade el mismo Couriel que los asalariados reciben hoy un 5.6% menos que entre 1998 y 2001, gobierno de Jorge Batlle antes de la crisis del 2002, y Joaquín Etchevers, por su parte, evalúa esa disminución en un 33% durante el período 2005-2007 en que la política económica fue conducida por Astori.

Calcula Etchevers que cada uno de esos años (2005, 2006 y 2007), aproximadamente 1.700 millones de dólares que antes recibía el pueblo asalariado ahora van a para a manos de la clase capitalista. Otro robo...no?

Muchos creyeron que la victoria frenteamplista del 2004 significaba el comienzo del fin del sistema, pero la prometida redistribución de la riqueza terminó siendo una contraredistribución. Esta vez la clase dominante no precisó de un golpe de estado para rapiñar el salario, lo hizo en plena democracia progresista, con consejos de salarios y ministros provenientes del movimiento sindical.

Es que, en definitiva, la victoria del Frente Amplio no significó un debilitamiento del apoyo electoral al proyecto conservador. Si al exiguo 8% que vota al Partido de Bordaberry, se le suman los votantes de Lacalle y de Astori, nos reencontramos con aquel 40% del electorado que votaba a Pacheco, al SI a la dictadura y al SI a la impunidad. Apenas fue un traslado de votantes desde la demagogia “tradicional” hacia la nueva demagogia de los sectores progresistas de derecha encabezados por Vázquez y Astori.



Como actualmente la torta es más grande, aunque sea más pequeño el trozo que corresponde al pueblo, para cada asalariado o jubilado representa unos pesitos más con relación al 2004. Disponer de esos pesitos más es tremendamente importante en condiciones de miseria, repercute sobre el estado de ánimo colectivo, ayuda a pasar desapercibida realidad tal cual es: los ricos son cada vez más ricos y la injusticia social es mayor aunque se disfrace de progresista.

Sobre esa subjetividad del “pesito más”, es mucho más fácil para el progresismo la comunicación con el millón y medio de pobres, los ha convencido que es posible “arrastrar” a los empresarios, no al proyecto de emancipación, pero sí hacia una redistribución más equitativa de la riqueza.

¿Qué es “redistribuir el ingreso nacional”? Muchos frenteamplistas le llaman “desarrollo social” a la política generosa de asistir con otros pesitos más a excluídos y marginados, a cambio de que sus hijos concurran a CAIFs y escuelas a recibir alimentación y laptops. Nos afiliamos a la idea de Sendic, redistribuir hoy es “aumentar los salarios para devolver al pueblo trabajador uruguayo, por lo menos el poder adquisitivo que le quitó la dictadura. Eso no se puede transar”. Una inyección de capital para desarrollar la producción para el mercado interno, no para la exportación y la dependencia de los mercados exteriores. No se puede transar.

Hacerlos devolver al pueblo lo que le robaron y le roban es traslado de fondos por miles de millones dólares a la mesa de los asalariados, a su vivienda, a su salud, a su educación... ¿se imaginan? Expropiar de hecho a las 300 familias. No es un programa un anticapitalista, por supuesto, pero reaccionarán como los dueños de Bolivia o los de Venezuela.

Que me perdonen quienes militan entusiastas para “profundizar los cambios”, convencidos de que el segundo gobierno tendrá un carácter realmente popular, pero no hay nada que me permita creer que José Mujica cambiará el rumbo de la política económica de Astori- Vazquez, que apoyó y compartió todos estos años desde el Consejo de Ministros.

La delgada línea de lo popular pasa por estar con los dueños del Uruguay o contra ellos. Enfrentarlos o, pragmáticamente, hacerse los distraídos. Consentir el delito de rapiña continuada u obligar a restituir al pueblo lo que se robaron. Se busca un presidente con la voluntad política de Evo Morales y un pueblo con la fuerza que hoy poseen el boliviano y el venezolano.

Mujica es incapaz de estimular la resurrección del espíritu de rebelión que caracterizó a nuestro pueblo asalariado. Es incapaz de proponer a las multitudes que apoyen concientemente el proyecto de emancipación social.

Todo lo contrario, el 29 de junio ya estaba acordando el reparto de cargos con la derecha del Frente Amplio al mejor estilo de los viejos caudillos de los partidos burgueses. Con la excusa de “hay que ganar en octubre”, se firmaron los contratos que aseguran el “continuismo” en las políticas económica y salarial del próximo gobierno. “Continuista” pero que te deja contento con guiños picarescos y dichos arrabaleros: el proyecto conservador ha encontrado el caudillo más apto para arrastrar pueblo hacia la mesa del pacto con las cámaras empresariales y los centros militares.

Jorge zabalza

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