Una producción de El Potrillo
Un operativo a tres bandas
Todos los actores principales involucrados en la derogación de una disposición que permitió exculpar totalmente a los hermanos Peirano sindican como responsable al ex ministro Gonzalo Fernández. La revelación de la historia íntima de las tratativas apuntala esa responsabilidad, pero el costo político lo pagaría el Frente Amplio. Brecha
«Nunca más hago una gauchada de ésas»
A comienzos de noviembre [de 2008], el senador Abreu recibió una solicitud de Gonzalo Fernández, por entonces canciller de la República. Fernández le manifestó al senador nacionalista que había detectado incongruencias entre algunas disposiciones referidas a delitos penales que estaban vigentes y aquellas incorporadas en la nueva ley. Era necesario eliminar esas incongruencias con una nueva ley, ampliatoria de la inicial. Según relató Abreu a Brecha, Fernández argumentó que sería oportuno que él, Abreu, presentara el proyecto, puesto que había sido el miembro informante de la comisión. Abreu no quiso abundar en las razones del canciller para no recurrir a los legisladores de la bancada de gobierno; «entendí que se trataba de una gauchada y me bastaba el reconocido prestigio de Gonzalo como penalista», dijo Abreu. «Nunca más hago una gauchada de ésas», agregó. Brecha
El OK de Fernández
«A mí nadie me informó que la derogación del artículo 76 podía tener consecuencias en casos en trámite», dijo Rafaeil Michelini a Brecha. Percovich hizo consultas con sus compañeros de bancada y la tranquilizaron: «Gonzalo dice que está todo bien», le respondieron. Otros senadores del FA dijeron que recuerdan que el propio Astori dio seguridades porque Fernández «dio el okey». Brecha
«Hace mucho que no se aplica»
El diputado nacionalista Álvaro Lorenzo, al enterarse del texto del proyecto, se entrevistó con el senador Abreu. Aunque Lorenzo manifiesta que no había pensado específicamente en los procesamientos de los hermanos Peirano, tenía evidentes sospechas de lo que después, en sala, calificó de posible «zafarrancho jurídico». Abreu le adelantó que Fernández le había dado explicaciones convincentes de por qué derogar el artículo 76. Durante la discusión en sala Lorenzo planteó sus dudas; eran tan persistentes que pidió un cuarto intermedio para hacer nuevas consultas. Abreu lo puso en contacto con el canciller. Y tal como relata ahora Lorenzo, Fernández le aseguró que el famoso artículo 76 no se aplicaba desde hacía mucho y que no había ninguna causa penal que lo contuviera. Lorenzo volvió al plenario y dio su voto. Brecha
«Cometimos un error»
El pasado lunes 9 la bancada de senadores del Frente Amplio analizó el episodio del que fueron responsables muchos de sus integrantes, que integraban el Senado en la legislatura anterior. Según confiaron a Brecha, algunos de los legisladores intentaron reconstruir en detalle los episodios de noviembre de 2008; y varios concluyeron que la derogación del artículo 76 había «pasado de contrabando». El desconocimiento de las posibles consecuencias en un caso tan sensible como el de la prisión de los Peirano impidió que se buscara una fórmula alternativa a la eliminación de la «incongruencia» que había «detectado» Gonzalo Fernández. Los legisladores habrían coincidido en que «cometimos un error». Brecha
«Carambola a tres bandas con casín»
Abreu fue más lejos: «Si yo hubiera sabido que la derogación facilitaba la exculpación de los Peirano, le hubiera dicho a Gonzalo Fernández que tramitara la ley en su propia bancada». El senador nacionalista no tiene dudas de que, a caballo de un hecho real —la incongruencia—, Fernández actuó con conocimiento de causa: «Fue una carambola a tres banda con casín», dijo a Brecha. «Mi honestidad es mi único bien: de ahí que a quien me lo pregunte, le cuento cómo fueron las cosas. Lo peor es que con esto se desmorona la credibilidad del Parlamento». Brecha
«Aquí no hay inocentes»
Cuando tomó conocimiento de la resolución del Tribunal de Apelaciones, Margarita Percovich se indignó y se sintió «engañada». Disparó primero su indignación sobre Abreu, que le había pedido que firmara el proyecto; pero tras una comunicación telefónica en la que el senador le contó los detalles, pidió disculpas y enfiló las baterías contra Fernández. Percovich está persuadida de que todo el episodio fue «un operativo». Declaró a Sonia Breccia en Primera Voz, de AM Libre: «Fui manejada por intereses muy potentes que se mueven subrepticiamente», y agregó: «Aquí no hay inocentes». Brecha
«Es indudable que ha habido fraude»
Víctor Rossi, ex ministro de Transporte, quien durante la crisis de 2002 impulsó una investigación parlamentaria sobre el origen de ésta, afirmó: «Uno quiere creer que la Suprema Corte de Justicia pondrá las cosas en su lugar, ya que es indudable que ha habido fraude y otros delitos. Por otra parte, causa extrañeza que semejante cosa haya pasado inadvertida, cuando estamos frente a algunos de los pocos que actuaron bajo la comisión de estos artículos que ahora fueron derogados». Caras y Caretas
Estado pagará por el ex Banco Comercial
El Estado uruguayo deberá desembolsar US$ 120 millones para hacer frente a la demanda presentada por los ex propietarios extranjeros del cerrado Banco Comercial, informó ayer el semanario Búsqueda invocando a allegados al presidente José Mujica. Los bancos JP Morgan Chase, Crédit Suisse y Dresdner Bank Lateinamerika junto a los hermanos Rohm eran socios en el Comercial cuando cerró sus puertas en plena crisis financiera del año 2002. El entonces gobierno de Jorge Batlle intentado frenar una corrida bancaria acordó que esos bancos aportaran US$ 100 millones y, por otro lado, el Estado uruguayo, capitalizaría al Comercial con US$ 33 millones mediante la suscripción de acciones preferentes. Tras el cierre de la institución, los bancos privados reclamaron el pago de los US$ 100 millones, tal como lo habían acordado «por escrito» con el Estado. El gobierno de Mujica retomó una negociación iniciada por su antecesor, Tabaré Vázquez, buscando disminuir el monto a pagar que en principio se elevaba a US$ 190 millones. Actualmente se estaría en la etapa final del acuerdo, informó la publicación. El Observador
Embargo en trámite de los ex ahorristas del viejo Comercial
Un grupo de ex ahorristas del ex Comercial trabaron embargo sobre esos créditos, el pago del gobierno uruguayo no se concretó y siguió negociando con esos tres bancos extranjeros posibles salidas al diferendo existente. Los US$ 120 millones no llegarán a los bancos, puesto que esos créditos fueron embargados por la Justicia Civil, informó el abogado Ignacio de Posadas, quien tiempo atrás solicitó esa medida en representación de un grupo de ex ahorristas del ex Comercial que fueron damnificados por su quiebra. De Posadas dijo que el expediente que incluye el embargo está en trámite en un juzgado civil y sin sentencia de primera instancia. El País
Relanzan al banco Surinvest en Uruguay
El banco Surinvest buscará aumentar su volumen de negocios con la captación de nuevos clientes corporativos y en banca privada (para el manejo de inversiones) en Uruguay, Argentina y Brasil, adelantó su gerente general Graciela Reybaud. El banco suizo Heritage -que ya poseía una parte del paquete accionario- se quedó con el 100% del Surinvest, lo que le dará «un posicionamiento muy fuerte dentro de la plaza uruguaya», señaló. Si bien el actual nivel de capital es «muy bueno, si los negocios empiezan a crecer siempre está la posibilidad de una inyección de capital», afirmó la ejecutiva. La institución apunta a reposicionarse en el mercado local en banca corporativa y privada. En cuanto a las empresas, Reybaud dijo que el banco tiene una «línea de más de US$ 30 millones para prefinanciación de exportaciones» y se está «yendo a visitar empresas del sector exportador» que ya son clientes de la institución y otras que no lo son. Para banca privada, ofrecerá el expertise de Bank Heritage en manejo de portafolio de inversiones, indicó. El País
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