Ciudadano ilustre de Florida
Cien años del puente
En el Puente Piedra Alta se desarrollará un show de fuegos artificiales para celebrar el centenario de su inauguración.
Se lanzará un chasque del Bicentenario –promovido por el Comité Patriótico- que recorrerá todas las localidades del interior y arribará el mismo día 25.
En el Salón de Honor se distinguirá al periodista Danilo Arbilla, nacido en Casupá, quien ha sido declarado Ciudadano Ilustre.
Además habrá un encuentro nacional de Directores de Tránsito, un congreso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) e integración social y se celebrará el Congreso de Intendentes.
Danilo Arbilla Fracchia, Rivero, el cártel de juarez, y el partido colorado
A modo de "ayudamemoria", para poner en su debido contexto la designación del periodista Danilo Arbilla Fracchia como ciudadano ilustre, publicamos a continuación la cronología de méritos del sujeto.
-En setiembre de 1997 Danilo Arbilla Fracchia, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y director del semanario montevideano "Búsqueda", vende una casa en Punta del Este a una sociedad anónima fachada del Cártel de Juarez. Los papeles por ambas partes los procesa el escribano Javier Morassi, amigo personal de Arbilla y del ministro del Interior, el también escribano Guillermo Stirling.
-En setiembre de 1998 otra sociedad perteneciente al Cártel de Juarez compra tres campos en el Departamento de Flores. El escribano actuante vuelve a ser Morassi y los encubiertos narcolavadores fijan domicilio en su estudio.
-El 16 de marzo de 2000, la Brigada Antidrogas de Punta del Este presenta a la justicia una denuncia penal para investigar los bienes del Cártel de Juarez en Uruguay, en la que se menciona a Arbilla y a su escribano como cómplices.
-El 22 de marzo Danilo Arbilla se entrevista con el vicepresidente de la República, Luis Hierro, le muestra una copia de la denuncia sustraída directamente del juzgado, y le manifiesta su preocupación por el desprestigio que le significaría verse involucrado en una investigación de ese tipo.
-El 23 de marzo Hierro cita a su despacho al Director Nacional de Policía, inspector general Roberto Rivero, y le concierta una cita con Danilo Arbilla para ese mismo día. En ella Arbilla y Rivero habrían acordado "eliminar todos los juicios de valor" de la denuncia en cuestión.
-El 24 de marzo se sustituye la denuncia anterior por una nueva, pero no fue posible dejar de mencionar a Arbilla, pues sí les había vendido una de sus casas a los narcolavadores.
-El 28 de marzo el vicepresidente Hierro se vuelve a entrevistar con el inspector Rivero para manifestarle que Arbilla no había quedado conforme con el texto de la segunda presentación de la denuncia.
-El 29 de marzo el ministro del Interior, Guillermo Stirling, se reúne con el presidente Jorge Batlle y le entrega un memorándum especialmente redactado por el inspector Rivero explicando la situación.
-El 30 de marzo el Ministerio del Interior retira también la segunda denuncia, aunque la jueza actuante ya la había archivado por falta de pruebas.
-A principios del mes de Abril la Dirección Antidrogas recibe desde Buenos Aires la información de que en las oficinas encubiertas del Cártel de Juárez en Buenos Aires, a fines de 1999 se recibieron tres llamadas desde Montevideo, las que resultaron provenir desde la redacción del semanario dirigido por Danilo Arbilla (Búsqueda).
-El 17 de abril el inspector Rivero solicita al ministro Stirling la reapertura de la investigación.
-El 17 de mayo el ministro deniega oficialmente el permiso para continuar con el caso.
-En el mes de mayo se desmantela la Brigada Antidrogas de Punta del Este.
-El 31 de mayo el inspector Rivero llama a Danilo Arbilla a su casa. Arbilla diría luego que en ella Rivero le amenazó.
-El 1° de junio el inspector Rivero es destituído de la Dirección Nacional de Policía, el ministro Stirling dió como motivos "discrepancias en la conducción de la lucha antidrogas", pero durante toda una semana califica a Rivero como "un policía honesto, de gran capacidad, un hombre de carrera brillante" -El 9 de junio el semanario "Brecha" publica una nota afirmando que la destitución del inspector Rivero se debió a su negativa a dejar de investigar a Arbilla. Consultado por la prensa, el ministro Stirling explica que a Rivero se le destituyó por haber amenazado y acusado sin pruebas a Arbilla, y lo califica de "terrorista de Estado".
-Danilo Arbilla comienza a recorrer medios de comunicación sosteniendo estar siendo víctima de un complot del inspector Rivero, la izquierda radical, la policía argentina, el servicio de aduanas de EEUU, el diario "La República", la revista "Posdata" y los semanarios "Brecha" y "Mate Amargo", medios de prensa interesados en desprestigiarlo a él y a su publicación.
-En sus declaraciones, Arbilla explica que se entrevistó con las Inteligencias del Ejército y la Armada, con el Embajador de Estados Unidos, y con el vicepresidente Luis Hierro (entre otros), "para pedirles que le investigaran".
-El 11 de junio los periodistas de Búsqueda afirman haber sido ellos los que, por motivos profesionales, llamaron a la central del Cártel de Juárez en Buenos Aires, sin saber que lo era. Junto con la Asociación de la Prensa del Uruguay (gremial que nuclea a los periodistas de los mass media), presentan una denuncia por la presunta intervención de sus teléfonos.
-El 13 de junio el presidente Batlle apoya la decisión del ministro Stirling de relevar al inspector Rivero.
-El 14 de junio Rivero entrega a la jueza Fanny Canesa una carpeta con documentos, lo que determina la reapertura del caso. El Fiscal Letrado de la Policía, el abogado Juan Carlos Martino, se niega a iniciar un sumario administrativo a Rivero y presenta su renuncia indeclinable.
-La filial uruguaya de "Transparencia Internacional" emite un comunicado que en su parte final manifiesta "Que ve con preocupación el desarrollo de los procedimientos que extralimitan poderes, ocultan realidades, siembran el desconcierto y el temor en los agentes encargados de las investigaciones y menoscaban la credibilidad de los integrantes de nuestra colectividad política.
-El ministro Stirling concurre a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado para explicar sus procederes, pero sus explicaciones no conforman a la oposición, que pide la formación de una comisión pre-investigadora.
-El 22 de junio llega al país el fiscal y director de Interpol de México, Juan Miguel Ponce, quién pide la incautación de los bienes comprados por los narcotraficantes y desestima cualquier implicancia de Arbilla, al que califica de "vendedor de buena fé".
-Los representantes oficialistas en la comisión pre-investigadora del Senado niegan la formación de una comisión investigadora parlamentaria.
-El ministro Stirling dá sus explicaciones en la Comisión General del Senado. El oficialismo queda conforme con sus explicaciones. La oposición no, y acusa al ministro de un proceder errático y poco claro.
-El 23 de junio Stirling explica que él nunca ordenó al renunciante fiscal policial que investigara a Rivero, sino que sólo quería que lo citara para ratificar o rectificar sus dichos, y que no tiene pensado sumariarlo.
La SIP en America Latina y su cooperación con la dictadura
Una voz al servicio de las dictaduras
Escrito por Natalia Brite
31-10-2009
Desde sus inicios, la SIP fue la punta de lanza de los intereses estadounidenses en la región. El gendarme de la “libertad de expresión” avaló dictaduras y atacó a gobiernos populares y democráticos. En 1951 se llevó adelante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Montevideo. El periodista José Steinsleger retrata pasajes de ese encuentro en su artículo “SIP: mordaza de libre presión”.
La vinculación de los amos de la prensa con los golpes militares del Cono Sur dejó sus huellas. En el año 2000, Danilo Arbilla Frachia asumió la presidencia de la SIP. Este personaje fue, nada más y nada menos, que director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura de Juan María Bordaberry.
Durante la estadía de Arbilla en el gobierno de facto se produjeron clausuras de medios, allanamientos de redacciones y se encarceló y torturó a decenas de periodistas, entre ellos al histórico dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Rubén Acasuso, y al periodista y dirigente sindical Héctor Rodríguez.
Carta abierta a Danilo Arbilla Fracchia
Como supongo que aún sigues siendo periodista y que tu condición de empresario y dueño de Búsqueda durante 20 años cesó el año pasado cuando vendiste tus acciones a lo dueños de Dasa (Distribuidora Ancap S.A.) y del supermarcado Disco- Géant-Devoto, de los que ahora sos empleado, te invito como profesional de la noticia a que analicemos juntos los hechos, los porfiados hechos, aquellos que nuestra raza nos obliga a descubrir por más ocultos que se encuentren.Sígueme:
Los hechos crudos, fríos, sin alma
1) El que fuera director nacional de la lucha antinarcóticos, enemigo declarado de los cárteles de la droga, calificado como un "funcionario ejemplar", amado por todos los policías honestos de este país, ganador por concurso del más alto rango del Instituto Policial y el más joven de los funcionarios en llegar a ese nivel, el inspector general Roberto Rivero, recibe información confidencial de cuatro agencias norteamericanas antidrogas detectando actividades del narcolavado en el Uruguay. El descubrimiento lo llevan a cabo agentes antinarcóticos encubiertos que se infiltraron en las entrañas del cártel más poderoso del mundo --el Cártel de Juárez, una vez debilitados los cárteles de Cali y Medellín-- en el marco de una formidable acción denominada "Operación Casablanca". La operación descubrió el lavado de 63 millones de dólares, de los cuales se detectaron U$S 11.752.229 en Argentina y más de un millón en Uruguay. Las agencias informan a Rivero sobre el narcolavado en Uruguay, a través de los informes top secret Nº 2, 8, 9, 10, 11 y 12, "clasificados" con advertencia de ubicarlos en "registros no rastreables". Del cúmulo de información que Rivero como director nacional de la lucha antidroga viene recibiendo, una de ellas asegura que parte del dinero del narcolavado del Cártel de Juárez detectado por la "Operación Casablanca" entró en Uruguay y se utilizó en cinco transacciones inmobiliarias. Revelaron que la primera de ellas fue la compra de tu casa, 11 días después que el narcotraficante Di Tulio y su íntima amiga Beatriz Llera adquirieron la sociedad anónima Sasur para utilizarla en la emergencia. También informan que la casa la compran a primera vista en momentos en que en Punta del Este no se vendía nada o se malvendían las propiedades, y que la adquieren en U$S 550.000, una cifra que entiendo está sobrevaluada dada la situación. ¿Cuál es la sospecha de los investigadores, Danilo? El modus operandi de los narcolavadores implica siempre ofrecer un poco más de dinero del que vale una propiedad a cambio de que se escriture por mayor valor y después venden a menor precio. Es una hipótesis de trabajo muy difícil de probar pero que se convierte en duda si el precio es mayor del que certifican las últimas transacciones del mercado.Acordemos que tuviste la inmensa suerte de que apareció un comprador y a primera vista compra tu casa en momentos en que no se vende nada a un precio excelente. Acordemos que te pagaron U$S 550.000 y que la escrituraste por el precio real recibido. Pero también acordemos que eso no lo saben los investigadores y que ese bien pasó a ser propiedad de los narcotraficantes. También informaron que tu notario amigo de toda la vida, el que escrituró todos los bienes que poseíste, fue el único notario actuante, cuando la costumbre indica que es el comprador y no el vendedor el que designa al escribano escriturante. Les pareció extraño. Además informaron que los narcotraficantes compraron cuatro mil hectáreas de campo en Flores a U$S 600 la hectárea en cuatro transacciones y que luego vendieron una de ellas a U$S 400 la hectárea, perdiendo de inmediato el tercio del valor invertido y en todas esas transacciones el notario actuante fue tu escribano, que había pasado a ser asesor y profesional de los narcotraficantes, aparentemente sin tener conciencia de ello. Un nuevo elemento a investigar. También detectan que las dos sociedades con que operaron los narcoslavadores (Sasur SA e Idafal SA) que tenían domicilio constituido en Uruguay cambian sus domicilios a las oficinas de tu escribano y éste mantiene el domicilio de esas sociedades durante 1997, 1998 y hasta 1999 --no sé si aún en el 2000--, cuando estalla en todo el mundo el escándalo del narcolavado en el Cono Sur y aparecen públicamente los nombres de los que compraron tu casa y los campos de Flores. Otro hecho que les extrañó y lo incorporaron a la investigación. Y finalmente --hasta aquí es lo que sé-- los tres gobiernos de Argentina, México y Estados Unidos que denunciaron penalmente a los que compraron tu casa, intervienen la central regional del narcolavado en Buenos Aires, "Mercado Abierto", y descubren que reciben llamadas de varias partes del mundo. También de Uruguay. Entregan a los gobiernos de esos países los números de teléfonos desde los cuales se llama a "Mercado Abierto SA" y ahí surge que las llamadas recibidas desde Uruguay por esa central del narcotráfico provienen de tus oficinas. Otro indicio que su suma a la investigación. Que todo esto es una suma de casualidades desgraciadas que tienen diáfana explicación lo sabes sólo tú y tu escribano. Pero lo ignoran los investigadores. ¿Qué debe hacer el inspector general Rivero, que está obligado por ley a investigar? ¿Acaso llamar y alertar a los sospechosos por más fama que tengan?
No sería un buen investigador. Hace lo único que debía hacer. Pedirle a la Justicia que investigue esos hechos. Es lo que hizo. Míralo desde cualquier ángulo y llegarás a la misma conclusión que llegó Rivero: hay una suma de indicios y de coincidencias extrañas que por lo menos ameritan una investigación judicial. Como periodista tú también hubieras dudado. La duda permanente es parte de nuestra profesión.
El desliz que manchó tu vida al aceptar ser director de prensa de la dictadura
2) Hasta aquí los hechos. Crudos, fríos, sin alma.Pasemos a tu teoría de la conspiración. Me ubicas junto con María Urruzola, Manuel Flores Silva, Fernández Huidobro y los semanarios Brecha y Posdata y un quincenario, Mate Amargo, que desde hace más de seis meses no sale, en un complot para dañar tu imagen. Y agregas que esto es la continuidad de los ataques que esos medios te hicieron en el pasado acusándote de "asesinar y encarcelar periodistas" cuando fuiste durante más de dos años director de información y difusión de la dictadura militar.
Es cierto que primero Brecha, en la edición del 24 de junio de 1994, te señaló como director de información y difusión hasta 1975 de la dictadura militar ejerciendo un cargo de especial confianza y sensibilidad en el régimen de facto y luego LA REPUBLICA lo mencionó, en un suplemento sobre el golpe de Estado.
Pero también es cierto que informamos que tú te habías arrepentido públicamente de ese desliz que manchó tu vida profesional y humana en esas aciagas circunstancias para el país y para quienes resistimos a la tiranía.
Nunca dijimos que asesinaste o encarcelaste periodistas, aunque sí, a título personal y con su firma, un ejemplar periodista de nuestra casa, Gabriel Mazzarovich, declaró a otros medios que durante tu cargo como jerarca de la dictadura se encarcelaron y asesinaron periodistas. Nunca afirmó que tú hubieras actuado en esas aberraciones.
Pero el tema lo sacas ahora tú, no yo ni LA REPUBLICA. Para mí era un episodio terminado. Tú sabes bien a qué me estoy refiriendo. Soy un hombre de palabra y tengo mi conciencia tranquila. No agité tus fantasmas del pasado porque no me mueve el interés de perjudicarte. Las diferencias personales que hemos tenido las hemos superado. Las diferencias ideológicas y profesionales, para bien de ambos, las mantendremos hasta el fin de nuestros días.
Tú eres el que reabre ahora la confrontación personal y me anuncias juicios, rayos y centellas. Allá tú. No entraré en ese juego de distracción pública. Y nos veremos en los juzgados o donde tú prefieras. Seguir leyendo.
Una investigación del Senado de los Estados Unidos acaba de ratificar la información del ex director nacional de Policía, inspector (r) Roberto RiveroTres empresas de los narcolavadores del Cártel de Juárez tienen sede en el estudio del escribano uruguayo Javier Morassi y están activas
El Senado de los Estados Unidos acaba de dar a conocer los resultados de una investigación que involucra en lavado de dinero del narcotráfico a varios bancos de primer nivel y también a Mercado Abierto, la financiera argentina con la que operaron los socios del Cártel de Juárez. Tres sociedades anónimas que pertenecen a los traficantes tienen sede en el estudio del escribano uruguayo Javier Morassi, el notario de toda la vida de Danilo Arbilla y el que intervino en la escritura de la venta de la casa del presidente de la SIP en 550 mil dólares a los narcolavadores. Además, según información proveniente de la DGI y el BPS, a fines del año pasado esas empresas estaban "activas".
Tiene cola de gato, ojos de gato, piel de gato, uñas de gato, pero no es gato: es escribano. Y lo demuestra la información obtenida por LA REPUBLICA en fuentes de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social. Al 28 de noviembre del año pasado, cuando hacía ya ocho meses que había estallado el escándalo provocado por el actual presidente de la SIP, Danilo Arbilla, y que terminó con el cese del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, tres sociedades anónimas que adquirieron propiedades en Uruguay con dinero del narcotráfico continuaban activas y tenían domicilio en Zabala 1312 oficina 403, donde también se encuentra el estudio del escribano Javier Morassi.
Esta información adquiere particular relevancia al momento en que también el Senado de los EEUU acaba de dar a conocer el resultado de una investigación que involucra a la financiera Mercado Abierto, propiedad del financista Aldo Ducler, asesor del senador Palito Ortega, en actividades de lavado de dinero de los narcotraficantes del Cártel de Juárez.
Según publicó ayer el diario Clarín el informe dice que Mercado Abierto "lavaría dinero procedente del narcotráfico". Esta entidad en la Argentina está acusada de haber lavado dinero del Cártel mexicano de Juárez. La entidad off shore de Mercado Abierto habría canalizado plata de la droga (drug money)".
El prestigioso diario argentino sostiene que "una investigación del Senado norteamericano sobre lavado de dinero, dada a conocer ayer (por el lunes), incluye a dos entidades vinculadas a bancos argentinos. Ella son: el ex Banco República, liquidado en abril de 1999, propiedad de Raúl Moneta, y Mercado Abierto, de Aldo Ducler. Moneta es un banquero estrechamente ligado al menemismo y Ducler fue asesor del senador Palito Ortega.
Según el informe realizado bajo la dirección del senador demócrata Carl Levin, el Banco República operaba en triangulación con el Federal Bank, un banco de las Bahamas. Y el banco que oficiaba de corresponsal con muchos de sus negocios en Estados Unidos era el Citibank. Mercado Abierto, siempre según el informe, tenía sede en las islas Cayman, y aunque declaraba sucursales en Uruguay, en realidad operaba en la Argentina. Sus bancos corresponsales eran el Citibank y la Unión de Bancos Suizos.
De acuerdo a los investigadores de Levin en el caso del Federal Bank, vinculado al ex banco de Moneta, la triangulación servía fundamentalmente para lavar dinero de coimas (Bribe money, según consigna el documento del Senado norteamericano).
Un informe en poder de los investigadores, al que tuvo acceso Clarín, dice que por allí habría pasado por lo menos un millón de las coimas que fueron pagadas en el caso IBM-Banco Nación, que como se sabe también pasaron por Uruguay, al igual que ocurrió con la de la venta de armas a Croacia y otros varios hechos de corrupción menemista.
La investigación incluye un total de 12 bancos que dividen en tres categorías: los bancos off shore, con licencias limitadas a transacciones con clientes de fuera de su jurisdicción, los bancos autorizados y regulados con controles débiles de lavado de dinero y los "shell banks", o bancos pantalla, "difíciles de monitorear por el secreto de sus operaciones sin presencia física de ninguna jurisdicción".
Tanto el Federal Bank como el MA Bank (el nombre de la sociedad de Mercado Abierto en Cayman) están considerados como bancos pantalla: "Los dos casos con conexiones en la Argentina son muy complicados y es por eso que el informe que divulgamos no incluye los detalles de lo que descubrimos al respecto", dijo a Clarín uno de los investigadores de Carl Levin que pidió no ser identificado. "Hemos decidido que daremos a conocer un informe completo sobre estos dos bancos durante una audiencia. Sería la primera semana de marzo en el Subcomité de Investigaciones permanente del Senado que fue el que realizó las investigaciones y contará con testigos. "Muy probablemente serán convocados argentinos, pero todavía no hay nada decidido", dijo.
En términos populares, Rivero fue "la cabeza de turco" y pagó cara su osadía de intentar una investigación "pesada" hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría a futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes? Cuando en marzo pasado "manos amigas" hicieron llegar a Arbilla un oficio policial que lo involucraba, Rivero intentó demostrar que las líneas de investigación que seguía eran sólidas. Pero entonces, el ministro del Interior Guillermo Stirling, que primero lo calificó como un excelente policía y a la semana como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante.
En junio, ya fuera de la Policía, Rivero presentó la denuncia en la sede penal de 4º Turno de Maldonado a cargo de la jueza Fanny Canessa. Pero la investigación está detenida por razones absurdas. Para seguir adelante, la jueza de Maldonado necesita la respuesta a un oficio que enviara al juez argentino Rodolfo Canicoba del Corral, quien lleva la causa contra el Cártel de Juárez en ese país. Pero a su vez el magistrado argentino no responde porque tampoco recibió respuesta desde Uruguay a un oficio dirigido a través de la Cancillería a la oficina de Asuntos Legales reclamando información sobre varias empresas de los lavadores y traficantes.
El 22 de agosto del año pasado el embajador argentino en nuestro país, Juan Manuel Casella, entregó al ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, el exhorto de Canicoba que hace referencia a la causa que se iniciara el día 24 de noviembre del año 1999 por una denuncia formulada por Jorge Luis Olivares en representación de los Estados Unidos de México, "cuya investigación se halla circunscripta al lavado de dinero producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, delito previsto en nuestra legislación penal en el artículo 25 de la Ley 23.737 en la que se hallarían involucrados ciudadanos argentinos, entre los que cabe mencionar a Aldo Luis Ducler, Héctor L. Scacerra, Miguel E. Iribarne. Rodolfo E. Godar, Nicolás Antonio Di Tullio, Nicolás Antonio Di Tullio, quienes habrían actuado como intermediarios y/o testaferros de ciudadanos mexicanos vinculados al 'Cártel de Juárez', posibilitando la entrada al circuito económico nacional de dinero espurio producto del comercio de estupefacientes, por intermedio de 'Mercado Abierto SA', y a la compra de diferentes bienes inmuebles en la Ciudad de Mar del Plata y Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires)".
El magistrado argentino solicita a Uruguay "se sirva arbitrar los medios necesarios a fin de indicar el magistrado interviniente en las actuaciones incoadas a raíz de las maniobras, más precisamente la colocación de activos en esa plaza financiera, llevados a cabo en ese país por integrantes del denominado "Cártel de Juárez"; obtener copia certificada de los motivos que fundamentaron la Orden de Detención emanada por la Autoridad Judicial competente de las siguientes personas: Arturo Hernández, Raimundo Hernández Cárdenas, Osvaldo Barsi, Salvador Quirarte y Augusto César Dabini; y copias certificados de los Estatutos Sociales, datos identificatorios de los directivos, accionistas e integrantes, copias de balances presentados de las empresas radicadas en ese país y que a continuación se detallan: "Euroamerica Finance NV", con domicilio en Paraguay Nº 1287 y Juncal Nº 1327; ambos de la ciudad de Montevideo, Uruguay; "Inversora Taminur SA" o "Inversora Talimur SA" con domicilio en Paraguay 1341, 11º piso, Montevideo, Uruguay, e inscripta en el Registro Público de Comercio de ese país el 19/5/97, bajo el número 1258, Folio Nº 1884; Libro Z; y "Financiera Estarey SA", con domicilio en Colonia 981, Apartamento 305, Montevideo, Uruguay. Por último, hágole saber que la información requerida a Ud. es de vital importancia en la investigación que llevo adelante por los hechos informados, toda vez que la misma podría probar la vinculación del delito investigado en autos, con las actividades de lavado de dinero producto del comercio de estupefacientes ejecutadas por la organización "Cártel de Juárez" de México, por intermedio de giros bancarios originados en el Banco Citibank NA de New York, hacia la Argentina, por intermedio de la financiera Mercado Abierto SA"
Recientemente oficiales del "Custom Service" (la oficina de Aduanas de los EEUU) estuvieron en Uruguay intentando destrabar algunos problemas, ante la inminente aparición del informe del Senado de su país. La impresión que se llevaron sobre la actitud de cooperación uruguaya no fue la mejor, según confirmaron fuentes oficiales que los contactaron.
A diferencia de lo que cree el juez Canicoba, la Inversora Tamilur SA no está en la calle Paraguay 1341, sino en otra oficina más vulnerable a los intereses de los poderosos que han pretendido esconder esta historia: el estudio del escribano Javier Morassi, notario de Danilo Arbilla en la operación de venta del chalet Holiday y en otras oportunidades. Tamilur SA inició sus actividades el 10 de diciembre de 1996; tiene domicilio en la calle Zabala 1312 apto. 403 de la ciudad de Montevideo y su número de contribuyente es 213633210018. Su giro principal es: casa y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Hasta el 1 de diciembre de 1998 los socios fueron: Marta Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde esa fecha hasta el día de hoy el presidente es Jaime Martínez Ayon, sindicado como el representante en Argentina de Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Para el BPS la empresa estaba activa al 28 de noviembre de 2000.
Martínez Ayon, el hombre del Cártel de Juárez también preside Sasur SA, la sociedad que adquirió el chalet Holiday, la casa de Danilo Arbilla en Punta del Este. Sasur SA también tiene como dirección el estudio del escribano Morassi; su número de RUC es 213612610017 e inició actividades el 20 de noviembre de 1996. Además de Martínez Ayon, figuran como socios Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera, Marta Otero Bergonzoni y Judith Viera. Como se verá, estas dos últimas también figuraban en Tamilur SA.
Pero además también integraron el directorio de Idafal SA, domiciliada en el estudio de Morassi y en Paraje Las Bolas, 4ª sección del departamento de Flores, padrón 4057; su RUC es 213643990016 y el registro al BPS es 3634438. Su giro es: cría de ganado, aves, conejos, abejas y productos derivados. El directorio lo integraron Otero y Viera entre el 20/12/96 y el 28/9/98; luego queda solo Mirta Beatriz Llera entre el 28/9/98 y el 20/9/99 y finalmente desde el 20/9/99 hasta hoy la preside Raúl Oscar Marinone, un veterinario de Mar de Plata estrechamente vinculado a Di Tullio.
Finalmente, por si el juez Canicoba del Corral llega a leer esta edición de LA REPUBLICA le queremos informar que la Financiera Estarey tiene domicilio en Colonia 981 apto. 305; fue constituida el 3 de abril de 1995 para girar en el ramo de casas y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Su número de RUC es 213288610010 y el registro al BPS es el 3589060. Desde su inicio hasta el 11 de junio de 1997 los directores fueron (¡oh casualidad!) Martha Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde entonces hasta hoy el presidente es Nicolás Di Tullio. Para la DGI, la empresa está "activa".
Esta información adquiere particular relevancia al momento en que también el Senado de los EEUU acaba de dar a conocer el resultado de una investigación que involucra a la financiera Mercado Abierto, propiedad del financista Aldo Ducler, asesor del senador Palito Ortega, en actividades de lavado de dinero de los narcotraficantes del Cártel de Juárez.
Según publicó ayer el diario Clarín el informe dice que Mercado Abierto "lavaría dinero procedente del narcotráfico". Esta entidad en la Argentina está acusada de haber lavado dinero del Cártel mexicano de Juárez. La entidad off shore de Mercado Abierto habría canalizado plata de la droga (drug money)".
El prestigioso diario argentino sostiene que "una investigación del Senado norteamericano sobre lavado de dinero, dada a conocer ayer (por el lunes), incluye a dos entidades vinculadas a bancos argentinos. Ella son: el ex Banco República, liquidado en abril de 1999, propiedad de Raúl Moneta, y Mercado Abierto, de Aldo Ducler. Moneta es un banquero estrechamente ligado al menemismo y Ducler fue asesor del senador Palito Ortega.
Según el informe realizado bajo la dirección del senador demócrata Carl Levin, el Banco República operaba en triangulación con el Federal Bank, un banco de las Bahamas. Y el banco que oficiaba de corresponsal con muchos de sus negocios en Estados Unidos era el Citibank. Mercado Abierto, siempre según el informe, tenía sede en las islas Cayman, y aunque declaraba sucursales en Uruguay, en realidad operaba en la Argentina. Sus bancos corresponsales eran el Citibank y la Unión de Bancos Suizos.
De acuerdo a los investigadores de Levin en el caso del Federal Bank, vinculado al ex banco de Moneta, la triangulación servía fundamentalmente para lavar dinero de coimas (Bribe money, según consigna el documento del Senado norteamericano).
Un informe en poder de los investigadores, al que tuvo acceso Clarín, dice que por allí habría pasado por lo menos un millón de las coimas que fueron pagadas en el caso IBM-Banco Nación, que como se sabe también pasaron por Uruguay, al igual que ocurrió con la de la venta de armas a Croacia y otros varios hechos de corrupción menemista.
La investigación incluye un total de 12 bancos que dividen en tres categorías: los bancos off shore, con licencias limitadas a transacciones con clientes de fuera de su jurisdicción, los bancos autorizados y regulados con controles débiles de lavado de dinero y los "shell banks", o bancos pantalla, "difíciles de monitorear por el secreto de sus operaciones sin presencia física de ninguna jurisdicción".
Tanto el Federal Bank como el MA Bank (el nombre de la sociedad de Mercado Abierto en Cayman) están considerados como bancos pantalla: "Los dos casos con conexiones en la Argentina son muy complicados y es por eso que el informe que divulgamos no incluye los detalles de lo que descubrimos al respecto", dijo a Clarín uno de los investigadores de Carl Levin que pidió no ser identificado. "Hemos decidido que daremos a conocer un informe completo sobre estos dos bancos durante una audiencia. Sería la primera semana de marzo en el Subcomité de Investigaciones permanente del Senado que fue el que realizó las investigaciones y contará con testigos. "Muy probablemente serán convocados argentinos, pero todavía no hay nada decidido", dijo.
La investigación en Uruguay
El 9 de junio pasado una nota de la periodista María Urruzola, publicada en el semanario Brecha, desató un escándalo de proporciones que terminó con la destitución del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, quien anteriormente se había desempeñado como director de la Dirección Antidrogas. Rivero había metido el dedo en una llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos y, en los hechos, al sistema financiero sospechado de ser un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico y coimas. La respuesta del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a Danilo Arbilla, un periodista mimado del poder; había que salvar al sistema financiero que estaba en la mira del GAFI a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos fiscales; y también había que salvar a algunos políticos que participaron, aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este desastre.En términos populares, Rivero fue "la cabeza de turco" y pagó cara su osadía de intentar una investigación "pesada" hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría a futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes? Cuando en marzo pasado "manos amigas" hicieron llegar a Arbilla un oficio policial que lo involucraba, Rivero intentó demostrar que las líneas de investigación que seguía eran sólidas. Pero entonces, el ministro del Interior Guillermo Stirling, que primero lo calificó como un excelente policía y a la semana como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante.
En junio, ya fuera de la Policía, Rivero presentó la denuncia en la sede penal de 4º Turno de Maldonado a cargo de la jueza Fanny Canessa. Pero la investigación está detenida por razones absurdas. Para seguir adelante, la jueza de Maldonado necesita la respuesta a un oficio que enviara al juez argentino Rodolfo Canicoba del Corral, quien lleva la causa contra el Cártel de Juárez en ese país. Pero a su vez el magistrado argentino no responde porque tampoco recibió respuesta desde Uruguay a un oficio dirigido a través de la Cancillería a la oficina de Asuntos Legales reclamando información sobre varias empresas de los lavadores y traficantes.
El 22 de agosto del año pasado el embajador argentino en nuestro país, Juan Manuel Casella, entregó al ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, el exhorto de Canicoba que hace referencia a la causa que se iniciara el día 24 de noviembre del año 1999 por una denuncia formulada por Jorge Luis Olivares en representación de los Estados Unidos de México, "cuya investigación se halla circunscripta al lavado de dinero producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, delito previsto en nuestra legislación penal en el artículo 25 de la Ley 23.737 en la que se hallarían involucrados ciudadanos argentinos, entre los que cabe mencionar a Aldo Luis Ducler, Héctor L. Scacerra, Miguel E. Iribarne. Rodolfo E. Godar, Nicolás Antonio Di Tullio, Nicolás Antonio Di Tullio, quienes habrían actuado como intermediarios y/o testaferros de ciudadanos mexicanos vinculados al 'Cártel de Juárez', posibilitando la entrada al circuito económico nacional de dinero espurio producto del comercio de estupefacientes, por intermedio de 'Mercado Abierto SA', y a la compra de diferentes bienes inmuebles en la Ciudad de Mar del Plata y Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires)".
El magistrado argentino solicita a Uruguay "se sirva arbitrar los medios necesarios a fin de indicar el magistrado interviniente en las actuaciones incoadas a raíz de las maniobras, más precisamente la colocación de activos en esa plaza financiera, llevados a cabo en ese país por integrantes del denominado "Cártel de Juárez"; obtener copia certificada de los motivos que fundamentaron la Orden de Detención emanada por la Autoridad Judicial competente de las siguientes personas: Arturo Hernández, Raimundo Hernández Cárdenas, Osvaldo Barsi, Salvador Quirarte y Augusto César Dabini; y copias certificados de los Estatutos Sociales, datos identificatorios de los directivos, accionistas e integrantes, copias de balances presentados de las empresas radicadas en ese país y que a continuación se detallan: "Euroamerica Finance NV", con domicilio en Paraguay Nº 1287 y Juncal Nº 1327; ambos de la ciudad de Montevideo, Uruguay; "Inversora Taminur SA" o "Inversora Talimur SA" con domicilio en Paraguay 1341, 11º piso, Montevideo, Uruguay, e inscripta en el Registro Público de Comercio de ese país el 19/5/97, bajo el número 1258, Folio Nº 1884; Libro Z; y "Financiera Estarey SA", con domicilio en Colonia 981, Apartamento 305, Montevideo, Uruguay. Por último, hágole saber que la información requerida a Ud. es de vital importancia en la investigación que llevo adelante por los hechos informados, toda vez que la misma podría probar la vinculación del delito investigado en autos, con las actividades de lavado de dinero producto del comercio de estupefacientes ejecutadas por la organización "Cártel de Juárez" de México, por intermedio de giros bancarios originados en el Banco Citibank NA de New York, hacia la Argentina, por intermedio de la financiera Mercado Abierto SA"
Recientemente oficiales del "Custom Service" (la oficina de Aduanas de los EEUU) estuvieron en Uruguay intentando destrabar algunos problemas, ante la inminente aparición del informe del Senado de su país. La impresión que se llevaron sobre la actitud de cooperación uruguaya no fue la mejor, según confirmaron fuentes oficiales que los contactaron.
Las empresas están funcionando
La documentación en poder de LA REPUBLICA establece que al 28 de noviembre pasado, Tamilur SA e Idafal SA estaban activas, en tanto que Sasur SA lo estaba al 15 de junio de 2000. Las fechas son un dato relevante porque el escándalo que también involucraba al escribano Morassi era de su conocimiento por lo menos desde marzo del mismo año cuando Arbilla inició sus "gestiones" ante el vicepresidente de la República y el ministro del Interior.A diferencia de lo que cree el juez Canicoba, la Inversora Tamilur SA no está en la calle Paraguay 1341, sino en otra oficina más vulnerable a los intereses de los poderosos que han pretendido esconder esta historia: el estudio del escribano Javier Morassi, notario de Danilo Arbilla en la operación de venta del chalet Holiday y en otras oportunidades. Tamilur SA inició sus actividades el 10 de diciembre de 1996; tiene domicilio en la calle Zabala 1312 apto. 403 de la ciudad de Montevideo y su número de contribuyente es 213633210018. Su giro principal es: casa y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Hasta el 1 de diciembre de 1998 los socios fueron: Marta Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde esa fecha hasta el día de hoy el presidente es Jaime Martínez Ayon, sindicado como el representante en Argentina de Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Para el BPS la empresa estaba activa al 28 de noviembre de 2000.
Martínez Ayon, el hombre del Cártel de Juárez también preside Sasur SA, la sociedad que adquirió el chalet Holiday, la casa de Danilo Arbilla en Punta del Este. Sasur SA también tiene como dirección el estudio del escribano Morassi; su número de RUC es 213612610017 e inició actividades el 20 de noviembre de 1996. Además de Martínez Ayon, figuran como socios Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera, Marta Otero Bergonzoni y Judith Viera. Como se verá, estas dos últimas también figuraban en Tamilur SA.
Pero además también integraron el directorio de Idafal SA, domiciliada en el estudio de Morassi y en Paraje Las Bolas, 4ª sección del departamento de Flores, padrón 4057; su RUC es 213643990016 y el registro al BPS es 3634438. Su giro es: cría de ganado, aves, conejos, abejas y productos derivados. El directorio lo integraron Otero y Viera entre el 20/12/96 y el 28/9/98; luego queda solo Mirta Beatriz Llera entre el 28/9/98 y el 20/9/99 y finalmente desde el 20/9/99 hasta hoy la preside Raúl Oscar Marinone, un veterinario de Mar de Plata estrechamente vinculado a Di Tullio.
Finalmente, por si el juez Canicoba del Corral llega a leer esta edición de LA REPUBLICA le queremos informar que la Financiera Estarey tiene domicilio en Colonia 981 apto. 305; fue constituida el 3 de abril de 1995 para girar en el ramo de casas y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Su número de RUC es 213288610010 y el registro al BPS es el 3589060. Desde su inicio hasta el 11 de junio de 1997 los directores fueron (¡oh casualidad!) Martha Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde entonces hasta hoy el presidente es Nicolás Di Tullio. Para la DGI, la empresa está "activa".
Foto de Morassi con su defensor :Curbelo Tammaro,y
investigación de Urruzola acerca del estudio de Morassi y narcolavado
grande (048) lo subiste..!
ResponderEliminarabrazo
neco