Ya murieron en la tortura, ¿ahora en la prescripción?

Guayasamin

PUBLICADO EL VIERNES 19 DE AGOSTO EN CARAS&CARETAS

EX JUEZ ÁLVAREZ PETRAGLIA PROPONE MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL

Ya murieron en la tortura,

¿ahora en la prescripción?

Fueron asesinados en la tortura antes y durante la dictadura. Sus muertes se ocultaron en falsos certificados de defunción o con mentiras oficiales. Los casos se ampararon luego en la ley de caducidad. Ahora, la verdad y la justicia luchan contra la prescripción. La fiscal Tellechea y la jueza Mota aceleran las indagatorias y comienzan a citar a testigos e indagados cuando faltan 73 días para que venza el plazo. El Estado uruguayo no termina de acatar la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy



El Poder Judicial uruguayo vuelve a acelerar sus investigaciones sobre 19 casos de muertes por tortura (ver nota adjunta) que fueron excluidos de la Ley de Caducidad y en las próximas semanas comenzará a convocar a decenas de testigos e indagados, cuando sólo faltan 73 días para la eventual prescripción de las causas de violaciones a los derechos humanos sin que el Estado uruguayo tome medidas que lo eviten.



La carrera contra las posibles prescripciones se disputa en el Juzgado Penal de 7º turno, donde la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea estudian la abundante información y testimonios que rodean la causa conocida como “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” en la que se incluyeron 19 casos de muertes por tortura que surgieron de la inicial indagatoria de la Causa contra Juan María Bordaberry.



La hipótesis sobre la prescripción de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura había sido advertida un año atrás por la fiscal Mirtha Guianze durante su testimonio en el Caso Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien finalmente condenó al Estado uruguayo a indagar sobre la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y dejar sin efectos la Ley de Caducidad.



El presidente José Mujica, revocó los actos administrativos por los que sus predecesores en el Poder Ejecutivo ampararon desde 1986 todas las denuncias judiciales contra la dictadura, pero ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo han adoptado aún medidas para evitar que el próximo 1º de noviembre prescriban las causas a cumplirse el plazo de 28 años y siete meses contabilizado desde la asunción del primer gobierno electo.



En el Parlamento, el tema derechos humanos ha sido sacado de la agenda legislativa luego del fracaso del oficialismo en su intento de anular la Ley de Caducidad y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado en dos ocasiones la tipificación de crimen de lesa humanidad (imprescriptible) en casos de desaparición forzada y pese a un fallo contrario de un tribunal de apelaciones no promete cambiar de posición.



Paradójicamente, el gobierno habría decidido solicitar información oficial a Estados Unidos, a través de la desclasificación de documentos secretos que puedan dar luz en los casos de desaparecidos, cuando todavía no se ha permitido al equipo de investigadores acceder a la documentación del Ministerio de Defensa Nacional. Sólo se abrieron 400 mil carpetas existentes en el Hospital Militar, trascendió.

Modificar el Código Penal

En los últimos días ha trascendido una propuesta del ex juez Federico Álvarez Petraglia quien considera que las prescripciones pueden interrumpirse a través de denuncias de oficio por parte de las víctimas de tortura, de los familiares de desaparecidos o de organizaciones no gubernamentales, a través de un agregado al artículo 120 del Código Penal que no podría ser tachada de inconstitucional. Sólo se necesita voluntad política.



Álvarez Petraglia propone agregar un inciso 2° al artículo 120 del Código Penal con la siguiente redacción (en negrita lo que se agrega): “(De la interrupción de la prescripción por actos de procedimiento) El término de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de arresto, empezando a correr de nuevo, desde que el proceso se paraliza. En los delitos perseguibles de oficio, la prescripción también se interrumpe por denuncia judicial de los hechos presentada por la víctima de los mismos, por sus familiares en situaciones de ausencia, por cualquier organismo de Defensa de los Derechos Humanos con personería reconocida, por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura e Intendencias Municipales de todo el país, o por el Ministerio Público. En los delitos que no procede el arresto, el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia”.



“La razón para recurrir a esta modalidad es tratar de evitar la tacha de inconstitucionalidad de la ley por ser retroactiva en sus efectos directos, ya que en lo que propongo lo que interrumpe la prescripción no es la norma sino un acto procesal posterior, que además se puede dar o no, independientemente de la voluntad del legislador, descartando con ello cualquier tipo de reproche hacia la ley, endilgándole efecto retroactivo”, explica el ex juez



“Esta modificación introduce una nueva forma de interrumpir la prescripción de delitos, pero en nada modifica o altera la discusión de si los delitos son de lesa humanidad o no, sólo zanja un peligro eventual de que la postura de la corte se mantenga y todo prescriba en noviembre. Es decir, que lo que se introduce no será en el futuro impedimento para que la jurisprudencia varíe su actual postura y considere todos los injustos cometidos como de lesa humanidad e imprescriptibles”, agrega.



“En definitiva, la solución que se propugna intenta dar una herramienta eficaz para cumplir con el objetivo (al menos en parte, porque abarcaría solamente aquellos delitos cuya prescripción aún no se ha consumido), que no sea fácilmente atacable por su inconstitucionalidad, y que tampoco ingrese al fondo del asunto dejando tiempo y espacio mientras se sigue juzgando para que la justicia cambié de parecer sobre estos temas”, concluye el jurista.

Los 19 homicidios

NICANOR ALDABALDE, minuano, tenía 66 años. Era corredor del BSE y cajero en un Molino. Casado, cuatro hijos. Votaba PDC. Una vez fue a su casa Juan Pablo Terra. Lo detuvieron el 1º de febrero de 1976 en su domicilio. Lo torturaron en la División de Ejército IV. No le dieron su medicina. Lo liberaron y a los pocos días su principal cliente canceló la renovación del seguro. Por su delicada condición física y stress lo llevaron a su casa en Playa Hermosa, donde murió un mes después de ser torturado.



GERARDO ALTER era argentino. Tenía 27 años. Militaban en el ERP y en julio de 1973 viajo a Montevideo. WALTER ARTECHE, nació en Rocha. Tenía 28 años. Integraba el MLN-Tupamaros. Ambos fueron detenidos el 11 de agosto del 73 y llevados al Batallón Florida, donde mueren en la tortura con pocas horas de diferencia. La versión oficial dijo que Alter murió de “Edema Agudo Pulmonar” y que Arteche intentó fugar y fue baleado.



CARLOS ARGENTA, de 63 años era de Montevideo. Dirigente del SUANP y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Lo detuvo la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) el 9 de diciembre de 1975 y lo llevaron al Batallón de Infantería 3 de Camino Maldonado en el marco de la Operación Morgan. Su esposa Matilde Labraga fue obligada a presenciar su tortura hasta que muere una semana después. También torturada, cuando la liberaron ella se suicidó.



GILBERTO COGHLAN había nacido en Fray Bentos. De 36 años, casado y con dos hijos. Obrero ferroviario y sindicalista pertenecía al OPR-33. Lo detuvieron el 31 de julio de 1973 en una asamblea sindical. Fue llevado a distintos centros de tortura, hasta derivar al Regimiento de Caballería Nº 4. Iban a trasladarlo al Penal de Libertad el 13 de diciembre, pero se “sintió mal”. Muere al día siguiente en el Hospital Militar por falta de asistencia médica.



CARLOS CURUCHAGA, era de Rocha, pero vivía en Mercedes. Tenía 63 años y estaba casado. Militaba en el PCU y fue candidato del Fidel en 1966. Estaba convaleciente de una hemiplejía, cuando lo detuvieron el 10 de julio de 1975 y lo llevaron a la DNII en Maldonado y Paraguay. Lo “interrogaron” durante 8 días. Antes de pasarlo al juez militar lo internan en el Hospital de Clínicas donde muere el 26 de setiembre por un supuesto “tumor maligno en el cerebro”.



OSCAR FERNANDEZ MENDIETA tenía 26 años y militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR). Su homicidio no figura en las listas de víctimas del terrorismo de Estado porque fue muerto el 24 de mayo de 1973 (un mes antes del golpe dictatorial). Ese día lo detuvieron en una chacra y lo llevaron al Regimiento de Caballería Nº 2 de Durazno. Tres jóvenes alféreces (dos recién egresados de la Escuela de las Américas en Panamá) lo torturaron y mataron, según el testimonio de subalterno.



IVO FERNÁNDEZ NIEVES tenía 42 años. Trabajaba como changador en el puerto de Paysandú y militaba en el SUNTMA. Afiliado al PCU figuró en una lista de la 2001 en las elecciones de 1971. Detenido el 18 de enero de 1976 en la Operación Morgan, lo torturaron en el Batallón de Infantería Nº 8 sanducero, donde lo matan tres días después. Murió por “congestión cerebro meníngea que le produjo síncope neurogénico”. No hubo autopsia.



AMELIA LAVAGNA DE TIZZE tenía 54 años. Era ama de casa. Con su esposo José Pedro Tizze, vivían en Manantiales, Maldondo. Votaban al Partido Socialista. Sus hijos José Pedro y Amanda militaban en el Movimiento Marxista y el Comité de Resistencia Anti Fascista (CRAF). El esposo fue detenido el 27 de abril de 1975 posiblemente confundido con su hijo y llevado al Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce. Al día siguiente, ella murió envenenada con “fosdrín” (el mismo químico que tres años después mató a Cecilia Fontana de Heber).



PEDRO LERENA MARTÍNEZ era de Treinta y Tres. Tenía 34 años, casado, dos hijas. Militaba en el MLN-T. Fue detenido el 25 de mayo de 1975 en Santa Catalina. Lo torturaron en varios centros de represión. Falleció en el Regimiento Nº 9 de Caballería el 29 de setiembre. Al ser entregado, el cuerpo presenta quemaduras múltiples, falanges quebradas y otras señas de tortura. Dijeron que se había ahorcado.



JULIAN BASILICIO LÓPEZ nació en Tacuarembó. Tenía 66 años. Trabajó en el transporte, era militante sindical y del PCU. Lo detienen el 31 de diciembre de 1975 durante la Operación Morgan. Lo llevaron al “300 Carlos” y al Batallón de Artillería Nº 1 de La Paloma donde muere el 5 de enero de 1976 por “politraumatismo con hemorragia aguda consecutiva”. Dijeron que se tiró por una escalera luego de una hora de “interrogatorio”.



EDUARDO MONDELLO era de Lavalleja, pero vivía en Piriápolis. De 30 años, casado y con dos hijos. Fue candidato de la Lista 190 en 1971. Había estado procesado en 1972 por “asistencia” al MLN-T. Lo vuelven a detener el 6 de marzo de 1976 y fue llevado al Batallón 4 de Laguna del Sauce. Murió por las torturas el 9 de marzo. En 1985 el forense que hizo la autopsia explicó que entonces no supo reconocer las señas de que había sido víctima del “submarino”.



IVAN MORALES nació en Bella Unión, Artigas. Militaba en el OPR-33. Tenía 25 años. Estaba exiliado en Argentina y viajó a conocer a su primer hijo, pero no pudo. La DNII lo detuvo el 20 de noviembre de 1974. Lo llevaron al Regimiento de Caballería Nº 6 donde murió por torturas. Un documento desclasificado en 2008 muestra el “parte” de su muerte escrito por el entonces mayor Manuel Cordero. Toda una confesión.



OSCAR BONIFACIO OLIVERA tenía 56 años. Era de Durazno. Casado, dos hijos, era obrero de CINOCA y militaba en el PCU y el UNTMRA. Lo detienen el 16 de diciembre de 1975 en la Operación Morgan. Estuvo en el “300 Carlos” del Batallón de Infantería Nº 13 y en Artillería Nº 1 donde muere el 27 de enero de 1976. Recibió un balazo que lo atravesó e hirió a otro detenido quien fallecería un año más tarde.



HUMBERTO PASCARETTA tenía 46 años. Era empleado de UTE y trabajaba en la papelera CICSSA. Militaba en el PCU. Lo capturaron en mayo de 1977 y lo llevaron a un centro de torturas donde muere el 4 de junio siguiente. El soldado desertor Hugo Walter García Rivas, en su libro “Memorias de un ex torturador” señala a los militares Armando Méndez y Carlos Calcagno como responsables.



HUGO PEREYRA CUNHA nació en Tacuarembó. De 52 años y casado, trabajaba en la construcción y militaba en el SUNCA y el PCU. Lo detuvieron el 16 de diciembre de 1975 en la Operación Morgan. Torturado en el “300 Carlos” fallece el 28 de agosto de 1977 en Artillería 1 por un “accidente vascular encefálico grave”. Pese a su hipertensión lo bañaron con agua fría y sufrió una parálisis. Murió en el Hospital Militar.



ALDO PERRINI GUALO vivía en Carmelo, Colonia. Tenía 34 años, casado y con tres hijos. Trabajaba en la Heladería Perrini. Militaba en el Fidel. Fue detenido el 26 de febrero de 1974 y llevado al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia. Otros detenidos señalan la particular saña con que lo torturaron. El 4 de marzo entregaron su cuerpo a la familia. Dijeron que murió por “edema agudo de pulmón”.



SILVINA SALDAÑA LAPEIRA era de Salto. De 32 años, era empleada doméstica y estudiante de Servicio Social. Militaba en la UJC y en el PCU. Fue detenida en Montevideo en febrero de 1976 en el marco de la Operación Morgan. El 7 de marzo llegó al “300 Carlos” y el 31 de ese mes la bañaron y vistieron para trasladarla al ex Hospital Marítimo de Maldonado. Dijeron que murió por “ahorcadura”.



NUBLE DONATO YIC nació en Maldonado. Casado, cuatro hijas. Obrero de frigoríficos, militaba en el FOICA y en el PCU. Tenía 47 años. Lo detienen el 22 de octubre de 1975 en la Operación Morgan. Permanece desaparecido hasta el 2 de noviembre. 20 días después lo procesan y lo encarcelan en el Batallón de Infantería 2, donde fallece de un infarto el 15 de marzo de 1976 durante su primera salida al aire libre luego de cinco meses de torturas.