El gran negocio de las cárceles privadas en EEUU: una forma de esclavitud
Cárceles privadas pagan a los jueces para que les envíen más prisioneros
Cloacas carcelarias en Uruguay
Cárceles basura en Uruguay
por Christian Müller |
En las cárceles de Uruguay se violan los derechos humanos “a gran escala”. A esa conclusión llegó un relator de las Naciones Unidas, y escandalizó a un país que hace 50 años era comparado con Suiza, obligando al gobierno, en pleno año electoral, a tomar medidas para evitar el colapso del sistema penitenciario y sus consecuencias más allá de los muros. Las prisiones uruguayas, a punto de explotar.
Ver ademas:
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2009/07/violacion-de-los-ddhh-en-las-carceles.html
BEBER DEL INODORO
Uruguay es uno de los países con mayor tasa de presos: en 2007 había 217 cada 100.000 habitantes. En la actualidad hay 8.158 reclusos en un sistema penitenciario con capacidad para 6.164, y entran 97 nuevos cada mes.
“Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a sí mismos, para poder ver a un médico”, dice el informe de Nowak sobre una de las principales cárceles del país, que aloja a 1.180 personas. Su descripción de otra de las grandes prisiones uruguayas, el Comcar, con 2.720 presos, es parecida.
Nowak comprobó las “disparidades inmensas” entre los reclusos, ya que el trato que reciben “parece determinarse de acuerdo con el estatus económico y social de los detenidos”.
Los adolescentes infractores detenidos en centros de rehabilitación estatales “viven en condiciones realmente pobres”, “carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación” y “se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día”.
El relator de la ONU advirtió que “el riesgo de colapso del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos que severamente impactan en la sociedad en general”.
Uruguay es uno de los países con mayor tasa de presos: en 2007 había 217 cada 100.000 habitantes. En la actualidad hay 8.158 reclusos en un sistema penitenciario con capacidad para 6.164, y entran 97 nuevos cada mes.
“Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a sí mismos, para poder ver a un médico”, dice el informe de Nowak sobre una de las principales cárceles del país, que aloja a 1.180 personas. Su descripción de otra de las grandes prisiones uruguayas, el Comcar, con 2.720 presos, es parecida.
Nowak comprobó las “disparidades inmensas” entre los reclusos, ya que el trato que reciben “parece determinarse de acuerdo con el estatus económico y social de los detenidos”.
Los adolescentes infractores detenidos en centros de rehabilitación estatales “viven en condiciones realmente pobres”, “carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación” y “se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día”.
El relator de la ONU advirtió que “el riesgo de colapso del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos que severamente impactan en la sociedad en general”.
El negocio de la inseguridad.
Nueva cárcel por ley de asociación público-privada.
EL OBSERVADOR - 23.05.2011
Nueva cárcel por ley de asociación público-privada.
EL OBSERVADOR - 23.05.2011
El Ministerio del Interior tiene previsto construir una cárcel en Montevideo mediante la futura ley de asociación público-privada. Hay 12 empresas nacionales e internacionales interesadas en el proyecto, que albergará a 2.000 personas privadas de libertad. Así lo informó este lunes el titular de la cartera, Eduardo Bonomi, en conferencia de prensa.
Por otra parte, este lunes comenzó el traslado de presos de la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, al nuevo centro de reclusión (cárcel “espejo”) inaugurado el pasado viernes con la incorporación de 16 nuevas celdas individuales y 80 con capacidad para tres presos. El ministro dijo que la antigua cárcel no se usará más como lugar de reclusión y será un centro de trabajo y estudio.
La nueva cárcel de Las Rosas contendría a 256 reclusos y, según Bonomi “hay un abismo con la vieja cárcel”. Esto ya que, por ejemplo, cuenta con aulas donde se brindarán cursos de informática, también hay una sala de enfermería, habitaciones de seguridad vidriadas para el diálogo entre reclusos y abogados, y duchas de agua caliente que funcionan en base a energía de paneles solares.
El establecimiento cuenta además con patios de alta seguridad con vigilancia mediante cámara y un sistema anti-incendios ya probado por la Dirección Nacional de Bomberos. En la zona carcelaria se construyeron dos pozos de 20.000 litros de agua que serán utilizados por personal entrenado en caso de incendio. Las celdas son de hormigón y concreto y los colchones de material no inflamable. Hay una amplia cocina, una carnicería y un comedor.
Bonomi afirmó que el Ministerio está acelerando el proceso de pasaje de las cárceles ubicadas en los centros de las ciudades del interior del país hacia las chacras. Las prioridades para esos traslados son Lavalleja, Rocha, Soriano y Rivera.
Consultado si se logrará con las construcciones y ampliaciones romper con el hacinamiento en tres años, como pronosticó el comisionado parlamentario de cárceles Álvaro Garcé, Bonomi señaló: “Yo desearía llegar antes. Con lo construido y en construcción bajamos mucho el hacinamiento y habrá más plazas que personas privadas de libertad”. Y agregó: “El deseo sería que nunca se completen esas plazas, el ideal es que no haya necesidad de mandar presos a las cárceles, logrando disminuir la cantidad de delitos que se producen”.
Por último, Bonomi enfatizó que en materia de tareas de trabajo y estudio como forma de rehabilitación “cuando empezamos el Patronato (Nacional de Encarcelados y Liberados) contaba con ocho posibilidades de trabajo fuera de cárceles. Hoy tiene 180 posibilidades”.
Cuestionan ley de asociación público-privada
El proyecto de asociación público-privada recibió ayer fuertes observaciones de expertos de derecho administrativo: hay inconstitucionalidades y se permite al gobierno elegir "a dedo" con quién asociarse, lo que "se presta a la corrupción". CORRUPCIÓN. Cajarville también fue duro con el artículo 20, que fija un procedimiento de "diálogo competitivo" con los postulantes que, "habiéndose presentado al llamado público y cumplido los requisitos de solvencia técnica y económica establecidos, hayan sido seleccionados".
Así, la redacción de los pliegos de condiciones se fijaría en un procedimiento de deliberación con los eventuales oferentes. "El diálogo competitivo puede ser beneficioso, pero está tan confusamente redactado que permite a la administración elegir con el dedo quién puede participar y quién no, aunque todos reúnan las condiciones necesarias. Esto se presta a arbitrariedades y, peor, a corrupción", aseguró Cajarville.
El diputado blanco Jorge Gandini acotó que "hecho por personas sanas puede ser bueno, pero hecho con un poco de maldad se legaliza el tráfico de influencias".
Si hoy recuperamos basura, como no recuperar seres humanos?
Según la Ley de Ejecuciones Penales brasileña todos los presos deben trabajar, lo que no es una opción sino una obligación.
(filosofía brasileña)Cárceles privadas: ¿problema o solución?
Martín LozadaLa privatización de algunos segmentos del sistema penal constituye un insoslayable dato de la realidad. Comenzó en nuestro país a principios de los años noventa con la arrolladora aparición de las policías privadas y continúa en nuestros días con el proceso de privatización de las prisiones. La era contemporánea de las cárceles con fines de lucro se inició a mediados de 1980 en los Estados Unidos. Kentucky fue el primer Estado de la Unión que le entregó a una empresa el manejo completo de una prisión, y desde entonces son más de 140 los centros penitenciarios privados del país y más de 140.000 las personas alojadas en sus instalaciones. A partir de 1983 este sector ha venido experimentando el crecimiento geométrico de su capacidad: 4.630 plazas en 1988; 32.555 en 1993 y 132.572 en 1998. En la actualidad son 17 los grupos económicos que se reparten el mercado de esta poderosa industria privada. Ofrecen un amplio menú de bienes y servicios, que van desde los proyectos arquitectónicos y financiamiento para la construcción, hasta el mantenimiento, la administración, el contrato de seguros, la provisión de empleados y la búsqueda y transporte de presos. El Complejo Industrial de Prisiones (PIC) tiene su expansión asegurada en un país que, con 2 millones de personas privadas de su libertad, posee la mayor población carcelaria del mundo. Sobre todo debido a que en los últimos diez años su número aumentó en un 50%, pese a que en igual período de tiempo el porcentaje de delitos disminuyó un 20%. Esta paradoja radica, sobre todo, en el endurecimiento de la "guerra contra las drogas" y en la imposición de penas más severas para infracciones no violentas. Según el Departamento de Justicia, en los Estados Unidos hay 690 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea está por debajo de los 100 reclusos por cada 100.000. Hiperinflación carcelaria que, según sostiene el sociólogo Loic Wacqant en su obra titulada "Las cárceles de la miseria" (Manatial, 2000), ha propiciado el vertiginoso desarrollo del sector privado, que inclusive cuenta con una revista, la Correctional Building News, cuya tirada alcanza los 12.000 ejemplares. En nuestro ámbito regional el proceso se ha puesto en marcha a través de la concesión de ciertos servicios penitenciarios a empresas privadas. Tal opción, en el marco de las actuales restricciones presupuestarias y crisis fiscal, ha suscitado una gran expectativa por parte de las autoridades. Prueba de ello es que la primera cárcel de gestión privada y fines de lucro fue pactada en 1999, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Justicia provincial y una empresa particular. Se trata de una "cárcel factoría" establecida en el partido de Saavedra, cuya cabecera es la ciudad de Pigüé. El constructor del establecimiento tiene a su cargo la alimentación y salud de los internos, así como el mantenimiento del edificio. Como contraprestación cobra un canon por cada uno de los allí alojados, con derecho a comercializar el producto de su trabajo, el cual debe ser voluntariamente asumido por los mismos. La vigilancia, tratamiento y rehabilitación de los reclusos se encuentran, según lo convenido, dentro de la órbita estatal. Los defensores de las cárceles privadas aseguran que combinan beneficios tales como calidad de construcción, eficiencia y adecuada administración, así como una considerable merma del costo preso-día. Los contratos de administración carcelaria celebrados entre el gobierno y las empresas privadas suelen estipular tarifas fijadas explícitamente por debajo de lo que le ha costado a la entidad pública administrar la cárcel en años anteriores, o sobre proyecciones de lo que le costaría al administrador público en el futuro inmediato. Sus detractores sostienen que la promesa de ahorro resulta ser un hecho que no se condice con la realidad. Y que son numerosos los estudios que indican que hay poca o ninguna diferencia entre los costos de los establecimientos penitenciarios públicos y los que funcionan con fines de lucro. Uno de los aspectos que mayor conflictividad ha despertado se refiere a la utilización de la mano de obra de las personas privadas de su libertad. En los Estados Unidos grandes empresas como Microsoft, TWA, Boeing, Konica, Jansport y Victoria"s Secret se benefician, a través de subcontratistas, de sus servicios. La Asociación Americana de Juristas, entre otros, ha denunciado abusos por parte de los gestores privados, sobre todo en relación con la total falta de remuneración de los internos, los elevados riesgos de accidentes a los que se encuentran expuestos y a su total imposibilidad de agremiación u organización como colectivo. Tanto es así que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó en 1998 que el "trabajo forzoso" ha evolucionado en los últimos años, pasando de la esclavitud a la servidumbre por deudas y luego al trabajo por motivos políticos, para en nuestros días asumir la modalidad de trabajo realizado por los reclusos. Para entonces, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas ya había recomendado la realización de "un estudio a fondo sobre todas las cuestiones relativas a la privatización de las cárceles, incluida la obligación de respetar e instrumentar la legislación vigente en el país de que se trate y la posible responsabilidad civil de las empresas administradoras y sus empleados". Resta en lo sucesivo analizar si los mandatos constitucionales vinculados con las personas privadas de su libertad pueden ser cumplidos en este ámbito paulatinamente delegado en manos privadas. Si estos nuevos gestores de políticas públicas resultan capaces de compatibilizar sus lucros con el bien colectivo y, en definitiva, si esta práctica carcelaria no nos retrotrae a los albores mismos de la modernidad. * Martín Lozada. Autor de "Seguridad Privada: sus impactos en el Estado de derecho", (Abaco, 2000).
http://alainet.org/active/2052&lang=es
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