vie nov 22 2013
La Junta de Paysandú declaró al departamento
libre de fracking, lo que afecta la actividad de exploración de
petróleo. La iniciativa sigue la línea de otros departamentos que se
declararon libres de la actividad minera a cielo abierto.
El fracking es la técnica para extraer gas natural mediante la fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos).
Comunicado de prensa 22/11/2013
¿Por qué Paysandú libre de Fracking?
Los grupos de la sociedad civil organizados en Paysandú Nuestro, Gensa y Paysandú Libre de Fracking manifestamos a la población nuestra satisfacción ante la resolución tomada por la Junta Departamental de prohibir la técnica del FRACKING ó fracturación hidráulica en todo el territorio de nuestro departamento.
Este es un eslabón más en una lucha que comenzamos hace ya un año con el fin de conocer, de informarnos de primera mano acerca de los planes de ANCAP para la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro subsuelo.
Paso a paso
Ante la multitud de dudas, decidimos recorrer todos los caminos que pudieran conducirnos a una información clara y confiable. En una primera instancia, recurrimos a contactos con la fuerza política en el gobierno nacional con la pretensión de obtener información fidedigna sobre la cuestión. Como la respuestas a estas iniciativas fueron difusas y evasivas, decidimos tomar una actitud proactiva tratando de generar eventos académicos y sociales que contribuyeran a generar una opinión pública al respecto.
En este marco, luego de varias actividades, recibimos la visita del Gerente de Exploración y Desarrollo de ANCAP, Dr. Héctor De Santa Ana, en una reunión pública. Pero el panorama no se aclaró sino que nos dejó más preocupados aún por la forma como se manejan las decisiones sobre estos temas.
En esa oportunidad, le preguntamos a Héctor De Santa Ana:
"Considerando que Ancap ha firmado un contrato de exploración y explotación con la empresa estadounidense Shuepbach Energy, teniendo en cuenta que la sociedad formada entre Ancap y la misma es a partes iguales por lo que ninguna de la partes puede por sí sola decidir tópicos como qué se explota y cómo, ¿Qué sucede si en unos años (el contrato es a 30 años) la empresa decide que de acuerdo a los hidrocarburos encontrados y a los precios de los mismos le resulta económicamente viable su explotación y que por la formación geológica en que estos se encuentran solo puede hacerlo mediante fracking? ¿Qué pasa si en esa hipótesis el Uruguay decide no usar esa técnica porque entiende es muy contaminante? ¿dónde se dirime esa controversia?"
La pregunta no fue respondida.
Dejamos el link del comunicado de prensa que emitiéramos este día
https://www.facebook.com/
Necesidad de estar informados
A todos nosotros como sociedad civil nos preocupan dos aristas de este asunto:
Por un lado, la técnología empleada, que es el 'fracking', una técnica experimental, aplicada sin estudios suficientes, muy controvertida y que por sus impactos ambientales y sociales ha sido prohibida en varios países y regiones; y
Por otro lado, las decisiones del gobierno uruguayo, que hasta el momento carecen de transparencia para los ciudadanos interesados en saber de qué se trata.
Como muestra de esto, para acceder al contenido del contrato firmado entre ANCAP y la empresa concesionaria Schuepbach Energy, un periodista invocó el derecho de acceso a la información pública (garantizado por la Ley N° 18.381) y ante la negativa del Ministerio de Industrias a hacerlo público, fue necesario recurrir a la Justicia que, finalmente, obligó al ente estatal a hacer público ese contrato.
En dicho contrato (ver Anexo 1) se establece claramente que se están estudiando posibles yacimientos de hidrocarburos no convencionales y que los mismos serán explotados una vez confirmada la viabilidad comercial. Entendemos entonces que, una vez determinado el interés económico en el recurso, irán a buscarse las licencias ambientales y sociales requeridas, pero bajo las reglas consentidas en el contrato.
Las autoridades de ANCAP negaban que existiera la posibilidad de emplear la técnica de 'fracking' aunque el contrato firmado no lo excluye. Recién ahora, ante la posible prohibición de esta tecnología en nuestro departamento, en una entrevista sostenida días atrás por la Comisión de Higiene de la Junta Departamental con autoridades de ANCAP, el Sr. Santiago Ferro y la Dra. Ethel Morales admitieron que, de encontrarse yacimientos comercialmente viables, se estudiaría caso a caso la posible utilización del 'fracking'.
Como vemos, un año de tesón en la búsqueda de información nos ha llevado a lo que sospechábamos. Se admite la posibilidad de usar el 'fracking' y esto ha sido negado sistemáticamente a la población. Ante esta forma de manejar la situación creemos que podemos permitirnos especular sobre los por qué de estos procedimientos.
Es sabido que la técnica del 'fracking' es sumamente riesgosa, contaminante y muy resistida por las poblaciones que la conocen, por lo que se pretende con estas maniobras dilatorias es ganar tiempo para pretender luego, con el hecho consumado del yacimiento encontrado, obtener el consentimiento de la población, la licencia social para su explotación.
Nosotros, sociedad civil, entendemos que los procesos para obtener, el consentimiento de la población, deben ser, antes que nada, de generación de confianza, brindando todos los elementos e informaciones requeridos. Las intenciones pueden ser legitimas, pero se invalidan cuando se invierte el orden de los procedimientos adecuados.
No se puede firmar, en nombre del estado uruguayo, un contrato por 30 años con una empresa que admite la posibilidad de usar el 'fracking' sobre el Acuifero Guarani. Tampoco se puede ceder la soberania nacional pasando la resolucion de posibles controversias con esa empresa a tribunales internacionales del tipo que Philip Morris está usando contra Uruguay. Esto ha sido manejado por muy pocas personas, a espaldas de la población.
También nos preguntamos: ¿Qué autoridad e independencia tendrá la DINAMA para expresar sus opiniones técnicas si, de ser contraria a la explotación, seguramente expondría al país a un juicio en el exterior? No podemos dejar de relacionar este proceso con las presiones del gobierno nacional que, días pasados, admitió su director Jorge Rucks, a propósito del proyecto de la regasificadora, aprobado en tiempos que correspondían más al contrato entre Gaz de France y Gas Sayago que a los tiempos técnicos necesarios.
Por lo antes expuesto, esta decisión de la Junta Departamental marca hoy un hito de gran importancia en esta lucha, pero es también una invitación a realizar nuevos esfuerzos. Para consolidar este logro, debemos avanzar en la generación de una mayor conciencia en la población sanducera y en reforzar los lazos de solidaridad con otros departamentos del litoral uruguayo y también con los vecinos de la Provincia de Entre Ríos, en defensa de nuestros suelos, nuestros ríos y nuestro Acuífero Guaraní.
Paysandú Nuestro, Gensa y Paysandú Libre de Fracking
22 de noviembre de 2013.
Fracking progresista
Por Raúl Zibechi
La debacle ética siempre antecede a la debacle material. Aunque no existe una relación mecánica entre ambas, la primera es condición de la segunda. Para las personas de izquierda la experiencia histórica podría servir de referencia e inspiración, pero sobre todo como impulso hacia la coherencia más allá de las conveniencias del momento, que de eso trata la ética.
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Algo deberíamos haber aprendido de la dramática experiencia del socialismo real. Quienes nos opusimos en la calle a la invasión de Vietnam a menudo guardamos silencio ante la invasión a Checoeslovaquia, por la sencilla razón de que el antimperialismo (estadunidense) nos impedía cuestionar al expansionismo soviético porque lo consideramos (erróneamente) enemigo de aquel. Terrible lógica que tuvo trágicas consecuencias.
¿Cuántos de los que denunciaron vivamente los campos de exterminio nazis hicieron lo mismo ante los juicios de Moscú y la represión estalinista? Apenas un puñado, acusados de agentes del enemigo cuando en realidad eran troskistas y anarquistas, o comunistas disidentes, chivos expiatorios de una geopolítica del poder dispuesta a sacrificar la ética en el altar de las conveniencias del momento.
La justificación ideológica de las deserciones de la ética son las peores consejeras, porque ensucian las ideas que dicen defender. A tal punto que conceptos nobles como comunismo o dictadura del proletariado dejaron de imantar la energía y la imaginación de los oprimidos y las oprimidas del mundo. Por regla, suelen hacerse concesiones de principios (como se decía antes cuando no nos atrevíamos a pronunciar el vocablo ética) en aras de supuestas ventajas tácticas.
Algo similar está sucediendo en relación a iniciativas de los gobiernos progresistas. El domingo 1 de setiembre el diario argentino Página 12 publicó un artículo titulado “Fracking”, en el que defiende la fractura hidráulica porque oponerse sería tanto como sintonizar con la oposición derechista. Acusa a los que se oponen a esa técnica de ser ecologistas, a los que define como “reaccionarios” que antes se opusieron a la megaminería, a los transgénicos y los agroquímicos.
El articulista, en un medio que supo ser crítico del poder neoliberal, señala que se trata de un “pensamiento regresivo” y asegura que “todavía no aparecieron argumentos convincentes contra los supuestos efectos contaminantes del fracking”. Va más lejos y postula que “no hay razones para pensar que el fracking será más riesgoso que otras actividades extractivas”.
Luego de despotricar contra los críticos, el articulista detalla la trascendencia de las conveniencias del momento, ya que las reservas no convencionales en el sur argentino serían 67 veces las actuales reservas de gas y once veces las de petróleo. “La magnitud de esta riqueza parece inconmensurable desde la perspectiva actual y tras la reaparición del déficit energético externo”. Ese déficit apareció, por cierto, luego de la desastrosa política privatizadora de Carlos Menem en la década de 1990.
Sin embargo, Menem privatizó las empresas estatales, entre ellas YPF que era una empresa superavitaria, con argumentos muy similares a los que se esgrimen ahora: miradas de corto plazo asentadas en la “riqueza real” que se va a obtener. Recordemos que Menem fue el político más popular de la década de 1990, al punto que fue reelecto con el 49,9% de los votos en 1995 luego de haber regalado medio país a las multinacionales.
Menem se convirtió en cadáver político porque en cierto período, hacia fines de la década en la que gobernó, las conveniencias del momento empezaron a jugarle en contra. No fue capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones y su prestigio fue enterrado por un ciclo de luchas iniciado en 1997 que tuvo su clímax en el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que expulsó de la presidencia a su sucesor Fernando de la Rua.
Con el fracking, la megaminería y los monocultivos de soja sucede algo similar. Durante una década y gracias a los altos precios de las commodities la economía parece funcionar y hay dinero suficiente para pagar políticas sociales que aplacan la pobreza sin realizar cambios estructurales. Pero, ¿pueden los defensores del modelo mirar a la cara a las Madres de Ituzaingó, que vieron morir a sus hijos por los efectos de los plaguicidas, y decirles que son víctimas de “un pensamiento regresivo” y “reaccionario”?
Las Madres de Ituzaingó, un barrio obrero de la periferia de Córdoba rodeado de campos de soja, recorrieron el barrio puerta por puerta cuando empezaron a ver morir a sus hijos y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. Durante años ningún organismo del Estado acogió sus denuncias. “En Ituzaingó hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, el 80 por ciento de los niños tienen agroquímicos en la sangre y el 33 por ciento de las muertes son por tumores”, dijo Sofía Gatica en un reciente encuentro contra la minería en Buenos Aires, clausurado el mismo día que Página 12 defendía el fracking.
Con los años Gatica, en nombre de las Madres, recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. Los sojeros fueron condenados, la justicia reconoció la contaminación y el gobierno tomó cartas en el asunto. Entre tanto, un inmenso dolor atraviesa a las madres del barrio y de muchos otros pueblos de la Argentina sojera. Las Madres de Ituzaingó no son ecologistas ni pertenecen a ningún partido de izquierda, ni apoyan a la derecha ni están contra el gobierno. Es otra lógica, la de la dignidad.
Entre los progresistas de la región se ha impuesto una lógica perversa: medir las cosas según beneficien a la derecha o al gobierno. Ese fue el argumento de algunos politólogos ante las masivas manifestaciones de junio en Brasil. La única brújula para no perderse es la ética. Hoy sus agujas enfilan contra la megaminería y el extractivismo, sin importarles quiénes estén en el gobierno.
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