El porcentaje de ajuste salarial por inflación que reciben los trabajadores de la Administración Central, según determina la ley, surge de la suma de: a) el llamado “correctivo” que es la diferencia entre la inflación futura proyectada por el propio gobierno, a través del Banco Central del Uruguay, y la variación anual del IPC pasado que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas (INE); b) la inflación futura estimada para el próximo año. El rango “meta” de inflación futura se ubica entre 3% y 7% y su punto medio sigue siendo 5% (el rango meta anterior estaba entre 4% y 6%).
El valor de la inflación futura está determinado por el gobierno en forma discrecional y no está sujeta a ningún tipo de negociación con los trabajadores. Cuando la inflación futura que se aplica es igual todos los años (5 por ciento), como sucede desde que se aplica este método el ajuste anual es igual al IPC pasado.
Ajuste = IPC pasado – inflación futura otorgado el año anterior + inflación futura del año siguiente = IPC pasado
El año pasado la situación empeoró sustancialmente cuando el gobierno actuó con medidas políticas “heterodoxas” para que el IPC bajara en el mes de diciembre de 2012 para dar un aumento menor que la inflación efectiva del año.
Las medidas adoptadas el año pasado fueron esencialmente dos: la primera, las negociaciones con los supermercados para que no aumentaran los precios; la segunda, “sorpresiva” fue una reducción de las tarifas de energía eléctrica, con el Plan “UTE Premia”. Esta última medida se desactivó automáticamente en enero, cuando desapareció el descuento.
El IPC de diciembre de 2012 fue – 0,73 %, provocando que la inflación anualizada que fue 9,03% de noviembre 2011 a noviembre 2012 cayera a 7,48% para todo el año 2012. Decíamos a principios de este año (“Voces, 07/02/2013) que esa caída puntual de la inflación en diciembre era un “maquillaje” porque no reflejaba el verdadero nivel de inflación, en tanto era una caída del IPC que no se podía sostener en el tiempo, en efecto en enero el IPC fue 1,9 por ciento. Como consecuencia en un solo mes los trabajadores públicos perdieron el 25% del ajuste por inflación.
Como se observa en el cuadro Nro. 1 la inflación acumulada a octubre es la mayor de los últimos cinco años y casi duplica el valor de la inflación futura que utiliza el gobierno.
Cuadro 1. IPC ACUMULADO ANUAL Base diciembre 2010=100
A la pérdida por la inflación futura en todos los años se le sumó, en 2012, el “maquillaje” de la inflación anual pasada con una deflación en diciembre.
Como se observa en el cuadro Nro. 2 la deflación mensual es excepcional, sólo sucedió cinco meses en los últimos cinco años y nunca tuvo valores tan altos como en diciembre pasado.
Cuadro 2. IPC VARIACION MENSUAL Base diciembre 2010=100
Para evitar que volvieran a producirse variaciones importantes en el IPC del último mes del año, con su consiguiente impacto negativo en el salario, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) propuso al gobierno en abril la siguiente medida legislativa.
Modificar la metodología para fijar la actualización salarial, corrigiendo el artículo 4 de la Ley N° 18.719. Al respecto se propuso: a) que la estimación de la inflación futura se realizara considerando criterios estadísticos y económicos y no el rango meta de inflación fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica; b) que el cálculo de la inflación pasada se realizara midiendo la diferencia entre los promedios de la inflación anualizada del último trimestre del período respecto al trimestre previo a la última actualización salarial.” Dichas medidas no fueron tomadas en cuenta y, ahora el gobierno anuncia que en diciembre aplicará descuentos en la tarifas de UTE similares a los del año pasado, más aún, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo que esto se repetirá en los próximos años. O sea que, nuevamente, se maquillará el resultado del Índice de Precios al Consumo (IPC) con el objetivo de reducir los costos salariales a fin de bajar el déficit fiscal.
Estas medidas afectan a todos los trabajadores, tanto públicos como privados, que en la paramétrica de sus ajustes incluyen el IPC acumulado a diciembre. Esta medida también afecta a los pasivos por su incidencia sobre el Índice Medio de Salarios. El gran “negocio del gobierno” con el maquillaje de la inflación pasada es la diferencia entre lo que dejan de cobrar los trabajadores U$S 50 millones y el costo de los descuentos de UTE U$S 16 millones. Según la información disponible en el Ministerio de Economía y Finanzas el total de retribuciones pagadas en 2012 en el Sector Público No Financiero fueron de $ 61.524.- millones. Si esas retribuciones se hubieran actualizado por un 9,03%, el IPC anualizado a noviembre, su valor hubiera sido $ 67.080 millones, actualizado por 7,48% el valor es de $ 66.126 millones. La diferencia a favor de las cuentas públicas y en contra de los trabajadores públicos fue de 954 millones de pesos, equivalentes a 50 millones de dólares.
Por su parte, la inflación futura arbitrariamente fijada genera pérdidas muy importantes; si el año pasado, por ejemplo, se hubiera fijado en el 7,5 % la diferencia a favor de las cuentas públicas y en contra de los trabajadores hubiera sido aproximadamente de 80 millones de dólares.
Para evitar que esto vuelva a ocurrir la COFE propone que: “el gobierno postergue para el mes de enero la reducción puntual de las tarifas de UTE y que el Comité de Coordinación Macroeconómica recalcule la meta de inflación considerando la realidad estadística y económica”.
Si el gobierno continúa adelante con estas medidas por segundo año consecutivo los trabajadores no recibirán el 100 por ciento de la inflación pasada, situación que se inscribe, además, en el contexto de una congelación del salario real de la mayoría de los funcionarios de la Administración Central que no integran los Ministerios de Defensa e Interior.
El salario de los trabajadores del Estado sigue siendo una variable de ajuste de las cuentas públicas, como sucedía en los gobiernos blancos y colorados. Lo nuevo y paradójico es el doble criterio para aplicar los impuestos y los subsidios: a los trabajadores se les aplica un impuesto encubierto que pagan con poder adquisitivo y los gobernantes se benefician con lo que dejan de pagar por salarios; con el capital la situación es la inversa, lo que el gobierno deja de recaudar por exoneraciones y reducciones tributarias se transforma en beneficios del capital.
A todo esto debe agregarse las pérdidas de poder adquisitivo de salarios y pasividades generadas por la no aplicación de la Ley 18.910, del 15 de junio de 2012, la que faculta al Poder Ejecutivo a:
- incrementar el mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Física de siete a ocho Base de Prestaciones y Contribuciones (Art. 4), el mínimo actual es de $ 18.185 y podría haber sido de $ 20.784.- ;
- incrementar el tramo exento del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social en una Base de Prestaciones y Contribuciones (Art. 10);
- reducir en hasta dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto al Valor Agregado (Art. 9).
Extraña situación, lo que los trabajadores conquistaron en el primer gobierno “progresista” lo están perdiendo en este segundo gobierno que, como se observa, ni siquiera lleva adelante las leyes que el mismo impulsó.
(*) Asesor sindical, docente universitario y miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay.
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