El presidente José Mujica tiene decidido cerrar el expediente por el cual la Dirección General de Impositiva (DGI) pretendía cobrarle al empresario Francisco Casal
US$ 10 millones por una presunta evasión tributaria. La solución más probable es aplicar la avocación del sumario. Ese recurso se aplica cuando un órgano jerárquico toma una decisión por el subordinado. En este caso, el Poder Ejecutivo (el presidente con el ministro del ramo) se avoca y resuelve revertir una resolución administrativa tomada por la Impositiva.
La decisión es tomada luego de la opinión unánime de los tributaristas en cuanto a que no hay mérito para cobrarle los impuestos que la DGI reclama a Casal y de mantenerle el embargo. Además, se suma la posibilidad cierta de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le dé razón a Casal y quede en condiciones de iniciarle juicio al Estado por hasta US$ 300 millones. Esa eventual demanda se podría realizar por los daños y perjuicios que le causó al contratista estar embargado desde 2008 y por los errores de procedimientos cometidos por la DGI.
Entre las pruebas, Casal aportó un video en el que se muestra que funcionarios de la DGI fueron a la sede de Tenfield, en la calle Divina Comedia, a intimarlo a pagar y lo amenazaron con incrementar la deuda si no lo hacía.
La decisión del gobierno de cerrar el expediente de Casal trajo aparejado un conflicto en el Ejecutivo. Cuando hace dos semanas el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se reunió con el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para transmitirles la intención del presidente Mujica de encontrar una “salida” al asunto, el encuentro fue tenso.
Cuando se conoció la reunión a través del semanario Búsqueda, Astori se molestó y emitió un comunicado en el que señaló que la nota no comprendía su punto de vista porque tanto él como Lorenzo manifestaron que el tema requería un “análisis más profundo” y que tenían “serios reparos sobre este tema”, tanto “desde el punto de vista jurídico como desde perspectivas políticas e institucionales”.
Según supo El Observador, en esa reunión Lorenzo se molestó y dijo que se resistía a firmar la avocación, que debe ser rubricada por Mujica y el ministro de Economía. El clima de tensión fue tal, que en el encuentro el secretario de Estado incluso llegó a mencionar a River Plate, club del que es hincha y al que, según él, Casal busca perjudicar.
Contrapartida
“Un empate 0 a 0. Eso es lo que intentan los negociadores del gobierno y representantes del grupo que lidera Francisco Casal que buscan una salida al litigio iniciado en 2008 cuando la Dirección General Impositiva embargó al empresario y a otros contratistas para reclamarle tributos impagos entre 1998 y 2007”. Así comenzaba una nota de El Observador del 30 de agosto de 2012. En esos días, el presidente recibió a Casal en su chacra de Rincón del Cerro y ahí hubo un compromiso verbal del empresario de que no realizaría un juicio al Estado.
Tras los reparos astoristas, la fórmula que encontraron es pedirle a Casal, a cambio de la avocación, que firme un compromiso de que no litigará contra el Estado, según fuentes del Frente Líber Seregni.
El empresario ya había asumido un compromiso verbal con Mujica de que no realizará ningún juicio. Pero, según supo El Observador, no está dispuesto a cumplir con ninguna exigencia de Astori. De todas formas, si es Mujica el que se lo pide aceptaría firmar el documento. Con quien dialoga Casal es con Mujica, explicaron fuentes empresariales.
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Con posterioridad, la DGI inició un juicio por defraudación tributaria que fue archivado.
Luego de que la Justicia penal determinó que no hubo delito de defraudación tributaria por parte de Casal, su defensa planteó que “si no hay delito de defraudación, no puede haber condena civil”.
El contratista inició una acción de nulidad ante el TCA. Con posterioridad, una consultora técnica concluyó que “no se configuró defraudación tributaria” por parte de Casal.
Ante esta situación, el gobierno analizó la posibilidad de la “salida negociada” con el empresario para evitar perder un eventual juicio millonario (unos 300 millones de dólares) por “daños y perjuicios”.
Acuerdo
Ante tal panorama, este jueves El Observador publicó que decidió “cerrar” el expediente por el cual la DGI pretendería cobrarle 10 millones de dólares el empresario.Según informó el matutino, la solución sería a través de la figura de la “avocación del sumario”, recurso que se aplica cuando un órgano jerárquico toma una decisión por el subordinado
Por su parte, Vázquez dijo este jueves que hablará del tema con el Presidente Mujica.
Asimismo, el ex mandatario aseguró que “el dinero que podría perder el Estado en una demanda de Casal, podría ser utilizado en políticas sociales”.
Vázquez dijo estar a favor de un acuerdo con Paco Casal.
.Chantaje y corrupción
Eduardo Delgado
La defensa de Francisco "Paco" Casal interpreta
que los funcionarios de la DGI que en una cálida noche de febrero de
2008 se reunieron con el empresario en las oficinas de Tenfield, lo
"amenazaron" con elevar el monto de la deuda y no dejarle salida si no
aceptaba pagar el cálculo presentado en ese momento por impuestos
impagos.
Dicha reunión es pieza clave en todo el caso dado que,
sin el consentimiento de los funcionarios, fue filmada por Casal. La
cinta fue presentada como prueba y aceptada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (TCA).
Según la defensa de Casal, la filmación demuestra que
hay una intención de presionar a su cliente, lo que se suma a la
denuncia por documentación adulterada por parte de la DGI y que forma
parte del expediente de más de 7.000 fojas.
El video.
El 17 de febrero de 2008, pasadas las 21 horas, dos
funcionarios de la DGI llegaron hasta las oficinas de Tenfield. Allí, en
uno de los salones, se reunieron con Francisco "Paco" Casal y Nelson
Gutiérrez.
Los inspectores se preocuparon en informar que allí
estaban "en nombre y representación del director de la DGI", en ese
entonces Nelson Hernández. Precisaron que Hernández no podía estar
presente porque estaba participando de un asado en un departamento del
este del país.
Tal información no surge de una minuciosa
reconstrucción con participante de la reunión, sino porque la reunión
quedó registrada en un video grabado por Casal, sin que ambos
funcionarios se enteraran. Fuentes consultadas por El País que vieron
dicha filmación contaron detalles de la misma.
La existencia del video es conocida dado que incluso
fue aceptado como prueba en la causa que enfrenta al gobierno con Casal,
pero poco se conocía sobre su contenido.
Los funcionarios dijeron aquella noche que tenían la
instrucción de hablar con Casal, dado que antes habían hablado con su
abogado y buscaban llegar a una "solución" para saldar la deuda. Frente a
la propuesta, el empresario se mantuvo en silencio. Luego, los
funcionarios se refirieron a las cifras de la presunta deuda por el no
pago del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y el
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) en
transferencias de futbolistas.
Advirtieron que si no llegaba a un acuerdo de pago
empezarían a labrar actas, lo que haría más difícil su situación,
coincidieron en señalar las fuentes que tuvieron acceso a la filmación.
Agregaron que los funcionarios le dijeron que si no había acuerdo en
lugar de US$ 9 millones la deuda pasaría a US$ 18 millones, que de ahí
podría ser de US$ 36 millones, pudiendo llegar hasta cerca de US$ 100
millones. Y ahí ya no habrá marcha atrás y el empresario no tendría
salida.
Casal preguntó a los funcionarios quién los había
enviado. Y ellos respondieron que había sido Hernández. ¿Y por qué
esto?, les preguntó el contratista. Porque debe un impuesto y la DGI
debe cobrarlo.
Casal les retrucó con ironía que entonces iba a
tener que despedir a su contador porque era quien le aseguraba que no
debía nada a la DGI. Y agregó "yo le creo a mi contador cuando me dice
que no debo nada". Los funcionarios le reiteraron que sí debía y sin
acuerdo ni compromiso de ninguna de las partes finalizó el encuentro.
La defensa de Casal presentó una copia del video de
dicha reunión en el juicio que inició ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. Los funcionarios de DGI que aparecen en la cinta fueron
citados a declarar y ratificaron que fueron a esa reunión autorizados
por el director del organismo. Posteriormente, el TCA admitió el video
como prueba en el juicio que se tramita.
Clave.
Por el momento, la defensa de Casal tiene decidido
no presentar este video ante la Justicia Penal. Fuentes del gobierno
consultadas por El País admiten en reserva que algunas de las conductas
que se aprecian en el video podrían tener consecuencias penales para
funcionarios y jerarcas de la DGI. Los funcionarios del propio gobierno
admiten preocupación porque del expediente surgen procedimientos
irregulares seguidos por la DGI, y que resulta "muy difícil" sostener
una defensa ante el TCA.
La DGI acusó a Casal de adeudar más de US$ 100
millones por el no pago de IRIC e IRAE. Presentó una denuncia ante la
Justicia por defraudación tributaria que no prosperó, aunque sí se le
aceptó que le trabara embargo a diversas empresas vinculadas al
contratista.
Luego, en noviembre de 2009, el ministro de
Economía, Fernando Lorenzo, redujo de US$ 104 a US$ 10 la deuda de Casal
al limitar el plazo de prescripción de adeudos.
Así, DGI mantiene el reclamo por el cobro de dicho
monto, aunque la defensa de Casal insiste en que no adeuda impuestos y
recurrió al TCA para que deje sin efecto el acto de determinación
tributaria.
El presidente José Mujica quiere anular la deuda a
Casal mediante una resolución que requiere de la firma de Lorenzo, con
el objetivo de ponerle fin al juicio en el TCA y evitar que un fallo
favorable al empresario -lo cual considera que será lo más probable- le
allane el camino para demandar por cifras millonarias al Estado.
El vicepresidente Danilo Astori rechaza de plano dicha salida manejada por Mujica y prefiere dar pelea ante el TCA.
Un caso complejo
Fue el director de Rentas Eduardo Zaidensztat quien
promediando el gobierno de Jorge Batlle inició una investigación sobre
posible defraudación por parte de las empresas de Paco Casal en el pago
de impuestos por la transferencia de deportistas.
En el gobierno de Tabaré Vázquez, el director de
Rentas Nelson Hernández confirmó la evasión e inició acciones para
cobrar. Presentó una denuncia por defraudación tributaria que fue
rechazada por la Justicia. Trabó embargo a decenas de empresas de Casal
por más de cien millones de dólares. Calculó la deuda por impago de IRIC
en US$ 104 millones, pero luego el Ministerio de Economía la redujo a
US$ 10 millones.
La defensa de Casal afirma que no debe y presentó el
caso ante el TCA para que anule el acto de determinación tributaria de
la DGI. Dos fiscales de gobierno concluyen que Casal no debe porque el
hecho generador del impuesto ocurrió fuera del país. Idéntico análisis
hicieron una decena de expertos tributarios. Mujica quiere anular la
deuda.
La historia
Viernes 26 de agosto de 2005 |
El presidente de Peñarol, contador José Pedro
Damiani, advirtió telefónicamente al director general de Rentas,
contador Eduardo Zaidensztat, que investigue la maniobra realizada por
el empresario Francisco Paco Casal, en la venta de los futbolistas
Carlos Bueno, Cristian Rodríguez al París SG y de Joe Bizera al Cagliari
de Italia.
El argumento del contador Damiani es que curiosamente, la institución
que es propietaria de los derechos federativos y económicos no recibió
un solo euro y la FIFA, prohíbe la participación de personas físicas en
las transferencias de futbolistas, lo mismo que la Ley 14.996 en nuestro
país.Peñarol sospecha que Casal, puede recurrir a los servicios de otra institución para recibir el dinero que el París SG y el Cagliari le pagarán por la venta de los tres futbolistas, porque está claro que los mismos no formaron parte de una obra filantrópica. La Ley, que estableció el impuesto del 5% en las transferencias de deportistas, exige el pago del mismo a las instituciones no a los empresarios cuando las mismas se realizan contra una prestación financiera. Si los deportistas son vendidos al exterior sin cargo alguno, la DGI no percibe ningún dinero por concepto del impuesto. El contador Damiani, especialista en la materia, se comunicó telefónicamente con su colega Eduardo Zaidensztat y le advirtió que tomara las precauciones del caso y haga un seguimiento de las transferencias, para evitar que Paco Casal burle nuevamente al Fisco como lo hace con el pago del IRIC y del Impuesto del Patrimonio.
Entrevista con Danilo Astori
El Consejo Directivo de Peñarol, resolvió el lunes pasado, agotar todas las vías para defender sus derechos en este litigio contra Paco Casal. A tales efectos, en forma unánime, los consejeros decidieron entre otros temas, solicitar una entrevista con el Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori ( jerarca máximo de la Dirección General Impositiva), a los efectos de interiorizarlos del modo operandi del empresario Francisco Paco Casal. Cabe destacar que Peñarol, fue una de las instituciones que más documentación aportó a la DGI en la investigación que el organismo está llevando a cabo contra el Grupo Casal y el empresario, por evasión impositiva. En igual medida colaboraron Defensor Sporting, Danubio, Bella Vista y Nacional, que también guardan valiosa documentación donde está probado cómo Francisco Casal, amparándose en un holding de empresas panameñas – todas ellas presididas por el contador Julio Szafrán- evade al fisco uruguayo.Asesores del contador Zaidensztat, sostienen que las empresas panameñas de Casal (Darrel Equities SA, Nikor Consulting SA y Domex Associates Inc) que tienen como domicilio legal la Av. 18 de Julio 878, Apto 902, sólo deben tributar el Impuesto al Patrimonio y están exoneradas del pago del IRIC, porque tienen domicilio fiscal en la República de Panamá.
Técnicos del organismo y especialistas en Derecho Tributario, sostienen lo contrario y aseguran que el holding de empresas panameñas de Casal, deben pagar también el IRIC.
-”Casal vende un producto uruguayo al exterior (léase futbolistas), el dinero de las transferencias es girado a las cuentas corrientes de los clubes uruguayos (asociaciones civiles sin fines de lucro) que luego le entregan el mismo al empresario, o se lo giran nuevamente a cuentas secretas al exterior del país. Si Casal no tiene que pagar el IRIC porque sus empresas tienen domicilio fiscal en Panamá, las principales empresas exportadoras del país, Conaprole, Saman, Coopar, la industria cárnica, van a hacer lo mismo y la DGI tampoco les va a poder exigir que le paguen este importante impuesto”, comentó a LA REPUBLICA un especialista en la materia.
El contador José Pedro Damiani ya dio la voz de alerta por lo que ahora las autoridades de la DGI no van a poder mirar para el costado en este litigio que ha generado alarma pública. *
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El pueblo uruguayo es intelligente para empezar a unirse a la lucha de clases. El pueblo uruguayo cada vez esta viendo los colores.
ResponderEliminarDale tiempo al tiempo y veras Vasquez que inteligente es el pueblo uruguayo.