Víctimas de judicialización

>>> PIT-CNT y FEUU se solidarizan con estudiantes y compañeros víctimas de judicialización

Reunidos la Presidencia y la Secretaría General del PIT CNT con la FEUU, ante los acontecimientos posteriores a la desocupación del CODICEN, queremos hacer las siguientes consideraciones:

El PIT-CNT y la FEUU resolvieron:

1. Condenar el mecanismo por el cual se detuvo y se intentó detener a un conjunto de militantes que se encontraban en sitios cercanos al juzgado donde estaban prestando declaración sus compañeros del sindicato y del gremio estudiantil.
2. Que no debe ser práctica en el Uruguay ni judicializar ni criminalizar la protesta social o el conflicto. Rechazamos dicha práctica.
3. El conflicto es producto de la convicción de la defensa de diversos intereses y ha sido una herramienta formidable para la transformación social. Deberíamos, entonces, apostar al dialogo y a la negociación como forma de resolver las diferencias; y no a la represión como respuestas a nuestras demandas.
4. Expresamos nuestra solidaridad con los gremios estudiantiles y compañeros que están siendo víctimas de la judicialización y estigmatización antes mencionadas.
5. Vamos a convocar a trabajadores, estudiantes, jubilados, cooperativistas y al pueblo en general a grandes movilizaciones en defensa de la educación pública y su valor en el desarrollo nacional. Para ir en esta dirección es necesario hacerlo con miles.
6. En ese sentido reafirmamos nuestro compromiso de luchar por alcanzar el 6% del PBI para la educación (ANEP-UDELAR), para que la dote de los recursos necesarios para atender a los niños y jóvenes del país, en todos los contextos socio culturales. Esta es la pelea estratégica en la que se define el futuro del país.

>>> Comunicado de la Mesa Ejecutiva de FENAPES a las filiales

En el día de hoy compañeros de distintos sindicatos fueron convocados a declarar al juzgado.

Durante el transcurso de la tarde se ha citado a más compañeros, y se ha detenido e intentado detener sin orden a algunos compañeros.

En este marco, se han realizado diferentes acciones, denuncia de la situación en el parlamento con los siguientes legisladores : Civila, Pablo Gonzalez, Sabini y Puig.

Asimismo, se ha tenido una reunión con el Secretariado del Pit Cnt en conjunto con  la UNOTT (acompañando al sindicato del taxi) y FENAPES (acompañando a los cros de nuestra filial montevideana).  Se está elaborando una declaración en conjunto Pit Cnt y Feuu de denuncia y repudio a la criminalización de la protesta.

Los Cros de Ades han tenido una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos (Mirtha Guianze y Juan Raúl Ferreira) quienes plantean  que Faroppa ha realizado acciones y declaraciones  en forma individual y no representando al organismo (que recién se reúne mañana).

Seguiremos  atendiendo la situación e informando.

Mesa Ejecutiva

>>> Martes 29: Paro de 24 horas y Asamblea General, Hora 16 (segundo llamado), local de la Asoc. de Funcion. Judiciales

El Departamento de Operaciones Especiales esta llevando a cabo detenciones ilegales de compañeros trabajadores y estudiantes por los hechos ocurridos en el desalojo del CoDiCen: sin mostrar orden judicial, personas de particular, en vehículos particulares y en la vía publica.

Los detenidos, después de ser llevados a una dependencia de Inteligencia, son trasladados al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, en calidad de indagados. Entre los últimos trasladados, se encuentra un profesor afiliado a ADES Montevideo.

La Comisión Directiva de ADES Montevideo radico denuncia de estas irregularidades, que violentan las libertades democráticas, ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Junto a compañeros de otros sindicatos, en el marco de la FENAPES, nos hemos reunido con integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Además, representantes de la CSEU han radicado denuncias ante diferentes miembros del Parlamento.

En este contexto, dado que habrá nuevas citaciones para el día de mañana, y atendiendo a las resoluciones de la Asamblea General, la Comisión Directiva dispone:

– Extender el paro de hoy, lunes 28, hasta el final de la jornada.

– Proseguir con el paro mañana martes 29, por 24 horas.

– Concentrar nuevamente en la sede judicial el día de mañana, en horario a definir que comunicaremos a la brevedad.

– Convocar a Asamblea General en forma urgente. Primer llamado: Hora 15:00. Segundo llamado: Hora 16:00. Local de Judiciales. Wilson Ferreira Aldunate 1280.

>>> Lo primero que hay que aclarar
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El desalojo de los ocupantes dentro del Codicen demuestra la FALSA NEGOCIACIÓN

Las imágenes fueron tomadas por la cámara que un oficial llevaba en su uniforme. No encuentran estudiantes cuando recorren los pisos. .

>>> Cinco personas fueron procesadas sin prisión por desalojo del Codicen

Deberán cumplir trabajo comunitario. Irma Leites fue liberada.
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No lo soñé

Por Soledad Platero.

El violento desalojo del local del Codicen, la noche del martes, volvió a poner sobre el tapete la cuestión del uso de las fuerzas represivas para contener manifestaciones políticas. Para cuando esta nota esté publicada seguramente ya todos habremos visto hasta el cansancio las imágenes que muestran las escaramuzas de los manifestantes que estaban fuera del edificio y la respuesta de la Guardia Republicana, arremetiendo sobre ellos del único modo en que saben hacerlo cuando no están apelotonados y quietos detrás de los escudos. De acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior, en los hechos participaron un Grupo de Reserva Táctica (GRT), cuyo cometido era hacer salir a los estudiantes del interior del edificio, y la Guardia Republicana, que estaba apostada afuera para hacer frente a los eventos que pudieran desatarse con los que habían ido a apoyar a los ocupantes.

El edificio en el que funcionan las oficinas del Codicen alberga, además, oficinas de otras instituciones del Estado. Según la declaración de una ocupante no identificada*, alrededor de las seis y media de la tarde un funcionario que dijo ser del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se hizo presente en el edificio para dejar una orden de desalojo. Los ocupantes (estudiantes de secundaria) dijeron, siempre según esa versión, que no iban a recibir el papel hasta que llegara su abogado. El funcionario, que en ningún momento se había identificado salvo de palabra, arrojó el papel al piso y se retiró, en un auto con matrícula del Ministerio del Interior. Poco rato después llegó el jefe del GRT, habló con el abogado de los estudiantes, que ya estaba presente, y explicó que en realidad ese edificio no es todo del Codicen, y que en los otros pisos hay oficinas públicas que debían ser desalojadas. También les dijo, aparentemente, que el Codicen no había dado la orden de desalojo (que seguía “apostando al diálogo”) y que lo mejor era que desocuparan los pisos de las instituciones que no tenían nada que ver en la cosa. Los jóvenes optaron, entonces, por juntarse (abroquelarse, dice la estudiante) en el tercer piso, que es del Codicen. Eran unos sesenta, aproximadamente. Los agentes del GRT comenzaron inmediatamente a provocar, a circular por las escaleras haciendo retumbar las botas y gritándoles a los adolescentes que se comunicaran con sus familias porque no las iban a ver más. Según la joven, el clima dentro del tercer piso era de mucho nerviosismo: estaban encerrados, sin ningún lugar por donde salir y con un montón de guardias enardecidos amenazándolos. La cosa recién aflojó cuando los que estaban afuera empezaron a hacer presión y los agentes se movilizaron hacia el exterior. Fue entonces que los adolescentes lograron salir por una de las puertas, que había sido liberada. Esto es lo que dice una de las estudiantes que estaban adentro. De los que estaban afuera, algunos dicen que había manifestantes “no identificados” incitando a la violencia. El Ministerio del Interior, por su parte, identifica a los agresores como “manifestantes miembros del sindicato del Suatt y Plenaria Memoria y Justicia”. Lo que pasó afuera fue lo que vimos todos. Lo que dice el gobierno, hasta el momento en que se escriben estas líneas, es lo que dice el Ministerio del Interior.

El asunto es que este hecho parece dividir a la izquierda entre los que sostienen que la represión es inaceptable y los que la justifican porque estaba Irma Leites. He visto a varios militantes o simpatizantes del gobierno preguntándose qué hacía ahí Irma Leites, como si los dirigentes del Frente Amplio no hubieran estado millones de veces acompañando ocupaciones y manifestaciones, como si los parlamentarios no hubieran tenido que acercarse cientos de veces a lugares en los que se corría el riesgo de que las fuerzas represivas hicieran destrozos, como si fuera incomprensible que militantes y sindicatos acompañaran una medida de lucha estudiantil. Pero claro, el problema, según parece, es que los adultos que acompañaban la ocupación eran de la Plenaria y del Suatt (el sindicato del taxi). En primer lugar hay que decir que eso es sólo parcialmente cierto. Entre los que acompañaban a los estudiantes había, además de familiares y profesores de los que estaban adentro, también militantes que no integran ni la Plenaria ni el Suatt. Por otro lado, veo con preocupación que la Plenaria y el sindicato del taxi ya sean los árabes de la película, como decía alguien. Si están ellos, la acción represiva está justificada de antemano. (El propio ministro Bonomi dijo en una radio que los ocupantes del Codicen estaban encapuchados y con “pañuelos talibanes”, como si eso de por sí hablara de su peligrosidad).

Yo no comparto en absoluto las tácticas de Plenaria Memoria y Justicia (la estrategia ni siquiera la conozco), y creo que el sindicato de los taximetristas ha mostrado varias veces la peor cara del sindicalismo; la más patotera e irracional. Pero no ocultan lo que son, y si se les hace el campo orégano no es porque engañan a los niños con dulces y a las viejecitas con canastas de fruta. Es porque canalizan ciertas expectativas que el Frente Amplio parece haber renunciado a canalizar. Si el debate en torno a cuestiones estrictamente políticas se ha diluido detrás de la pamplina de la gestión, los técnicos y las cifras, la culpa no es de la Plenaria. Si el Frente Amplio prefirió distraerse en el problema de su presidencia cuando todo el país estaba pendiente de la ley de Presupuesto, del conflicto de la educación y de la anunciada desaceleración económica; si hay voceros de sectores del Frente Amplio haciendo campaña contra la decisión de abandonar las conversaciones por el Tisa; si hay dirigentes de izquierda a los que no se les cae la cara de vergüenza cuando admiten que casi 500 mil trabajadores ganan menos de 15 mil pesos y que eso, 15 mil pesos, es lo que cuesta alquilar un apartamento modesto de dos dormitorios, realmente, no sé cómo se sorprenden de que la izquierda no frenteamplista sea la que toma las calles.

Pero la despolitización voluntaria de la opinión pública que ha llevado adelante el Frente Amplio desde que está en el gobierno (por acción o por omisión) tiene muchas consecuencias, además de ésta, evidente, de dejar en manos de los más radicales a los más jóvenes y a los más jodidos. Una de esas consecuencias es la naturalización de la represión como respuesta para todo. La evidente militarización de la Policía (ya se anuncia que hasta la Caminera será parte de la Guardia Republicana) obedece a una tendencia global que avanza a medida que se vuelve más importante controlar localmente a las poblaciones que responder a situaciones de guerra con países vecinos. Mecanismos para interceptar las comunicaciones, cámaras de vigilancia, policías militarizadas, vehículos de guerra para uso en las ciudades y, sobre todo, una política orientada a hacer que la población misma reclame cada vez más presencia de las fuerzas de seguridad.

Los que se asustan cuando ven a Irma Leites agitando en la puerta de un local ocupado deberían tomarse la molestia de leer los comentarios de la página de Facebook de la Guardia Metropolitana. Deberían prestar atención a la construcción de una retórica del miedo como mecanismo de control social. Deberían fijarse en cómo las palabras que fueron de la izquierda pasaron rápidamente a integrarse a los discursos más reaccionarios y de la manera más aberrante (reclamos de represión en nombre de los derechos humanos, movilizaciones para pedir seguridad en nombre de los trabajadores asesinados, invocaciones a la libertad de enseñanza para reclamar subvenciones para la enseñanza religiosa). Deberían preguntarse por qué se han mezclado tanto las palabras y las cosas, y por qué, en la puerta del Codicen, sólo estaban los que, según parece, buscaban lío.

*El audio se puede escuchar en https://soundcloud.com/mat-as-dak/lo-que-paso-en-el-codicen?fb_action_ids=472666176250773&fb_action_types=soundcloud%3Apublish

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Martes 29 • Septiembre • 2015

Relatos salvajes

Jueza procesó a cinco personas que participaron en la desocupación del Codicen. 

 

El fallo dictado anoche por la jueza Ana de Salterain es sin prisión y por “atentado agravado”, contra cinco personas que participaron el martes en la desocupación del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Entre ellos está el dirigente del sindicato del taxi Ary Wiedemann, que fue conducido a declarar mientras acompañaba la manifestación frente al juzgado de Bartolomé Mitre. Más temprano, el Ministerio de Interior divulgó un video sobre la desocupación del Codicen para avalar la versión de que no hubo violencia por parte de la Policía dentro de la sede, y más tarde la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo, que hoy para durante todo el día, informó que presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

La sala de conferencias del Ministerio del Interior (MI) estaba llena: había tres televisores, casi diez cámaras, una decena de periodistas, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, todos mirando al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, al subdirector nacional de Policía, Raúl Perdomo, y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La conferencia de ayer de tarde fue para asegurar que no hubo abuso policial durante la desocupación del Codicen y difundir un video que registra lo sucedido dentro del edificio, filmado por cámaras GoPro que los policías del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo llevaban prendidas en sus chalecos. Según Bonomi, lo que sí hubo fue una artimaña mediática de Pablo Ghirardo, abogado de varios de los detenidos durante el operativo, que acusó al MI de ser autor de “hechos crueles y humillantes, que son el eje del delito de tortura”, pero no presentó denuncia penal. Debido al “sometimiento de la Policía al escarnio público”, Bonomi anunció que denunciará al abogado por difamación e injurias: “Miente descaradamente”, apuntó.
El ministro dijo que el GRT actuó porque “la ocupación se transformó en impedir el acceso a otras oficinas”, y que ahora, con estas nuevas imágenes “de forma suficiente se puede comparar lo que se dice con lo que pasó”. El video difundido no muestra agresión explícita alguna de ninguna de las dos partes. Bonomi aseguró que cuando el GRT ingresó “no había nadie”, y que por ende “no pudo haber ningún empujón”. En ese sentido, dijo que se llegó al “ridículo de la defensa de una ocupación que no existía” y que pensó “que había quedado claro [que las personas que se ven en el video formando una cadena para impedir el ingreso de la Policía a una de las salas del Codicen] estaban ocultando que no había nadie. Era una excusa”.
Bonomi agregó que decir que “lo que pasó en el pasado es lo que pasó el martes es mentirles a los jóvenes [...]. Ojalá los interrogatorios de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 se hubieran filmado”. “Es una enorme mentira”, dijo y aseguró que “esto es lo más regular que hay, y es como hay que actuar”.
Respecto del informe de la INDDHH que se divulgó el viernes 25 -que respalda la actuación del MI pero también asegura que hubo “casos puntuales” en los que se utilizó innecesariamente la fuerza, concretamente en el caso de Ghirardo-, el ministro dijo que no descarta que haya habido abuso, “pero hay que buscarlo, y yo no he visto”.
Horas antes de esta conferencia de prensa, el Consejo de Ministros respaldó totalmente la actuación del MI durante la desocupación. Según señala un comunicado de Presidencia, se recibió un “pormenorizado” informe sobre los hechos y el desempeño policial, que da garantías de que no fue necesario el uso de la fuerza para lograr la desocupación porque “no se pudo constatar presencia alguna de estudiantes en el edificio al momento del ingreso” del GRT, ni tras la inspección realizada posteriormente en todo el edificio, tal como aseguró Bonomi de tarde.
Otra versión
Apenas terminó de hablar Bonomi, comenzó otra conferencia de prensa. ADES Montevideo informó que ayer presentó una denuncia ante la INDDHH por “el conjunto de hechos irregulares ocurridos a partir del desalojo del Codicen (condiciones de detención, procedimiento policial, citaciones al juzgado, entre otras)”, según el texto presentado. El presidente de ADES, Emiliano Mandacen, aseguró que se reunieron “con parte del Consejo Directivo” de la INDDHH (en particular con Juan Raúl Ferreira y Mirtha Guianze, según pudo saber la diaria) y que se enteraron de que “las declaraciones de Juan Faroppa sobre los hechos en el Codicen corren por cuenta de él”. Mandacen se refirió al informe de esa institución en el que se basa el MI y explicó que no se trata de una posición tomada por su Consejo Directivo, que recién hoy tratará lo ocurrido en el Codicen.
El dirigente sindical también denunció “la criminalización de la protesta” y consideró “inadmisible” que se trate de “encubrir la represión brutal que sufrieron estudiantes y trabajadores tratando de adjudicarles eso a determinados grupos y localizando el conflicto en éstos”. En referencia a las detenciones que se realizaron ayer mientras se desarrollaba una manifestación en apoyo de quienes había sido citados a declarar en el juzgado, el dirigente dijo que “no se están dando las garantías” a los trabajadores citados y repudió el intento de detención de un estudiante universitario “herido” en el desalojo del Codicen, por parte de personas de particular, en un auto particular, que “no se identificaron” y no tenían orden judicial. Este intento de detención fue resistido por el estudiante y por varios manifestantes. Mandacen también expresó su preocupación por “cómo se ha desviado” la problemática que dio origen al conflicto, que es el reclamo por más presupuesto para la educación.
Por su parte, el dirigente Julio Moreira exigió que el MI ponga en conocimiento público “todas la imágenes” tomadas en el desalojo del Codicen y no imágenes editadas “a su conveniencia”. ADES sostiene que hubo diversos grados de violencia policial contra los estudiantes que estaban dentro de la sede, como cánticos, amenazas de que no verían más a sus padres, golpes y plantones. Mandacen calificó a la Guardia Republicana de “Policía militarizada”. ADES comunicó que hoy parará por 24 horas y se reunirá en asamblea a las 15.00 para que “el conjunto de los compañeros decida cómo continuar”.
Poco después se conocieron los procesamientos sin prisión por el delito de “atentado agravado” de cinco personas que participaron en los hechos del martes en las afueras del Codicen.
La presidencia y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT condenaron “el mecanismo por el cual se detuvo y se intentó detener a un conjunto de militantes” ayer, y exigieron que “no debe ser práctica en el Uruguay ni judicializar ni criminalizar la protesta social o el conflicto”. El comunicado expresa, además, “solidaridad con los gremios estudiantiles y compañeros que están siendo víctimas de la judicialización y estigmatización”, y anuncia “grandes movilizaciones” en defensa de la educación pública.

Angelina De los Santos Luis Rómboli