1 sept. 2015
El
director del INR Luís Mendoza y el encargado del área metropolitana
Rolando Arbesún brindaron a UNICOM detalles del motín desatado el pasado
lunes 31 de agosto en el módulo 1 de la Unidad N° 4 Santiago Vázquez.
- 03 September 2015
- por Jorge Bonica
Lo que dicen los diarios no se ajusta a la realidad
respecto al motín que hubo en el módulo 1 del Comcar, la información es
parcial y no está muy bien contada.
El Bocón todos saben tiene fuentes confiables en todos
lados y es por eso que les vamos a contar la verdad de todo, la cruel
realidad de lo que está pasando en las cárceles uruguayas.
“Anoche lo que pasó fue una pulseada muy grande el
Comando, obligó al turno de la noche a trabajar, amenazando como siempre
en sumariar, diciendo que podían separarlos del cargo y hasta
sancionarlos”
“Los policías Bonica, se tuvieron que meter en los
módulos a trabajar, a los que terminaban el turno también les dijeron
que había que trabajar porque si no los echaban como perros”.
“Hubo muchas mentiras, comenzando con la información que
les dijeron a los periodistas que digan, que los policías no estaban
heridos de gravedad, eso es mentira.
Uno de los policías heridos tenía dos puntazos y estaba
largando la bilis, todo verso que no era de gravedad, largaban ese
líquido por el hígado y los riñones.
El otro, Bueno, le dieron un puntazo en el pecho y lo salvó una costilla, sino, le partían el corazón”
“El Comando está mintiendo muchas cosas acá” nos dijo nuestra fuento dentro de la cárcel.
El Bocón tiene el resumen de la cantidad de presos
reales que hay por módulos en el Comncar, y es diferente a lo que el
Inspector Mendoza Director de Cárceles dice públicamente.
“A pesar que el reglamento dice que cada 24
presos debe haber un policía, eso no es así, es mentira de Mendoza. En
el módulo 1 son 252 presos para cuatro policías solamente, y de noche
solo quedan dos policías; es un regalo, y el Comando dice que hay más
policías, Mendoza miente.
En el módulo 3 hay 310 presos para cinco policías y dos de noche.
En el módulo 4 hay 366 presos, y tan solo 6 policías y dos de noche.
En el módulo 10 son 734 presos para 7 policías,
el comando miente, hablan que hay en total 3120 presos, pero yo les voy a
decir que hay 3333 presos ¿los otros presos en donde están entonces?”
“Acá Bonica es negocio que los presos rompan
todo, en los arreglos que salen mucho dinero hay un gran negocio, están
diciendo cuanto sale el arreglo antes que lo rompan”
“A las 12 de la noche salieron dos presos lesionados entre ellos mismos, les labraron un acto y no los dejaron entrar.
Salió un tercer preso lesionado, lo llevaron a
la enfermería y cuando se recuperó un poco, lo devuelven al módulo para
que el hombre siga rompiendo”
“Acá hay plata por medio, Bonica, es un negocio
reparar, alguien se queda con un vuelto cuando se hacen las reparaciones
luego de un motín”
“Yo no puedo creer que a Daisy Tourné la
corrieran por una foto en la ducha; este ministro tiene tiene policías
muertos, policías heridos, presos muertos, es te comando tiene ya tres
motines de diferentes módulos”
“El gran responsable es Mendoza y otro perro grande Da Silva”
“Hablan en la prensa el Comando y pinta todo
divino, pero te cuento que para los guardias, un Handy, que es un medio
de comunicación elemental para los policías, está destruido, se les
carga y a la media hora están parados.
No dejan a los policías entrar con celulares, las luces internas no existen, se trabaja en esas condiciones, a oscuras”
Realmente es inusual que ocurran estas cosas.
Los guardias están regalados, todo esto me parece es un gran negocio.
Sin embargo sigue la mentira, ya la gente se da cuenta que algo grande está pasando en nuestros país.
Lo cierto y en definitiva, las cárceles son un gran negocio, hay jerarcas del Ministerio que miran para otro lado.
El malestar con Mendoza por parte de los funcionarios es
muy grande y piden que lo saquen, pero saben que responde al Comando
del Ministerio, que es de extrema confianza de Guarteche y saben que es
muy difícil que lo hagan.
Nos dicen que los cargos de confianza extrema son el
jefe de policía de Montevideo, el jefe de narcóticos y el de cárceles;
los tres son puestos por Guarteche y se trata de jerarcas que ya
estuvieron en lugares claves también colocados por el Director Nacional
de Policía y que responden ciegamente a él.
Solo bastaría revisar las trayectorias de estos
funcionarios para darse cuenta que han seguido el camino que les marcó
Guarteche.
¿No hay plata para tener buena comunicación de Handys? ¿Y donde va la plata?
Es realmente ridículo que con el presupuesto que tiene
el ministerio del interior haya que trabajar con porquerías remendadas
en un lugar como la cárcel más importante del país.
¿Tres policías para más de 200 presos?
¿Por la noche quedan solo dos?
¿A que estamos jugando?
"La droga en el COMCAR entra por el portón principal"
- 18 Febrero 2015
- Escrito por El Bocón
Este es un dialogo que tuvimos con un recluso de Comcar que nos dejó perplejos y que lamentablemente pudimos comprobar es muy cierto todo lo que dice en varios aspectos. Con la finalidad de ayudar y cumplir con nuestro objetivo periodístico lo publicamos textualmente:
Perdón la hora soy un recluso del Comcar hace 8 meses vengo colaborando para erradicar la pasta base, hace 2 semanas entraron varios kg y esta semana entra otra tanda en una asociación de presos y policías corruptos, estoy en peligro ya que denuncie y como siempre las autoridades ni bola dieron porque están prendidos encima no me quieren sacar de acá. Me pueden ayudar? Gracias
¿Que podemos hacer?
Difundir la noticia o preguntarle a Mendoza o Saavedra porque cuando alguien que se va en 5 meses quiere ayudar a la policía para evitar el ingreso de droga no tienen absolutamente ninguna voluntad de actuar ni le dan jamás cuenta a un juez. Y porque no me dan el traslado a mi departamento con todos los problemas q he tenido con los narcos por ese motivo.
Colabore a desbaratar una boca en el modulo 4 y a cambio me dieron 20 días de calabozo lleno de mierda y durmiendo con las ratas, luego me llevaron al 6 donde estaba gente del Cerro con mucha droga me corrieron a puñaladas y otros 10 días mas de calabozo es como q te metes en ese terrero y te reprimen en lugar de cuidarte. Todo lo q digo esta sentado en actas y millones de denuncias al comisionado parlamentario.
Siempre he pedido comparecer en algún juzgado pero muere todo acá en Comcar y no les importa un carajo. Ustedes me pueden ayudar??
Dame más detalles para publicar.
La droga entra en asociación entre Federico Chulli preso en modulo 9 y un funcionario policial de apellido Correa. El Sgto Porley del Dpto 6 hace la vista gorda mientras que reclusos de la cuadrilla distribuyen los kilos en todos los módulos. Los perros que venden reciben giros por Abitab de arriba de 60 70 mil por mes y son muchos, tengo números de cedulas todo. Pueden entrevistar a Mendoza?
El Oficial Taroco del Diap me dio la derecha en todo y me quiso trasladar pero el May(GR) Fabián Severo se opuso minimizando el riesgo y amenazándome de llevarme al penal o al modulo 8. Que mas datos necesita?
Mendoza me odia, jamás me daría una entrevista.
Ahora desde hace una semana el Jefe del DIAP esta en conocimiento del cargamento q va a entrar porque se lo dijo una autoridad y no piensan hacer nada ni me sacan de acá. Yo he dado información muy valiosa y parece q quieren verme mal.
¿Como entra la droga?
La droga entra por la puerta grande, la dejan tirada en una zanja frente a un contenedor blanco en el camino q pasa frente a la cárcel y el policía ahí la recoge y la entra. Dicen q los recibos de los giros (todos de fliares de reclusos) no sirven como prueba porque declaran q compran championes. ¿¿Championes de 500mil pesos?? Se están enriqueciendo y nadie hace nada encima por cuarta tiza cualquiera te mata a puñaladas.
El Oficial Taroco del Diap me dio la derecha en todo y me quiso trasladar pero el May (GR) Fabián Severo se opuso minimizando el riesgo y amenazándome de llevarme al penal o al modulo 8. Que mas datos necesita?
¿Y porque te metiste? ¿No es mas sencillo mirar para otro lado como hace la mayoría?
Si lo más sencillo es hacer la vista gorda pero yo no soy así, no tengo miedo y no conozco el peligro. Si alguien no habla nunca nada va a cambiar Mendoza me odia a mi también x eso x la vía legal nunca me dio el traslado.
¿Mendoza esta prendido en el negocio de la droga?
No. Pero me odia porque soy gay.
La droga entró ayer martes al Comcar nos confirmaron hace minutos.
El ministro Bonomi tiene la palabra.
De mal en peor: PPP privatizar las cárceles
De a dos es mejor
La primera cárcel a construirse en Uruguay bajo la modalidad de participación público-privada (Ppp), que se espera descongestione el sistema penitenciario –que araña los 10 mil presos–, será inaugurada a mediados de 2017. El Ejecutivo se propone marcar la cancha de la gestión y los especialistas debaten sobre los riesgos y los beneficios de administrar junto a privados.
Rafael Rey3 septiembre 2015
El pasado mes de junio comenzó la construcción de la Unidad de Privados de Libertad número 1 (Upl), en la zona de Punta de Rieles, la primera obra que se realiza bajo la modalidad de participación público-privada (Ppp) en Uruguay.
La nueva cárcel, que tendrá 1.960 plazas (de las cuales 80 corresponden al Edificio de Admisión y Clasificación) destinadas a presos de mínima y mediana seguridad, busca oxigenar un sistema penitenciario asfixiado por el hacinamiento. Será el primer centro en la historia del país cuyo diseño, construcción y mantenimiento edilicio correrán por cuenta de la Unidad Punta de Rieles,1 el consorcio privado que se adjudicó la licitación y que se encargará de todo lo relativo a la alimentación de los presos y la limpieza del establecimiento.
De acuerdo a las autoridades del Ministerio del Interior (MI), delegar estos aspectos en agentes privados permitirá al Estado enfocarse en la gestión de la seguridad, la salud y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Para ello, una vez construida la cárcel, el Estado uruguayo pagará a la empresa, diariamente, durante 27 años y medio, 196 unidades indexadas (617 pesos al valor actual) por cada una de las plazas, según se consigna en la resolución definitiva del MI, firmada por el presidente Tabaré Vázquez el pasado 11 de mayo.
SE VIENE. “Viene bien”, dijo a Brecha el director de coordinación de las Unidades de Internación para las Personas Privadas de Libertad de máxima y media seguridad del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), Rolando Arbesún, en referencia a las obras. “(Ya) está todo el terreno limpio. La última vez que estuve fue hace 21 días y te asombra la velocidad”, reconoció.
En julio de 2011, durante la presidencia de José Mujica, se aprobó la ley 18.786 que estableció el marco regulatorio para los contratos de Ppp. El gobierno abrió entonces las puertas del Estado a la participación de privados, con el objetivo de financiar obras de infraestructura vial (rutas, puertos, aeropuertos), energética, social (cárceles, centros educativos y de salud) y obras de desarrollo o mejoramiento urbanístico. Si bien las reglas se definieron durante la administración anterior, será el gobierno de Tabaré Vázquez el que se encargue de la puesta en marcha de la nueva cárcel, así como de varias obras de infraestructura vial que ya fueron anunciadas por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.
La ecuación es sencilla: buscar bajo el colchón de los privados el dinero del que el Estado no dispone, para la financiación de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país. “Cuando uno ve todas las urgencias que hay, entiende que este es un camino que nos ayuda considerablemente a revertir un estado de cosas, que de otra manera sería muy costoso para el Estado”, explicó Arbesún, en referencia al establecimiento que se construirá en Punta de Rieles y a la todavía complicada situación del sistema penitenciario, pero desarrollando una idea que se aplica a todo el concepto de las Ppp.
Sin embargo, está claro que no es lo mismo que los privados tengan participación en, por ejemplo, la construcción de una carretera, que en aspectos que conciernen a las personas privadas de libertad.
LA SEGURIDAD DE TODO. “Privatizar una cárcel reconfigura al privado de libertad como una mercancía”, aseguró a Brecha Mauro Tomasini, integrante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Para Tomasini, la participación de privados, así sea, como en este caso, en aspectos que hacen a la logística de servicios como la alimentación de los presos, el mantenimiento y la higiene de la prisión, “da una apertura a que se desarrolle una relación intrínseca entre inflación penal y personas privadas de libertad”.
En tanto, para el abogado Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario penitenciario, “no está mal” que el Estado “se desprenda” de algunas tareas de gestión en un establecimiento de reclusión. “En todo caso es una opción tendiente a la mayor eficiencia”, señaló. Sin embargo, continuó Garcé, la discusión no puede darse en términos de eficiencia-ineficiencia –“lo privado es eficiente, lo estatal no lo es”–, ya que una cárcel completamente administrada por el Estado “puede ser perfectamente compatible con criterios de eficiencia”. A su vez, recordó que en nuestro sistema penitenciario ya se desarrollaron experiencias con participación de privados. “En algún momento, en el antiguo Centro Nacional de Rehabilitación, áreas como la cocina estuvieron a cargo de privados, y eso no generó ninguna dificultad”, señaló. El asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou opinó también que el punto clave de este proyecto es que el Estado “no cede un cometido esencial, que es la seguridad”. “La cuestión sería mucho más complicada, y a mi juicio poco razonable, si también se incluyera la privatización del servicio de seguridad”, dijo, al tiempo que recordó que el tema “nunca se planteó”. “No es viable con nuestro sistema jurídico, ni es viable con nuestra mentalidad; no es compatible”, remató.
Con argumentos similares a los de Garcé defendió el proyecto Arbesún, quien aseguró que no hay un solo paso del proceso que se dé sin el consentimiento de las autoridades del Inr. “Ellos hacen una propuesta y nosotros la aceptamos o no”, resumió. Arbesún participó de reuniones con representantes y profesionales de la empresa que construirá la cárcel, como “encargado de todo el análisis de seguridad y la dinámica interna de gestión de la Upl”. En esas reuniones, explicó, se discutió “todo el proceso de propuesta constructiva” hasta “el más mínimo detalle”. “Y si decíamos que ‘no’, era ‘no’, y si decíamos ‘hay que cambiar esto’, había que cambiarlo”, afirmó, destacando que “siempre hubo buena disposición” de parte de la empresa. “Desde el punto de vista logístico, si bien ellos lo aseguran, las pautas de cómo nosotros esperamos que ellos lo aseguren las marcamos nosotros”, sostuvo. Eso incluye “toda la mecánica” de la distribución de la comida y las medidas de seguridad relativas al ingreso de los proveedores al establecimiento penitenciario.
El director de coordinación de los establecimientos de máxima y mediana seguridad del Inr explicó cómo van a funcionar en la nueva cárcel algunas dinámicas cuya gestión en la mayoría de los centros de privación actuales es, como mínimo, deficiente. Una de ellas es el control del ingreso de los funcionarios y las visitas.
Según Arbesún, tanto funcionarios como visitantes van a pasar por los mismos cuatro controles de seguridad, a los que definió como “muy estrictos”, y que incluyen scanners manuales, “de arco” y “de bultos” (los dos últimos similares a los que se utilizan en las aduanas).
—¿Se van a mantener los procedimientos actuales para revisar a los visitantes, que han sido bastante cuestionados por considerarlos invasivos de la privacidad de las personas?
—La experiencia nos dice que en la medida en que hay más tecnología uno acude con menos frecuencia a ese tipo de procedimientos. Lo deseable es no tener que acudir a ellos.
PREGUNTAS POLÍTICAS. Para el abogado especialista en cárceles Carlos Uriarte la ley de Ppp “es la salida a la privatización que no caminó en 1992”. “Está todo el clima de la crisis que se viene y aparecen los salvadores privados”, indicó Uriarte, quien criticó el proceso de adjudicación del nuevo establecimiento penitenciario por la “ausencia de debate” y difusión.
De acuerdo al especialista, las cárceles público-privadas están “en retirada” en varios países que durante las últimas décadas transitaron ese camino, como Escocia, y Costa Rica, país este último que en algún momento evaluó la posibilidad pero no llegó a concretarla.
El principal motivo de esa “retirada”, señaló, es que al Estado le terminan saliendo “carísimos” estos proyectos. “Vos vas a escuchar cuánto cuesta un preso, pero nunca cómo (se) llega a esa cifra”, dijo Uriarte, con relación al costo que le insume una prisión al Estado. “El número que hace el privado no es el mismo que el número público, porque el número público siempre tiene un quantum de apoyo logístico estatal que se está prestando, pero es muy difícil desglosarlo –explicó–. Y el privado te lo cuenta.”
El ex comisionado parlamentario, por su parte, reconoció la dificultad de mensurar el costo real que el Estado paga por cada persona privada de libertad que tiene a su cargo. “Es muy difícil llegar a cifras confiables”, admitió. “Por un tema de corrupción y de baja eficiencia en el gasto, los destinatarios de ese gasto reciben una porción que es minoritaria”, explicó.
Garcé dijo que el sistema penitenciario uruguayo tiene un problema de corrupción “histórico”, signado por un “desvío monumental de recursos”, problema que “las actuales autoridades del Inr han intentado minimizar”. “La cuestión no es tanto si tiene que ser un sistema mixto, o totalmente público; la cuestión es que haya una gestión mucho mejor de los recursos, porque cuando se han tomado medidas de control los resultados han aparecido inmediatamente”, aseguró.
Aunque sostuvo que “a priori” no es partidario ni está en contra de este tipo de emprendimientos, ya que considera que se debe estudiar “en cada caso si sirve o no”, opinó que el régimen público-privado “es una buena opción”. “Sobre todo teniendo en cuenta el plazo de amortización de la obra (27 años y medio); es decir, que el tiempo de pago y el tiempo de vida útil de las instalaciones (que Garcé estimó en unos 30 años) tiende a coincidir un poco más en este sistema”, dijo.
Según el ex comisionado parlamentario esto no ocurre cuando el Estado debe hacerse cargo de la construcción del establecimiento, dado que “el esfuerzo (de construcción) recae en un período breve”. “Parece justo que si se trata de la construcción de infraestructuras cuya vida es de largo plazo, el esfuerzo también pueda ser soportado a largo plazo”, señaló.
Para Arbesún, en tanto, la cuestión de por qué recurrir a privados para la construcción y –sobre todo– la gestión de algunos servicios de una cárcel “es una pregunta política que reedita la vieja discusión de Estado versus empresas privadas”. Sin pretender “abandonar una discusión filosóficamente relevante”, el jerarca opinó que si se está transitando este camino es porque luego de 40 años “de retirada del Estado del sistema penitenciario”, la única forma “sensata” de recuperar ese tiempo perdido es por la vía de la Ppp. Esto, enfatizó, no significa que el Estado “esté renunciando” al control o al diseño de los contenidos de la política penitenciaria “para dárselos a privados”. “Hay que diferenciar el gerenciamiento logístico y de infraestructura del de la gestión de la vida cotidiana, que va a ser exclusivamente del Estado. Y el gerenciamiento va a acompañar esa gestión, porque nada de lo que se le pide al que va a gerenciar la logística y la infraestructura puede estar divorciado de la gestión de la vida cotidiana”, explicó. “Todo el trabajo que tenga que ver con la transformación de la vida y la trayectoria del sujeto que esté en prisión está en manos del Estado, y en eso no se le cede un ápice a nadie”, remarcó.
Arbesún distanció la iniciativa uruguaya de varias similares que ya se han desarrollado en el resto del continente, como Chile o México, y aseguró que la propuesta local “es bien diferente”. “Nuestro formato de Ppp aprendió de los errores de los demás y hace propuestas que los otros no contemplaron”, admitió, y agregó: “Creo que la solución uruguaya es mucho más estatista de lo que la gente pueda pensar”.
Según el jerarca, el Estado va a tener “todas las potestades de control habidas y por haber”, lo que refuerza la impronta estatal del proyecto. “Estamos reconociendo que si podemos traspasar a un actor privado toda un área que tiene que ver con la logística y la infraestructura, avanzaríamos mucho más que si la asumiéramos nosotros”, expresó.
Para Uriarte, en tanto, hay una dimensión ética en toda la cuestión, que no suele ser puesta sobre la mesa a la hora de discutir estas iniciativas. “Si un preso entra a formar parte de un negocio, todos los discursos humanitarios –por utilizar una palabra neutra– pierden terreno. La cárcel va a funcionar como una empresa, entonces las decisiones van a ser tomadas no en función de criterios humanitarios sino en función de criterios económicos”, expresó.
1. Unidad Punta de Rieles está conformada por la empresa española Instalaciones Inabensa SA y su contraparte uruguaya, Teyma SA, a las que se suma Goddard Catering Group Uruguay SA.
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