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>>> El dueño de la esencialidad
JUAN PABLO CORREA28 ago 2015
El gobierno se aferra a la declaración de
esencialidad de la educación estatal y ayer se limitó a ofrecer dejar en
suspenso hasta el lunes cualquier sanción derivada del evidente
desacato al decreto. El gobierno no ha enviado hasta ahora telegramas a
los funcionarios ni adoptado sanciones, aunque tiene bien claro quiénes
han asistido a cumplir tareas en los centros de estudios. El gobierno
evalúa que hay centros de estudio que funcionan con normalidad y que las
asambleas sindicales no son un barómetro totalmente confiable para
evaluar el nivel de acatamiento a los paros.
Durante cuatro horas, el gobierno fue haciendo
distintas propuestas a diez representantes de los sindicatos de la
enseñanza y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del
Estado (COFE) en la sede del Ministerio de Trabajo en el marco del
Consejo Superior de Salarios del sector público. Hubo varios cuartos
intermedios pedidos por la representación oficial. La delegación del
gobierno era de alto nivel. Estaba el ministro de Trabajo, Ernesto
Murro, su subsecretario Julio Baráibar, el director de Trabajo, Juan
Castillo, el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, el director de la
Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, el asesor Martín Vallcorba, el
director de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, y el director de
Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, entre otros. A Ferreri se lo
vio hablar por celular varias veces.
En determinado momento, Castillo salió muy serio y
consultado respecto a si había acuerdo, respondió: "acuerdo no,
propuesta". Luego salió Baráibar y dijo: "está difícil la cosa".
Durante un cuarto intermedio, los sindicalistas
discutieron vehementemente en la puerta de la sala Enrique Erro y se
podía intuir que el acuerdo no aparecía. Más de una vez se escuchó, en
boca de sindicalistas, "nos vamos, nos vamos". Era evidente que
consideraban que el nivel de participación en la marcha (ver página A7)
era un aval a su oposición tajante al decreto de esencialidad. El
sindicalista Luis Bazzano, de COFE, mostraba su celular con fotos de la
marcha. Y el secretario general de la Federación Nacional de Profesores
de la Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, hizo un comentario
sugestivo. "Segunda marcha del día. Ya está. Correlación de fuerzas
pura", haciendo evidente referencia a que los sindicatos se sienten
respaldados en su postura. Un sindicalista dijo que hay que "decirles
que ustedes nos metieron en este lío y no lo han dicho", en alusión al
gobierno. Y Óscar López, integrante del Secretariado Ejecutivo del
Pit-Cnt, avisó que "venimos a negociar nosotros y no nos puede decir el
Turco (en referencia a Marcelo Abdala, secretario general de la central)
lo que vamos a hacer".
Propuesta.
Murro quiso estar flanqueado de Ferreri, García y
Scavarelli para presentar la propuesta del gobierno que, en realidad,
tiene bastante poco de novedosa. El primer punto reitera el ofrecimiento
de levantar la esencialidad si "las federaciones y sindicatos de la
enseñanza pública se comprometen a reanudar las clases inmediatamente de
todos los servicios y en todo el país". El segundo punto señala que el
gobierno ofrece dejar en suspenso hasta el lunes las sanciones que
deberían adoptarse como consecuencia de no acatar la declaratoria de
esencialidad. En el tercer ítem el gobierno ofrece reanudar la
negociación salarial en la enseñanza pública en base al acta de
preacuerdo suscripta el viernes 21 (que fue rechazada por los maestros
de Montevideo y Fenapes). El cuarto punto ofrece extender a los
trabajadores estatales la entrega gradual de lentes y prótesis que el
Banco de Previsión hoy brinda a los trabajadores privados.
El Poder Ejecutivo se comprometió también formalmente
a entregar a los sindicatos estatales el proyecto de ley de Presupuesto
Nacional y reafirmó que la educación es prioritaria y que promoverá un
diálogo nacional para su transformación. También ofrece extender la
negociación colectiva a todas las intendencias.
Murro mencionó una y otra vez la voluntad de acordar
del gobierno y no quiso especular respecto a si a partir del lunes sí se
aplicarán sanciones a los docentes que no se reintegren a sus puestos.
"El lunes hablamos", dijo. E insistió en que si ese día volviesen a
trabajar, solamente se les descontarían de sus haberes los días de paro
realizados. "Esto es una propuesta del Poder Ejecutivo y hay que
considerarla en general. Sin duda para nosotros hay avances", señaló.
Murro deslizó también que "hay muchas contrapartes" y
mencionó que este fin de semana se reunirá la Federación Uruguaya de
Magisterio (FUM), con lo cual dejó entrever que el gobierno cree que
puede haber sindicatos dispuestos a tomar una posición más moderada.
Pero para la delegación sindical evidentemente lo
ofrecido es poco. López, del secretariado del Pit-Cnt, dijo que la
situación es "compleja" y que "el problema lo colocó el gobierno" y "no
asume responsabilidad política". Olivera, de Fenapes, pasó un mensaje al
gobierno al decir que la manifestación de ayer había sido
"impresionante" y consideró que "el común denominador" de las ofertas
oficiales es que no levantaban la esencialidad de la educación pública
y, por tanto, a su juicio, son inaceptables.
Olivera dijo que los sindicatos tienen la voluntad
de seguir negociando y que "el portazo lo dio el gobierno". Tanto él
como López aseguraron que ayer no se analizaron aspectos salariales y
que el centro de la discusión fue la esencialidad que, según Olivera,
"no tiene marco jurídico". Para López, el análisis del tema de la
esencialidad impidió que se abordasen ayer aspectos salariales que los
sindicatos pretenden discutir en los próximos días. "Discutimos mucho y
no pudimos llegar a un acuerdo. La esencialidad nos está perjudicando de
manera jodida", reconoció.
Para Olivera, el gobierno repite lo hecho por la
anterior administración en 2010 que redujo al mínimo el tiempo para la
discusión salarial en el sector público.
>>> El zar de la droga
DROGA Y NARCOLAVADO: UN TOPO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Escándalo por un caso de espionaje en el Uruguay
Un funcionario espiaba para Alemania
FERNANDO BUTTAZONI. Montevideo. Especial para Clarín
Un escándalo de insospechadas consecuencias sacude el ámbito político de Uruguay, tras el descubrimiento de un caso de espionaje que involucra a un funcionario uruguayo que trabajaba al servicio de la inteligencia alemana. El caso se destapó en febrero pasado, cuando el topo, de nombre Juan Domínguez, recibió un fax criptografiado de la Bundesnachrichtendienst (BND), el Servicio Secreto Exterior de la República Federal Alemana. Pero su difusión pública, ahora, ha encrespado las aguas.Domínguez, un funcionario de menor rango de la Junta Nacional Antidrogas (organismo que funciona en el edificio de la Presidencia de la república), recibía encargos del servicio secreto alemán y cobraba cien dólares por cada uno de estos trabajos.
Al parecer, Domínguez informaba sobre drogas y narcolavado.La revista Posdata, que se publicó ayer en Montevideo, revela que en aquella ocasión los servicios de inteligencia uruguayos allanaron las oficinas de la Junta Nacional Antidrogas, detuvieron a Domínguez e incautaron abundante documentación. El topo se encuentra ahora bajo la figura jurídica del emplazado, a disposición de la Justicia, y no puede abandonar la capital uruguaya.Posdata agrega datos inquietantes: uno de ellos es que el juez penal que investiga el caso maneja documentos que comprometen seriamente al mismísimo prosecretario de la Presidencia de la república, el doctor Alberto Scavarelli, quien es a su vez la cabeza visible de la Junta Antidrogas. Según esa información, Scavarelli habría organizado una especie de red de consulta no oficial, en la que también participaban Jurgen Merken, jefe del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico y Lavado de Dinero de la BND, y Karl Frank, oficial de enlace de la sección operativa de las Américas del espionaje alemán. Scavarelli, un hombre del entorno del presidente Julio María Sanguinetti, es además vicepresidente de la Comisión de estupefacientes de la ONU.
El funcionario rechazó ayer mismo las acusaciones y negó de forma terminante la información sobre un supuesto acuerdo no oficial entre las organizaciones antidrogas de Uruguay y Alemania. Sin embargo, en un documento firmado por Juan Domínguez y que luce el logotipo de la Presidencia de la República, se señala que en acuerdo con el Pro (...) se decidió achicar la cosa y reducirla a un mero acuerdo entre la BND y la JNA. Ese documento figura en el expediente judicial. Distintas versiones indicaban ayer en Montevideo que la red de espías al servicio de los alemanes incluía a varios funcionarios gubernamentales de otros países, entre los que se menciona a un alto oficial del ejército de Bolivia. También se indica que formaba parte de la red un periodista de Paraguay, quien trabaja en la ciudad de Pedro Juan Caballero.Según reveló ayer Posdata, la indagatoria judicial también involucra a otros altos cargos oficiales y a ex funcionarios de la presidencia uruguaya, entre los que se menciona a Raquel Magri Díaz, ex secretaria ejecutiva de la Junta Nacional Antidrogas. Alberto Scavarelli reveló anoche a Clarín que ayer había ratificado la denuncia penal contra Domínguez por el caso de espionaje.
Scavarelli señaló que no deja de ser un tema menor el del espía, y que lo importante es que Uruguay es un país comprometido fuertemente en la lucha contra las drogas. En ese sentido, subrayó que Uruguay ha introducido en el ámbito internacional el tema de la industria química y sus vínculos con la elaboración de drogas y el lavado de dinero. El prosecretario admitió que son temas muy duros, aunque aclaró en relación con el caso del agente al servicio de Alemania que en la Junta Nacional de Antidrogas no se manejan informes secretos.Subrayó además que siempre que se realizan actividades internacionales en la lucha contra las drogas, Uruguay lo hace en el marco de convenios bilaterales. Scavarelli dijo que las actividades de colaboración entre los organismos alemanes y uruguayos en torno del tema narcotráfico se habían suspendido por la falta de convenios que regularan las mismas. Otro alto funcionario del gobierno indicó ayer a Clarín que no habrá comunicado oficial alguno en torno del tema. También reveló que Domínguez, como funcionario del gobierno, se dedicaba a rastrear y compilar información periodística sobre el tema drogas. Anoche se supo que varios parlamentarios de la coalición de izquierda, el Frente Amplio, pedirán información a los servicios de inteligencia, aunque admitieron la dificultad para ampliar las investigaciones. Dijeron: Nadie parece responder por lo que sucede en la Junta Antidrogas.
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