Roger Rodríguez testificó en el juicio por el Plan Cóndor en Roma
El periodista Roger Rodríguez, especialista en temas
sobre derechos humanos desde los años 80, testificó este viernes en Roma
en relación al caso de Andrés Humberto Bellizzi, secuestrado en 1977 en
Argentina, en el proceso en primera instancia por el Plan Cóndor.
"Fui llamado para testimoniar particularmente en el caso de Andrés
Humberto Bellizzi, un uruguayo desaparecido en 1977 en Buenos Aires que
estuvo en el centro clandestino de detención 'Club Atlético' y allí
estuvo con otros uruguayos traídos de Paraguay", afirmó Rodríguez en declaraciones a Efe.
Andres Humberto Bellizzi
El periodista habló este viernes sobre este caso, después de que ayer comparecieran en Roma la madre de Bellizzi, la italiana María Bellizzi, y su hija uruguaya Silvia Bellizzi.
La madre y la hermana de Bellizzi respondieron ayer las preguntas sobre el pasado político de Andrés Humberto Bellizzi.
Hoy, Rodríguez contó en la audiencia que el hecho de que Bellizzi fuera secuestrado y llevado hasta este centro clandestino, en el que había otros detenidos, "es la demostración de que el 'Club Atlético' se convirtió en un nido de la Operación Cóndor en 1977", durante la dictadura militar en Argentina.
El periodista también respondió a cuestiones acerca de diversos temas relacionados con el Plan Cóndor como "sobre el organigrama represivo en Uruguay" o "sobre las actividades del exmarino Jorge Néstor Fernández Troccoli", quien en 2007, justo cuando iba a ser detenido en Uruguay, viajó a Italia, país del que tiene la nacionalidad.
Su intervención duró seis horas y fue parte del juicio en primera instancia en el que hay 33 acusados, entre ellos dos bolivianos: el exdictador de Bolivia Luis García Meza y el que fuera su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.
En la lista de los acusados uruguayos destaca el nombre del exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar y que fue presidente "de facto" de 1981 a 1985.
Además, se encuentran los uruguayos Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Entre los chilenos, destacaba el general Manuel Contreras Sepúlveda, exjefe de la DINA (policía política del régimen del general Augusto Pinochet), fallecido el pasado 7 de agosto y quien, tras una nueva sentencia en su país, acumulaba más de 500 años de prisión con varias condenas por violaciones a los derechos humanos.
Además, Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark, los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuan, el expolicía Carlos Luco Astroza, los coroneles Marcelo Luis Moren Brito, Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda.
En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles, como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista chileno.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el presidente "de facto" de Chile, general Augusto Pinochet, que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales chileno, así como de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
EFE
Roger Rodriguez
declaró en el Proceso Cóndor en Roma, no sólo aportó datos
fundamentales para buscar la Verdad y pretender Justicia, sino que
además dio una lección de moralidad y valor. Grande Roger!!
Fotos de Gabriela Pereyra
Viernes 25 • Septiembre • 2015
Vivir para encontrarlo
El periodista habló este viernes sobre este caso, después de que ayer comparecieran en Roma la madre de Bellizzi, la italiana María Bellizzi, y su hija uruguaya Silvia Bellizzi.
La madre y la hermana de Bellizzi respondieron ayer las preguntas sobre el pasado político de Andrés Humberto Bellizzi.
Hoy, Rodríguez contó en la audiencia que el hecho de que Bellizzi fuera secuestrado y llevado hasta este centro clandestino, en el que había otros detenidos, "es la demostración de que el 'Club Atlético' se convirtió en un nido de la Operación Cóndor en 1977", durante la dictadura militar en Argentina.
El periodista también respondió a cuestiones acerca de diversos temas relacionados con el Plan Cóndor como "sobre el organigrama represivo en Uruguay" o "sobre las actividades del exmarino Jorge Néstor Fernández Troccoli", quien en 2007, justo cuando iba a ser detenido en Uruguay, viajó a Italia, país del que tiene la nacionalidad.
Su intervención duró seis horas y fue parte del juicio en primera instancia en el que hay 33 acusados, entre ellos dos bolivianos: el exdictador de Bolivia Luis García Meza y el que fuera su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.
En la lista de los acusados uruguayos destaca el nombre del exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar y que fue presidente "de facto" de 1981 a 1985.
Además, se encuentran los uruguayos Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Entre los chilenos, destacaba el general Manuel Contreras Sepúlveda, exjefe de la DINA (policía política del régimen del general Augusto Pinochet), fallecido el pasado 7 de agosto y quien, tras una nueva sentencia en su país, acumulaba más de 500 años de prisión con varias condenas por violaciones a los derechos humanos.
Además, Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark, los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuan, el expolicía Carlos Luco Astroza, los coroneles Marcelo Luis Moren Brito, Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda.
En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles, como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista chileno.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el presidente "de facto" de Chile, general Augusto Pinochet, que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales chileno, así como de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
EFE
Vivir para encontrarlo
Testificó en Roma el maestro paraguayo que descubrió los archivos del Cóndor.
Se reanudó ayer en Roma el juicio por el Plan Cóndor, iniciado
en marzo después de más de diez años de acumulación de pruebas por parte
del fiscal Giancarlo Capaldo y de su sustituta Tiziana Cugini. El
juicio tiene más de 30 imputados y más de 40 víctimas latinoamericanas
con ciudadanía italiana. El único imputado que no es juzgado en ausencia
es Jorge Néstor Tróccoli, uruguayo, que reside en Italia desde que se
fugó del país, en 2007, cuando la Justicia uruguaya lo citó a declarar.
La audiencia de ayer empezó con un largo debate sobre las listas de testigos admitidos a declarar y el nuevo calendario de las audiencias. En la última audiencia de julio, la jueza Evelina Canale había comunicado la necesidad de armar un nuevo calendario y de reducir a 50% las listas de testigos; convocó a las partes a limitarse a testigos que “puedan aportar pruebas directas sobre los casos en examen”. Ayer, el abogado Fabio María Galiani, defensor del Estado uruguayo, advirtió que se requiere conocer con tiempo las citaciones para poder organizar de la mejor manera el trabajo y los traslados de las personas. La Corte ordenó a la fiscal Cugini presentar en la audiencia de hoy un nuevo calendario que tenga en cuenta todas las instancias.
María Bellizzi, de 91 años y madre de desaparecido. Foto: Patricia Alvares, Efe (archivo, agosto de 2015)
Martin Almada encontró los archivos del terror en Paraguay
“Estoy aquí para contar lo que viví, vi y oí en los centros de
torturas paraguayos entre 1974 y 1977”. Martín Almada, que en 2002 ganó
el Premio Nobel Alternativo por el descubrimiento del Archivo del
Cóndor, fue el primero de los testigos que declaró ayer. Paraguayo,
maestro de escuela primaria, seguidor de la metodología libertadora de
Paulo Freire, presidente de los maestros en su país en los años 70, fue
secuestrado en Asunción el 26 de noviembre de 1974. Un vehículo rojo,
que era un centro de tortura móvil, como él mismo señaló a la Corte, lo
secuestró en la calle junto a su sobrino. Los dos terminarían en dos
centros distintos; el sobrino perdió un ojo en la tortura. Almada
terminó su viaje delante de un grupo de militares, una especie de
tribunal compuesto por militares paraguayos, brasileños, argentinos,
chilenos, bolivianos y uruguayos, que atormentaban a sus víctimas con la
cara descubierta. Sufrió 30 días de tortura y se enteró de que también
su esposa había sido secuestrada. A ella le hacían escuchar su tormento
hasta que un día le entregaron su ropa ensangrentada. En otro momento le
dijeron que su esposo había muerto y que tenía que ir a recoger el
cadáver; a la mujer le dio un infarto. A los tres años, una campaña
internacional impulsada por Amnistía Internacional y el Comité Mundial
de Iglesias y Organizaciones de Derechos Humanos logró sacar a Martín
Almada de aquel infierno. Se exilió en Panamá y después en París. Dos
preguntas quedaron en su mente: por qué fue torturado por militares
extranjeros y cómo murió realmente su mujer (le dijeron que se había
suicidado). Eso fue el empuje que lo llevó, después de 15 años de
investigaciones, a encontrar el Archivo del Cóndor en Paraguay, conocido
como “El archivo del terror”. La pista surgió del examen y seguimiento
de una revista policial y de noticias y informaciones que le llegaban
por fuentes reservadas. En 1992 solicitó ante el juez José Agustín
Fernández el allanamiento del Archivo de la Policía. Mientras se
gestionaba su pedido fue contactado por una mujer que declaró que los
papeles que él estaba buscando no estaban en la capital, sino en un
depósito fuera de la ciudad. La comitiva judicial llegó a la Sección
Producciones de la Policía Nacional en Lambaré a las 11.00 el 22 de
diciembre de 1992 y encontró alrededor de tres toneladas de documentos
relacionados con el operativo Cóndor. Algunos de ésos fueron presentados
ayer en el Aula búnker de Roma. “Hay miles de fotografías -dijo
Almada-, documentos que atestiguan la coordinación de Estados Unidos en
toda la operación, invitaciones a reuniones, fichas descriptivas con
referencias personales y declaraciones obtenidas y redactadas en los
cuartos de tortura; hasta documentos que establecían lo que tenían que
comer los detenidos y lo que le tocaba a la tropa presente en el centro.
Y un documento que tenía como título: “Como mantener en vida un
torturado”. Ese documento, relató Almada, desapareció misteriosamente
del archivo.
“Cuando descubrimos el Archivo del Cóndor teníamos miedo de la reacción de los militares y sabíamos que los documentos necesitaban una protección para evitar que alguien pudiera entrar y sacar de allí documentaciones e informes. Así golpeamos las puertas de todas las embajadas, pero nadie abrió. Después vino la Embajada de Estados Unidos y nos ofreció asistencia técnica. La rechazamos, pero la Corte Suprema de Paraguay firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por medio de la embajada estadounidense y hoy nuestro archivo está en estas manos. Estamos muy preocupados por eso”, dijo Almada a la diaria. Entre los documentos hay una carta del general Manuel Contreras Sepúlveda (uno de los imputados del juicio, fallecido en agosto de 2015) al general paraguayo Guanes Serrano que tiene como título “Primer encuentro de trabajo de inteligencia nacional”; el “pre Cóndor”, le llama Almada. Contreras indicaba las instalaciones de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) como el cuartel general para la centralización de la información sobre personas y organizaciones “conectadas con la subversión”, algo similar a una Interpol dedicada a la subversión.
“El Cóndor ha tenido dos movimientos: por un lado, una cara más tranquila, en Brasil, Bolivia y Paraguay, donde la izquierda ya estaba derrotada, y por el otro, una cara implacable en Argentina, Chile y Uruguay, donde había grandes movilizaciones y organizaciones, y por eso el mismo Kissinger [Henry, entonces secretario de Estado de Estados Unidos] ordenó cortar cabezas”, sostiene Almada. Agrega que aún estamos en las garras del Cóndor, que sigue actuando bajo otra forma: “Esa operación tiene tres etapas: la primera, el pre Cóndor, empieza en 1964 y se desarrolla en Brasil, después viene la fase multilateral que empieza en 1975 en Santiago de Chile. Ahora el Cóndor sigue volando por medio de la Conferencia de los Ejércitos Americanos que se reúne cada dos años, en noviembre, en un país diferente, y prepara listados de subversivos de América Latina. Esa operación significó la eliminación de fronteras para la eliminación de gente que tenía un pensamiento diferente. Dejó más de 100.000 víctimas en el Cono Sur de América Latina. Una bomba atómica que hizo sus víctimas entre los dirigentes sindicales, los estudiantes, los artistas, los profesores, los religiosos, los abogados, los médicos, los intelectuales. La clase pensante de América Latina se cortó entre 1975 y 1985”.
La audiencia de ayer empezó con un largo debate sobre las listas de testigos admitidos a declarar y el nuevo calendario de las audiencias. En la última audiencia de julio, la jueza Evelina Canale había comunicado la necesidad de armar un nuevo calendario y de reducir a 50% las listas de testigos; convocó a las partes a limitarse a testigos que “puedan aportar pruebas directas sobre los casos en examen”. Ayer, el abogado Fabio María Galiani, defensor del Estado uruguayo, advirtió que se requiere conocer con tiempo las citaciones para poder organizar de la mejor manera el trabajo y los traslados de las personas. La Corte ordenó a la fiscal Cugini presentar en la audiencia de hoy un nuevo calendario que tenga en cuenta todas las instancias.
En el origen
La uruguaya María Bellizzi, acompañada por su hija Silvia, relató en la audiencia la desaparición de su hijo Andrés Humberto. En las pantallas del Aula pasaron las fotos en blanco y negro de la familia antes de la tragedia. A los 91 años atravesó el océano para decir “que hace 40 años que lo estamos buscando, y ya no creemos más en los cuentos de hadas. Sabemos quiénes son los responsables y sabemos que eso, a pesar de que la Corte sólo quiera pruebas, es también un juicio político”. Bellizzi fue una de las uruguayas con ciudadanía italiana que en 1999, junto con Luz Ibarburu, Aurora Meloni, Marta Casal de Gatti y Cristina Mihura, presentó ante el fiscal Capaldo la denuncia que dio origen al juicio.“Cuando descubrimos el Archivo del Cóndor teníamos miedo de la reacción de los militares y sabíamos que los documentos necesitaban una protección para evitar que alguien pudiera entrar y sacar de allí documentaciones e informes. Así golpeamos las puertas de todas las embajadas, pero nadie abrió. Después vino la Embajada de Estados Unidos y nos ofreció asistencia técnica. La rechazamos, pero la Corte Suprema de Paraguay firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por medio de la embajada estadounidense y hoy nuestro archivo está en estas manos. Estamos muy preocupados por eso”, dijo Almada a la diaria. Entre los documentos hay una carta del general Manuel Contreras Sepúlveda (uno de los imputados del juicio, fallecido en agosto de 2015) al general paraguayo Guanes Serrano que tiene como título “Primer encuentro de trabajo de inteligencia nacional”; el “pre Cóndor”, le llama Almada. Contreras indicaba las instalaciones de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) como el cuartel general para la centralización de la información sobre personas y organizaciones “conectadas con la subversión”, algo similar a una Interpol dedicada a la subversión.
“El Cóndor ha tenido dos movimientos: por un lado, una cara más tranquila, en Brasil, Bolivia y Paraguay, donde la izquierda ya estaba derrotada, y por el otro, una cara implacable en Argentina, Chile y Uruguay, donde había grandes movilizaciones y organizaciones, y por eso el mismo Kissinger [Henry, entonces secretario de Estado de Estados Unidos] ordenó cortar cabezas”, sostiene Almada. Agrega que aún estamos en las garras del Cóndor, que sigue actuando bajo otra forma: “Esa operación tiene tres etapas: la primera, el pre Cóndor, empieza en 1964 y se desarrolla en Brasil, después viene la fase multilateral que empieza en 1975 en Santiago de Chile. Ahora el Cóndor sigue volando por medio de la Conferencia de los Ejércitos Americanos que se reúne cada dos años, en noviembre, en un país diferente, y prepara listados de subversivos de América Latina. Esa operación significó la eliminación de fronteras para la eliminación de gente que tenía un pensamiento diferente. Dejó más de 100.000 víctimas en el Cono Sur de América Latina. Una bomba atómica que hizo sus víctimas entre los dirigentes sindicales, los estudiantes, los artistas, los profesores, los religiosos, los abogados, los médicos, los intelectuales. La clase pensante de América Latina se cortó entre 1975 y 1985”.
Nadia Angelucci
desde Roma, Italia
ROMA.
La italiana residente en Uruguay María Bellizzi, su hija uruguaya
Silvia Bellizzi y el paraguayo Martín Almada, secuestrado en su país en
1974, testificaron hoy en Roma en el proceso en primera instancia por el
Plan Cóndor, informaron a Efe fuentes próximas al caso.
Nacida en San Basile, en Calabria (sur de Italia), María Bellizzi testificó hoy en una nueva audiencia del proceso por el Plan Cóndor acerca del secuestro y homicidio de su hijo, Andrés Humberto Bellizzi.
María, jubilada y residente en Uruguay, compareció en el juicio junto con su hija Silvia, hermana de Andrés Humberto Bellizzi.
Ambas respondieron a las preguntas sobre el pasado político de Andrés Humberto Bellizzi y sobre su secuestro el 19 de abril de 1977 en Buenos Aires, durante la dictadura militar en Argentina.
A la audiencia de hoy también acudió Martín Almada, nacido en Puerto Sastre (Paraguay) en 1937.
Almada fue víctima del Proceso Cóndor, después de descubrir unos archivos secretos que custodiaba la policía de su país y que contenían documentos relativos a la Operación Cóndor, tal y como refirió en el juicio.
Relató que el 26 de noviembre de 1974 fue secuestrado por la policía del país, interrogado por varios militares paraguayos, chilenos y argentinos y torturado durante treinta días con medidas como la proyección constante de una luz fuerte en los ojos.
Explicó su experiencia y también cómo su mujer fue obligada a escuchar por teléfono las torturas a Almada.
La esposa falleció de un infarto, denunció Almada, después de que un día se le informara de que su marido estaba muerto y de que debía recoger el cadáver.
La audiencia de este jueves en Roma, que duró seis horas, es parte del juicio en primera instancia, en el que hay 33 acusados, entre ellos dos bolivianos: el exdictador de Bolivia Luis García Meza y el que fuera su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.
En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles, como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista chileno.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Nacida en San Basile, en Calabria (sur de Italia), María Bellizzi testificó hoy en una nueva audiencia del proceso por el Plan Cóndor acerca del secuestro y homicidio de su hijo, Andrés Humberto Bellizzi.
María, jubilada y residente en Uruguay, compareció en el juicio junto con su hija Silvia, hermana de Andrés Humberto Bellizzi.
Ambas respondieron a las preguntas sobre el pasado político de Andrés Humberto Bellizzi y sobre su secuestro el 19 de abril de 1977 en Buenos Aires, durante la dictadura militar en Argentina.
A la audiencia de hoy también acudió Martín Almada, nacido en Puerto Sastre (Paraguay) en 1937.
Almada fue víctima del Proceso Cóndor, después de descubrir unos archivos secretos que custodiaba la policía de su país y que contenían documentos relativos a la Operación Cóndor, tal y como refirió en el juicio.
Relató que el 26 de noviembre de 1974 fue secuestrado por la policía del país, interrogado por varios militares paraguayos, chilenos y argentinos y torturado durante treinta días con medidas como la proyección constante de una luz fuerte en los ojos.
Explicó su experiencia y también cómo su mujer fue obligada a escuchar por teléfono las torturas a Almada.
La esposa falleció de un infarto, denunció Almada, después de que un día se le informara de que su marido estaba muerto y de que debía recoger el cadáver.
La audiencia de este jueves en Roma, que duró seis horas, es parte del juicio en primera instancia, en el que hay 33 acusados, entre ellos dos bolivianos: el exdictador de Bolivia Luis García Meza y el que fuera su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.
En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles, como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista chileno.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Acusados
En
la lista de los acusados uruguayos destaca el nombre del exdictador
Gregorio “Goyo” Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por
violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar
(1973-1985) y que fue presidente “de facto” de 1981 a 1985.
Además, se encuentran los uruguayos Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Entre los chilenos, destaca el nombre de Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA (policía política del régimen del general Augusto Pinochet), quien, tras una nueva sentencia en su país, acumula más de 500 años de prisión con varias condenas por violaciones a los derechos humanos.
Además, Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark, los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuan, el expolicía Carlos Luco Astroza, los coroneles Marcelo Luis Moren Brito, Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda.
Además, se encuentran los uruguayos Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vásquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Entre los chilenos, destaca el nombre de Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA (policía política del régimen del general Augusto Pinochet), quien, tras una nueva sentencia en su país, acumula más de 500 años de prisión con varias condenas por violaciones a los derechos humanos.
Además, Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark, los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuan, el expolicía Carlos Luco Astroza, los coroneles Marcelo Luis Moren Brito, Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda.
Noticias de ayer
Roger Rodríguez aportó documentación en Roma para probar articulación del Plan Cóndor.
“Señores jueces y señores del jurado, recorrí 15.000
kilómetros, traje documentos oficiales y quisiera entregarlos. Para
nosotros, que no hemos tenido justicia en Uruguay, la acumulación de
informaciones, aunque eso no sea un juicio histórico, es importante.
[...] Insisto en que me dejen entregar documentos para que en un lugar
del mundo exista toda la información que demuestre que Andrés Humberto
Bellizzi es una víctima de crímenes de lesa humanidad”. El periodista
Roger Rodríguez afirmó esto ante la jueza de la III Corte d’Assise de
Roma, Evelina Canale, a cargo del juicio que investiga la coordinación
represiva del Plan Cóndor en Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y
Argentina.
La apelación del periodista uruguayo imprimió un giro al juicio que después de más de dos horas de testimonio se había trancado en un forcejeo entre la Corte, la fiscalía y las partes, justamente sobre la adquisición de ulterior documentación. Al regreso en Aula tras un receso, la Corte se mostró más dispuesta y accedió a aceptar los documentos. Rodríguez refirió que, sobre la base de investigaciones que él hizo, Bellizzi fue condenado a desaparecer ya en 1974 cuando participó, el 2 de junio, en un acto público de denuncia y resistencia a la dictadura uruguaya en Buenos Aires. Los 101 asistentes fueron detenidos en una operación conjunta entre argentinos y uruguayos, y todos fueron fichados, como demuestra un documento que fue entregado a la Corte. “Ese operativo, llamado Operación Gris, determinó la producción de un informe que fue entregado al SID -Servicio de Inteligencia y Defensa-. Además de los nombres y referencias personales de los detenidos, había una lista de panfletos encontrados en el lugar. Ese registro se convirtió en un elenco de seguimiento de futuras víctimas del Cóndor”, contó el periodista, que leyó los nombres de uruguayos incluidos en la lista y luego desaparecidos, entre ellos Daniel Banfi y Juan Pablo Recagno, víctimas del presente juicio. Y continuó: “Todo hace entender que Bellizzi, secuestrado en abril de 1977, fue llevado, junto a su compañero de trabajo Jorge Goncálvez Busconi, al centro de detención ‘Club Atlético’, que en ese entonces funcionaba como base del Cóndor. Anoche me conecté con Hugo García Rivas, un desertor del Ejército uruguayo que escribió un libro, ‘Confesiones de un torturador’; me proporcionó los nombres de los uruguayos que operaban en el ‘Club Atlético’ en la época de la detención de Bellizzi: Carlos Calcagno, Armando Méndez, Eduardo Ramos, Glauco Yannone, Eduardo Ferro y Vicente Alaniz. Éstas son la personas responsables de la desaparición de Bellizzi. Están vivos, no como Contreras que en este juicio es el único citado para la muerte de Bellizzi, y podrían ser enjuiciados. García Rivas me dijo que está a disposición de la Corte para llevar aquí su testimonio”.
Rodríguez explicó cómo el nombre del capitán Jorge Tróccoli, acusado en este juicio, surgió a raíz de una entrevista en 1996 en la revista Posdata en la cual dos informantes indicaban a Tróccoli y Juan Carlos Lacerbeau como responsables de acciones de inteligencia y como jefes de la tortura a un grupo de militantes de los Grupos de Acción Unificada (GAU) en 1977. “Además de la documentación que certifica la presencia de Tróccoli en Buenos Aires en los días del operativo en contra de los GAU, traje documentos que demuestran la presencia de Tróccoli en Puerto Belgrano, donde operaba un centro clandestino de detención”, siguió Rodríguez. “Es un legajo personal de Tróccoli donde consta su traslado y se documenta su asignación durante los años 1978-1979 a la base Belgrano”, afirmó el periodista.Las preguntas sobre Tróccoli involucraron a otro de los imputados en el juicio, Ricardo Chávez, que, según explicó Rodríguez, estaba a cargo de la logística del Fusna (unidad de Fusileros Navales) en 1977-1978, en el mismo momento en que se realizaba la represión en contra de los GAU. El abogado de Chávez, Riccardo Brigazzi, trató de demostrar que su defendido desconocía los hechos; Rodríguez sugirió que el militar “se presente delante de la Corte a aportar su testimonio”.
El aporte del periodista fue fundamental también para explicar el funcionamiento del Plan Cóndor: “El sistema de espionaje tenía un mecanismo de cables codificados. Entre ellos se llamaban Cóndor 1-2-3-4-5. Encontramos el documento que descifra el código, que es simplemente alfabético: Argentina es 1 y Uruguay es 5. Cuando un sospechoso era detenido en un país extranjero se informaba el país al que pertenecía. Luego se armaba una operación y viajaban oficiales del país de pertenencia del sospechoso que participaban en la captura operada por la Policía local. Los nativos interrogaban y los locales se ocupaban de la custodia. Los niños venían repartidos como botín de guerra y se intercambiaban en diferentes países para hacer más difícil encontrarlos. Sobre la desaparición había una regla: ‘cada uno se hace cargo de su propia basura’, según lo que me contó una fuente reservada. Eso explica el traslado de prisioneros”.
En conversación con la diaria Rodríguez subrayó: “La estrategia del fiscal Capaldo era la de hacer un juicio a la coordinación política del Plan Cóndor, pero la Corte parece más inclinada a un juicio criminal y no político. Además, los responsables políticos están desapareciendo por razones de edad y sería necesario enjuiciar a los autores materiales de los hechos, que son más jóvenes”. Rodríguez sostuvo que hay que “proteger y hacer público” el juicio que se está llevando adelante en Roma, porque “también la verdad es una forma de justicia”.
La apelación del periodista uruguayo imprimió un giro al juicio que después de más de dos horas de testimonio se había trancado en un forcejeo entre la Corte, la fiscalía y las partes, justamente sobre la adquisición de ulterior documentación. Al regreso en Aula tras un receso, la Corte se mostró más dispuesta y accedió a aceptar los documentos. Rodríguez refirió que, sobre la base de investigaciones que él hizo, Bellizzi fue condenado a desaparecer ya en 1974 cuando participó, el 2 de junio, en un acto público de denuncia y resistencia a la dictadura uruguaya en Buenos Aires. Los 101 asistentes fueron detenidos en una operación conjunta entre argentinos y uruguayos, y todos fueron fichados, como demuestra un documento que fue entregado a la Corte. “Ese operativo, llamado Operación Gris, determinó la producción de un informe que fue entregado al SID -Servicio de Inteligencia y Defensa-. Además de los nombres y referencias personales de los detenidos, había una lista de panfletos encontrados en el lugar. Ese registro se convirtió en un elenco de seguimiento de futuras víctimas del Cóndor”, contó el periodista, que leyó los nombres de uruguayos incluidos en la lista y luego desaparecidos, entre ellos Daniel Banfi y Juan Pablo Recagno, víctimas del presente juicio. Y continuó: “Todo hace entender que Bellizzi, secuestrado en abril de 1977, fue llevado, junto a su compañero de trabajo Jorge Goncálvez Busconi, al centro de detención ‘Club Atlético’, que en ese entonces funcionaba como base del Cóndor. Anoche me conecté con Hugo García Rivas, un desertor del Ejército uruguayo que escribió un libro, ‘Confesiones de un torturador’; me proporcionó los nombres de los uruguayos que operaban en el ‘Club Atlético’ en la época de la detención de Bellizzi: Carlos Calcagno, Armando Méndez, Eduardo Ramos, Glauco Yannone, Eduardo Ferro y Vicente Alaniz. Éstas son la personas responsables de la desaparición de Bellizzi. Están vivos, no como Contreras que en este juicio es el único citado para la muerte de Bellizzi, y podrían ser enjuiciados. García Rivas me dijo que está a disposición de la Corte para llevar aquí su testimonio”.
Rodríguez explicó cómo el nombre del capitán Jorge Tróccoli, acusado en este juicio, surgió a raíz de una entrevista en 1996 en la revista Posdata en la cual dos informantes indicaban a Tróccoli y Juan Carlos Lacerbeau como responsables de acciones de inteligencia y como jefes de la tortura a un grupo de militantes de los Grupos de Acción Unificada (GAU) en 1977. “Además de la documentación que certifica la presencia de Tróccoli en Buenos Aires en los días del operativo en contra de los GAU, traje documentos que demuestran la presencia de Tróccoli en Puerto Belgrano, donde operaba un centro clandestino de detención”, siguió Rodríguez. “Es un legajo personal de Tróccoli donde consta su traslado y se documenta su asignación durante los años 1978-1979 a la base Belgrano”, afirmó el periodista.Las preguntas sobre Tróccoli involucraron a otro de los imputados en el juicio, Ricardo Chávez, que, según explicó Rodríguez, estaba a cargo de la logística del Fusna (unidad de Fusileros Navales) en 1977-1978, en el mismo momento en que se realizaba la represión en contra de los GAU. El abogado de Chávez, Riccardo Brigazzi, trató de demostrar que su defendido desconocía los hechos; Rodríguez sugirió que el militar “se presente delante de la Corte a aportar su testimonio”.
El aporte del periodista fue fundamental también para explicar el funcionamiento del Plan Cóndor: “El sistema de espionaje tenía un mecanismo de cables codificados. Entre ellos se llamaban Cóndor 1-2-3-4-5. Encontramos el documento que descifra el código, que es simplemente alfabético: Argentina es 1 y Uruguay es 5. Cuando un sospechoso era detenido en un país extranjero se informaba el país al que pertenecía. Luego se armaba una operación y viajaban oficiales del país de pertenencia del sospechoso que participaban en la captura operada por la Policía local. Los nativos interrogaban y los locales se ocupaban de la custodia. Los niños venían repartidos como botín de guerra y se intercambiaban en diferentes países para hacer más difícil encontrarlos. Sobre la desaparición había una regla: ‘cada uno se hace cargo de su propia basura’, según lo que me contó una fuente reservada. Eso explica el traslado de prisioneros”.
En conversación con la diaria Rodríguez subrayó: “La estrategia del fiscal Capaldo era la de hacer un juicio a la coordinación política del Plan Cóndor, pero la Corte parece más inclinada a un juicio criminal y no político. Además, los responsables políticos están desapareciendo por razones de edad y sería necesario enjuiciar a los autores materiales de los hechos, que son más jóvenes”. Rodríguez sostuvo que hay que “proteger y hacer público” el juicio que se está llevando adelante en Roma, porque “también la verdad es una forma de justicia”.
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