Ministro preocupado

La jueza Silvia Urioste dispuso el procesamiento con prisión de un soldado por el homicidio de Nelson Berreta, en 1972. Berreta recibió dos disparos por la espalda cuando intentaba huir de su custodia. Estaba esposado. Le dispararon con un subametralladora P.45

Javier García manifestó su “preocupación” y la del presidente por el procesamiento del soldado que mató a Nelson Berreta

11 de junio de 2020

El fiscal Ricardo Perciballe defendió la causa: “Este es un delito de lesa humanidad, que no prescribe”.

“Queremos transmitirles la preocupación que tienen el presidente y el ministro de Defensa con respecto al procesamiento que se dio en el día de ayer de un soldado retirado del Ejército”, dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, este jueves al salir de una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El soldado es Leonardo Vidal, procesado por el homicidio del tupamaro Nelson Berreta, ocurrido el 15 de julio de 1972. Vidal mató por la espalda a Berreta cuando este intentó darse a la fuga, esposado, durante un traslado que solicitó para intentar burlar a sus captores, según consta en la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

En declaraciones recogidas por El País, García cuestionó que el procesamiento, solicitado en 2018 por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, se produzca “casi 50 años después del episodio que motivó el procesamiento”. “Hace 48 años atrás, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara y muere una persona que estaba detenida. El mensaje que queda planteado [es]: ¿qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso? Es un mensaje que nos preocupa y afecta las tareas y el funcionamiento”, afirmó el jerarca.

Consultado por la diaria, Perciballe manifestó que “si Fiscalía pidió el procesamiento es porque había elementos de sobra” y que “si lo procesaron, por algo habrá sido”. Asimismo, opinó que “es al revés de lo que se plantea: lo lamentable es que se lo procese 48 años después”.

“La jueza lo procesó como procesa a cualquier ciudadano de este país, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de un homicidio, no de cosas menores”, sostuvo el fiscal. Por otra parte, Perciballe explicó que del expediente surge que Vidal “le dio muerte por la espalda con una ráfaga de metralleta a alguien que estaba esposado y corriendo”. “Hay que ver que este es un delito de lesa humanidad, que no prescribe, y por tanto esto ocurre y seguirá ocurriendo”, enfatizó.

Por su parte, Ignacio Errandonea, hermano del detenido desaparecido Juan Pablo Errandonea e integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, consideró que “la violación a los derechos humanos, sea hoy, mañana o ayer, es una violación a los derechos humanos”. Errandonea criticó las declaraciones del ministro de Defensa y consideró que el jerarca “debería aclarar su mensaje, porque es confuso, y dejar en claro si está bien ejecutar a un prisionero si se recibe una orden”. “Me parece que ahí el ministro le está errando”, apuntó. Además, consideró que “los militares y policías tienen que tener miedo, porque en Uruguay no existe la pena de muerte, por lo tanto no se puede asesinar a un detenido”. García había declarado que los soldados hoy “están expuestos” dado que “por orden del Estado están llevando adelante operaciones complejas y riesgosas”, por ejemplo, en la frontera, “enfrentando al narcotráfico y al contrabando”.

Errandonea no considera un atenuante del delito el hecho de que Vidal estuviera cumpliendo órdenes de superiores: “La obediencia debida no exime del delito. Los nazis decían lo mismo, y los juzgaron igual, y está bien, porque es la única forma de generar anticuerpos como sociedad para protegernos”, reflexionó. Por otra parte, insistió en que el asesinato de Berreta fue un crimen de lesa humanidad, lo cual lo hace imprescriptible: “Si no se lo pudo juzgar antes fue porque hubo dictadura y ley de caducidad, y recién ahora tiene que rendir cuentas. Gozó de demasiada libertad frente al crimen que cometió”, aseveró.

Berreta integraba el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y fue detenido el 14 de julio de 1972 por las Fuerzas Conjuntas. Durante el interrogatorio posterior a su detención, intentó burlar a sus captores y se ofreció a colaborar, para encontrar una oportunidad para darse a la fuga, según señala la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Fue trasladado en una camioneta hacia dos supuestos locales del MLN-T y al llegar a la intersección de las calles Capitulares y Casavalle solicitó descender del vehículo, para lo cual fue autorizado. Descendió esposado y fue seguido por dos custodias, hasta que en un momento comenzó a correr al grito de “déjenme ir, no quiero volver”. El teniente Sergio Velazco ordenó abrir fuego y Berreta fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora que le dio muerte. Vidal portaba el arma que lo mató.

Fiscal Ricardo Perciballe

Dos militares acusados de torturas y privación de libertad en 1972 fueron procesados sin prisión por ser “primarios”

11 de junio de 2020

Es la primera vez que sucede en este tipo delitos; el fiscal Ricardo Perciballe apeló la sentencia.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad solicitó en febrero el procesamiento y la prisión preventiva de los militares José María Cabrera Rivas y Andrés Daniel Quintana García, integrantes de S2 ‒la repartición de inteligencia que realizaba los interrogatorios en el Batallón de Ingenieros 2 de Florida en 1972‒, por los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y de privación de libertad. El juez de primera instancia de primer turno de Florida, Diego Prieto, procesó a los militares retirados como autores de un delito continuado de abuso de autoridad, pero sin prisión.
El juez destacó en la sentencia que los imputados carecen de “antecedentes judiciales, revistiendo la calidad de primarios absolutos”. Pero, además, que hay “inexistencia de motivos fundados para presumir riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación”. Por estos motivos, les impuso una medida cautelar de arresto domiciliario por un plazo de tres meses.

También descartó que se les tipificara el delito de privación de libertad, ya que las detenciones se realizaron en un marco de un estado de guerra interior, decretado en 1972 y prorrogado por una nueva resolución, creándose un “régimen de excepción”, que habilitó a “las fuerzas de seguridad a efectuar detenciones de personas sospechadas de participar en el MLN-T [Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros] sin orden judicial y por plazos mayores a los constitucionalmente previstos”, argumentó el juez. “Mal que nos pese, esa era la realidad jurídica de la época sobre cuya base tomó intervención la Justicia Militar y adoptó resoluciones hoy inmutables, por encontrarse al abrigo de la cosa juzgada”, concluye el magistrado sobre la privación ilegítima de la libertad.

El fiscal Ricardo Perciballe apeló este miércoles la decisión del juez de Florida y argumentó que 31 personas fueron detenidas de forma “prolongada” en el Batallón de Ingenieros 2, sin ser sometidos a juez en el plazo constitucional. Ante el argumento del juez de que en 1972 había un régimen de excepción, por lo que no corresponde tipificar el delito de privación de la libertad, Perciballe reconoce el “loable esfuerzo realizado por la sede para contextualizar el momento político que diera marco a los hechos que nos convocan”, pero advierte que toma en “consideración normas que no se encontraban vigentes al momento de los hechos, o realiza interpretaciones extensivas que no se corresponden con el marco constitucional vigente. Y en esto se debe ser muy preciso por cuanto estaba en juego, nada más ni nada menos, que la libertad de las personas”.

En concreto, Perciballe advierte que el decreto del juez se sustenta en un decreto posterior al 278/972, que determinaba que “los militares sólo estaban autorizados a detener a quienes hubiesen cometido un delito [...]. Y aquí se presenta la primera cuestión: ¿los detenidos habían cometido algún delito? Eran militantes del Movimiento de Independientes 26 de Marzo, organización política que (si bien se la visualizaba como relacionada al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) adhirió al Frente Amplio, participó en la conformación de este y contaba entre sus filas a personalidades como el poeta Mario Benedetti, el antropólogo Daniel Vidart y el profesor universitario Domingo Carlevaro. Ergo, era un partido o movimiento lícito, que actuaba públicamente en la vida política del país y que recién fue ilegalizado por el Decreto de la dictadura cívico militar 1026, de fecha 28 de noviembre de 1973”, argumenta Perciballe en la apelación.

“En buen romance, del mismo modo que los militares no estaban autorizados a aplicarles torturas a los detenidos, tampoco estaban habilitados para retener a estos fuera del plazo constitucional y sin dar cuenta a un juez”, agrega.

El fiscal considera que se debió procesarlos con prisión porque no se puede obviar que 31 personas fueron privadas ilegítimamente de su libertad por un tiempo prolongado y, además, fueron “encapuchados, maniatados y sometidos a plantón durante largos períodos, que en algunos casos llegó a hacerles perder el conocimiento. A ello se agregaron las golpizas, en especial cuando no cumplían con el plantón, así como la limitación de acceso al baño para realizar sus necesidades y para higienizarse. En el caso de los varones, les obligaban a realizar sus necesidades fisiológicas encima, en tanto que en el caso de las mujeres se realizaron simulacros de violación”.

“Tras este relato queda meridianamente claro que el hecho en sí o si se quiere los hechos fueron muy graves, y lo mismo puede decirse del daño causado a las víctimas. En razón de ello, nunca debió haberse sustituido la prisión preventiva por la domiciliaria”, afirma Perciballe.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/dos-militares-acusados-de-torturas-y-privacion-de-libertad-en-1972-fueron-procesados-sin-prision-por-ser-primarios/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am

https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/javier-garcia-manifesto-su-preocupacion-y-la-del-presidente-por-el-procesamiento-del-soldado-que-mato-a-nelson-berreta/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am

>>> Incoherencias gubernamentales

Niños si, soldados no

https://ecos.la/17/politica_26/2020/06/11/42864/larranaga-y-el-aumento-de-pena-no-son-ninos-algunos-son-criminales/

El ministro del Interior defendió ante los legisladores la duplicación de penas para menores de edad que cometan delitos graves.

"No son niños, son niños criminales en algunos casos", expresó el secretario de Estado ante los legisladores.

El ministro dijo que no se puede tratar como "niños inofensivos" a un joven que con 17 años asesina de tres balazos a una mujer policía frente a su casa.

"Es algo que no se puede aceptar", sentenció en referencia al homicidio de la agente Daniela da Silva.

"El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Ignacio Errandonea consideró una equivocación la evaluación del ministro de Defensa, Javier García, sobre la actuación de la justicia que procesó al exsoldado Leonardo Vidal como responsable del asesinato de Nelson Berreta Hernández.

Errandonea dijo a Informe nacional que es preocupante el mensaje que se está dando: “la obediencia debida en materia de derechos humanos está establecido que no exime de responsabilidades”, indicó y agregó que el soldado le disparó a Berreta esposado, es decir, que fue una ejecución.

En relación a lo señalado por el ministro de Defensa, que compara aquel acto con la realidad actual de los soldados, Errandonea afirmó que se equivoca y explicó que en la nueva Ley orgánica militar está claramente establecido que frente a una orden que implica violar los derechos humanos, el subordinado tiene derecho a no cumplirla.

“Lo deseable como sociedad es que todos los crímenes sean analizados por la justicia y sancionados”, afirmó."

http://radiouruguay.uy/errandonea-considero-una-equivocacion-los-dichos-garcia-sobre-procesamiento-de-soldado/?fbclid=IwAR2AOqyji6BD8Pt9RF7ZggUHH18fIUkg_nWKaa5nzfzqwguXQa2lU2WQYoY

>>> Matar por la espalda

Javier García que manifestó su “preocupación” y la del presidente por el procesamiento del soldado que mató a Nelson Berreta e intenta por esa vía presionar a la justicia.

Son cientos los uruguayos y uruguayas asesinados desde 1968 hasta 1985, también son cientos los desaparecidos y son miles los torturados en unidades militares o comisarías por lo tanto hay cientos de asesinos, de torturadores y de desaparecedores libres

Lo grave de este ministro (que cada día da esta más pintado), es que dice que este procesamiento pone en cuestión las operaciones de las fuerzas armadas!!! ¿O sea las FFAA van a salir a detener gente? ¿García quiere licencia para ametrallar para sus soldados?

¿Si un soldado ametralla a un hombre desarmado porque su jefe se lo ordena debería ser declarado inocente según García? ¿La justicia debe mirar para otro lado? ¿Soldados con licencia para matar quiere este García?

@JUrruzola

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Procesaron con prisión al militar (r) Leonardo Vidal Antúnez por el homicidio del militante del MLN Nelson Berreta en 1972. Así lo había solicitado el fiscal Perciballe en 2018. La defensa del militar Rossana Gavazzo y Estela Arab argumentó obediencia debida.

La jueza rechazó ese punto. Ante la orden de abrir fuego del teniente Velazco, el ahora procesado cumplió disparándole a Berreta por la espalda, con su ametralladora P.45. La jueza recordó que los mandatos delictivos no son obligatorios.

@TNUtvpublica

>>> Orden de matar

• Lugar de muerte: Capitulares Nº 1377, barrio Conciliación, Montevideo.

• Hora: 03:50 horas. • Circunstancia de muerte: Posterior a su detención y durante el interrogatorio, Berreta intenta burlar a sus captores y ofrece colaborar, buscando una oportunidad para darse a la fuga.

En esas circunstancias es trasladado en una camioneta hacia dos supuestos locales del M.L.N.-T. En el primer lugar al que concurren no acontece ningún hecho y es trasladado a la calle Capitulares Nº 1377, donde solicita descender del vehículo, siendo autorizado. Berreta baja esposado, comenzando a caminar mientras es seguido por los custodias. En ese momento se lanza a correr mientras grita “déjenme ir, no quiero volver”, recorriendo aproximadamente 30 metros, circunstancia en el que Teniente 1º Sergio Velazco ordena abrir fuego, recibiendo Berreta una ráfaga de ametralladora, por lo que es conducido al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde se certifica su muerte.

A su vez, en el informe elevado por el Jefe de la Unidad, Teniente Coronel Rubio, al Jefe de la Región Militar Nº 1, surge una variante respecto del relato anterior. En el mismo se afirma que una vez llegado a la calle Capitulares Nº 1377 Berreta desciende del vehículo para intentar reconocer el local, lo que da resultado negativo, y cuando vuelve a subir al mismo “dio un puntapié, empujando a uno de sus custodias y dándose de inmediato a la fuga”

• Participaron del operativo: Teniente 1º Sergio Washington Velazco Villanueva (encargado del operativo); Teniente 2º José Artigas Sosa Goitia; Cabo 2º Walter Álvez; Apt. Clodomiro Martínez, Soldados de 1º Ramón Silva, Leonardo Vidal Antúnez (quien portaba el arma que hirió de muerte a Berreta) y Ángel de los Santos.