El jefe de Policía de San José defiende por qué algunos hechos delictivos se informan y otros no.
>>> Los dueños de la transparencia
“Policía de tu lado”, es el nuevo slogan de la fuerza pública
El ministro del Interior Jorge Larrañaga inauguró este jueves al mediodía la nueva imagen de su cartera, donde destacan ploteos en las patrullas y un nuevo slogan del Ministerio. El cambio de imagen incluyó un logo y un nuevo slogan: «Policía de tu lado», que la cartera comenzará a utilizar. Asimismo el ministro Jorge Larrañaga junto con el director nacional de la Policía Diego Fernández y el jefe de Policía de Montevideo Erode Ruiz inauguraron los nuevos ploteos que se les realizaron a las patrullas.
El nuevo diseño que comenzará a utilizar la Policía Nacional fue una iniciativa de la Jefatura de Montevideo, y que se extenderá a todo el país. «Queremos con la identificación queremos darle transparencia», dijo Larrañaga quien agregó que cada vehículo contará con un número de unidad. De esta forma el ministro aseguró que la presencia del equipamiento de la policía en las calles será «fuerte y firme». Consultado sobre la inversión que destinó Jefatura en los ploteos, el ministro respondió que «lo hace la propia Policía» y agregó que se está «en la adquisición de los materiales» y que esto se está haciendo en una «cadencia que no será inmediata».
>>> Uruguay cambió violentamente
Los números del delito:
Réquiem por Fundapro
Se viene observando desde la asunción de las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, el despliegue de un trabajo a nivel de medios de comunicación en el que se destaca el silenciamiento del lugar e intensidad que hasta hace pocos meses ocupaban las noticias sobre delitos y el manejo de las pocas cifras que, de forma insidiosa y selectiva, logran cruzar el umbral de la calle Mercedes y llegar a las redacciones de aquellos que se ufanan de ser “los primeros siempre”.
31 mayo, 2020
Por Rolando Arbesún Rodríguez
“La seguridad no solo no ha mejorado con los gobiernos del Frente Amplio, sino que ha empeorado en forma alarmante. Se han olvidado de que en materia de seguridad pública lo que está en juego es la vida de las personas. Los datos y estadísticas en seguridad son personas lesionadas o fallecidas, son familias destruidas o que quedan marcadas de por vida por la delincuencia”. Así concluía, antes de pasar a alabar la política de seguridad de Patricia Bullrich, durante el desastroso gobierno de Mauricio Macri en Argentina, el último reporte conocido de Fundapro.
El reporte en cuestión, corresponde a noviembre de 2019 y está firmado por el hoy subsecretario del Ministerio del Interior, Dr. Guillermo Maciel.
Conocido también como “Observatorio Fundapro de Seguridad y Mapas de Delitos”, el sitio desempeñó durante los últimos años, un activo papel en el seguimiento de la situación de los delitos en el país, un rol que desarrolló con una fuerte vocación de política opositora.
“Hemos desarrollado este sitio para cooperar en el mejoramiento de la seguridad pública, empoderando a los ciudadanos para desarrollar su propia comunidad de inteligencia. Este sitio sirve para recolectar y divulgar los episodios delictivos que suceden día a día en el país, permitiendo realizar análisis cualitativos y cuantitativos de la realidad de la inseguridad creciente. Tiene la característica, única en Uruguay, de que los propios ciudadanos realicen denuncias de delitos de acuerdo a una clasificación estandarizada que permite luego la confección de estudios estadísticos”.
Curiosamente y a pesar de esa supuesta vocación “libertaria” de “empoderamiento ciudadano”, el sitio no ha retomado su actividad y su otrora impulsor es hoy quien no solo monopoliza la información sobre los delitos en el país, sino quien, además, forma parte del equipo político que ha restringido las comunicaciones de los funcionarios policiales con la prensa.
Uno se siente tentado a escribir que ahora “la libertad ya no es tan libre” y que, puestos hoy en el lugar de elaborar y ejecutar definiciones en materia de seguridad pública, no parece tan loable que los ciudadanos desarrollen su “propia comunidad de inteligencia”.
Se podría, además, acompañar el criterio político del exministro del Interior más interpelado del país y actual senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, cuando señalaba que no se realizaría con el actual equipo de dirección del Ministerio del Interior, lo que ellos sí hicieron durante 15 años con el equipo del Frente Amplio.
Esta orientación, o concepción del análisis político de la seguridad pública, indica la seriedad con que la misma se fue desarrollando durante los gobiernos del Frente Amplio, hablan de una “ética de lo político”, por un lado y del reconocimiento de las complejidades de un área tan sensible y peculiar como lo es la de la seguridad pública.
A diferencia de este posicionamiento ético, lo que se viene observando desde la asunción de las nuevas autoridades del Ministerio del Interior es el despliegue de un trabajo a nivel de medios de comunicación que tiene al menos dos características.
La primera de ellas y la más visible es la del silenciamiento del lugar e intensidad que hasta hace pocos meses ocupaban las noticias sobre delitos.
La segunda es el manejo de las pocas cifras que, de forma insidiosa y selectiva, logran cruzar el umbral de la calle Mercedes y llegar a las redacciones de aquellos que se ufanan de ser “los primeros siempre”.
Es como si, de repente, todas las “reglas del juego” que durante los últimos 15 años organizaron el escenario comunicativo y de análisis sobre seguridad pública hubieran cambiado y ello sin avisar a los “ciudadanos”, quienes, como ya vimos en la presentación institucional de Fundapro, eran la preocupación principal de entonces.
Las acciones del nuevo Ministerio del Interior han sido, desde el vamos, aparatosas, mucha prensa y sobre todo el estribillo mágico: “Estamos haciendo lo que no se hizo en 15 años”.
A pesar de esta aparatosidad y verborragia discursiva, los resultados hasta la fecha no son nada halagüeños.
A veces para que se sepa a qué sabe el veneno, hay que darle al que otrora fuera victimario de su propia medicina.
Política del miedo
El último informe de Fundapro en noviembre de 2019 estuvo centrado en la cuestión del crecimiento de los homicidios en el país.
“La inseguridad se ha transformado en uno de los grandes problemas de la gente y del país. Los delitos han tenido un aumento significativo en los últimos años. Los uruguayos ven vulnerados sus derechos humanos y se afecta su calidad de vida, al tiempo que son rehenes y pierden libertades frente al delito.
Asistimos a un colapso de la seguridad como nunca antes en toda la historia del país. Y la realidad refleja que el gobierno no tiene conciencia de la dimensión y gravedad del problema de la inseguridad.
El año 2018 fue un récord absoluto con 414 homicidios (un 45,8% más que el año anterior). La tasa de homicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes”, señalaba el informe, al tiempo que vaticinaba para el cierre del año 2019 un nuevo crecimiento de los homicidios.
Un trabajo presentado recientemente por InSight Crime, una organización internacional dedicada al estudio y análisis del crimen organizado en el mundo, titulado Balance de homicidios en las capitales de América Latina en 2019, señalaba con respecto a Montevideo: “Con aproximadamente 194 muertes violentas y una tasa de 14,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la capital uruguaya experimentó una leve disminución en los homicidios con respecto a 2018, año en el que se presentaron 223 casos”.
Al referirse a los posibles factores de esta tasa de homicidios, el estudio hipotetizaba: “el 60 por ciento de estos homicidios se deben a ajustes de cuentas entre delincuentes, principalmente vinculados al narcotráfico.
Esta cifra no es sorprendente si se tiene en cuenta el creciente uso del país como punto de transbordo y tránsito de drogas. De acuerdo a declaraciones del jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtd), Carlos Noria, 2019 cerró con un récord histórico en las incautaciones de droga, con aproximadamente 12 toneladas de cocaína recogidas a lo largo del país”.
A contrapelo de lo vaticinado por el informe de noviembre de 2019 de Fundapro, en el año 2019 hubo un total de 391 homicidios, 25 menos que en 2018.
La distribución de los homicidios fue 215 en Montevideo y 176 en el interior.
Geográficamente los mismos se localizaron principalmente en Montevideo y los departamentos del este, localización que señala la importancia que van tomando las dinámicas de criminalidad en los mismos.
De acuerdo a la categorización del Ministerio del Interior de entonces, 197 homicidios se relacionaban con conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas, mientras que 56 homicidios se asociaban a hechos de violencia intrafamiliar.
Como consecuencia de rapiñas y copamientos se identificaron un total de 45 homicidios.
Dentro de las prisiones del país se cometieron 20 homicidios.
El 61,1% (239) de los homicidios fue ejecutado con el uso de armas de fuego.
Del total de homicidios registrados en 2019, fueron aclarados el 49% y en solo 13 casos se confirmaba la participación y/o autoría de adolescentes (3% del total de homicidios consumados).
Los pingos se miden en el ruedo
Lejos de lo que se afirmara, triunfalmente, en una nota del diario El País, los delitos de homicidios no han disminuido.
Este tipo de delito ha tenido un crecimiento del 10,1% en los cuatro primeros meses del presente año y las cifras que se vienen registrando en mayo no son precisamente esperanzadoras.
Considerando el momento en que asumieron las nuevas autoridades de gobierno, lo que se observa en el análisis de los datos disponibles es un incremento de los homicidios del 15,38% con relación a los meses de marzo y abril de 2019.
Hasta el mes de abril del presente año se reportaban 120 homicidios, en el año anterior y en el mismo período de tiempo, los homicidios ascendían a 109.
Aunque en el caso específico de Montevideo, los homicidios disminuyeron de 68 a 62, esta modalidad delictiva experimentó un crecimiento en el resto del territorio nacional, pasando de 41 a 58, lo que significa un incremento de 41,46%.
En el período del actual gobierno (marzo-abril) los delitos de homicidio experimentaron un crecimiento del 15,38% si se compara con el mismo período de 2019: en 2019 se reportaron 52 homicidios durante estos dos meses, y en marzo y abril del año en curso la cantidad de delitos de homicidio se ubicó en 60.
Las víctimas de estos delitos se distribuyen mayoritariamente en hombres (110), mientras que hasta el cierre de abril 10 mujeres han sido asesinadas, el 60% de las cuales mantenían con el homicida algún tipo de vínculo.
El 52% de las víctimas de homicidio tenían antecedentes penales y la franja de edades dominante se ubica entre los 18 y los 28 años (35%).
Geográficamente y considerando solo los casos de Montevideo, los barrios con mayor cantidad de casos reportados son: Casavalle, La Paloma-Tomkinson, Nuevo París, Punta de Rieles, Bella Italia, Villa García y Manga rural, todos ellos con un total de cuatro homicidios.
Otro dato relevante sobre esta modalidad delictiva es que los homicidios cometidos con armas de fuego experimentaron un crecimiento del 15,38% (en 2019 se reportaban 65 casos y para este año la cifra trepó a 75), un dato nada despreciable sobre todo cuando ha empezado a discutirse, vía Ley de Urgente Consideración, la posibilidad de que militares retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía adquieran el derecho al porte de armas, algo que incrementará la ya voluminosa cifra que se estima compone el mercado de armas en el país.
Los homicidios en que se ha hecho uso de armas de fuego tuvieron como escenario principal la vía pública u otros espacios considerados “abiertos”.
Más de la mitad de los homicidios que se han cometido (55%) aún no han sido aclarados, un guarismo superior a lo que se reportaba años atrás.
Desde el mes de marzo de este año, el gobierno y la política de seguridad pública ha ido encaminándose en la dirección que -en su último reporte describiera Fundapro- no tenía la aplicada por los gobiernos del Frente Amplio: “El camino viable es un cambio, por un nuevo gobierno responsable y la implementación de un plan sólido e integral de emergencia nacional contra la inseguridad, sin gradualismos ni dilaciones”.
Esta verborragia temprana de quien hoy ocupa la subsecretaría de Estado no ha sido capaz de materializarse en resultados efectivos, lo que invita a la mesura al tiempo que se recuerda, como dijera el otrora director nacional de Policía, comisario general (r) Mario Layera,: “Los pingos se miden en la cancha”.
El inesperado advenimiento de la emergencia sanitaria ha traído como efecto peculiar que los otrora “analistas” de Fundapro se quedaran sin referencias regionales para sus claves comparativas, aquellas que sistemáticamente utilizaban para señalar el “fracaso” de las políticas de seguridad pública del Frente Amplio.
Las comparaciones realizadas entonces, como evidencia de “fracasos”, hoy se les han vuelto en su contra.
Un informe publicado el pasado 22 de mayo por Sputnik, citando datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, señalaba que “la región está presenciando algunos cambios en las modalidades delictivas, producto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas que están tomando los gobiernos para combatirla”.
Entre los datos más llamativos de los efectos de la pandemia en lo que a delitos en la región se refiere, el informe resaltaba el efecto que la emergencia sanitaria venía produciendo en los guarismos nacionales de homicidios de los países de América Latina.
“La mayoría de los países está viendo descender los homicidios. Al mismo tiempo, el encierro potencia la posibilidad de que se cometan otros delitos, como la violencia doméstica y el abuso sexual intrafamiliar, mientras que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación propician estafas y fraudes en el mundo virtual”, se señalaba en el informe elaborado por el periodista Rafael Rey para Sputnik, al tiempo que se interrogaba si esta sería “la nueva normalidad en el mundo de la seguridad regional”.
A pesar de este descenso de los homicidios reportado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en el escenario regional a partir de la pandemia, Uruguay no había visto descender sus cifras.
“Uruguay fue uno de los pocos países que vio incrementar los homicidios durante los últimos meses, en comparación con 2019.
En marzo y abril de este año, los dos primeros del nuevo gobierno, este delito aumentó 15,38% respecto a los mismos meses de 2019, según cifras del Ministerio del Interior”, resalta el artículo de Sputnik.
Esta vez, el país era asociado a la situación de México, “donde ni siquiera la pandemia ha logrado atenuar la escalada de violencia y muerte que atormenta al país desde hace unos 15 años”.
Los tiempos de los “análisis” al estilo Fundapro han terminado.
Ahora que gobiernan y que estaban “preparados”, deben hacerse cargo.
Por Rolando Arbesún Rodríguez
“La seguridad no solo no ha mejorado con los gobiernos del Frente Amplio, sino que ha empeorado en forma alarmante. Se han olvidado de que en materia de seguridad pública lo que está en juego es la vida de las personas. Los datos y estadísticas en seguridad son personas lesionadas o fallecidas, son familias destruidas o que quedan marcadas de por vida por la delincuencia”. Así concluía, antes de pasar a alabar la política de seguridad de Patricia Bullrich, durante el desastroso gobierno de Mauricio Macri en Argentina, el último reporte conocido de Fundapro.
El reporte en cuestión, corresponde a noviembre de 2019 y está firmado por el hoy subsecretario del Ministerio del Interior, Dr. Guillermo Maciel.
Conocido también como “Observatorio Fundapro de Seguridad y Mapas de Delitos”, el sitio desempeñó durante los últimos años, un activo papel en el seguimiento de la situación de los delitos en el país, un rol que desarrolló con una fuerte vocación de política opositora.
“Hemos desarrollado este sitio para cooperar en el mejoramiento de la seguridad pública, empoderando a los ciudadanos para desarrollar su propia comunidad de inteligencia. Este sitio sirve para recolectar y divulgar los episodios delictivos que suceden día a día en el país, permitiendo realizar análisis cualitativos y cuantitativos de la realidad de la inseguridad creciente. Tiene la característica, única en Uruguay, de que los propios ciudadanos realicen denuncias de delitos de acuerdo a una clasificación estandarizada que permite luego la confección de estudios estadísticos”.
Curiosamente y a pesar de esa supuesta vocación “libertaria” de “empoderamiento ciudadano”, el sitio no ha retomado su actividad y su otrora impulsor es hoy quien no solo monopoliza la información sobre los delitos en el país, sino quien, además, forma parte del equipo político que ha restringido las comunicaciones de los funcionarios policiales con la prensa.
Uno se siente tentado a escribir que ahora “la libertad ya no es tan libre” y que, puestos hoy en el lugar de elaborar y ejecutar definiciones en materia de seguridad pública, no parece tan loable que los ciudadanos desarrollen su “propia comunidad de inteligencia”.
Se podría, además, acompañar el criterio político del exministro del Interior más interpelado del país y actual senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, cuando señalaba que no se realizaría con el actual equipo de dirección del Ministerio del Interior, lo que ellos sí hicieron durante 15 años con el equipo del Frente Amplio.
Esta orientación, o concepción del análisis político de la seguridad pública, indica la seriedad con que la misma se fue desarrollando durante los gobiernos del Frente Amplio, hablan de una “ética de lo político”, por un lado y del reconocimiento de las complejidades de un área tan sensible y peculiar como lo es la de la seguridad pública.
A diferencia de este posicionamiento ético, lo que se viene observando desde la asunción de las nuevas autoridades del Ministerio del Interior es el despliegue de un trabajo a nivel de medios de comunicación que tiene al menos dos características.
La primera de ellas y la más visible es la del silenciamiento del lugar e intensidad que hasta hace pocos meses ocupaban las noticias sobre delitos.
La segunda es el manejo de las pocas cifras que, de forma insidiosa y selectiva, logran cruzar el umbral de la calle Mercedes y llegar a las redacciones de aquellos que se ufanan de ser “los primeros siempre”.
Es como si, de repente, todas las “reglas del juego” que durante los últimos 15 años organizaron el escenario comunicativo y de análisis sobre seguridad pública hubieran cambiado y ello sin avisar a los “ciudadanos”, quienes, como ya vimos en la presentación institucional de Fundapro, eran la preocupación principal de entonces.
Las acciones del nuevo Ministerio del Interior han sido, desde el vamos, aparatosas, mucha prensa y sobre todo el estribillo mágico: “Estamos haciendo lo que no se hizo en 15 años”.
A pesar de esta aparatosidad y verborragia discursiva, los resultados hasta la fecha no son nada halagüeños.
A veces para que se sepa a qué sabe el veneno, hay que darle al que otrora fuera victimario de su propia medicina.
Política del miedo
El último informe de Fundapro en noviembre de 2019 estuvo centrado en la cuestión del crecimiento de los homicidios en el país.
“La inseguridad se ha transformado en uno de los grandes problemas de la gente y del país. Los delitos han tenido un aumento significativo en los últimos años. Los uruguayos ven vulnerados sus derechos humanos y se afecta su calidad de vida, al tiempo que son rehenes y pierden libertades frente al delito.
Asistimos a un colapso de la seguridad como nunca antes en toda la historia del país. Y la realidad refleja que el gobierno no tiene conciencia de la dimensión y gravedad del problema de la inseguridad.
El año 2018 fue un récord absoluto con 414 homicidios (un 45,8% más que el año anterior). La tasa de homicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes”, señalaba el informe, al tiempo que vaticinaba para el cierre del año 2019 un nuevo crecimiento de los homicidios.
Un trabajo presentado recientemente por InSight Crime, una organización internacional dedicada al estudio y análisis del crimen organizado en el mundo, titulado Balance de homicidios en las capitales de América Latina en 2019, señalaba con respecto a Montevideo: “Con aproximadamente 194 muertes violentas y una tasa de 14,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la capital uruguaya experimentó una leve disminución en los homicidios con respecto a 2018, año en el que se presentaron 223 casos”.
Al referirse a los posibles factores de esta tasa de homicidios, el estudio hipotetizaba: “el 60 por ciento de estos homicidios se deben a ajustes de cuentas entre delincuentes, principalmente vinculados al narcotráfico.
Esta cifra no es sorprendente si se tiene en cuenta el creciente uso del país como punto de transbordo y tránsito de drogas. De acuerdo a declaraciones del jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtd), Carlos Noria, 2019 cerró con un récord histórico en las incautaciones de droga, con aproximadamente 12 toneladas de cocaína recogidas a lo largo del país”.
A contrapelo de lo vaticinado por el informe de noviembre de 2019 de Fundapro, en el año 2019 hubo un total de 391 homicidios, 25 menos que en 2018.
La distribución de los homicidios fue 215 en Montevideo y 176 en el interior.
Geográficamente los mismos se localizaron principalmente en Montevideo y los departamentos del este, localización que señala la importancia que van tomando las dinámicas de criminalidad en los mismos.
De acuerdo a la categorización del Ministerio del Interior de entonces, 197 homicidios se relacionaban con conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas, mientras que 56 homicidios se asociaban a hechos de violencia intrafamiliar.
Como consecuencia de rapiñas y copamientos se identificaron un total de 45 homicidios.
Dentro de las prisiones del país se cometieron 20 homicidios.
El 61,1% (239) de los homicidios fue ejecutado con el uso de armas de fuego.
Del total de homicidios registrados en 2019, fueron aclarados el 49% y en solo 13 casos se confirmaba la participación y/o autoría de adolescentes (3% del total de homicidios consumados).
Los pingos se miden en el ruedo
Lejos de lo que se afirmara, triunfalmente, en una nota del diario El País, los delitos de homicidios no han disminuido.
Este tipo de delito ha tenido un crecimiento del 10,1% en los cuatro primeros meses del presente año y las cifras que se vienen registrando en mayo no son precisamente esperanzadoras.
Considerando el momento en que asumieron las nuevas autoridades de gobierno, lo que se observa en el análisis de los datos disponibles es un incremento de los homicidios del 15,38% con relación a los meses de marzo y abril de 2019.
Hasta el mes de abril del presente año se reportaban 120 homicidios, en el año anterior y en el mismo período de tiempo, los homicidios ascendían a 109.
Aunque en el caso específico de Montevideo, los homicidios disminuyeron de 68 a 62, esta modalidad delictiva experimentó un crecimiento en el resto del territorio nacional, pasando de 41 a 58, lo que significa un incremento de 41,46%.
En el período del actual gobierno (marzo-abril) los delitos de homicidio experimentaron un crecimiento del 15,38% si se compara con el mismo período de 2019: en 2019 se reportaron 52 homicidios durante estos dos meses, y en marzo y abril del año en curso la cantidad de delitos de homicidio se ubicó en 60.
Las víctimas de estos delitos se distribuyen mayoritariamente en hombres (110), mientras que hasta el cierre de abril 10 mujeres han sido asesinadas, el 60% de las cuales mantenían con el homicida algún tipo de vínculo.
El 52% de las víctimas de homicidio tenían antecedentes penales y la franja de edades dominante se ubica entre los 18 y los 28 años (35%).
Geográficamente y considerando solo los casos de Montevideo, los barrios con mayor cantidad de casos reportados son: Casavalle, La Paloma-Tomkinson, Nuevo París, Punta de Rieles, Bella Italia, Villa García y Manga rural, todos ellos con un total de cuatro homicidios.
Otro dato relevante sobre esta modalidad delictiva es que los homicidios cometidos con armas de fuego experimentaron un crecimiento del 15,38% (en 2019 se reportaban 65 casos y para este año la cifra trepó a 75), un dato nada despreciable sobre todo cuando ha empezado a discutirse, vía Ley de Urgente Consideración, la posibilidad de que militares retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía adquieran el derecho al porte de armas, algo que incrementará la ya voluminosa cifra que se estima compone el mercado de armas en el país.
Los homicidios en que se ha hecho uso de armas de fuego tuvieron como escenario principal la vía pública u otros espacios considerados “abiertos”.
Más de la mitad de los homicidios que se han cometido (55%) aún no han sido aclarados, un guarismo superior a lo que se reportaba años atrás.
Desde el mes de marzo de este año, el gobierno y la política de seguridad pública ha ido encaminándose en la dirección que -en su último reporte describiera Fundapro- no tenía la aplicada por los gobiernos del Frente Amplio: “El camino viable es un cambio, por un nuevo gobierno responsable y la implementación de un plan sólido e integral de emergencia nacional contra la inseguridad, sin gradualismos ni dilaciones”.
Esta verborragia temprana de quien hoy ocupa la subsecretaría de Estado no ha sido capaz de materializarse en resultados efectivos, lo que invita a la mesura al tiempo que se recuerda, como dijera el otrora director nacional de Policía, comisario general (r) Mario Layera,: “Los pingos se miden en la cancha”.
El inesperado advenimiento de la emergencia sanitaria ha traído como efecto peculiar que los otrora “analistas” de Fundapro se quedaran sin referencias regionales para sus claves comparativas, aquellas que sistemáticamente utilizaban para señalar el “fracaso” de las políticas de seguridad pública del Frente Amplio.
Las comparaciones realizadas entonces, como evidencia de “fracasos”, hoy se les han vuelto en su contra.
Un informe publicado el pasado 22 de mayo por Sputnik, citando datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, señalaba que “la región está presenciando algunos cambios en las modalidades delictivas, producto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas que están tomando los gobiernos para combatirla”.
Entre los datos más llamativos de los efectos de la pandemia en lo que a delitos en la región se refiere, el informe resaltaba el efecto que la emergencia sanitaria venía produciendo en los guarismos nacionales de homicidios de los países de América Latina.
“La mayoría de los países está viendo descender los homicidios. Al mismo tiempo, el encierro potencia la posibilidad de que se cometan otros delitos, como la violencia doméstica y el abuso sexual intrafamiliar, mientras que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación propician estafas y fraudes en el mundo virtual”, se señalaba en el informe elaborado por el periodista Rafael Rey para Sputnik, al tiempo que se interrogaba si esta sería “la nueva normalidad en el mundo de la seguridad regional”.
A pesar de este descenso de los homicidios reportado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en el escenario regional a partir de la pandemia, Uruguay no había visto descender sus cifras.
“Uruguay fue uno de los pocos países que vio incrementar los homicidios durante los últimos meses, en comparación con 2019.
En marzo y abril de este año, los dos primeros del nuevo gobierno, este delito aumentó 15,38% respecto a los mismos meses de 2019, según cifras del Ministerio del Interior”, resalta el artículo de Sputnik.
Esta vez, el país era asociado a la situación de México, “donde ni siquiera la pandemia ha logrado atenuar la escalada de violencia y muerte que atormenta al país desde hace unos 15 años”.
Los tiempos de los “análisis” al estilo Fundapro han terminado.
Ahora que gobiernan y que estaban “preparados”, deben hacerse cargo.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado