Sin embargo, a pesar de ello y de no tener residencia ni documento de identidad uruguayo, llegó a ser director fundador del St. Clare’s College de Punta del Este.
Varias fuentes coincidieron en informar que todo lo que se hacía en el colegio debía pasar necesariamente por Ricardo Cirio, y hasta llegó a participar en reuniones con los padres de los alumnos.
En esas reuniones, alguna vez, Ricardo Cirio se debió cruzar con Gerardo González Valencia o con su esposa Wendy, integrantes de la banda de narcotraficantes mexicanos del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos hijos concurrían al St. Clare’s College.
También concurrían a ese colegio los hijos de Jesús Antonio Yepes Gaviría,de La Banda del Doctor, una organización de narcos colombianos desarticulada en el año 2013 en Buenos Aires y que había comprado bienes inmuebles en Uruguay: campos y un apartamento en Punta del Este.
El colegio St. Claire, de Punta del Este, fundado en 2004 emitió un comunicado aclarando que ahora Ricardo Cirio, la formalizado este sábado en el marco de la Operación Océano, no está vinculada a la dirección del colegio. Por lo menos hasta el 2016 era su director.
Verdadera conmoción ha provocado en Maldonado y en el país, la formalización número 21, que se produjo dentro de la operación Océano, donde están implicados varios personajes de la alta sociedad, por explotación de menores a cambio de sexo.
En este caso se trata del Sr. Ricardo Cirio, un hombre de 63 años, Director del prestigioso colegio de Maldonado llamado Saint Claire, que fue apresado cuando regresó al Uruguay, desde su país, Argentina y fue puesto inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales, que decretaron su formalización.
Como medidas cautelares, se le impuso el cierre de fronteras, ya que es extranjero, una restricción de acercamiento a la víctima y retención del pasaporte.
Operación Océano: fue formalizado ex director de colegio privado de Punta del Este
28 de junio de 2020 La Diaria
Se trata del ciudadano argentino Ricardo Cirio, de 63 años, que fue detenido al entrar a Uruguay.
Ya son 21 las personas formalizadas en el marco de la Operación Océano, que investiga la explotación sexual de menores de edad. La veintena se superó el sábado, cuando se formalizó a un ciudadano argentino que fue detenido al entrar a Uruguay. Este domingo el periodista Antonio Ladra confirmó en su cuenta de Twitter que se trata de Ricardo Cirio, quien era director del colegio privado St. Claire, de Punta del Este, fundado en 2004. A su vez, el portal de Maldonado FM Gente confirmó que el formalizado tiene 63 años y residía en la zona del Este “desde hace varios años”.
Al igual que el resto de los implicados fue acusado de “retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico”, un delito establecido en el artículo 4 de la ley 17.815, de Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces.
Ese artículo establece que “el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”.
Cirio se suma a otros tantos formalizados en el marco de la Operación Océano, como Ariel Pfeffer, director de Endeavor e integrante del Piso 40 o el empresario Nicolás Chirico, que estaba en la primera tanda de personas investigadas. En ese grupo de imputados estaban también el diputado suplente del Partido Colorado Nicolás Ortiz, que fue suspendido del sector Ciudadanos y cuyo caso fue enviado al Comité de Ética y Conducta Política del partido, y el ex juez de menores Washington Balliva.
“Omisión” de la ANEP
Ante el caso de Cirio, Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Privada, dijo a la diaria que es importante señalar que “hay una omisión” de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “en la protección de los derechos de los estudiantes de la enseñanza privada”, ya que “no se les garantiza un protocolo con medidas de protección y de auxilio ante el acoso sexual”. Indicó que si Cirio era responsable de un colegio privado y fue formalizado por explotación sexual de menores, quiere decir que “el zorro está adentro del gallinero”.
“La ANEP puede cerrar un colegio privado, sin embargo, no tiene ningún instrumento para que los estudiantes de cualquier parte del país que sufren acoso sexual sepan a dónde recurrir y qué garantías tienen. En un colegio se puede actuar bien y en otros de forma más esquiva o dilatoria, porque genera una contrapropaganda, nadie quiere difundir eso. Entonces, hoy cualquier estudiante de la enseñanza privada si sufre acoso sexual no tiene ningún procedimiento, ninguna garantía”, finalizó.
Se trata de un hombre de 63 años, que durante mucho tiempo fue el director (CEO) del St Clare´s, un “prestigioso” colegio de punta del este.
Si, como leíste.
En el “inmaculado” punta del este, dónde estaba el epicentro de la actividad delictiva.
Con este, ya son 4 los imputados de la operación "océano" que están directamente relacionados con centros de enseñanza privada.
Mientras tanto, desde la ANEP y el MEC, silencio total.
Como si nada estuviese ocurriendo.
Como si ellos, nada tuviesen que ver.
Parece que toda su atención y dedicación está concentrada en cosas "más importantes": prohibir tapabocas contra la LUC, agraviar a los maestros con cifras falsas de ausentismo y trazar estrategias para recortar la comida de los gurises de la escuela pública.
De terror, si. Pero está pasando y en tiempo real.
Es deber del CODICEN adaptar urgentemente la circular 6/2014 y brindar protección contra el acoso sexual, a todos y todas las estudiantes de la enseñanza privada.
No hay tiempo que perder, ni excusas que inventar.
Las verdaderas urgencias de la educación no están en la LUC, están en la realidad y no les están dando respuesta.
En la LUC solo vamos a encontrar la obsesión por el poder y el control de la educación, una embestida privatizadora contra la enseñanza pública y la cancelación del proceso de universalización de la educación para la primera infancia.
En la LUC no hay soluciones para los verdaderos problemas. Solo mas problemas para la educación.
La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, integrada por la fiscal titular Darviña Viera y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini, imputó el sábado 27 de junio a un hombre de iniciales R.O.C por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución de promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
De esta manera suman 21 las personas imputadas en el marco de la denominada "Operación Océano".
El martes 9 de junio fue imputado un hombre de iniciales A.I.R. por el mismo delito.
El viernes 5 de junio se formalizó la investigación con respecto a otro hombre de iniciales E. G. por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en reiteración con reiterados delitos previstos en el artículo 277 del C.P.
El miércoles 3 de junio habían sido imputadas tres personas más por los delitos que se detallan a continuación:
E.A.O.H. fue imputada por un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces en reiteración real con reiterados delitos de proxenetismo, en calidad de autora. Se determinaron para la imputada las siguientes medidas cautelares: obligación de fijar domicilio y prohibición de comunicación o acercamiento con la víctima por cualquier medio hasta el 2 de diciembre de 2020.
H.D.S.N. fue imputado por un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo en reiteración real con reiterados delitos de proxenetismo y reiterados delitos previstos en el art. 277 bis del C.P. (contacto por medios informáticos o similares, a menores de edad para cometer un delito contra su integridad sexual), en calidad de autor. Se dispuso la prisión preventiva para el imputado y la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio hasta el 2 de agosto de 2020.
J.M.P.D.L.C. fue imputado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo en reiteración real con reiterados delitos previstos en el art. 277 bis del C.P. (contacto por medios informáticos o similares, a menores de edad para cometer un delito contra su integridad sexual), en calidad de autor. Como medida cautelar para el imputado se decretó: la obligación de fijar domicilio y prohibición de comunicación o acercamiento con la víctima por cualquier medio hasta el 2 de diciembre de 2020.
Para todos los imputados se dispuso la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda y su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia hasta la finalización del proceso.
Se adjunta pedido de formalización
En la tarde del lunes 1º de junio habían sido imputados otros cuatro hombres.
S.D.O., G.P. y L.G. fueron imputados por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
Además, C.A.B. fue imputado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en reiteración real con reiterados delitos de suministro de estupefacientes agravados, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 18, 60 del C.P., artículo 4 de la Ley 17.815, artículos 31 y 36 de la Ley 14.294 y artículo 266 del C.P.P.
La fiscalía solicitó también la formalización respecto de otro hombre por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Sin embargo, esa opción fue desestimada por la jueza actuante, ante lo cuál la Fiscalía apeló.
Para los cuatro imputados se solicitó como medida cautelar la obligación de fijar domicilio y la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con la víctima por el plazo de 180 días y en el caso de L.G. -de nacionalidad extranjera- el cierre de fronteras y la retención de los documentos de viaje.
Por último, Viera pidió se disponga la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o guarda de los imputados respecto de sus hijos y se los inhabilite para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. La jueza hizo lugar a esa solicitud, lo que fue apelado por las defensas.
Con anterioridad, otros once hombres fueron imputados en el marco de la misma operación.
La fiscal Viera señaló que la investigación de este asunto continúa.
Se adjunta pedido de formalización
Formalizacion Operacion Oce... by Alberto Cabrera on Scribd
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