El Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) resolvió ejecutar las garantías de Envidrio. A fines de 2018, la cooperativa tenía un pasivo de 48 millones de dólares, dijo el presidente de Inacoop, Martín Fernández.
La Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo (Fondes) resolvió, por recomendación de la Unidad Técnica, iniciar acciones judiciales para ejecutar las garantías prendarias de la última refinanciación.
Fernández indicó que la situación patrimonial de Envidrio está “muy debilitada” con deudas de BPS, DGI y UTE que “le hacían muy difícil o prácticamente imposible retomar la actividad”, afirmó.
El presidente de Inacoop indicó que entre sostener una unidad productiva o el empleo, la prioridad será mantener las fuentes laborales.
La autogestión empresarial: el caso uruguayo by Alberto Cabrera on Scribd
La autogestión o colectivización obrera fue una propuesta presentada con anterioridad por algunas corrientes de izquierda radical que nacen principalmente de la tradición del sindicalismo revolucionario originado a finales del siglo XIX en Francia inspirado en la obra de los marxistas antimaterialistas Antonio Labriola y Georges Sorel2 como son el comunismo de consejos que influyó a Antonio Gramsci, el anarcosindicalismo que logró aplicar temporalmente este sistema en regiones campesinas de España y Rusia donde se llamó "colectivización" o "comunismo libertario",3 o el socialismo de autogestión de la República Federal Socialista de Yugoslavia; también la autogestión obrera es adoptada por la tradición obrera dentro del fascismo o corporativismo como en el caso del nacional-sindicalismo, ideas que fueron especialmente populares en el nacional-sindicalismo italiano de inicios del siglo XX inspirado en Sorel2 y en el falangismo español que edificó un concepto similar entre los años 1930 y 1960.456
Otras tendencias y organizaciones que abrazaron ideas similares fueron el socialismo corporativo británico de principios del siglo XX. Industrial Workers of the World desde su fundación en los Estados Unidos en 1905, por la Confederación Nacional del Trabajo creada en 1910 y la AIT/IWA (Asociación Internacional de Trabajadores) fundada en 1922.
La palabra “autogestión” para referirse a la colectivización obrera de los medios de producción sólo aparece en el vocabulario político occidental en Francia los años 1960 primero para referirse al sistema de socialismo autogestionario de Yugoslavia y tras el 1968,17 para otras formas emparentadas de administración obrera colectiva con fines revolucionarios socialistas o sindicales.8 En cambio, en las lenguas eslavas, como el ruso, se suele usar desde hace al menos dos siglos, "samoupravlenie", en el sentido de gestión autónoma, ya sea desde arriba, para un gobierno de provincia, ya sea desde abajo, para los habitantes de un colectivo campesino, el mir, luego los soviets.9
"Nuestra denuncia alude a lo que podemos definir como intervenciones arbitrarias y/o abusivas en el comercio exterior con Venezuela, al margen de los procedimientos de derecho público en beneficio de particulares vinculados a jerarcas de gobierno en una primera parte y a la concesión de fondos públicos en la segunda", señala el documento presentado ante la justicia.
Los hechos que se denuncian se produjeron a partir del 7 de abril de 2010, fecha en que se dan los primeros acuerdos en el marco de la visita realizada por el entonces presidente, José Mujica, a Venezuela. El 30 de marzo de 2011, en el marco de la visita del entonces presidente venezolano Hugo Chávez a Uruguay, ambos países firmaron siete acuerdos. Uno de ellos refería al compromiso entre la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas de Venezuela y la empresa GAU S.A. (Atlansur S.A.) por Uruguay.
Otro acuerdo se firmó entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de Venezuela y la Asociación Civil "21 de Abril" y Envidrio de Uruguay, para la asistencia técnica y acompañamiento para la producción de vidrio asociada a la construcción de viviendas en Venezuela. Firmaron el convenio Daniel Placeres -diputado por el MPP- y Ricardo Menéndez, ministro venezolano.
Los denunciantes señalan que las cuatro empresas (Envidrio, Aire Fresco, Grupo Atlansur y Urutransfor) participaron en negocios con empresas estatales venezolanas vinculados a la confección de productos de vidrio plano y envases, ventas de alimentos, logística portuaria y desarrollo de plantas de acopio de granos para producción alimentaria animal, y en el sector eléctrico.
"En estas empresas recayó la representación en nuestro país para desarrollar dichas actividades sin que se encuentre una explicación que justifique por qué razón, en función de qué antecedentes y por qué procedimientos transparentes y competitivos fueron designadas para convenir con la contraparte estatal y monopólica venezolana", expresa la denuncia.
Los denunciantes entendien que es indudable que jerarquizar la contraparte privada de Uruguay, al punto de incluirla como única en cualquiera de estos rubros, en la relación con entidades públicas y monopólicas en una economía centralizada, como es el caso de Venezuela, supone concederles un "beneficio incalculable" a saber por los montos que eventualmente se han manejado y se pueden manejar con aquel país.
La denuncia referida a cada empresa:
Atlansur S.A. Esta empresa firmó dos acuerdos a principios de 2011 con entidades públicas venezolanas. Uno de ellos lo concretó con la Corporación Venezolana de Alimentos y otro con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas de Venezuela. "La pregunta evidente es saber cuál ha sido la razón o motivo por la cual el Grupo Atlansur Uruguay firma dos acuerdos con distintos contratantes venezolanos y cuál es el contenido del segundo acuerdo", expresaron los denunciantes.
Envidrio. El 30 de marzo de 2011, esta empresa firmó un convenio con el Ministerio de del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias, para la asistencia técnica y acompañamiento de la producción de vidrio plano asociada a la construcción de viviendas en Venezuela. "Estas empresas uruguayas han sido notoriamente beneficiadas al ser designadas para hacerse cargo, como contraparte nacional, de las entidades públicas que tienen en Venezuela en forma exclusiva la importación y comercialización de bienes y servicios", dice la denuncia.
Urutransfor S.A. Esta sociedad firmó un acuerdo con la estatal Corporación Eléctrica Nacional S.A. de Venezuela, con el propósito de reactivar las fábricas de transformadores de baja tensión que existen en el país caribeño. "Por lo que resulta necesario recordar cuáles son las empresas que obtuvieron importantes prestamos del Fondes (Fondo de Desarrollo). Y si en sí mismo determinados acuerdos y cartas de intención (con el gobierno de Venezuela) no fueron instrumentos útiles para maquillar emprendimientos absolutamente desfinanciados en su origen", señalan los parlamentarios en su denuncia.
Aire Fresco S.A. Esta empresa concretó un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela para suministrar alimentos al país caribeño, con énfasis en los siguientes sectores: avícola y cereales. "Este acuerdo violenta claramente la declaratoria originaria y el acta de entendimiento del 7 de abril de 2010, firmado entre los representantes de los gobiernos de Uruguay y Venezuela, ya que es evidente la idea inicial de crear y establecer una empresa mixta binacional de carácter comercial en Venezuela. Resulta claro que absolutamente nadie reclamó tan flagrante irregular", señala la denuncia, en alusión a que una empresa privada sustituyó al gobierno uruguayo.
Esta empresa es investigada en otro expediente de la Justicia Especializada en Crimen Organizado a raíz de una denuncia realizada por el abogado penalista Gustavo Salle.
>>> Mientras quieren tapar con esto la implantación de la Ley de Urgente consideración
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado