Delito de muchedumbre

 

Por Fernando Moyano

25 noviembre 2021 para Prensa   Alternativas 

Una opinión personal
La enoclofobia, también conocida como demofobia, es la fobia o miedo irracional a las multitudes. (Wikipedia)

Los hechos a los que nos referimos acá han sido ampliamente informados y comentados: procesamiento y condena de seis militantes sociales, tres por autores del delito de atentado con agravantes y otros tres por cómplices. La condena se basa en lo ocurrido hace casi nueve años -15 de febrero de 2013-, un acto masivo de protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota fuera de la órbita penal, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia. Ocurrió en la sede de la misma en el acto de formalizar el traslado de diez jueces a nuevos cargos, Mariana entre ellos.
 
La sentencia que dicta ahora la jueza actuante Ana de Salterain hace un breve relato de los hechos entre las 10 y las 14 horas de ese día. Señala que ingresaron a la sede 150 personas habiendo muchas más afuera y que no ocurrió de parte de ninguna de ellas ningún acto de agresión física contra otras personas ni daño material contra las instalaciones u objetos. Después de un buen rato de demora debido a las protestas (canto de consignas y nada más que eso, que la jueza considera insultantes) la actividad pautada por la SCJ se llevó a cabo cerrando las puertas de la sala de ceremonias mientras los manifestantes permanecieron en el edificio, retirándose luego hacia las 13:30. Quedaron unos pocos algunos minutos más sin ninguna acción relevante. La sentencia relata también el papel de mediadores exhortando a la gente a retirarse luego un buen tiempo de haber ingresado, que cumplieron dos miembros de la dirección del PIT-CNT de los cuales se menciona uno, Gustavo Signorelli del sindicato de Judiciales, al que se lo llama “Signorelle”. Se señala como convocantes a la protesta al PIT-CNT y “otras” organizaciones. El papel de “líderes” de los condenados no está demostrado en ningún lado ni se intenta hacerlo.
Se realizó ahora, el miércoles 17 de noviembre, una “Asamblea abierta” ante la sede de la SCJ (que estaba vallada), un acto de protesta de unas 200 personas con la presencia de lo condenados, canto de consignas, etc. En las intervenciones se dijo que los “agravantes” de la sentencia ni se sabe cuales serían. Es el único punto al que voy a referirme; se sabe.

 
La sentencia señala como agravante que el delito de “atentado” sea cometido por “tres o más personas”, según el Código Penal. ¡Tres personas! Realmente es completamente irracional. La jueza se basa, sin mencionarlo expresamente pero es evidente, en los criterios que da Jorge Peirano Facio (conocido por los estudiantes de sus tiempos docentes como Peirano “Fascio”) en un trabajo del cual tomamos su título: Delito de Muchedumbre.

 
Este especialista en el derecho civil uruguayo reconocido internacionalmente incursiona acá en el derecho penal, como también incursionó en la política como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pacheco, y también, tal vez para tener una visión completa del problema desde ambos lados, en el delito. Fue procesado dos veces por estafas millonarias. Este verdadero especialista en el tema, entonces, explica que la normativa de nuestro derecho en ese aspecto está inspirada en el Codigo Rocco de la Italia de Mussolini. A su vez toma las ideas conceptuales en autores como el sociólogo francés Gustave Le Bon de principios del siglo XX, especializado en explicar que la evolución hace que unos pueblos sean superiores a otros, y también que las multitudes inciden a la baja en la racionalidad del comportamiento de los individuos. Las multitudes tenderían a comportarse de manera puramente impulsiva, irracional, descontrolada, ignorante, y el individuo en la multitud es arrastrado a eso. (Piscología de las masas, 1895. Algunas de estas ideas, y no es culpa del autor, son tomadas como base para definir la propaganda política por Hitler en Mi lucha).
Basándose en Le Bon, Peirano distingue en la muchedumbre las figuras del líder y los dirigidos. Y conserva, como buen académico, los términos en francés meneur y mené. Así son las multitudes y así funcionan, según estos autores. Y desde el punto de vista penal eso importa a la hora de definir a quién se manda en cana. ¿Por qué delito? Por el delito de muchedumbre. Si leemos la sentencia de Salterain eso es exactamente lo que dice.
Y también debemos decir que Salterain ni siquiera aplica con mínima seriedad esos criterios que su maestro indica. No sigue las pautas de investigar las distintas posibilidades a la hora de establecer culpabilidades si las hay, no evalúa nada. Eso Salterain se lo saltea. Está tan mal redactada la sentencia que repite fragmentos enteros, y hasta se equivoca, como señalamos, en el apellido “Signorelle”. Saca del cajón una cosa a medio hacer y la tira sobre la mesa sin tomarse el trabajo de pasar en limpio el borrador, tiene que hacerlo de apuro por los “tiempos políticos” que requieren sumar un rinoceronte más al desfile. Siempre lo político está por encima de lo jurídico. Siempre.

Veamos apenas algunas de las cosas más gruesas. Para todo no da.

Y voy a empezar por algo. Yo estuve allí.

Entré en la sede la Corte. No lo hice a instancias de nadie, ni de los ahora condenados ni de ningún otro. Cada acción la decidí por mi mismo. Fui de los últimos en retirarse, cuando por mi cuenta decidí que ya no había nada para hacer ahí adentro. Nadie me dijo que entrase, nadie me dijo que saliese. Y hasta donde sé, eso mismo hicieron todos. Nadie me dijo “yo vine porque me dijo Fulano”. Y hablé con muchos de los participantes.

Cito aquí un fragmento de las conclusiones de Peirano:
 

Responsabilidad del “meneur”. Es preciso distinguir aún: - si efectivamente dirigió la muchedumbre hacia el crimen. [En ese caso] es plenamente responsable por el delito cometido. El hecho de que el delito haya sido cometido por una muchedumbre se considerará como agravante de la pena impuesta a ese delito. … [o] - si el “meneur” fue conducido por la muchedumbre no incurre en responsabilidad penal. Pero contra él se pueden tomar medidas curativas o preventivas. La apreciación del si el “meneur” fue conductor o conducido, queda librada a criterio del juez. Éste sabrá deducir el verdadero carácter de su intervención de acuerdo a ciertas reglas de buen sentido. Así, si el “meneur” fue uno de los motivos preponderantes, o el motivo preponderante en la formación de la muchedumbre existen posibilidades en el sentido de que ha sido realmente el conductor. La cosa es improbable en el caso de que haya surgido en una muchedumbre ya formada. (Los destacados en negrita son nuestros).

 
Vemos aquí varias cosas. El agravante, como dijimos, es la muchedumbre. Corresponden medidas “curativas” porque la muchedumbre vendría a ser una enfermedad. Si la locura viene de un lado o el otro, el juez sabrá. En este caso, la juez, sobre eso ni palabra. Pero en este caso se trata, según toda la evidencia, de una muchedumbre que los procesados por ser “líderes” encontraron ya formada. Había sido convocada públicamente por otras organizaciones con sus propios “lideres” de pacotilla, pero al menos eso pretendían ser. Eso lo dice la propia sentencia detalladamente.

Gustavo Signorelli allí mal mencionado y el único mencionado de las organizaciones convocantes, perdió junto con su agrupación las elecciones en su sindicato al año siguiente. Y al siguiente volvió a perder el último cargo que tenían en la Directiva. El suyo. Dejó de ser para siempre dirigente sindical, perdió por lo tanto sus fueron sindicales y debió volver a trabajar como simple funcionario, deambulando por los juzgados porque nadie lo quería, por inservible. Pero no le peguemos tanto al pobre prototipo de burócrata sindical, no es el tema de esta nota.
Vayamos a lo que importa. La acción fue convocada públicamente por determinadas organizaciones mencionadas en la sentencia. Entonces, la juez que sale de la vaina por meter en cana a alguien debería considerar la posibilidad de que los realmente conductores de esa terrorífica muchedumbre fuesen los dirigentes de esas organizaciones. Gritar consignas nunca puede ser considerado un delito, o habría que meter en las cárceles ya completamente desbordadas a la mitad del Uruguay comenzando por las hinchadas futboleras. Pero si lo fuese, ese terrorífico delito de muchedumbre fue cometido ANTES de las negociaciones del tal “Signorelle” et al para que la gente se retirase. Eso lo relata la sentencia. Y si acaso la gente ya delictiva se retiró mayoritariamente a instancias de esos “conductores” es “de buen sentido” explorar la posibilidad de que hayan sido esos los instigadores al delito que se pretende. Si asalto un banco, tomo rehenes, después vienen negociadores policiales, hablamos, decido deponer la acción y liberar a los rehenes, seguramente esa actitud sea tomada como atenuante del delito, pero no creo que me dejasen ir lo más pancho para mi casa. El delito se habría efectivamente cometido.

O sea: o hubo delito o no lo hubo. Si lo hubiere -supongamos ese absurdo- y hubo “conductores” y la gran mayoría de la gente fue conducida a retirarse por esos conductores DESPUÉS de haber supuestamente delinquido a instancias de ellos, pues a ellos. Y si no hubo delito para unos menos aun para los otros. Eso sería “de buen sentido”.
Pero no esperemos buen sentido, lo político está por encima de lo jurídico. Y la política es política de clase. De lo que se trata aquí es del buscar el ESCARMIENTO de la muy peligrosa costumbre de juntarse y protestar, de la protesta COLECTIVA. Esa fobia, ese terror, no es en realidad “irracional”. Es totalmente racional para la clase dominante, la clase de los muy pocos. Evitar que los muchos de la clase dominada se junten. “Tres son multitud”, dicen.

El miedo racional de la clase dominante al despertar de los oprimidos es una constante. La definición jurídica de delitos como asonada, atentado, y la condición multitudinaria como agravante, incluso el ridículo de “tres son multitud”, parte de la lógica de dominio de la minoría sobre la mayoría. Cuando ese dominio se debe, por razones históricas, compatibilizar de alguna manera con las instituciones formalmente democráticas, se recurre a ciertos mecanismos variables que dependen de muchos factores. Es evidente que en la medida que aumenta la conflictividad social, o exista la perspectiva de que aumente, se buscarán mecanismos preventivos de contención. El disciplinamiento social debe incluir “vigilar y castigar” pero disuadir es mejor que castigar. Uno de los mecanismos de disuasión usado a lo largo de la historia es el castigo selectivo ejemplarizante.
El sociólogo Pierre Bourdieu ha explicado esto en “El poder simbólco”, “Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica”, etc, un poco en la línea de Michel Foucault que aludimos más arriba. “Una forma de violencia que podemos llamar ‘dulce’ y casi invisible”, y que sería un “acto docente”. Pero para que la violencia simbólica funcione debe haber una violencia fáctica que cumpla el papel fundante que luego se reproduce y amplía en la violencia simbólica. El papel moneda circula y funciona, pero debe haber un respaldo en el banco emisor, o no valdría nada. La violencia simbólica y fáctica se relacionan de forma similar.

Vamos a verlo en concreto. El delito de muchedumbre presenta el siguiente problema, bien concreto: son muchos.
No se puede procesar y castigar a todos, es material y jurídicamente imposible. En muchos casos no se sabe, en su amplia mayoría, ni quienes son. Entonces cobra especial importancia procesar y castigar a algunos: es el escarmiento. A ver si así paran.

Por eso es que este tipo de acción judicial no tiene, en este caso, nada que ver con la lógica. Si hay dos presuntos líderes (y para la ideología de esa clase dominante líderes tiene que haber habido porque sin líderes no hay historia) y la gente siguió a uno, no se procesa necesariamente al que la gente siguió sino al que sería más peligroso que la gente pudiera seguir, aunque no lo haya hecho. No según el delito que efectivamente ocurrió sino sobre el que podría tal vez peligrosamente ocurrir. Por eso ocurre esto que vemos, procesar y condenar por un delito que no existe, según el supuesto peligro de lo que podría llegar a pasar. No según lo que efectivamente pasó. Un peligro para alguien o algo en concreto.

La fobia a la muchedumbre es un miedo racional del dominador minoritario sobre la rebelión potencial del dominado mayoritario.
En ese sentido el fallo de la jueza Salterain es un ejemplo de libro. Y es algo tan descarado y grosero, que, de hecho, es una incitación a la protesta multitudinaria, como ya lo vimos en la realidad concreta. Hay que procesar a a jueza por incitación a la violencia.

2.11.0.0

No se hacen cargo

Los hijos en la miseria que dejaron los uruguayos en Haití
 

2.11.0.0

Defensa rechazó condenas de Haití a pagar pensión a hijos de cascos azules

 A principios de abril de este año, la Misión Permanente de Uruguay ante Naciones Unidas recibió una denuncia por la actuación de un casco azul durante una misión en el Congo. La notificación hacía referencia a un caso viejo, del año 2002, pero traía un cambio:
Esa novedad, que no estaba presente cuando se investigó hace 20 años, obligó al Ministerio de Defensa a reabrir la investigación. El Sistema Nacional de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (Sinomapa) designó a un oficial que debió ubicar al efectivo en cuestión, que ya no forma parte del Ejército, y realizó una investigación preliminar que está en su etapa final para contestarle a la ONU si es necesario seguir trabajando o si consideran que puede cerrarse
el caso.
El ministerio ya había hecho algunas actuaciones pero este caso tiene algunas particularidades. La política de tolerancia cero a la explotación y abuso sexual de la ONU (con su correspondiente código de conducta) es de 2003 y el caso es anterior. Además de temas de prescripción", aseguró a El Observador la abogada de Sinomapa Carina de los Santos.
Sin embargo, lo ocurrido en esta misión en el Congo no es un hecho aislado. Desde que se implementó la política de tolerancia cero, Uruguay recibió 47 denuncias por la actuación de soldados en misiones de paz. El 80% de esas notificaciones fueron por casos de abuso o explotación sexual, según surge de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Defensa realizado por El Observador.
La mayoría de esos casos están vinculados a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
En nueve de ellos (incluido el del Congo) existió una atribución de paternidad y existen al menos cuatro casos confirmados por pruebas de ADN. Sin embargo, casi ninguno de los efectivos se hizo cargo de sus hijos.
En 2018, el Ministerio de Defensa rechazó nueve sentencias de la justicia de Haití que condenaban a soldados uruguayos a 'servir pensiones alimenticias a presuntos hijos". "Las sentencias no cumplían con los aspectos de forma y procedimiento requeridos por la normativa nacional e internacional, haciéndose inviable en el sistema penal uruguayo", dice la respuesta del ministerio.
"No hubo notificación a las partes, ni comunicación oficial. Pedían un dinero que era superior al salario de un soldado. Eran copias simples sin certificar que no cumplían con los estándares internacionales", explicó De los Santos. La resolución de Defensa fue comunicada a la ONU y esos casos no generaron nuevas actuaciones a nivel judicial pero sí hubo otros movimientos.
"Hola, papá. Soy la hija que abandonaste", fueron las palabras escritas por una niña haitiana de 9 años a través de Facebook a principio de este año a un efectivo de la Armada que estuvo en una misión de paz en ese país. "¿Qué hicimos para que nos trates de esta formar, agregó según consigna una nota de Buzz Feed publicada a fines de agosto.
Esa paternidad, según corroboró El Observador, fue confirmada por un examen de ADN y la justicia haitiana determinó que el efectivo debía pasar una pensión alimenticia. Hasta ahora, la víctima no ha recibido ni un solo peso.
"No hubo ningún progreso en el caso. Continúo con las acciones, es decir entablar negociaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, pero nada ha cambiado", dijo desde el país centroamericano a El Observador Mario Joseph, abogado de la madre de la niña.
La decisión de someterse a un examen de ADN es totalmente voluntaria al igual que las responsabilidades que deben asumir aquellos a los que se les confirma la paternidad. Aunque, en general, los cascos azules uruguayos no asumen la manutención, también existe la excepción que confirma la regla.

En 2011 un casco azul uruguayo que participaba de la Minustah se "relacionó con una mujer local" y fue denunciado por explotación sexual. El Ministerio de Defensa realizó una investigación administrativa que comprobó los hechos, adoptó medidas y pasó el caso a la justicia militar, que lo condenó por desobediencia. El efectivo se sometió voluntariamente a un examen de ADN que dio positivo en un caso de paternidad de mellizos.
En este caso también hubo una sentencia de la justicia haitiana por pensión alimenticia declarada inaplicable por Defensa. Sin embargo, el efectivo decidió hacerse cargo de la manutención de sus hijos. El caso sigue abierto para el Estado uruguayo, ya que prosiguen las actuaciones a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, que actúa en los casos de atribución de presunta paternidad.
"Se trabajó con nueve casos hasta el momento, en algunos (4) se sometieron a test de ADN confirmándose la paternidad y en otros no se han querido someter al test (el cual no es obligatorio), así como otros no han podido ser identificados como efectivos uruguayos", explicaron fuentes de cancillería a El Observador.

Difícil de controlar

Los solados que van en misiones de paz llegan a una cultura diferente, no tienen una especial afinidad con la población local y en general su día a día es tedioso. Al mismo tiempo, llegan a los países más pobres, donde la gente "solo trata de sobrevivir. "Un dólar o simplemente un dulce es un poderoso elemento para manipular a mujeres locales o incluso hombres", explicó a El Observador Chen Kertcher, investigador de la Universidad de Ariel (Israel) especializado en relaciones internacionales y resolución de conflictos.
Uno de los principales problemas, dice el investigador, es que es muy difícil acceder a información en este tipo de casos y, según entiende, los incidentes que se conocen son apenas "la punta del iceberg".
A fines de 2019, un estudio académico elaborado por las docentes Sabine Lee (Universidad de Birmingham) y Susan Bartels (Universidad de Queen), indicaba que el 28,3% del personal involucrado en casos de abuso en Haití era uruguayo. El país quedaba así como uno de los principales señalados en estos casos. El Ministerio de Defensa de la época respondió rápidamente alegando que las denuncias hechas hasta entonces eran 24.
"No tenemos reportes, no es información pública, para los investigadores es muy difícil conseguir datos o llegar a esos mismos lugares, porque son peligrosos. Es un ambiente cerrado, no sabemos realmente lo que está pasando allí", resumió.

Las denuncias

Uruguay ha desplegado 43 mil cascos azules en misiones de paz desde el 2003, cuando se aprobó el protocolo de la ONU. En ese tiempo, recibió 47 denuncias y 37 de ellas fueron por casos de abuso o explotación sexual.
Según la información a la que accedió El Observador, en 30 de las denuncias vinculadas a abuso o explotación sexual se tomaron medidas (arresto a rigor en la mayoría de ellas), mientras que en otras 7 se concluyó que la denuncia era infundada. Las restantes 10 (accidentes de tránsito, ausentarse sin permiso, mal manejo de municiones) recibieron sanciones.
Sin embargo, entre esas denuncias que no están englobadas como ataques sexuales se incluye una como "violencia privada", por ese delito fue procesado por la justicia uruguaya, en el que el motivo dice "denuncia por presunto abuso sexual a joven haitiano".
La "punta del iceberg" muestra aue al menos cuatro cascos azules uruguayos son padres de los denominados "niños Minustah", un problema que, según • la formación academica. involucra a 265 menores.

>>> Una nación devastada

Esos niños de tez mas clara son uruguayos abandonados en Haití
 

Decenas de mujeres preñadas por los "cascos azules" en Haití

 

 El personal de mantenimiento de la paz de la ONU engendró a decenas de niños en Haití. Las mujeres que explotaron están tratando de obtener manutención infantil.

Un fallo histórico en un tribunal haitiano ofrece algo de esperanza a las familias que buscan manutención infantil, pero los padres pacificadores no tendrán que pagar a menos que intervengan sus países de origen.

Karla Zabludovsky BuzzFeed News Reporter

Reportando desde
Jacmel, Haití

30 agosto 2021

JACMEL, Haití - Una noche de noviembre pasado, Jui abrió Google Translate en su iPad y comenzó a redactar su primer mensaje para su padre.

“Hola, papá”, escribió en criollo, las palabras aparecieron en español en el lado derecho de la pantalla. "Soy la hija que abandonaste".

La niña de 9 años le dijo al pacificador uruguayo de Naciones Unidas que la dejó cuando apenas había salido del hospital que no albergaba ningún odio y que solo buscaba la respuesta a una sola pregunta: ¿Qué hicimos para que nos atendiera? ¿Por aquí?

Nueve meses después, sigue revisando Facebook Messenger en busca de una respuesta de su padre, Héctor Dilamar Silva Borges.

Su ausencia se ha cernido sobre su joven vida. Durante tres años, ella y su madre, Phanie, esperaron que su caso de manutención infantil pasara por los tribunales de Haití. Luego, en diciembre, más de dos años después de que la ONU confirmara que Borges es el padre de Jui a través de una prueba de ADN, un juez emitió un sin precedentes fallo , ordenándole pagar $ 3,590 por mes, una decisión histórica con el potencial de impactar a familias de todo el país con problemas similares. casos.

Jui y su madre, Phanie

El personal de mantenimiento de la paz de la ONU engendró decenas de niños mientras estaban estacionados en Haití entre 2004 y 2017, a menudo con mujeres a las que les proporcionaban dinero y alimentos: comportamiento de la política de la ONU " fuertemente desalentado " debido a la "dinámica de poder inherentemente desigual". Inicialmente desplegados en respuesta a un intento de golpe de Estado y al derrocamiento del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, su fuerza creció tras el catastrófico terremoto de 2010. Pero ninguno se quedó mucho tiempo, y cuando terminaron sus rotaciones, abandonaron a sus bebés, dejando atrás a una generación de niños nacidos en una nación que luchaba por reconstruirse, con acceso limitado a alimentos, educación y atención médica.

Los llamamientos a la ONU para nuevos cascos azules resonaron en que envíe todo el mundo después de que el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse amenazara con causar confusión en el país, y antes de que un terremoto de magnitud 7,2 azotara la costa sur en agosto, matando a más de 2.200 personas y destruyendo pueblos enteros. .

Para algunas de las mujeres en Haití que aún buscan el apoyo de las fuerzas de paz que entraron hace una década, la posibilidad de una nueva afluencia de ellas provocó resentimiento. Todos menos uno de sus reclamos de manutención de niños por parte de las fuerzas de paz de la ONU se han estancado en los tribunales de Haití. Los abogados que representan a las mujeres dijeron que la ONU y las naciones de origen de las fuerzas de paz están reteniendo algunos de los documentos necesarios para seguir adelante, y que los jueces son reacios a fallar en contra de una institución internacional o países que están proporcionando a Haití recursos críticos, incluidos fondos, capacitación, y trabajos que ofrecen un camino fuera del país, o un buen salario.

En respuesta a las preguntas para esta historia, un portavoz de la ONU le dijo a BuzzFeed News que la organización tiene una política de tolerancia cero para la explotación y el abuso sexuales, y dijo que se relaciona con las comunidades locales para alentar a las personas a presentarse si tienen reclamos, incluso a través de la reciente distribución de 6.000 folletos sobre el tema en Puerto Príncipe. El portavoz dijo que el fallo a favor de Jui era "muy importante" y que la ONU estaba dispuesta a cooperar más con las autoridades nacionales.

La oficina de Uruguay a cargo de supervisar la capacitación de las fuerzas de paz y la vinculación con la ONU, el Sistema Nacional Uruguayo de Apoyo a las Operaciones de Paz, dijo a BuzzFeed News que no ha recibido una notificación sobre el fallo contra Borges y que el sistema judicial del país “no permite la entrada. convicciones en ausencia ".

El bufete de abogados que representa a Phanie y Jui, Bureau des Avocats Internationaux, con sede en Puerto Príncipe, inició reclamos de manutención de menores de las fuerzas de paz de la ONU en nombre de otras nueve familias en 2017. No está claro cuántos casos de este tipo siguen pendientes en los tribunales de Haití.

“Crucé los dedos para obtener este fallo porque si hay uno, obtendremos más”, dijo Mario Joseph, abogado gerente de la firma. “Abrirá puertas en otros tribunales”.

Sin embargo, incluso esa esperanza era limitada. En agosto, ocho meses después del fallo, Jui y Phanie aún no han recibido un solo dólar de Borges, quien sigue siendo un miembro activo de la Armada uruguaya y no respondió a una solicitud de comentarios. 

 

Desde 1948, los cascos azules característicos del personal de mantenimiento de la paz de la ONU se han convertido en un espectáculo común en los escenarios de devastación y agitación en todo el mundo. Aquellos que visten el uniforme de la organización suelen ser miembros del ejército de su país de origen, que la ONU reembolsa con una tarifa por cada persona que alista. Al presentarse a sí mismos como una fuerza independiente que alimenta a los hambrientos e interviene en genocidios, el personal de mantenimiento de la paz desarrolló credibilidad en la mayor parte del mundo como una especie de brújula moral para la era global. Pero la evidencia de abuso en varias misiones en los últimos años ha empañado su reputación, quizás en ningún lugar más que en Haití, donde las fuerzas de paz estaban a cargo de construir refugios y distribuir alimentos después del terremoto del 12 de enero de 2010, que mató a más de un cuarto de millón. gente y arrasó mucho el país.

Incluso cuando las réplicas continuaban retumbando, algunos miembros del personal de mantenimiento de la paz comenzaron a intercambiar comida por sexo en las tiendas de campaña que surgieron para albergar a los cientos de miles de familias desplazadas y en las áreas alrededor de las bases de la ONU.

"Traté de señalar con el dedo tanto como pude y hacer sonar la alarma", dijo Lina AbiRafeh, una activista por los derechos de las mujeres que coordinó la respuesta de la ONU a la violencia de género tras el terremoto de 2010. Recibió informes de abuso y explotación con frecuencia y "actuó en cada informe, a través de todos los canales disponibles", pero los funcionarios de la ONU no los tomaron en serio ni los investigaron de manera oportuna, dijo.

El abuso y la explotación se hicieron comunes. Los pacificadores comenzaron a “ir a la playa, actuar como turistas, beber, perseguir a las niñas”, según un estudio publicado el año pasado por Stability: International Journal of Security and Development. Dos de los autores del estudio, Sabine Lee y Susan Bartels, supervisaron una 2017 encuesta de de aproximadamente 2500 haitianos. De ellos, 265 dijeron que tenían un hijo con un pacificador de la ONU o conocían a alguien que lo tenía. Casi la mitad de las fuerzas de paz de la ONU informadas en la encuesta eran de Uruguay y Brasil.

De los 120 informes de abuso o explotación sexual que la ONU dice haber recibido en Haití desde 2007, ha abierto 88 investigaciones y enviado a casa a 41 uniformados, según la de la organización base datos de . De ellos, 12 han pasado una cantidad de tiempo no revelada en la cárcel en sus países de origen, nueve han sido expulsados ​​del ejército de su país y dos han enfrentado sanciones financieras en casa.

El problema de las fuerzas de paz que abusan sexualmente o explotan a las mujeres locales no es exclusivo de Haití: ha habido 1.143 denuncias desde 2007, en al menos una docena de países, según la base de datos. Pero Haití, uno de los países más pobres del mundo, ha sufrido múltiples escándalos, incluido una red sexual en la que más de 130 cascos azules de Sri Lanka explotaron a nueve niños haitianos, según una investigación de Associated Press. No fue hasta 2015 que la ONU comenzó a exigir a los países de origen de las fuerzas de paz que certificaran que el personal militar desplegado no tenía denuncias previas de violaciones de derechos humanos, según el portavoz de la ONU.

Y no es solo la ONU: en 2011, el personal superior de Oxfam GB no actuó ante los informes de que sus trabajadores humanitarios abusaron sexualmente de niñas haitianas de 12 años. Varios misioneros estadounidenses han sido encarcelados por abusar sexualmente de niños en Haití.

Las luchas privadas de las familias abandonadas por las fuerzas de paz de la ONU tienen lugar contra las luchas más amplias de una nación que ha sufrido una serie aparentemente interminable de tragedias.

Rose Mina Joseph, que entonces tenía 16 años, conoció a Julio Cesar Posse, un marino uruguayo de 35 años, en una fiesta en la playa en la ciudad costera de Port-Salut, en el suroeste, unos meses después del terremoto de 2010. Posse presionó a Rose Mina para que tuviera sexo, dijo.

“No entendía lo que estaba haciendo”, dijo Rose Mina durante una entrevista en su casa este mes. Según la ley haitiana en ese momento, se consideraba un estupro.

Poco después, Rose Mina se dio cuenta de que estaba embarazada, y pocos meses después del nacimiento de su hijo Anderson, Posse regresó a casa. Rose Mina dependía de familiares para alimentar a su recién nacido. Una vez, Posse le dio alrededor de $ 100 a través de un servicio similar a Western Union. Fue, dijo, la única vez que envió ayuda.

 

Rose Mina Joseph y su hijo, Anderson Joseph

 

Posse fue miembro de la Armada de Uruguay hasta 2018, dijo a BuzzFeed News el portavoz de la Armada, Alejandro Chucarro. Carina de los Santos, asesora legal del Sistema Nacional Uruguayo de Apoyo a Operaciones de Paz, dijo que a Posse se le impusieron “severas sanciones que restringen su libertad”, pero que su retiro de la Marina no guarda relación con su caso de paternidad en Haití. No especificó qué implican las sanciones. Posse no respondió a una solicitud de comentarios.

Aunque el terremoto de 2010 trajo una variedad de organizaciones internacionales a Haití, su impacto fue a menudo abrumador y, en ocasiones, dañino.

Mientras Anderson todavía estaba amamantando, el cólera, introducido por las fuerzas de paz de la ONU nepalesas a través de una fuga de aguas residuales en una de sus bases, se convirtió en una epidemia, matando al menos a 10,000 personas y enfermando a más de 800,000. Al mismo tiempo, las donaciones internacionales para los esfuerzos de reconstrucción comenzaron a evaporarse sin explicación: con los 500 millones de dólares que recaudó la Cruz Roja Americana, construyó solo seis casas, según una investigación de ProPublica. Un parque industrial de 300 millones de dólares inaugurado por los Clinton y Sean Penn, que fue muy promocionado cumplió lo suficiente , no , lo que generó pocos puestos de trabajo y atrajo a menos inquilinos. Mientras tanto, el gobierno haitiano desfalcó gran parte de un préstamo de $ 2 mil millones de Venezuela destinado a ser invertido en educación, iniciativas sociales y de salud, e infraestructura, lo que involucró a una administración tras otra en escándalos de corrupción.

En 2016, cuando Anderson se preparaba para ingresar al jardín de infancia, el huracán Matthew se abalanzó sobre Haití, matando al menos a 1.000 personas y destruyendo 30.000 casas a lo largo de la costa sur, incluida la de su familia. Se vieron obligados a trasladarse a una pequeña cabaña a lo largo de un camino sin pavimentar, una habitación individual con paredes de bloques de cemento y un techo de hojalata ondulada.

En los últimos meses, cuando Anderson terminó el cuarto grado y el país atravesó las secuelas del asesinato del presidente, el crimen ha aumentado drásticamente, ya que las pandillas han tomado el control de las rutas de transporte clave dentro y fuera de Puerto Príncipe, obligando a miles de personas a mudarse. en otra parte.

“Cada día se vuelve más difícil”, dijo Rose Mina en una entrevista este mes, mientras se sentaba en la cama que compartían con su hijo, secándose el sudor de la frente mientras él tomaba una siesta a su lado.

El único objeto que lo vincula con su padre, una fotografía de Posse, yace escondido en una maleta en un rincón de la habitación. Ella dijo que solo lo saca cuando Anderson le pregunta dónde está su padre. 

Becheline Appoliner, la madre de Dominic Antonio Cortez, cuyo padre era un pacificador de la ONU de Argentina

Los recién nacidos se convirtieron en niños pequeños y los niños pequeños en la escuela. Pronto, comenzaron a hacer preguntas.

¿Donde esta mi padre? ¿Por qué no me parezco a los otros niños?

La piel leonada de Dominic Antonio Cortez y el nido de rizos de 2 pulgadas de alto en su cabeza resaltaban en marcado contraste con la tez más oscura y los cortes de pelo de los otros chicos del vecindario. En la escuela, dijo, los compañeros de clase susurraban sobre él a sus espaldas y se burlaban de él en la cara, llamándolo con desdén, "Pequeña Minustah", por el nombre de la misión de la ONU en Haití: MINUSTAH.

“No les agrado a los profesores”, dijo. "Otros niños no me quieren en la escuela".

El niño de 9 años dijo que prefiere estar en casa, donde duerme en un colchón delgado que comparte con sus dos hermanos en la sala de estar y, a menudo, se acuesta con el estómago vacío.

En un ataque de ira, Dominic acusó recientemente a su madre, Becheline Appoliner, de impedirle encontrar a su padre y amenazó con hacerse daño. El niño dice que quiere ser un pacificador de la ONU cuando sea grande.

En 2011, Appoliner conoció al pacificador argentino Marcelo Cortez mientras caminaba hacia un mercado local en Puerto Príncipe, y él la invitó a Jet Set, un club nocturno popular entre los extranjeros, dijo. Pronto, él estaba pasando tiempo con su familia y durmiendo en su casa. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, Appoliner lo recuerda feliz, pero solo dos meses después, cuando terminó su rotación, se fue de Haití y poco después la bloqueó en Facebook. Cortez no respondió a una solicitud de comentarios.

Cuando Dominic tenía 3 meses, Appoliner dijo que fue a una de las oficinas de la ONU en Puerto Príncipe, desesperada por recibir ayuda financiera. Anotaron su información, pero no hicieron seguimiento hasta que Dominic tenía 7 años, según Appoliner.

Un conocido que vivía cerca de ella en 2016, consciente de que ya no podía enviar al hermano mayor de Dominic a la escuela, le sugirió que se pusiera en contacto con cierto abogado que podría ayudarla. 

 Omése Theódore, con sus hijos, Carl Michel Armand (izquierda), Jacques Andre Theódore (centro) y Jean Christ Theódore (derecha)

 

Pronto, Appoliner se encontró sentada frente a Mario Joseph en su oficina, en un edificio sin señalizar a lo largo de una de las calles estrechas y sinuosas de la capital. Para entonces, Joseph, junto con el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, con sede en EE. UU., Se había acostumbrado a luchar contra la ONU: habían presentado una demanda colectiva en un tribunal federal de EE. UU. En nombre de las víctimas de la epidemia de cólera, un caso perdieron cuando el tribunal confirmó la inmunidad de la ONU por daños y perjuicios.

Joseph, de 58 años, ha trabajado en algunos de los casos de derechos humanos más emblemáticos del país, en representación de víctimas de la masacre de Raboteau y del ex dictador Jean-Claude Duvalier . Creció en una casa sin electricidad ni agua corriente y cree que muchas de las injusticias cometidas en Haití son el resultado del racismo y el imperialismo, endémico no solo entre los forasteros que interfieren en el país, sino también dentro del gobierno haitiano.

Tomó el caso de Appoliner y comenzó a armar un archivo para Cortez. En agosto de 2016, el bufete de abogados de Joseph envió notificaciones legales a la MINUSTAH informándoles que planeaban presentar demandas por manutención infantil y solicitando información sobre los presuntos padres, incluida cualquier investigación relacionada con casos de paternidad por parte de la Unidad de Conducta y Disciplina de la ONU y los resultados de ADN. pruebas, algunas de las cuales se habían presentado a la organización ya en 2014. La respuesta, dijo Joseph, era opaca e incompleta . No proporcionaron detalles sobre las investigaciones internas de los casos de los demandantes ni certificación de que la inmunidad del personal de mantenimiento de la paz no impidió que estos casos avanzaran en los tribunales haitianos.

En diciembre de 2017, Joseph presentó demandas en nombre de 10 mujeres en tribunales de Haití.

"Dicen que están promoviendo los derechos humanos, pero están violando los nuestros", dijo Joseph sobre la ONU.

Un portavoz de la ONU dijo a BuzzFeed News que la organización ha proporcionado "documentación e información a las madres, así como a las autoridades nacionales de Haití", y que 31 mujeres haitianas y 36 niños están recibiendo asistencia que "varía de acuerdo con sus necesidades individuales". e incluye fondos para el próximo año escolar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la entidad que se corresponde directamente con la ONU, ha mantenido a Joseph al margen, dijo, incluso manteniendo reuniones con las mujeres sin la presencia de sus abogados. Claude Joseph, quien inicialmente asumió el cargo de primer ministro después del asesinato de Moïse y ahora se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores, rechazó una solicitud de entrevista de BuzzFeed News.

Los casos de mujeres se han estancado en gran medida en sus respectivos tribunales. Mario Joseph piensa que parte del problema es que los jueces son reacios a fallar en contra de la ONU o sus países miembros porque muchos de ellos han recibido capacitación de la ONU o esperan conseguir un trabajo allí algún día.

Durante una entrevista, Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe, inicialmente dijo que el temor a represalias por parte de la ONU "también puede ser un factor" en la demora de estos casos, pero luego retrocedió, diciendo los jueces deben aplicar la ley. Sentado en su oficina a pocas cuadras del Palacio Nacional, que fue parcialmente destruido durante el terremoto de 2010 y nunca reconstruido, Saint-Vil aclaró que la presión para que los casos avancen debe provenir del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Después de casi cuatro años, solo un juez, en el caso de Jui, ha emitido un fallo favorable para una mujer que presenta una demanda de manutención infantil contra un pacificador de la ONU. Pero debido a que es casi imposible hacer cumplir el fallo en Uruguay, Joseph dijo que todo lo que puede hacer ahora es informar a otros países miembros de la ONU sobre el fallo con la esperanza de que aumenten la presión diplomática.

Algunas de las mujeres intentan localizar a los padres de sus hijos ellas mismas. El 8 de febrero de 2020, Appoliner le escribió al hijo de Cortez, Jorge, en Facebook Messenger: “Soy un niño de 8 años. Quiero conocer a Marcelo Antonio Cortez, mi padre ”.

Al día siguiente, Jorge respondió: “¿Qué tengo que ver con esto? Encuéntrelo y escríbale. "

Unas semanas más tarde, Appoliner le envió un mensaje nuevamente. “Tu padre tenía un hijo conmigo, mira la foto”, y adjuntó una foto de Dominic. Al mes siguiente, Jorge respondió: "Hablé con él y dice que estás mintiendo". 

 

Appoliner se aferra a cualquier esperanza que pueda. En su bolso, lleva una tarjeta de visita vieja y desgastada que pertenece a Carla Pessanha Loque, una ex funcionaria de derechos de las víctimas en la ONU, aunque no recuerda la última vez que Pessanha atendió su llamada. Aún así, "siento que es un apoyo", dijo.

A principios de agosto, estaba atrasada en el pago del alquiler y a punto de ser desalojada.

 

Sobre las colinas de Port-au-Prince, Jalousie luce vibrante.

El barrio pobre, ubicado en el medio de Pétionville, un vecindario exclusivo donde muchos diplomáticos viven en villas escondidas detrás de altos muros de concreto, fue pintado por el gobierno con verdes pasteles, púrpuras y rosas en 2013 como un intento de mejorar la vista de los ricos. alrededores. Pero detrás de las paredes brillantes, se hizo poco para mejorar el saneamiento, introducir agua corriente o proporcionar más electricidad a los residentes.

En una pequeña choza azul en una de las calles empinadas de Jalousie, Omése Théodore vive con sus tres hijos, cada uno engendrado por un pacificador de la ONU diferente, dijo.

En 2009, Théodore estaba estudiando comunicaciones en la universidad y cuidaba de su primer hijo, un hijo que dice es de un pacificador camerunés que había abandonado recientemente el país. Cuando ocurrió el terremoto, perdió su casa y se vio obligada a dormir en la calle durante un mes.

Con las tasas de desempleo por encima del 50% y un niño pequeño que criar, Théodore comenzó a “buscar a alguien más que me ayudara con mi hijo” con dinero para la comida y la escuela. Encontró a un pacificador de Ruanda que le ofreció dinero "y una cosita para el niño". Cuando se enteró de que estaba embarazada de su hijo, poco después, la instó a abortar, lo cual es ilegal en Haití. Unos meses más tarde y seis meses después de su embarazo, su rotación terminó y se fue a casa, dijo Théodore.

Al año siguiente, Théodore conoció a otro pacificador de Benin. Quedó embarazada, él le ordenó que abortara y ella se negó. Esta vez, amenazó con dispararle, dijo.

Théodore fue a la base de la ONU en Puerto Príncipe para pedir dinero para sus hijos. La organización debe brindar “asistencia y apoyo para abordar las consecuencias médicas, legales, psicológicas y sociales que surgen directamente de la explotación y el abuso sexuales” por parte del personal de la ONU, según un documento de la Defensoría de los Derechos de las Víctimas. Pero Théodore y otras tres mujeres le dijeron a BuzzFeed News que solo han recibido apoyo monetario limitado e intermitente, incluido un estipendio único de $ 1,500 para vivienda y alrededor de $ 660 para la escuela cada año.

Théodore dijo que la organización solo hizo pruebas de ADN en dos de sus tres hijos, y que solo ha publicado los resultados de uno de esos dos. A través de una organización sin fines de lucro con sede en Italia, la ONU envía dinero para ayudar a pagar la comida y la educación de sus hijos, pero dijo que no ha recibido ningún apoyo desde marzo. La ONU le dijo a BuzzFeed News que no puede abordar casos individuales debido a problemas de confidencialidad.

 

 

En los últimos años, la ONU comenzó a tomar medidas para abordar la historia de la explotación sexual entre sus filas.

En 2019, la Misión de Apoyo a la Justicia de la ONU en Haití organizó un programa en varias ciudades del país para crear conciencia sobre los abusos sexuales perpetrados por su personal. Denominado “Teatro de los oprimidos”, animaba a los espectadores a subir al escenario para ofrecer soluciones al problema.

En 2020, más de una década después de que las mujeres haitianas comenzaran a denunciar el abuso de las fuerzas de paz, la ONU aprobó un fondo fiduciario para sobrevivientes de explotación sexual por parte de su personal en Haití. Hasta junio, Uruguay y Brasil, los dos países con más denuncias de explotación sexual en Haití, no habían aportado dinero.

El fondo fiduciario "está tan mal financiado que es una vergüenza para la ONU", dijo Paula Donovan, codirectora de Code Blue Campaign, una organización que aboga por las sobrevivientes de abuso sexual por parte del personal de la ONU. Agregó que si bien la ONU ha alentado a los países que aportan tropas a hacer cumplir la legislación sobre manutención infantil, no ha logrado establecer ningún requisito.

“Simplemente ya no es un obstáculo cuando las mujeres reclaman la paternidad”, dijo Donovan.

El portavoz de la ONU dijo que la organización pide "a quienes engendraron a estos niños en Haití que asuman su responsabilidad parental individual hacia ellos", y que ha proporcionado a "varias madres haitianas los resultados de las pruebas de ADN". El portavoz agregó que la ONU apoya los acuerdos de intermediación entre los padres, aunque estos "no siempre son posibles ya que dependen de la cooperación del padre".

Chucarro, vocero de la Armada uruguaya, dijo que el país adoptó “una serie de medidas para implementar la política de tolerancia cero de la ONU ante el abuso y la explotación sexual” en 2003, y remitió BuzzFeed News al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para obtener respuestas a preguntas específicas. La cancillería uruguaya no respondió a una solicitud de información.

Durante una tarde reciente, los hijos de Théodore se reunieron en su sala de estar, que era lo suficientemente grande para dos sillas, una cómoda y una pequeña nevera. Jean Christ, de 4 años, se sentó en el regazo de su madre. Jacques Andre, que acababa de perder su tercer diente, cantó descaradamente una canción que escuchó en la radio. Carl Michel Armand, de once años, sostenía un cuaderno de bocetos que representaba el universo de "Macsi Puissant", la familia de superhéroes que él había creado, dando a cada miembro un poder diferente: uno podía hacer árboles, otro podía armar robots y un tercero podía reunir suficiente electricidad para alimentar su casa.

Siempre que tenían hambre, los tres chicos le pedían a Théodore que buscara a sus padres.

La nevera a la altura de las caderas estaba vacía, excepto por cuatro recipientes de hojalata llenos de agua. 

 

Los videos que Jui publica en TikTok generalmente la muestran cantando o bailando frente a un mural pintado por su madre, Phanie. Vienen de una familia de artistas y amantes del arte. Las pinturas de algunos de los maestros del aceite más famosos de Haití yacen apiladas contra las paredes de su casa. Édith Piaf y el jazz suenan a menudo de fondo. Jui está aprendiendo a tocar el piano.

Pero no fantasea con convertirse en artista cuando sea mayor. Recientemente, Jui decidió que quiere ser enfermera.

Ella cree que cuando sea mayor, Borges, su padre, algún día enfermará, y ella quiere ser la que le devuelva la salud. Sueña con el momento en que trabaja en un turno en el hospital y ve el nombre de su padre en la lista de pacientes. Ella tiene todo planeado: Cuando esto sucede, ella pedirá a ser su enfermera, salir a comprarle las medicinas que necesita, y luego ver que se sintiera avergonzado de que él no ayudó a su .

Por ahora, la estudiante A estudia mucho más en su clase de ciencias, asegurándose de memorizar qué hierbas medicinales tratan qué enfermedad y cuál es la mejor manera de administrarlas. Da largos paseos con su tío en un jardín cercano, donde él le enseña qué hojas se pueden usar para preparar tés curativos.

Jui todavía posee lo único que tiene de Borges: los $ 120 que le dio a Phanie antes de irse hace una década, escondidos debajo de la funda de su almohada. ●

 

 

 

 

 

La policía es parte de la inseguridad

 

2.11.0.0

Casi al final del segundo año de gobierno, varios jefes de Policía, el coordinador de jefatura de Maldonado y el director de la Brigada Antidrogas de San José renunciaron o fueron destituidos y algunos procesados por hechos vinculados a corrupción. Al mismo tiempo decenas de policías de todo el país han sido procesados por graves delitos.

 

Caras & caretas 28 noviembre 2021

Por Carlos Peláez

 

Desde 1985 hasta hoy impresiona la cantidad de policías involucrados en actos delictivos. Con narcotraficantes, con automotores, con trata de mujeres, con asesinatos, femicidios, con mafias organizadas, con delincuentes comunes, con torturas.

Aquellos eran tiempos de mafias policiales organizadas en “La Garra”, por ejemplo. Herederos de Víctor Castiglioni eran Coito y Lemos. Era la época de Orden Público, Automotores o Hurtos y Rapiñas, dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo, donde muchas veces la única diferencia entre el funcionario y el delincuente era el uniforme.

La seguridad no debió ser nunca un comodín para el debate público, porque es un asunto de extrema gravedad y compleja resolución.

No alcanza solo con perseguir y encarcelar delincuentes. Son problemas importantes la situación de la cárceles; los avances del narco y la existencia de nuevos delitos como el sicariato. Pero también es un grave problema la calidad de nuestra policía.

Sería injusto acusar a todos los policías, porque se sabe que la absoluta mayoría son honestos y abnegados ciudadanos dispuestos a exponer su vida para cuidar la nuestra. Nada menos.

Pero no basta con gritar “al policía se lo respeta”, si el policía no es visto como un ciudadano respetable.

En 2010 el Director Nacional de Policía Julio Guarteche decía a El País: «Tenemos, prácticamente, un escándalo de corrupción por semana y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra».

Entonces una de las primeras medidas de Eduardo Bonomi fue fortalecer a la Dirección de Asuntos Internos. A su frente se puso a la abogada Estela González, que hasta entonces no había tenido ningún vínculo con la Policía. Junto a ella trabajaron un grupo de jóvenes comisarios, casi todos con formación universitaria y sin ninguna vinculación con oficiales que habían desprestigiado a la institución policial.

En 10 años lograron la destitución de 3.000 policías, el 10% de la fuerza. Una cifra que revela la magnitud del problema.

 

No se puede negar la corrupción

El 26 de marzo de 2019 el subsecretario del ministerio, Jorge Vázquez, envió una comunicación a Asuntos Internos solicitando información relacionada con “presuntos hechos de corrupción o irregularidades” denunciados durante los últimos años, que involucran a personal policial de todo el país. Vázquez recibió, semanas después, un expediente con detalles acerca de las actuaciones de esa repartición.

El documento, obtenido por Brecha, revela el aluvión de denuncias que el principal órgano de contralor interno de la cartera tuvo que enfrentar, con escasos recursos y una demanda creciente.

Entre 2015 y abril de 2019 “se han denunciado 22.077 irregularidades o presuntos hechos de corrupción”, respondían a Vázquez desde Asuntos Internos. Es decir, 5.519 casos al año o poco más de 15 casos diarios, incluidos sábados, domingos y feriados.

Pero el asunto era más grave. Por el 0800 5000 –número de atención al usuario– se recibían llamadas de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Trabajaban allí 24 personas en dos turnos. Según el expediente elevado a Vázquez, solo en 2015 se atendieron 42.340 llamadas. En los años sucesivos el caudal fue disminuyendo: en 2016 se atendieron 40.822, en 2017 fueron 39.713 y en 2018, 32.533. Esto no quiere decir que las llamadas disminuyeran. Debido a la escasez de recursos humanos abocados a la tarea, año a año más llamadas fueron quedando sin atender. En el documento, Asuntos Internos consigna que se ha registrado un “aumento significativo de llamadas por parte de usuarios a este servicio en el presente año (2019), con importante nivel de llamadas que se registran abandonadas o no atendidas”. En efecto: en 2015 quedaron por el camino 13.044 llamadas. En 2016 el número descendió: no se atendieron 9.170. Pero en 2017 las llamadas ignoradas fueron 16.359, y en 2018 quedaron 41.358 sin atender (es decir: se atendieron menos de la mitad de las llamadas recibidas).

¿Alguien puede creer que con el cambio de gobierno estos números descenderían como por arte de magia? Si bien es probable que en el año 2020 con pandemia en pleno desarrollo y la gente voluntariamente encerrada, los casos de abusos policiales pudieron descender, pero, con la recuperación de la actividad, los datos nuevos están a la vista. Y se llevan por delante a varios jerarcas.

En enero de 2020 en Salto se descubrió que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos y datos personales de 40 policías. El subjefe de Policía, comisario Mayor Adolfo Cuello, aseguró que de la pericia realizada del teléfono celular, se encontró que toda la información que tenía la Brasilera provenía del celular de una mujer oficial de Policía.

En junio una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas.

En agosto la Justicia de San José imputó al jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento y a otros tres policías por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.

En octubre del mismo año fue destituido el jefe de Policía de Flores por “incumplir órdenes del Ministerio”. Y en el mismo tiempo se destituyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, por “haberse reunido con el exdirector de Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal”.

En junio de este año varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para recuperar objetos robados. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira, “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas, por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante “por hechos banales”. Pero Yeniffer Izquierdo, abogada del sindicato policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. Otra denuncia señaló a un efectivo por acosar menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior fue interceptado cuando paseaba con su familia por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente, agregó el medio radial. Estas denuncias son investigadas en Melo debido a que la actuaria del juzgado olimareño es familiar directa de uno de los involucrados.

También en junio tres policías de Artigas fueron formalizados por “abuso de funciones” y uno de ellos por “lesiones graves”. La acción judicial estuvo motivada por un procedimiento realizado en la vía pública que terminó con una persona herida de bala.

En junio, mal mes para corruptos, fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue procesado y enviado a prisión.

A principios de los 2000, Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones” acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad y sin que se le instruyera sumario, volvió ahora como comisario de San Carlos.

Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la Policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira, quien antes de ser coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.

A mediados de octubre renunció el jefe de Policía de Río Negro, comisario (r) Martín Botto, acusado de proteger a un oficial de esa Jefatura imputado por la justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado

Hace 15 días fue procesado el subcomisario Ricardo Perdomo, hoy en Cerro Largo, pero hasta hace pocos meses en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas.

En el mismo tiempo la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.

Una semana atrás fue procesado otro policía por un caso de contrabando de materiales para el estadio municipal Antonio Ubilla. Como consecuencia renunció el jefe de Policía José Adán Olivera. Este jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo del 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Río Branco y Aceguá. En Río Branco en un primer momento hubo mucho decomiso de drogas; después no, ni de drogas ni de contrabando y se reprodujo el abigeato. Lo mismo en Aceguá. Y muchos de los cargamentos que entraban al país se los detenía en Lavalleja y Treinta y Tres, pero había pasado por Río Branco”.

Ahora la fiscal de Melo, Letizia Sequeira, lo denunció por “violación de secreto”. La fiscalía dispone de grabaciones en las que se escucha a Olivera advertirle a su ex mano derecha, Fernando Farías un policía procesado, que estaba siendo investigado. El exjerarca policial declaró el miércoles ante la fiscal de Treinta y Tres, Ana Paula Segovia, quien citará a otros testigos.

 

El relato de un exjuez penal

Unos años atrás un exjuez penal relató a este cronista como actuaban funcionarios policiales corruptos de Montevideo. El primer caso fue la detección por parte de un grupo de policías honestos que en una seccional policial capitalina a cambio de una importante suma de dinero, se aseguraba a un par de delincuentes la impunidad en determinadas zonas de su jurisdicción.

Les garantizaban que en horas a convenir entre ellos, estos malvivientes podían actuar libremente porque los efectivos de la seccional no iban a perseguirlos y solamente harían una parodia de intervención. Se hizo un seguimiento del asunto por varios meses, hasta que se logró determinar el lugar y la hora en que se haría la entrega del dinero a los policías.

“Pero en esos días comenzó la Feria Judicial menor y el día de la entrega no pude intervenir en la coordinación del procedimiento”, relató el exmagistrado. “El juez de Feria actuó perfectamente, pero hubo un apresuramiento en el afán de que todo saliera correctamente y si bien se logró la detención de uno de los delincuentes, y de algunos policías, no se logró detener al comisario de la seccional que era quien dirigía la maniobra delictiva. Se logró procesar a algunos funcionarios subalternos, a un oficial principal no se lo pudo procesar pero se obtuvo su retiro del instituto policial, pues era encargado de la seguridad de una importante mutualista, cuando estaba específicamente prohibido el ejercicio de tales tareas. Se desbarató la organización y momentáneamente se terminó con la impunidad”, agregó el exjuez.

El otro caso ocurrió cuando varios jueces penales habían detectado que los encargados de las investigaciones solicitaban una cantidad exagerada de órdenes de allanamiento, las cuales en su inmensa mayoría no arrojaban resultados positivos. Uno de esos jueces siempre fue reacio a otorgar órdenes de allanamiento sin fundamentos claros y específicos. Con otros funcionarios judiciales comenzaron a indagar a los detenidos respecto a si habían sufrido algún abuso policial. Pero fue entonces cuando varios abogados defensores, tanto de oficio como privados, comenzaron a confiarles relatos que les hacían sus defendidos y que en muy buena medida explicaban las razones del fracaso de las órdenes de allanamiento.

Supieron entonces que los policías que efectuaban los allanamientos, les sacaban la droga a sus defendidos, así como todos los efectos que tenían en su poder por la venta de los estupefacientes, tales como electrodomésticos, instrumentos musicales y los más variados objetos. Les decían que iban a informar al juez que no habían encontrado nada y que por tanto no los detendrían, pero que en 10 o 15 días iban a volver y tenían que entregarles a cambio 200.000 pesos. Si no lo hacían, juntarían más droga de otros procedimientos, pedirían un nuevo allanamiento a otro juez, los detendrían y los pondrían a disposición judicial listos para ser procesados. Era una inversión segura: ningún detenido iba a denunciar el procedimiento policial deshonesto, pues supondría autoincriminarse. Es obvio que no podrían denunciar lo ocurrido, pues no podrían justificar cómo tenían en su poder los efectos. Esta modalidad era la más peligrosa, pues conllevaba un aumento desmedido de los delitos de hurto y de rapiña, porque los dueños de las bocas de venta de droga le urgían a sus clientes que salieran a robar y a rapiñar para conseguir el dinero que debían entregar a los policías corruptos”.

Otra modalidad similar consistía en que un par de policías que patrullaban en móviles entraran de noche en cualquier boca de drogas y mediante amenazas con armas, se llevaban todos los efectos que se encontraban en el lugar. Ante las protestas de los dueños de la boca, los policías les decían que no se hicieran problemas, que fueran a la seccional a denunciarlos. Obviamente no iban a denunciarlos, pues nadie iría a una dependencia policial a decir que les habían robado los efectos de un delito”.

 

El muro azul

Para poder denunciar actos de corrupción el sindicato de Funcionarios Policiales del Uruguay (Sifpom) propone la creación de una fiscalía para que los efectivos puedan denunciar hechos delictivos de forma anónima y eviten represalias, como traslados o descuentos salariales abusivos.

El Sifpom propone crear un ámbito en el que los policías puedan denunciar y se preserve su identidad, ya que advierten que inmediatamente que un efectivo realiza una denuncia “se le está avisando al jerarca” denunciado, y en algunos casos es el denunciado quien realiza la investigación interna, advirtió.

Para Patricia Rodríguez, dirigente de ese sindicato, “hay un antes y un después en la sindicalización, porque en la Policía, en un régimen vertical y de mando, hay mucho acoso sexual, muchísimo. El que está arriba tuyo se siente con la potestad… Tiene una forma de presionarte, si quiere, y una discrecionalidad que tienen, cuando llegan a ciertos mandos, que pueden jugar con la vida de un trabajador. Si yo me negaba a una orden de un jefe, ya era posibilidad de que te cambien de turno, de que te cambien de lugar de trabajo. Vivís en una punta de la ciudad y te mandan a trabajar a la otra”.

El abuso de las jerarquías policiales se expresa de muchas formas, no solo por las que señala Rodríguez. Por ejemplo en la distribución de las horas ciudad, los servicios especiales y aun en aquellos que están prohibidos pero siguen funcionando como el “tener agencias de seguridad mientras se está en actividad”.

La secretaria general del sindicato policial, señaló que “lamentablemente, lo que nosotros vemos y de lo que tenemos de prueba, es que muchas veces se filtra información reservada y eso no está bueno que pase, porque esa filtración deja expuesto al compañero que denuncia”.

Son muchos los policías sancionados o descalificados por denunciar corrupción en propias filas. Contra el “muro azul” es difícil luchar.

 

Una institución dividida

Ciertamente con espíritu revanchista, Jorge Larrañaga destruyó algunas de las buenas cosas que había hecho su antecesor Eduardo Bonomi.

Durante años este último alejó de la fuerza policial a oficiales que no habían dignificado la profesión y logró incorporar a jóvenes con formación universitaria en su mayoría. Apoyado en Guarteche, fortaleció a la División Asuntos Internos, antes casi inexistente.

Larrañaga corrió a los jóvenes y trajo a todos los viejos, no por mejores, sino por pertenencia partidaria. Ahora se ven los resultados.

Alguien puede sentirse tentado a creer que el ministerio está llevando adelante una denodada lucha contra la corrupción. Nada más lejos de la verdad. En realidad los corruptos han caído en el marco de investigaciones por otros delitos o denunciados, con mucho riesgo, por honestos policías.

El Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma), uno de los más viejos, reclamó la destitución del director nacional de Policía, Diego Fernández, afirmando que “la fuerza está liderada por retirados nostálgicos que reinstalaron viejas prácticas dañinas”

Funcionarios policiales que aceptaron hablar con Caras y Caretas a condición de no ser identificados, se preguntaron: “¿Cómo podemos confiar en nuestros superiores si nos enteramos de que les avisan a los delincuentes que van a ser allanados? Nosotros le ponemos el cuerpo a las balas y ellos nos entregan. ¿De quién tenemos que cuidarnos?”, volvieron a preguntarse.

Guarteche explicaba que “la corrupción significa un flanco que no podemos dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare”.

 

 

 

 

 

Curtidores de Paycueros

Complicada situación de Obreros de Paycueros Paysandu, les negó la entrada la empresa, persecución sindical atropello a los trabajadores
 

Los trabajadores de Paycueros hacen ejercicio de su legítimo derecho de huelga para proteger el ingreso salarial con el que sostienen a sus familias.

La patronal, en un acto de soberbia descontrolada, arremete con amenazas y sanciones para quienes se adhirieron al paro.

La LUC, que coarta el derecho de las y los trabajadores a la huelga, nada dice de proteger a las familias trabajadoras de las bravuconadas patronales.

Más razones para estar junto a los que luchan.

Mas razones para tirar abajo los 135 artículos de la LUC.

En la foto, nuestras compañeras delegadas de Sintep en Paysandú. Haciendo lo que hay que hacer. Ejerciendo la solidaridad de clase.

Viva la clase trabajadora y su solidaridad!

 

 Sergio Sommaruga

 

 En Paycueros continúa la persecución antisindical. Ahora el gerente Ruben Suarez amenaza al personal con una suspensión de 48 hs por ejercer su derecho a huelga.

Paycueros reprime a sus trabajadores negándoles el ingreso a trabajar

 

 

 

SE PICÓ

Casi 400 trabajadores de Paycueros fueron sancionados por 72 horas por realizar paros

El director de la empresa dijo a Montevideo Portal que obedece a que los trabajadores incumplen una norma de la compañía.

29.11.2021

Este lunes, unos 380 trabajadores de los 750 de la empresa Paycueros fueron suspendidos por 72 horas por continuar con las medidas de paros por turnos que llevan adelante desde hace dos semanas.

Así lo informó el diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social del Parlamento, Gabriel Otero. “Es una clara medida de persecución sindical no vista antes”, disparó en Twitter el legislador y añadió que se reunirá con los trabajadores, que están situados en la puerta de la empresa con una carpa, “debidamente asesorados sobre sus derechos adquiridos con la lucha de muchos años”.

Asimismo, Otero indicó que “habría que investigar tiempo atrás para encontrar una medida de esta dimensión, con la saña que se hace y en el medio de una negociación” en el marco del Consejo de Salarios, según dijo a Montevideo Portal. “No pasó nada de espectacular para que la empresa tome una medida de este caso”, insistió.

En este sentido, de cara a la reuinión tripartita que el Ministerio de Trabajo (MTSS) convocó para este martes, el diputado comentó que espera que la cartera “pueda tener una mediación que pueda prever que la empresa deje sin efecto la suspensión”. A su entender, “se están metiendo en terrenos bastante peligrosos como es la libertad sindical”.

Un trabajador de Paycueros, Carlos Bico, informó a Montevideo Portal acerca de la situación que llevó a la medida tomada por la empresa.

De acuerdo con el empleador, desde Paycueros se planteó una cláusula en el marco de la negociación salarial que dice que la retroactividad de los beneficios que se estaban negociando “no la iban a cobrar los trabajadores que habíamos hecho paro”.

Eso fue lo que desencadenó el conflicto. “Empezamos con paro dentro de la fábrica, de una hora, nos vamos a los lugares de concentración y de descanso y dejamos liberada la máquina para que trabaje el que tenga que trabajar, (ya que) no impedimos que trabajen los trabajadores no afiliados”, detalló Bico.

En esta línea, el trabajador sostuvo que irán a la reunión tripartita “a plantear que queremos convenio y vamos a ir a denunciar esta situación que pasa hoy”.

Sin embargo, el director de la empresa, Álvaro Silverstein, aseveró que el tema no está relacionado a una cuestión sindical. “No tiene nada que ver con estar afiliado o no estar afiliado. Esto tiene que ver con cumplir una normativa de seguridad industrial que estableció la empresa que indica que nadie puede estar dentro de la empresa si no está cumpliendo una función o tarea”, señaló.

En esta línea, reafirmó que se sancionó a la gente que incumple a la normativa, que “son bastante menos” de 380. “Este lunes se va a entregar la lista de la gente sancionada al sindicato para su información”, dijo Silverstein. Al respecto, manifestó que “si hay más personas que toman la misma actitud o el sindicato las impulsa a tomarla, todos quienes tomen esa actitud serán sancionados como corresponde”.

Montevideo Portal

 

 

2.11.0.0

Dios no quiere cosas chanchas.

Cuando se juntan los demonios, se pierde en la cancha

2.11.0.0

 

Sanguinetti y Mujica compartieron su visión sobre la prisión domiciliara para viejitos criminales de lesa humanidad

El expresidente frenteamplista se remontó a sus años de reclusión y puso sobre la mesa el dolor de las familias; el colorado dio razones humanitarias y se refirió a la gente que "asume el rol de la espada de la Justicia cuando no tiene ninguna cuenta para cobrar".

Los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica coincidieron este jueves en el cierre de cursos del semanario Búsqueda. Sentados al lado, respondieron a las preguntas de los estudiantes y una de ellas refirió a la prisión domiciliaria, que está en discusión a partir de la propuesta de Cabildo Abierto de otorgarla a reclusos mayores de 65 años en ciertos casos.

Luego de aclarar que no se referían a la propuesta de los cabildantes en particular, ambos mandatarios se mostraron a favor de la prisión domiciliaria. Mujica se remontó a sus años de reclusión y puso sobre la mesa el dolor de las familias. Sanguinetti dio razones humanitarias y se refirió a la gente que "asume el rol de la espada de la Justicia cuando no tiene ninguna cuenta para cobrar".

Ante los estudiantes, el exmandatario frenteamplista señaló: "Estoy seguro de que estoy afectando a gente, porque cada persona es como el solcito de un sistema planetario y tiene a una familia alrededor. Y me duele trasladar el dolor a gente que no tiene la responsabilidad. Esa es mi verdadera posición, por eso quería dejarla con nitidez. No es que yo esté de acuerdo con esto, es algo que yo veo genérico".

"Yo estuve preso y sé lo que sufrieron las familias, ¿y qué responsabilidad tuvieron las familias? En una sociedad tiene que existir Justicia, porque los seres humanos no somos tan poéticos. Hemos logrado superar la barbaridad de ojo por ojo, diente por diente, pero no es sencillo. Toda Justicia no deja de tener muchas veces un tufo de venganza. Es como una necesidad interior subjetiva de revancha. Yo sé que ningún hombre de derecho me va a reconocer esto, pero yo tengo el desparpajo de decir lo que siento. He visto sufrir a familias y de ahí viene mi posición", agregó.

Sanguinetti, por su parte, señaló que a cierta altura de la vida, "si ese preso no tiene peligrosidad, empieza el límite de dónde termina la Justicia y empieza la venganza, dónde empiezan los sentimientos rencorosos".

"A veces ni siquiera es la venganza, porque venganza es cuando uno tiene cuenta propia. Hay gente que no tiene cuentas propias a cobrar y sin embargo asume el rol de la espada de la Justicia cuando no tiene ninguna cuenta para cobrar y habla en nombre de otras posiciones, a veces políticas", subrayó.

"A mí me parece que en términos generales la prisión domiciliaria es algo que está previsto en las leyes, es razonable, más allá de la discusión sobre militares, policías o ciudadanos. Es algo de razonabilidad, del sentido de una sociedad filosóficamente humanista que no cultiva la venganza ni la mortificación", añadió el expresidente colorado.

"Yo lo veo así, más allá de este debate específico de hoy, circunstancial, que como dice Mujica se parcializa, se politiza y hasta se degrada, diría yo", sentenció.

2.11.0.0

2.11.0.0

Organizaciones de DDHH rechazaron proyecto de CA para otorgar prisión domiciliaria a represores 11 de noviembre de 2021 · Movimientos sociales

Varios de “estos criminales no sólo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero” de los desaparecidos, denunciaron.

Organizaciones uruguayas integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos rechazaron el proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto para otorgar la prisión domiciliaria a procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. Esto beneficiaría a más de 20 represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura.

En un comunicado que difundieron este jueves, la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la Federación FUCVAM, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la asociación de ex presos políticos Crysol, Colectivos contra Toda la LUC, la Fundación Mario Benedetti, la Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano y Memoria en Libertad indicaron que se pretende “sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de lesa humanidad, por penas de prisión domiciliaria”. “Tal sustitución supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión, para la generación de las imprescindibles garantías de no repetición de tales delitos”.

Agregaron que varios de estos criminales “no sólo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados, sino que continúan negándose a revelar el paradero de las compañeras y compañeros, mantenidos hasta el día de hoy, en condición de desaparecidos”. Apuntaron que de acuerdo a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que fue ratificada por Uruguay, “el crimen de desaparición forzada constituye un delito permanente y continuado”, por lo cual “sus perpetradores siguen delinquiendo y cometiendo este crimen, en el mismo momento en que se pretende trasladarlos a sus domicilios”.

“Consternación” y “rechazo”

Por otra parte, las organizaciones también manifestaron su “consternación y rechazo” ante el reciente fallo judicial, por el cual se condena a seis manifestantes que “pacíficamente” protestaban por el traslado de la entonces jueza Mariana Mota, ante la Suprema Corte de Justicia.

“Este lamentable fallo materializa un acto de criminalización de la protesta pacífica, con lo cual se ataca y desvirtúa un derecho constitucional y humano esencial, como es el derecho de protesta de las y los ciudadanos ante actos o hechos de naturaleza arbitraria por parte del Estado”, apuntaron.

A principios de mes, la jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, Diego Jaume y Eduardo Jaume por un delito de atentado. Los primeros tres en calidad de autores y los restantes en calidad de cómplices, por las protestas del 15 de febrero de 2013 en la sede de la SCJ para evitar el traslado de Mota, quien tenía a su cargo más de 50 expedientes vinculados a la violación de los derechos humanos en la dictadura.

HABLAR AL PEPE
"Luisa es mucho más que eso, señor Mujica": la respuesta del sobrino de Luisa Cuesta

"Detrás de esa abominable frase intenta justificar todo lo que hizo y no hizo como presidente", escribió Nilo Patiño sobre las frases de Mujica.

Mujica calificó a Cuesta como "una reliquia de la lucha por los derechos humanos, una batalladora incansable y una figura entrañable".

Lamentó la existencia de un "pacto de secreto" que impidió conocer el destino de los detenidos desaparecidos, dijo además que es "muy negativo y muy doloroso" que Cuesta haya fallecido sin tener información sobre el destino de su hijo y consideró que "hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad".

Esta mañana, el sobrino de Luisa Cuesta, Nilo Patiño (integrante también de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos) respondió a Mujica a través de un extenso editorial publicado en la diaria, en el que dijo que se tomaría el atrevimiento de "puntualizar algunas cosas" en nombre propio.

"En vida jamás negoció con su dignidad y sus principios. Aun cuando algunos compañeros, agobiados por la desesperanza, pensaron que se podría saber el destino de los desaparecidos canjeando ‘información' por impunidad, ella no aceptó ningún discurso sostenido sobre el supuesto ‘favor' de los perpetradores", dijo sobre Cuesta.

"Siempre se repite que, cuando mueren personas que encarnan un fuerte y comprometido mensaje social o político, quienes fueron sus detractores en vida tratan luego de hacer elogios intrascendentes sobre su obra o personalidad, para así ocultar la verdadera interpelación que sus virtudes y mensajes significan. En otras palabras: intentan transformar, por medio de la muerte, lo que en vida no pudieron doblegar. En vez de decir que Luisa era una mujer de una dignidad y principios inquebrantables, se dice que es una ‘reliquia' de la lucha de los derechos humanos, o una ‘polemista'. Luisa es mucho más que eso, señor Mujica. Seguramente usted les hablaba a los militares el 18 de mayo de 2011, cuando se refirió irrespetuosamente a las madres de los desaparecidos como meras buscadoras de huesos; a pocas horas, por demás, de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley interpretativo de la ley de impunidad", señaló Patiño.

Podríamos seguir ejemplificando, pero no podemos más que repudiar, indignados, ciertas expresiones a propósito de la tortura. Parafraseando al extinto ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, quien en respuesta a las críticas de organizaciones de derechos humanos en diciembre de 2014 afirmó que si Serpaj lo autorizaba ‘a torturar por un mes, capaz' que conseguía información, el ex presidente dice ahora: ‘A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad'. Detrás de esa abominable frase intenta justificar todo lo que hizo y no hizo como presidente. Es más, en materia de derechos humanos, siempre que debió elegir, inequívocamente le hizo un guiño solidario a los militares violadores, torturadores y asesinos del pasado", agregó.

Patiño aseguró que el discurso de Mujica "es tan falaz como funcional a la cultura de la impunidad y su aspiración al punto final, ya que -bien se sabe- ninguna conciencia cívica compatible con la vigencia de los derechos humanos es capaz de admitir tal argumento".

"Hoy nos dicen que la lógica de los hechos que impone el pacto de silencio de los militares sólo se puede quebrar recurriendo a los métodos propios del terrorismo de Estado", concluyó.

2.11.0.0