Delitos económicos en dictadura

 

 

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Caras & Caretas 14 noviembre, 2021
Por Carlos Peláez

Esa teoría desconoce los hechos: la dictadura fue parte de un plan político que perseguía redistribuir la riqueza en beneficio de los sectores más ricos del país. Y fue impuesta a sangre y fuego porque el saqueo y pérdidas de derechos ocasionado a los trabajadores, así lo exigía.

Vale recordar que la uruguaya fue la única dictadura cívico militar en toda América Latina. Mientras los militares ensuciaban de sangre sus manos, algunas poderosas familias hacían negocios para fortalecer sus patrimonios.

Aunque algunas migajas les tiraban a sus cómplices uniformados para mantenerlos dóciles a la mano del amo.

Fue así como importantes grupos familiares no vacilaron en vaciar bancos, asociarse a mafias internacionales, saquear empresas y lavar dinero producto del saqueo de otro país.

Bancos vaciados y vendidos a 1 peso más IVA; devaluaciones orquestadas; compra de carteras de deudores incobrables; estafas organizadas con el BHU; sobrefacturaciones en obras estatales y hasta la creación de holdings para lavar dinero fugado desde Argentina, son un pequeño sumario delictivo de la época.

En las últimas semanas, y a partir de una decisión del ministro de Defensa, Javier García, se habló mucho del Operativo Conserva que habría originado pérdidas de unos 15 millones de dólares al Estado. Cambio chico.

-Solo un grupo de estafadores argentinos que pagaron coimas suculentas en Maldonado y Montevideo se llevaron 30 millones de dólares del BHU.

-La represa de Palmar, presupuestada en 230 millones de dólares terminó costando casi 1.200 millones de dólares.

– Cinco bancos de primera línea fueron vaciados por sus dueños. Primero los usaron para fortalecer a sus empresas y luego pasaron toda la cartera incobrable (la de sus dueños entre otros) al BCU. La compra de carteras incobrables por parte del BCU costó unos 800 millones de dólares.

– La Armada Nacional ganó decenas de millones de dólares vendiéndole fletes de petróleo a Ancap y ese dinero lo ocultó en el Riggs Bank, el mismo banco que usó Pinochet.

– La logia PDue asociada a los exdueños de Bafisud crearon un holding de inmobiliarias y constructoras en Punta del Este, que se dedicaron a invertir en el balneario la “plata dulce” fugada desde Argentina.

En todo ese tiempo hay nombres de empresarios y políticos que se repiten: Zerbino, Pascale, Davrieux, Bensión, Strauch, Rocca Couture, Aznárez, Ferrés, Raffo, Soler, Manini Ríos, Otegui, Vargas Garmendia, Ortolani, Peirano. También nombres de militares; Gregorio Álvarez, Hugo Márquez, Luis Vicente Queirolo, Yamandú Trinidad. Y dos mafias internacionales: la logia masónica PDUE y la secta Moon.

La Asociación de Bancos del Uruguay, la Cámara de Comercio e Industria y la Asociación Rural emitieron comunicados de apoyo al golpe de Estado el mismo día 27 de junio.

Los más duros opositores a esa política económica y sus negociados, desde fines de los años 60 fueron Wilson Ferreira Aldunate y luego, desde su fundación en 1971, el Frente Amplio.

Ambos sectores coordinaron acciones después del golpe y hasta 1983.

Desde el 27 de junio de 1973 se pintaron paredes con la leyenda “Abajo la dictadura” firmadas por el PN y el FA.

De acuerdo a un estudio realizado por el economista Daniel Olesker “el resultado de la política económica de la dictadura fue una transferencia del trabajo al capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era aproximadamente el valor del PIB al finalizar el período dictatorial y esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, los trabajadores perdieron durante esos 12 años ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya”.

Para realizar ese saqueo se usó a las Fuerzas Armadas y la Policía.

En el libro El negocio del terrorismo de Estado, el periodista Fabián Werner recuerda que “en abril de 1985, exactamente con una semana de diferencia, los senadores Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional) y José Germán Araújo (Frente Amplio) presentaron pruebas ante sus colegas de la cámara alta de delitos económicos cometidos por militares y civiles durante la dictadura y pidieron la conformación de comisiones investigadoras además del envío de antecedentes a la justicia penal. El destino de esas acusaciones, profusamente documentadas, fue el olvido”.

 

Banqueros enriquecidos cuyas deudas todavía paga usted

El salvataje de varios bancos, la venta de los mismos a 1 peso (sí, un peso) más IVA y el pasaje de sus carteras de incobrables al BCU, es un episodio digno de una “republiqueta bananera”. Pero ocurrió en Uruguay.

¿Cómo reaccionaría, estimado lector, si mañana yo le pasara a cualquiera de ustedes mis facturas de servicios para que las pagaran? Muchos se reirían y la mayoría me mandaría a freír papas, por lo menos.

Pero lo que seguramente no imaginan es que 40 años después aún están pagando las deudas adquiridas por otros y que forman parte de nuestra “deuda eterna”. Es decir, todos pagamos la riqueza mal habida de importantes empresarios.

Miguel Carrió, el mismo que denunció el Operativo Conserva, explicó en su libro Uruguay país vaciado como fue la operativa.

“En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del gran maestro de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas personalidades de la política, las finanzas y la diplomacia internacional. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (Bafisud) desde su aparentemente modesto cargo de subgerente general”, dice Carrió. Agrega: “Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de Bafisud representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch y la familia Peirano Facio”. Carrió explica en su libro que en ese año se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales Luis Vicente Queirolo (quien tenía “negocios” con la logia P2) y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para ese momento “desgraciada” organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder.

“Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena al general Yamandú Trinidad la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Carrasco. Entre ellos había tres carpetas rotuladas “Massera, Emilio Eduardo”, el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladrón de niños, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia 1982, el Bafisud ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciudad brasileña de San Pablo, y en Argentina era propietario del banco Continental.

En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma “relámpago”, Ortolani construyó un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa Safema (Sociedad de Fomento Edilicio de Maldonado) que canaliza hacia la inversión en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino, conocido como “plata dulce”, asegura el autor.

Carrió explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que podían ser de interés para el grupo mediante auditorías de la multinacional Price Waterhouse, y si el informe era favorable, hacía una oferta para su adquisición.

Pero en esa misma fecha, en medio de la “guerra sucesoria” por el control de la logia P2 derivada de la quiebra del banco Ambrosiano, el mafioso Carmelo D’Amore inició un juicio contra Bafisud acusando a Ortolani de malversación de fondos, uso indebido de depósitos y falsificación de firmas. Lo denunciado por D’Amore era verdad, y ello provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el Bafisud al holandés NMB Bank por la suma de N$ 1 más IVA y comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares. El asesor de los holandeses en nuestro país era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.

Entre los deudores incobrables de Bafisud figuraban, entre otras, las empresas Ambrois y Cía., Tem SA, Atma SA; y los grupos Soler, Bakirgian y Strauch. Este último, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el crédito bancario durante la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. Así lo hizo con el Bafisud, y así lo volvería a hacer con el Banco Pan de Azúcar tiempo después. Esta última institución (que tras quebrar fue absorbida por el Banco República) tenía iniciados más de 20 juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido a la carencia general de garantías de la que históricamente hacen gala los Strauch”, dice Carrió.

El investigador sostiene que “la misma operación de compraventa se repetiría con los bancos Panamericano, del Litoral y Banfed, que también fueron vendidos en un nuevo peso al banco Central de Madrid, al banco Santander y al Banco Exterior de España, respectivamente. Luego de vender los bancos, el estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300 millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreció a cambio de la venta de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera, la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus carteras, y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para seguirse financiando”.

Los vendedores de bancos se quedaban sin deudas y con sus empresas modernizadas porque todos “metieron mano en la lata”.

Esta operativa costó al país 821 millones de dólares, según denunció el senador Carlos Julio Pereyra (MNR-PN) quién además acusó a José Gil Díaz, presidente entonces del BCU, de haber colaborado con los directivos de uno de los bancos vendidos para ocultar una defraudación tributaria. Fue investigado por la justicia, sin consecuencias”, sostuvo Carrió.

 

Vaciaron el BHU

Julio César Luongo fue interventor del Banco Hipotecario durante casi toda la dictadura. Era un protegido del general Gregorio Álvarez y de su esposa Rosario Flores. Tanto que en 1984, cuando el entonces ministro de Economía Alejandro Végh Villegas pretendió destituirlo, el Goyo se opuso.

Para financiar a la institución Luongo, la endeudó en 50 millones de dólares con el Citibank; otros 50 millones con el Banco de Londres y 16 millones con el Banco de Crédito. Pero ese dinero fue traspasado a promotores privados sin ningún control. Estos vendían bajo el sistema conocido como “en el pozo”, es decir, antes de construir nada.

Se liberaron los precios de venta, se eliminó el Departamento Financiero, no se controló la calidad de la construcción y el uso de los préstamos. En 1980 se modificó la Carta Orgánica del banco para eliminar la garantía hipotecaria como condición para los préstamos.

Varios de esos promotores, como Julio María De Feo, la inmobiliaria Yaco, Urbaneste y Framyl, se hicieron de decenas de millones de dólares estafando al BHU y a los promitentes compradores.

A esa estafa se sumó el coronel Néstor Bolentini, primer ministro del Interior de la dictadura, quien ya fuera del gobierno y actuando como abogado organizó a muchísimos damnificados, quienes mediante el pago de “honorarios” recibían la promesa de un nuevo préstamo para construir. De más está decir que perdieron todo lo pagado y nunca recibieron el préstamo prometido.

En Maldonado se cometieron dos estafas millonarias contra el BHU las que fueron posibles por las coimas que cobró Domingo Burgueño, entonces secretario general de la intendencia, luego consejero de Estado y en democracia dos veces electo intendente.

En la página 145 del libro Uruguay país vaciado, el periodista Miguel Carrió sostiene que «la vedette uruguaya de la estafa fue Domingo Burgueño Miguel, a quienes sus amigos apodaban el Bala. Todas las irregularidades cometidas en la intendencia y las correspondientes gratificaciones pasaron por sus manos. Framyl fue posible porque el Bala estaba en el asunto».

El libro agrega que una cinta grabada por Poblet Videla, principal de Framyl SA, y que llegó a manos de David Borges, exinterventor de Disnamar y editor del diario Punta del Este -y que este cronista escuchó- se expresa que “Burgueño es pieza clave en la organización delictiva y principal destinatario de los dineros que desviaba el Banco Hipotecario para el pago de coimas».

Los dueños de Framyl SA eran dos delincuentes argentinos: Julio Bachman, con antecedentes internacionales por secuestro, extorsión y falsificación de moneda extranjera y el abogado Arturo Poblet Videla, implicado en una falsificación millonaria de Bonex.

Ambos se instalan en Maldonado y constituyen las empresas Framyl SA y Disnamar SA para vender terrenos y construir viviendas con financiación del Hipotecario. Sin tener en cuenta los antecedentes de estas personas, el BHU le otorgó una cifra cercana a los 25 millones de dólares. Pero además se hizo una tasación de 900 dólares por metro cuadrado de construcción para viviendas de categoría II cuando en las torres más importantes de Punta del Este el costo era de 600 dólares el metro cuadrado. La construcción de viviendas se inició sin que el fraccionamiento estuviera aprobado y sin contar con los servicios indispensables.

Carrió sostuvo que «relacionado con Framyl SA aparecen otros personajes de la dictadura, como el abogado Eduardo Carrera Hughes, consejero de Estado y abogado de la empresa, así como una larga lista de funcionarios municipales y del BHU que recibían coimas mensuales para que el programa de construcciones se hiciera sin planos o se cobraran adelantos de obra en el banco por construcciones que nunca se concretaron».

Carrera Hughes era socio de Burgueño en un estudio contable ubicado en la calle Burnett.

Los terrenos vendidos bajo estas circunstancias recién fueron regularizados en el año 2007, bajo el gobierno del intendente Óscar De los Santos (FA).

En tanto, “Urbaneste” fue un proyecto para construir 576 viviendas, que se presentaban como ciudad satélite y que se erigirían en la ruta 39 casi frente al barrio Hipódromo. Recibió 30 millones de dólares del BHU, apenas levantaron 47 viviendas en dos bloques, los abandonaron sin terminar y huyeron. Recién fueron regularizados y reconstruidos en el gobierno de De los Santos y adjudicados alrededor del 2016 por el intendente Enrique Antía (PN).

Los escandalosos negociados con el Complejo América y Euskal Erría en Montevideo originaron pérdidas escandalosas a los promitentes compradores mientras los consorcios constructores se embolsaron millones de dólares.

En el año 2003 fue procesado con prisión el entonces presidente del BHU, Salomón Noachas. Entre otras cosas se le acusó de haber adjudicado directamente la unidad 406 del edificio Mburucuyá de Punta del Este, ubicado en la calle En Familia, a Sonia Casella de Luongo, esposa de Julio César Luongo. Aún en democracia e impune, seguía recibiendo beneficios.

 

Otros negociados

El libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del vicealmirante Higo Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el ROU Lavalleja, a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave “nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas”. Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a Ancap un flete muy superior al precio internacional. Resultó sí “un excelente negocio para la Armada a costa de Ancap, aumentando el costo de los combustibles”, que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cuál fue el destino de los intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.

También vaciaron a ILPE (Industrias Loberas y Pesqueras del Estado); alentaron la formación de empresas pesqueras privadas que terminaron en manos de algunos de los nombres mencionados antes y en fraudes descomunales contra el Estado.

Carrió explica que “el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica SA”. La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaria de Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros”.

La secta Moon llegó y se instaló en Uruguay de la mano de Gregorio Álvarez. Incluso su suegro, Segundo Flores, presidió la organización uruguaya al principio. Pero la cara visible fue el empresario Julián Safi, exsecretario de redacción de La Mañana y El Diario, propiedad de la familia Manini Ríos. Orienta sus actividades hacia la banca, medios de comunicación y hotelería. El Goyo Álvarez declaró de “interés nacional” la remodelación del hotel Victoria Plaza. Enseguida adquirieron varias empresas uruguayas como: Frigorífico Ameglio, La Montañesa, Ricard, Famosa de Paysandú, Caramelos Zabala, Fleischman, Pernigotti y Compte, todas absorbidas por la multinacional Nabisco.

Pero la mayor estafa la hicieron con el Banco de Crédito.

 

Nunca se investigó nada

Parlamentarios blancos y frenteamplistas denunciaron en cámara los delitos reseñados. Pero la Justicia uruguaya estuvo omisa en investigarlos y por lo tanto hoy prescribieron.

En Uruguay todo el mundo estudia la pobreza. La estudian ricos y pobres, profesionales y políticos. Tenemos mil diagnósticos.

Sin embargo, estudios sobre el origen de la riqueza uruguaya y quiénes son los ricos, se cuentan con los dedos de las manos.

Recién en 2015 Caras y Caretas identificó a algunos de los uruguayos más ricos.

En el libro Los de arriba, estudio sobre la riqueza en Uruguay, coordinado por Juan Geymonat y del que participa, entre otros, el economista uruguayo Mauricio De Rosa, integrante del equipo que lidera el economista francés Thomas Piketty, se afirma que “el 1% de la población tiene el 30% de la riqueza del país. Todos los participantes de este libro son integrantes del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (Udelar)

Nos queda una pregunta que muy pocos se hacen: ¿Cuántas de las fortunas actuales tienen origen en los delitos económicos cometidos en dictadura?

 

Fuentes:

-Uruguay país vaciado, dictadura y negociados – Miguel Carrió – Monte Sexto 1987.

• Imperialismo y rosca bancaria en Uruguay – Vivian Trías –Banda Oriental 1971.
• El Poder Económico en Uruguay – Stolovich, Rodríguez y Bértola – CUI 1987
• Secta Moon – IEPALA 1989
• El negocio del terrorismo de Estado – Varios –Debate 2019
• Prontuarios – Mate Amargo 1991
• Los de Arriba – Juan Geymonat, Mauricio De Rosa, Juan Notaro y otros 2021
• Artículos de prensa- Andrés Capelán, Samuel Blixen, Fabián Werner.
• Archivo propio