“Quienes abrazan la demagogia punitivista para castigar a los pobres y a los trabajadores que se manifiestan” tal como lo establece la LUC, “están proponiendo un proyecto de ley para liberar a quienes cometieron los delitos más graves” a nivel nacional e internacional, es decir los “crímenes de Lesa Humanidad” en el periodo del terrorismo de Estado, acusó en INFO24 la abogada Valeria España, activista por los Derechos Humanos.

España recordó que “la Ley de Urgente Consideración (LUC) ha tenido sus momentos de impugnación por movimientos sociales, instituciones de Derechos Humanos, organismos internacionales inclusive, y por lo tanto habilitar esta posibilidad” de anular una parte “sin duda implica también devolverle a la ciudadanía la posibilidad de evitar que haya un atropello tan importante a las normas constitucionales y por supuesto a la democracia”.

A continuación la abogada caracterizó que la LUC “no solamente es un instrumento político y jurídico sino que también incorpora concepciones que creíamos que no estaban tan arraigadas en sectores de la derecha y la extrema derecha de nuestro país; y vemos que evidentemente la LUC es una síntesis de la época mórbida que la vio nacer, porque no hay que olvidar que estábamos en un momento muy complicado de la pandemia cuando se impuso violentando los órdenes constitucionales vigentes”.

En América Latina “existen algunos antecedentes que podemos ver en una reforma del Estado que intentó (Carlos) Menem en su momento y que incorporaba una misma lógica en ese sentido, vinculada a desplazar al Estado, a generar un andamiaje normativo para la demagogia punitiva; y también tenemos un ejemplo muy claro en el caso de México con las reformas estructurales que buscó impulsar (Enrique) Peña Nieto, uno de los políticos responsables del número de desapariciones forzadas hoy”, apuntó.

Y si bien “estamos hablando de contextos políticos diferentes, (…) el juez (argentino Eugenio Raúl) Zaffaroni planteó en su momento que esas reformas estructurales se buscan, entre otras cosas, para generar un andamiaje de propuestas de mercantilización y desplazamiento del Estado, las armas para que esto sea posible, constituyendo un Estado gendarme; y eso lo vemos, sin duda, en que el brazo armado de la LUC en ese sentido es el Estado policial que construye con las disposiciones que plantea”, graficó.

“Es un retroceso en términos sobre todo de protección, de garantía de Derechos Humanos de la comunidad política en Uruguay en general; por un lado no se hace nada nuevo para poder generar una propuesta que no se base exclusivamente en el aumento de penas; (…) algo que impone la LUC y que lo dice expresamente, (…) es que la concepción digamos ´madre´ de seguridad que plantea está vinculada a la defensa de la propiedad privada como exclusivo objetivo que tendríamos como comunidad, lo cual es muy preocupante”; en esa dirección acusó al diputado Gustavo “Zubía” porque “está siendo absolutamente irresponsable, porque él hace apología de la violencia todo el tiempo; justamente porque plantea que la resolución de los conflictos en la sociedad en la que vivimos es como en el ´far west´ o como en Ciudad Gótica, o no sé en qué mundo él imagina que estamos, que el vecino y la vecina tienen que resolver sus conflictos con un arma de fuego; lo digo así porque él justifica de alguna manera la modificación de la legítima defensa planteando” lo mismo que la LUC, “que extiende la legítima defensa a la protección de los derechos patrimoniales, incluso cuando no corre riesgo la integridad física de la persona que eventualmente fue robada”; y esto allana el camino al “gatillo fácil”, advirtió la abogada.

Más adelante abordó la problemática derivada de que “el Derecho Penal es selectivo” y señaló al respecto que la LUC legitimó “una criminalización primaria que hace la Policía”, por ejemplo al detener a alguien en la calle aplicando el criterio discrecional de “´portación de cara´”, basado solo en prejuicios; cuando la detención se hace con “prepotencia” y ante ésta “la persona alega algo”, dado que “con la LUC existe el concepto de ´agravio a la autoridad´ esa persona queda detenida” sin más, caso de “criminalización primaria” que se está repitiendo “según informes de práctica forense”; a eso se suma “después la criminalización secundaria, que se da en el ámbito del trabajo que realiza la Fiscalía y también el Poder Judicial en su conjunto”.

Además, subrayó, esa concepción de la LUC “visibiliza también como comunidad una discusión que tenemos que dar, porque quienes abrazan la demagogia punitivista para castigar a los pobres, para castigar a los trabajadores que se manifiestan, (…) están proponiendo un proyecto de ley para liberar a quienes cometieron los delitos más graves” a nivel nacional e internacional, es decir los “crímenes de Lesa Humanidad” del terrorismo de Estado como “el genocidio, la tortura y la desaparición; así que sin duda, el orden de prioridad de este gobierno (…) está absolutamente equivocado; entonces el poder plantearlo en las urnas es clave, porque es una manera también de dialogar con un poder que está cegado a ese nivel de evaluar la posibilidad de hacer una concesión humanitaria a quienes cometieron crímenes gravísimos para la comunidad internacional en su conjunto, y por otro lado negar prisiones domiciliarias a mujeres con hijos”, acusó España.