Ruptura de la tablita del dólar
El general Gregorio Álvarez protagonizó otro golpe además del dado a las instituciones democráticas: a fines de 1982 organizó en secreto la operación financiera que sus socios del Grupo Alori ejecutaron desde la presidencia del Banco Pan de Azúcar, al que luego también vaciaron.
Por Javier Zeballos 13 noviembre, 2021
https://www.carasycaretas.com.uy/la-infidencia-del-goyo-en-la-quiebra-de-la-tablita/?fbclid=IwAR0LuZE10NDkRZywxV-O5eGxjfiPIY9UylSkNhbM30j_K2a525WdgbpalPM
El 26 de diciembre de 1986 quebró la famosa tablita con que la dictadura venía pronosticando el valor del dólar a un futuro de cuatro meses aproximadamente. En esa jornada el dólar aumentó más del 50% de su valor, pasando de 13,81 nuevos pesos a 20. A los pocos meses ya lo duplicaba y cotizaba en pizarras a más de 26 para seguir trepando y asentarse en el entorno de los N$ 32.
El descalabro fue general, sobre todo para quienes tenían deudas en dólares que debían amortizar con ingresos en pesos brutalmente devaluados. Sin embargo, algunos se forraron comprando dólares y más de uno zafó al menos pesificando sus deudas.
Porque la tablita uruguaya, vigente desde 1978, fue incluso antecesora, por unos meses, a la instaurada en Argentina, siendo una creación del equipo económico de la dictadura integrado por el ministro de Economía y Finanzas, Cr. Valentín Arismendi, y el presidente del Banco Central, José Gil Díaz.
Como rememoró el gerente de Inversiones del Banco HSBC Uruguay, Carlos Saccone, hace unos meses en su columna del semanario Crónicas, en 1981, un año antes de la ruptura de la tablita en Uruguay, el gobierno militar argentino tuvo que devaluar abandonando la tablita cambiaria instaurada por el ministro de Economía del régimen militar, Alfredo Martínez de Hoz.
Luego de la devaluación en el país vecino, cuenta Saccone, “se le preguntó al presidente de aquella época, el Gral. Gregorio Álvarez, si ocurriría lo mismo en Uruguay, a lo que este respondió que la información venía de un marciano que había inventado la noticia”.
La referencia a los extraterrestres del planeta Marte no quedó ahí pues el Goyo la volvió a esgrimir, solo que esa vez la frase quedó instalada a nivel de leyenda porque la pronunció en uno de sus discursos a mediados de 1982, con una pequeña variación de sintaxis: “Solo los marcianos creen que habrá una devaluación en Uruguay”.
Su manejo del plural respecto de seres provenientes del planeta bautizado con el nombre del dios de la guerra para los antiguos romanos tenía el objetivo de calmar las sospechas, pero, sobre todo, de aumentar la sorpresa de lo inevitable.
De esa manera, quienes se enteraran en tiempo y forma del zarpazo devaluatorio de la moneda nacional ante el dólar estadounidense tendrían la ventaja para multiplicar aun más sus fortunas. Si el secreto quedaba disponible solo para sus socios empresariales y no se filtraba, ayudaría a amortiguar la corrida bancaria general, por más que otros grupos económicos sospecharan y rondaran la idea de adquirir dólares. Sus afanes de lucro eran capaces de llevarlos a creer hasta en marcianos de látex como los de las películas hollywoodenses clase B.
Así fue como los integrantes de la Triple A uruguaya (Alori, Arigón y Álvarez) consumaron otra maniobra que les permitió incrementar por millones los frutos de sus propios negociados, como el del Operativo Conserva, analizado tras el escándalo de el ocultamiento de las actas de Tribunal de Honor de Armando Méndez por parte del actual ministro de Defensa, Javier García (ver Caras y Caretas Nº 1039 del 29 de octubre de 2021).
Hay que saber que el Grupo Alori controlaba el Banco Pan de Azúcar, donde Antonio Alori presidía su directorio y manejaba la operativa a través de eficientes gerentes. La oficina del capo, José María Alori, estaba en la misma cuadra de la sede central del Banco, en la calle Rincón entre Treinta y Tres e Ituzaingó, y la mayoría de las empresas claves del grupo se encontraban ubicadas a un máximo de dos cuadras de distancia, tal vez por aquel aforismo de que el ojo del amo engorda el ganado. Y vaya si tenían vacas (más de 10 grandes estancias, alguna en sociedad con el Goyo) y un stock vacuno calculado en 200.000 cabezas de ganado. De ahí la base para planear y organizar la estafa del Operativo Conserva ganando en toda la cadena del negociado, como explicamos en el citado número anterior.
Pero la voracidad del grupo económico no encontraba límites, amparados en la protección del Gral. Gregorio Álvarez y sus generales y coroneles más afines que competían con otras facciones militares aliadas con otros grupos empresariales.
José María Alori, con la eficaz pluma de Danilo Arbilla, su editor en la revista Hoy, era un audaz promotor del proceso y de las medidas económicas que los beneficiaban. A menudo planificaban sus editoriales, artículos y entrevistas como un modelo de influencia sobre los militares tomadores de decisiones, ejecutando estrategias discursivas en función de las políticas que planteaban nuevas medidas neoliberales y desreguladoras, a caballo de la repetición papagayesca de las concepciones de Milton Friedman y los Chicago Boys.
El paradigma eran los gobiernos de Ronald Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Inglaterra, a los que elogiaban y de los cuales transcribían a pies juntillas sus medidas de pérdida de derechos y rebajas del salario real, a la par que subrayaban los terribles males provocados por los monopolios de empresas públicas o cualquier intervención en el mercado por parte del paquidérmico Estado.
A la hora de acercarse a la región, a efectos de hacer más empáticas tales teorías y prácticas, Arbilla no tenía empacho de glorificar el modelo económico tras la cordillera presentándolo así en 1980: “La experiencia chilena en el campo económico, que ha sido criticada muchas veces, ha traído aparejados beneficios reales que hoy son admitidos por las más serias publicaciones y analistas”.
Claro, el analista no era otro que el general de División (r) Gustavo Álvarez Águila, embajador chileno ante el gobierno uruguayo. La larga entrevista no tiene desperdicio con frases cuarteleras como “queda en evidencia que hemos salido de ese submundo en que nos hundió el marxismo” en referencia al derrocado gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular.
Lo curioso es que quienes eran paladines del libre mercado y de la extirpación del Estado -como cuando promovieron y festejaron la desaparición del Frigorífico Nacional como ente testigo en la cadena frigorífica-, a la hora de planificar su negocio de producción de Corned Beef, exigieron que el Estado firmara el contrato con el que se comprometía a pagar un 25% más que el precio internacional del momento.
Eso fue lo que permitió asumir y pagar religiosamente todos los sobreprecios y comisiones que se embolsaron mientras al Estado uruguayo, gracias a la firma de exministro Carlos Mattos Moglia, cómplice del grupo Alori y del Goyo, la maniobra le costaba primero 12 millones de dólares por las pérdidas y muchos millones más por la obligación de cubrir los préstamos que el Bank of América había otorgado a Inversur para financiar la operación. Acto que inauguró la famosa venta de carteras por parte de la banca privada y extranjera al Estado uruguayo.
Vaciamiento del banco Pan de Azúcar
Pero la quiebra de la famosa tablita, mediante la referida infidencia del Goyo a sus socios, no fue la única maniobra que los Alori realizaron en el banco Pan de Azúcar, cuyo lema publicitario era “Una institución bancaria con todos los recursos”. En los dos años siguientes lo vaciaron, con retiros un día sí, y otro también, de 500.000 dólares en efectivo que eran retirados en valijas por Antonio Alori, quien apenas dejaba archivada una nota de dos renglones que decía “Por la presente autorizo a retirar la suma de quinientos mil dólares americanos por concepto de gastos de representación”. La cartita era archivada en unos biblioratos que se guardaban en las coquetas oficinas del segundo piso del banco, donde Antonio Alori alternaba sus horas de arduo trabajo con las que destinaba a Alopra, la empresa que administraba a todas las otras del grupo.
Para comprender ese vaciamiento hay que saber que una pequeña empresa del grupo se llamaba Cotasa. Se trataba de una empresa de taxis aéreos que operaba en el Aeropuerto Carrasco, donde funcionaba en oficina con atención al público. Había sido fundada en 1922 por un pionero de la aviación civil que la vendió a inicios de 1961. Los Alori se la apropiaron en plena dictadura tal vez amparados en la militarización de la aviación civil impuesta desde 1973.
Para sus vuelos contaba con dos aviones. Uno era un moderno Piper Aztec PA-23-250F, matricula CX BJZ, bimotor con capacidad para 6 pasajeros, fabricado a mediados de los 70 con motores Lycoming IO de hélice Hartzell y con una autonomía de unas 7 horas, lo que permitía trasladar viajeros que necesitaban llegar en menos de una hora a cualquier punto del país, pero también al exterior. El experimentado piloto era Nestor Ivaldi y el eficiente mecánico se apellidaba Méndez, aunque vale dejar en claro que eran profesionales contratados por la empresa sin más responsabilidad que la de cumplir sus tareas. El otro Piper modelo PA-34-200T tenía por matrícula CX-BKT.
Nuestros lectores se estarán preguntando quién fue el más asiduo pasajero, junto a José María Alori y su hermano. Si pensó en el Goyo, acertó.
Preguntas voladoras
¿Por qué uno de los más poderosos generales de la dictadura utilizaba un taxi aéreo privado para desplazarse por el país cuando podía hacerlo en helicópteros o aviones pequeños de la Fuerza Aérea?
¿Qué tenía que ocultar el general del ejército Gregorio Álvarez a sus pares de las otras fuerzas armadas?
Tales respuestas podrían vincular a los Alori y su discreta empresa de aviación, no solo con desplazamientos comerciales. ¿Viajó el Goyo alguna vez por motivos militares vinculados a la represión?
Otra pregunta surge tras comprobar que el avión permitía realizar viajes al exterior, preferentemente a puntos cercanos en nuestros países limítrofes. Por ejemplo, Alori viajaba a Buenos Aires y aterrizaba en el Aeropuerto de San Fernando, dirigido por militares en esa época, donde se movía como pez en el agua realizando negocios con magnates de la industria frigorífica, como el Sr. Vizental, quien negoció la participación de su frigorífico, más otros cuatro, en el Operativo Conserva, y estaba protegido por el temible Gral. Ramón Camps, connotado represor del régimen militar argentino involucrado en negociados de la industria frigorífica del vecino país.
Pero Alori también realizaba vuelos al sur de Brasil cuando las papas empezaron a quemar en la vecina orilla tras la derrota en la Guerra de las Malvinas. En ese sentido, la dictadura militar brasileña logró estirar un poco más su retirada del poder.
¿Existirán registros de viajes en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) o su desaparición será otro subproducto de la intervención militar que la Fuerza Aérea Uruguaya ejerció, y aun ejerce, sobre la aviación civil desde 1973?
¿Sacaron en esos viajes oportunos y sigilosos los millones de dólares en efectivo que el Goyo y los Alori acapararon con el Operativo Conserva, la infidencia del quiebre de la tablita y el vaciamiento del Banco Pan de Azúcar?
El actual ministro de Defensa, Javier García, tiene una linda oportunidad para intentar enmendar su error de protección y encubrimiento de los negociados militares de antaño. ¿Se animará?
Sobre el papel de la archivología en el inventariado de las instituciones públicas y su relación con la transparencia de la información pública, el pasado conoce todo tipo de destrucciones. Pero el presente también arroja el nivel de desidia, censura y ocultamiento expreso.
En la tesis de licenciatura de las archivólogas Eliana Martínez y Eliana Corbo, presentada y aprobada en 2021 en la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar, titulada “El camino recorrido: estudio acerca de la construcción de la identidad de los archivólogos en Uruguay”, una importante jerarca del Archivo General de la Nación entrevistada sobre las políticas de archivo y de transparencia del gobierno de Luis Lacalle Pou responde que “en Uruguay, nuestra tarea depende mucho del gobierno de turno. En este caso, el gobierno ha mostrado un total desinterés en la inversión de políticas públicas archivísticas, de información pública”, y luego agrega que “el Estado no se hace cargo del patrimonio documental ni de respetar el acceso a la información pública, ni de los documentos de la dictadura cívico militar ni de la búsqueda de la verdad y la justicia”.
La actitud del ministro Javier García lo expresa con total claridad. El orden y mando funcionan en favor de la omertá que sigue protegiendo a militares y a los empresarios corruptos asociados para delinquir.
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