Durante los últimos 30 años el Estudio Posadas, Posadas & Vecino ha sido mencionado en diferentes causas por lavado de dinero en Brasil, Argentina y Uruguay. Ha sobrevivido a todos los gobiernos aún cuando el Senado de EEUU y la DEA lo habían investigado y acusado.
Caras & Caretas 21 noviembre 2021
Por Carlos Peláez
“Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillos por los crímenes que se pudieran cometer con ellas”, dijo Ignacio De Posadas. Ahora aparece involucrado en un litigio por 8 hectáreas de costa del balneario Buenos Aires.
El Estudio Posadas, Posadas & Vecino cumplirá pronto 100 años de actividad. Creado por una de las familias más ricas de Uruguay y Argentina, tuvo en el doctor Ignacio De Posadas a uno de sus miembros más destacados, ya que en 1990 fue elegido senador y dos años después nombrado ministro de Economía y Finanzas por el entonces presidente Luis Lacalle Herrera.
Se define como “uno de los estudios de mayor tamaño y con más prestigio del Uruguay. Somos una firma de servicio completo, que desde el inicio ha comprendido que nuestros clientes precisan de soluciones únicas e integrales, convencidos de que a sus objetivos no se llega con fórmulas predefinidas, sino con involucramiento, creatividad y profesionalismo”.
Cuenta con unos 300 empleados entre los que hay unos 200 profesionales abogados, contadores, economistas y escribanos “entrenados en los cuatro rincones del mundo; un equipo talentoso y comprometido que trabaja desde sus oficinas en Montevideo (2 sedes), Zonamerica (Zona de Libre Comercio), Punta del Este y Suiza”, agregan en su presentación en la red Linkedin.
Creativos
Varios meses atrás estalló un conflicto con los vecinos residentes en el balneario Buenos Aires, quienes con argumentos legales y técnicos, se oponen a la enajenación de unas 8 hectáreas ubicadas en la franja costera de ese balneario y dónde una empresa privada pretende construir un condominio.
En febrero del año 2010 la Intendencia de Maldonado, entonces a cargo del frenteamplista Óscar De los Santos, dio por buena una resolución de Dirección de Hacienda dando de baja los padrones 10.108 y 10.109, ubicados al sur de ruta 10 frente al balneario Buenos Aires, “por tratarse de bienes de dominio público”.
Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en una demanda promovida por otros particulares sobre los mismos padrones, dictó sentencia definitiva, con autoridad de cosa juzgada, que fue favorable para la intendencia.
En dicha sentencia se afirma que, “según compraventa efectuada en 1938 entre las hermanas Píriz y el señor Víctor Sagredo, las enajenantes aceptaron expresamente la naturaleza fiscal de las tierras comprendidas entre la rambla costanera y la línea superior de la ribera, límite sur de los padrones de los que se desprendieron. En aquella escritura otorgada en 1938, emerge inequívocamente que las hermanas Píriz se desprendieron de las fracciones más australes de los padrones 6.012 y 6.013, que hoy se pretenden reclamar como privadas, identificadas con los números de padrón 10.108 y 10.109. Por otra parte, en el plano correspondiente al fraccionamiento balneario Buenos Aires, surge que de la rambla costanera al sur (es decir entre la ruta y el mar) no hay tierras privadas sino identificadas como zona de playa fiscal por lo cual ningún particular puede reclamar su titularidad.
Los actuales reclamantes con los que la Intendencia Departamental -a cargo ahora de Enrique Antía- ha querido transar a toda costa solo han demostrado ser sucesores del señor Sagredo y compradores a sucesores de este, con lo que están en la misma situación respecto a la titularidad de las tierras”.
En una demanda judicial iniciada por privados en el año 2016 la intendencia, a cargo del blanco Enrique Antía, fundamentó ampliamente que “los predios reclamados son de naturaleza pública”. Pero luego Antía cambió de opinión.
Según informó la periodista Mónica Robaina en el semanario Brecha “el intendente alejó del caso al equipo de abogados de carrera que hasta el momento había trabajado con éxito en defensa de padrones costeros, y designó como representantes a la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, y a la mano derecha de esta, Daniela Trota, con el propósito de llegar a una transacción extrajudicial, por vía administrativa, y desactivar el litigio antes de que la Justicia se expidiera sobre el fondo del asunto. Mientras duraron las negociaciones, bajo estricta reserva, las partes se presentaron sistemáticamente ante la sede civil de sexto turno para solicitar la interrupción del proceso.
En noviembre de 2018, con votos de los ediles blancos y colorados, la Junta Departamental autorizó el acuerdo, que implicó reconocer los padrones 10.108 y 10.109 (de casi cuatro hectáreas cada uno, valuados en 5 millones de dólares) a los principales accionistas de las sociedades panameñas, Pablo Reynal y Álvaro Cayol, también accionistas de Lenore SA, otra panameña propietaria de cientos de terrenos del balneario Buenos Aires, ubicados al norte de la ruta 10. Como contrapartida, la IDM recibía 150 de esos padrones de Lenore SA para “regularizar construcciones en esa zona y fortalecer sus planes de acceso a la vivienda”. Los particulares también se comprometieron a reconocer el dominio público de la faja costera de 150 metros (como exige el Código Nacional de Aguas) y a abrir siete calles de acceso a la playa. Sobre esta base, la IDM se comprometió a desistir de la demanda declarativa de propiedad y planteó a la Justicia la homologación del decreto de la transacción administrativa.
Algunos ediles frenteamplistas comunicaron lo ocurrido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su calidad de representante del Estado en la defensa de bienes fiscales. La movida significó otro dolor de cabeza para Antía, que venía de fracasar en su plan de ceder a privados la propiedad de otros terrenos cercanos, en la zona de Edén Rock (cercana a la boya petrolera)”, agregó Brecha .
La asesoría jurídica del ministerio dio por sentado que se trata de tierras fiscales, e invocó su derecho a participar en las actuaciones. Además, pidió una medida cautelar de no innovar hasta que la Justicia declarase la propiedad pública y fiscal de los padrones 10.108 y 10.109, para lo cual el juicio debía continuar. Por otra parte, los abogados del MEF acusaron a los jerarcas de la IDM de un “eventual delito de fraude procesal”, ya que antes de negociar la salida extrajudicial había presentado sólidos informes para respaldar el dominio público de los bienes.
Desde entonces se han planteado diferentes recursos ante la Justicia y el TCA lo que no impidió que la intendencia habilitara la mensura además de los planos y la construcción de calles que forman parte del complejo residencial turístico denominado La Orilla.
Involucrados
El pasado viernes otra vez Brecha informó que “los empresarios que reclaman los terrenos públicos y que pretenden regularizar padrones al norte de la ruta son asesorados, entre otros, por el estudio Posadas, Posadas & Vecino en contra de la IDM.
Lenore, Kalen y Arwin, cuyos accionistas principales son Álvaro Cayol y Pablo Reynal, presentan en su integración a otra panameña: PVCI Management que aparece como “suscriptor” del “pacto social” por el cual se crearon las tres firmas. En el régimen de las sociedades panameñas, un suscriptor suele ser aquel que las compra para sus clientes –estos quedan como accionistas administradores– y que crea los estatutos y la información definida como “pacto social”. PVCI Management está integrada por Francisco Obes, Raúl Vairo y Tomás Guerrero, todos socios del estudio Posadas, Posadas & Vecino, que además figura como representante de las empresas ante la Justicia, según consta en el expediente civil del caso, al que accedió Brecha.
El involucramiento del Estudio Posadas, Posadas & Vecino como litigante contra la intendencia aparece como un conflicto de intereses. Desde el año 2017 dicho estudio tiene a su cargo el recupero de la cartera de contribuyentes morosos de la intendencia.
Y no es lo único. Hasta el año pasado la señora María Magdalena Secco, esposa de Ignacio De Posadas, fue presidenta de la Fundación A Ganar, con la que el gobierno de Maldonado mantiene un contrato millonario. Entre otras cosas esta ONG le “aporta” funcionarios a la comuna, lo que según la oposición esconde la política de “clientelismo”. “Es la agencia de colocaciones del PN y hay varios dirigentes de peso involucrados”, dijeron ediles frentistas.
Antía se ha negado reiteradamente a informar sobre las características de este acuerdo y cuánto le cuesta al erario público. Sin embargo, “fuentes del gobierno”, que pidieron reserva de sus nombres, informaron que “en el período pasado se le entregó a esa fundación unos 6 millones de dólares”. Pero no se conoce el monto del contrato actual.
La fundación tiene presencia en varios departamentos donde hay gobierno blanco. El lunes se anunció una denuncia penal contra la Intendencia de Paysandú por presuntas irregularidades en los contratos con esta ONG.
Profesionales
En una entrevista publicada por la revista Noticias de Argentina el 31 de mayo de 1999, Abel Reynoso, jefe regional de la DEA con sede en Buenos Aires, dijo que “investigaba una red que lavó unos 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. En su agenda figuran 3 bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay y Brasil”.
Reynoso explicó detalladamente cómo y dónde se arma una sociedad anónima. Los nombres que expuso fueron los de “Ignacio de Posadas, Alcides Diniz, Emir Yoma, Juan Salinas de Gortari, Fernando Collor de Mello, Carlos Menen y Luis Alberto Lacalle”.
El agente especial explicó que “en esa investigación participaron el FBI y la US Securities Exchanges Commission (SEC) y desemboca en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el expresidente y entonces nuevamente candidato presidencial, Luis Lacalle Herrera”, en obvia referencia al Estudio De Posadas.
“Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillos por los crímenes que se pudieran cometer con ellas”, dijo luego Ignacio De Posadas.
El exministro de Economía afirmó que la plaza financiera uruguaya “no da para lavar dinero”, por lo que consideró que son “macanas” las acusaciones realizadas por la diputada argentina Elisa Carrió.
Aunque Carrió lo que hacía entonces era recoger lo que documentó una investigación del Senado de EEUU sobre lavado de dinero en América Latina y especialmente sobre el Citibank.
El conocido como “informe Carrió” recogía toda esa documentación más toda la información obtenida por la Comisión parlamentaria argentina. Y allí había datos concretos.
Por ejemplo un subcapítulo vincula a De Posadas con Gaith Pharaon
(definido por el FBI en los años 90 como el mayor lavador de dinero del
mundo) y con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, también
vinculado a Carlos Menem.
“El acta de constitución de Funds SA (empresa propiedad de Al Kassar)
fue suscripta por los mencionados Francisco Obes Secco y Tomás Guerrero
Costa, Ignacio De Posadas Montero (Casado Con María Magdalena Secco De
Souza), constando también la dirección: Juncal 1305, piso 21,
Montevideo”.
El documento agrega que “Tomás Guerrero Costa suscribió también el acta
de constitución de Quantum Trade SA, nuevamente con domicilio en Juncal
1305, piso 21, Montevideo. Los abogados de Merril Lynch Group, Tomás
Guerrero Costa y Juan C. Oreggia Carrau; pertenecían al estudio que
corre con la denominación ‘Posadas, Posadas & Vecino’, ubicado en la
calle Juncal 1305, piso 21 (Montevideo, Uruguay); precisamente el mismo
domicilio de la empresa ‘Comeral SA’ una empresa de servicios del grupo
Pharaon, cuyo único accionista (100%) era la empresa Concorde
International Trading (grupo Pharaon); siendo director de Comeral SA una
persona llamada Antonio C.L. de Souza Bandeira (no identificado hasta
el momento)».
En mayo de 1994 la jueza federal argentina María Servini de Cubrini, acompañada por la fiscal Alejandra Perroud, junto a jerarquías del Banco Central de ese país y de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, allanaron la sucursal uruguaya de Merril Lynch buscando documentación sobre Gaith Pharaon, quien estaba prófugo acusado por lavado de dinero. El allanamiento se hizo con anuencia de la Justicia uruguaya.
A la hora y media de estar allanando las oficinas y cuando habían obtenido muchísima documentación demostrativa de que las empresas de Pharaon eran manejadas por el estudio Posadas, Posadas & Vecino, abogados de este estudio interrumpieron el allanamiento aduciendo el secreto bancario, aunque Merril Lynch no era todavía una institución financiera. Una semana después el gobierno que De Posadas integraba la declaró casa bancaria.
Vale recordar que De Posadas fue director de Merril Lynch entre 1980 y 1989.
La relación del estudio con la política brasileña viene de finales de la década del 80, “cuando el empresario Alcides dos Santos Diniz utilizó los servicios del ‘señor Ignacio’ para colocar 5 millones de dólares en la campaña electoral de Fernando Collor de Mello a través de una SAFI (Sociedad Anónima Financiera de Inversión). La secretaria de Diniz, Sandra Fernandes de Oliveira, confesó y presentó documentación en la comisión investigadora parlamentaria de Brasil que confirmó el pago de honorarios a De Posadas”, escribió el periodista Gabriel Tenenbaum en Brecha.
Por su parte, el periodista Fabián Werner escribió en Sudestada que “el estudio Posadas, Posadas & Vecino recibió al menos 264.000 dólares del exdiputado brasileño Eduardo Cunha, preso por haber cobrado 1,5 millones de dólares de coima debido a su participación decisiva en la ruinosa compra de los derechos de explotación de un pozo petrolero en Benín.
Según el Ministerio Público y Fiscal de Brasil, el dinero que engordaba la cuenta de Orion SP provenía de «valores desviados de Petrobras». Por lo tanto, los 264.000 dólares pagados por Cunha al bufete provinieron del dinero sucio extraído de la empresa petrolera a fin de pagar los servicios de asesoría para blanquear los sobornos.
El origen del dinero fue la cuenta Orion SP #481602 que Cunha manejaba en el banco Merryl Lynch y que había sido abierta por De Posadas. El dinero se transfirió a la cuenta Nº 060-439429-001 en el banco HSBC de Nueva York.
La coima de 1,5 millones de dólares fue recibida en varias entregas, a través de distintas empresas en diferentes cuentas bancarias. Algunas de esas transacciones se hicieron a través de una cuenta en Ginebra, en la sucursal del banco Merryl Lynch (que luego cambió su denominación a Julius Baer), a nombre de la empresa Netherton Investments PTE Ltda., con sede en Singapur.
Quien abrió la cuenta en Ginebra a nombre de la offshore de Singapur fue el abogado Luis María Piñeyrúa Pittaluga del estudio de abogados uruguayo Posadas & Vecino, sostuvo Werner.
Sudestada informó además que “otra vez el estudio jurídico y contable que lleva el nombre del exministro de Economía aparece señalado en una causa judicial en el exterior como el articulador de maniobras de lavado de dinero. En este caso, fue uno de los principales exdirectivos de la empresa Petróleos Brasileiros SA (Petrobras) el que se valió de sus servicios para ocultar el rastro del dinero.
En el curso de la investigación, la Policía Federal brasileña definió al estudio Posadas, Posadas & Vecino como “responsable de la administración de las empresas extranjeras” de un escritorio de Río de Janeiro denominado “JRF Consultoria Empresaria Ltda.”. Este bufete, según los investigadores, se dedica “a ocultar la titularidad de los propietarios de empresas en Brasil y en el exterior, y consecuentemente ocultar su patrimonio”.
Junto a Agustin Urtubey y Rosario Medero, Ignacio De Posadas participó activamente en la venta del Banco Comercial a los hermanos Rohm durante el gobierno de Lacalle Herrera.
El Estudio De Posadas fue contratado por el gobierno de José Mujica para elaborar la estructura jurídica de Gas Sayago, la empresa que operaría la regasificadora y a la vez encargarse de la auditoría sobre las empresas extranjeras que se presentarían a la licitación. Así llegó la empresa brasilera OAS, la cual luego debió abandonar el proyecto al quedar involucrada en el esquema de pago de coimas denominado Lava jato.
Ignacio De Posadas se retiró del estudio que lleva su nombre. Pero la “fábrica de cuchillos” siguió adelante.
>>> Nota de Sudestada que fue objeto de censura en el buscador de Google
Leela acá bit.ly/3qVhK3z
El estudio De Posadas prestó sus servicios para crear y administrar empresas que sirvieron para blanquear dinero de Lava Jato. Ese fue el caso de Forbal, una sociedad anónima uruguaya con domicilio en Montevideo
Forbal había sido creada por el estudio Posadas, Posadas & Vecino, que a su vez engendró una gemela llamada Forbal Investment en Belize, en la que figuraba su empleado Luis María Piñeyrúa Pittaluga como director.
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