Casi al final del segundo año de gobierno, varios jefes de Policía, el coordinador de jefatura de Maldonado y el director de la Brigada Antidrogas de San José renunciaron o fueron destituidos y algunos procesados por hechos vinculados a corrupción. Al mismo tiempo decenas de policías de todo el país han sido procesados por graves delitos.
Caras & caretas 28 noviembre 2021
Por Carlos Peláez
Desde 1985 hasta hoy impresiona la cantidad de policías involucrados en actos delictivos. Con narcotraficantes, con automotores, con trata de mujeres, con asesinatos, femicidios, con mafias organizadas, con delincuentes comunes, con torturas.
Aquellos eran tiempos de mafias policiales organizadas en “La Garra”, por ejemplo. Herederos de Víctor Castiglioni eran Coito y Lemos. Era la época de Orden Público, Automotores o Hurtos y Rapiñas, dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo, donde muchas veces la única diferencia entre el funcionario y el delincuente era el uniforme.
La seguridad no debió ser nunca un comodín para el debate público, porque es un asunto de extrema gravedad y compleja resolución.
No alcanza solo con perseguir y encarcelar delincuentes. Son problemas importantes la situación de la cárceles; los avances del narco y la existencia de nuevos delitos como el sicariato. Pero también es un grave problema la calidad de nuestra policía.
Sería injusto acusar a todos los policías, porque se sabe que la absoluta mayoría son honestos y abnegados ciudadanos dispuestos a exponer su vida para cuidar la nuestra. Nada menos.
Pero no basta con gritar “al policía se lo respeta”, si el policía no es visto como un ciudadano respetable.
En 2010 el Director Nacional de Policía Julio Guarteche decía a El País: «Tenemos, prácticamente, un escándalo de corrupción por semana y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra».
Entonces una de las primeras medidas de Eduardo Bonomi fue fortalecer a la Dirección de Asuntos Internos. A su frente se puso a la abogada Estela González, que hasta entonces no había tenido ningún vínculo con la Policía. Junto a ella trabajaron un grupo de jóvenes comisarios, casi todos con formación universitaria y sin ninguna vinculación con oficiales que habían desprestigiado a la institución policial.
En 10 años lograron la destitución de 3.000 policías, el 10% de la fuerza. Una cifra que revela la magnitud del problema.
No se puede negar la corrupción
El 26 de marzo de 2019 el subsecretario del ministerio, Jorge Vázquez, envió una comunicación a Asuntos Internos solicitando información relacionada con “presuntos hechos de corrupción o irregularidades” denunciados durante los últimos años, que involucran a personal policial de todo el país. Vázquez recibió, semanas después, un expediente con detalles acerca de las actuaciones de esa repartición.
El documento, obtenido por Brecha, revela el aluvión de denuncias que el principal órgano de contralor interno de la cartera tuvo que enfrentar, con escasos recursos y una demanda creciente.
Entre 2015 y abril de 2019 “se han denunciado 22.077 irregularidades o presuntos hechos de corrupción”, respondían a Vázquez desde Asuntos Internos. Es decir, 5.519 casos al año o poco más de 15 casos diarios, incluidos sábados, domingos y feriados.
Pero el asunto era más grave. Por el 0800 5000 –número de atención al usuario– se recibían llamadas de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Trabajaban allí 24 personas en dos turnos. Según el expediente elevado a Vázquez, solo en 2015 se atendieron 42.340 llamadas. En los años sucesivos el caudal fue disminuyendo: en 2016 se atendieron 40.822, en 2017 fueron 39.713 y en 2018, 32.533. Esto no quiere decir que las llamadas disminuyeran. Debido a la escasez de recursos humanos abocados a la tarea, año a año más llamadas fueron quedando sin atender. En el documento, Asuntos Internos consigna que se ha registrado un “aumento significativo de llamadas por parte de usuarios a este servicio en el presente año (2019), con importante nivel de llamadas que se registran abandonadas o no atendidas”. En efecto: en 2015 quedaron por el camino 13.044 llamadas. En 2016 el número descendió: no se atendieron 9.170. Pero en 2017 las llamadas ignoradas fueron 16.359, y en 2018 quedaron 41.358 sin atender (es decir: se atendieron menos de la mitad de las llamadas recibidas).
¿Alguien puede creer que con el cambio de gobierno estos números descenderían como por arte de magia? Si bien es probable que en el año 2020 con pandemia en pleno desarrollo y la gente voluntariamente encerrada, los casos de abusos policiales pudieron descender, pero, con la recuperación de la actividad, los datos nuevos están a la vista. Y se llevan por delante a varios jerarcas.
En enero de 2020 en Salto se descubrió que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos y datos personales de 40 policías. El subjefe de Policía, comisario Mayor Adolfo Cuello, aseguró que de la pericia realizada del teléfono celular, se encontró que toda la información que tenía la Brasilera provenía del celular de una mujer oficial de Policía.
En junio una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas.
En agosto la Justicia de San José imputó al jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento y a otros tres policías por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.
En octubre del mismo año fue destituido el jefe de Policía de Flores por “incumplir órdenes del Ministerio”. Y en el mismo tiempo se destituyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, por “haberse reunido con el exdirector de Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal”.
En junio de este año varias personas denunciaron que policías de Treinta y Tres les pedían dinero para recuperar objetos robados. Un delegado del Sindicato Policial denunció que el jefe de Policía, comisario Gustavo Silveira, “estaba en conocimiento de graves denuncias y no había hecho nada con ellas, por considerar que eran hechos banales y rumores”. Luego, Silveira solicitó ante la Dirección Nacional de Policía un sumario para el efectivo denunciante “por hechos banales”. Pero Yeniffer Izquierdo, abogada del sindicato policial, dijo a medios locales que “hay corrupción en mandos medios y mandos superiores”, y pidió “proteger” al efectivo que realizó la denuncia. Otra denuncia señaló a un efectivo por acosar menores en la vía pública. El policía que denunció a su superior fue interceptado cuando paseaba con su familia por móviles policiales que aseguraron haberlo confundido con un delincuente, agregó el medio radial. Estas denuncias son investigadas en Melo debido a que la actuaria del juzgado olimareño es familiar directa de uno de los involucrados.
También en junio tres policías de Artigas fueron formalizados por “abuso de funciones” y uno de ellos por “lesiones graves”. La acción judicial estuvo motivada por un procedimiento realizado en la vía pública que terminó con una persona herida de bala.
En junio, mal mes para corruptos, fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue procesado y enviado a prisión.
A principios de los 2000, Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones” acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad y sin que se le instruyera sumario, volvió ahora como comisario de San Carlos.
Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la Policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira, quien antes de ser coordinador de Jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.
A mediados de octubre renunció el jefe de Policía de Río Negro, comisario (r) Martín Botto, acusado de proteger a un oficial de esa Jefatura imputado por la justicia por reiterados delitos de abuso sexual agravado
Hace 15 días fue procesado el subcomisario Ricardo Perdomo, hoy en Cerro Largo, pero hasta hace pocos meses en Maldonado, por el delito de tráfico interno de armas.
En el mismo tiempo la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.
Una semana atrás fue procesado otro policía por un caso de contrabando de materiales para el estadio municipal Antonio Ubilla. Como consecuencia renunció el jefe de Policía José Adán Olivera. Este jerarca había sido destituido del mismo cargo a fines de marzo del 2018. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el motivo de la remoción “fue la baja de las incautaciones de droga y contrabando en Río Branco y Aceguá. En Río Branco en un primer momento hubo mucho decomiso de drogas; después no, ni de drogas ni de contrabando y se reprodujo el abigeato. Lo mismo en Aceguá. Y muchos de los cargamentos que entraban al país se los detenía en Lavalleja y Treinta y Tres, pero había pasado por Río Branco”.
Ahora la fiscal de Melo, Letizia Sequeira, lo denunció por “violación de secreto”. La fiscalía dispone de grabaciones en las que se escucha a Olivera advertirle a su ex mano derecha, Fernando Farías un policía procesado, que estaba siendo investigado. El exjerarca policial declaró el miércoles ante la fiscal de Treinta y Tres, Ana Paula Segovia, quien citará a otros testigos.
El relato de un exjuez penal
Unos años atrás un exjuez penal relató a este cronista como actuaban funcionarios policiales corruptos de Montevideo. El primer caso fue la detección por parte de un grupo de policías honestos que en una seccional policial capitalina a cambio de una importante suma de dinero, se aseguraba a un par de delincuentes la impunidad en determinadas zonas de su jurisdicción.
Les garantizaban que en horas a convenir entre ellos, estos malvivientes podían actuar libremente porque los efectivos de la seccional no iban a perseguirlos y solamente harían una parodia de intervención. Se hizo un seguimiento del asunto por varios meses, hasta que se logró determinar el lugar y la hora en que se haría la entrega del dinero a los policías.
“Pero en esos días comenzó la Feria Judicial menor y el día de la entrega no pude intervenir en la coordinación del procedimiento”, relató el exmagistrado. “El juez de Feria actuó perfectamente, pero hubo un apresuramiento en el afán de que todo saliera correctamente y si bien se logró la detención de uno de los delincuentes, y de algunos policías, no se logró detener al comisario de la seccional que era quien dirigía la maniobra delictiva. Se logró procesar a algunos funcionarios subalternos, a un oficial principal no se lo pudo procesar pero se obtuvo su retiro del instituto policial, pues era encargado de la seguridad de una importante mutualista, cuando estaba específicamente prohibido el ejercicio de tales tareas. Se desbarató la organización y momentáneamente se terminó con la impunidad”, agregó el exjuez.
El otro caso ocurrió cuando varios jueces penales habían detectado que los encargados de las investigaciones solicitaban una cantidad exagerada de órdenes de allanamiento, las cuales en su inmensa mayoría no arrojaban resultados positivos. Uno de esos jueces siempre fue reacio a otorgar órdenes de allanamiento sin fundamentos claros y específicos. Con otros funcionarios judiciales comenzaron a indagar a los detenidos respecto a si habían sufrido algún abuso policial. Pero fue entonces cuando varios abogados defensores, tanto de oficio como privados, comenzaron a confiarles relatos que les hacían sus defendidos y que en muy buena medida explicaban las razones del fracaso de las órdenes de allanamiento.
Supieron entonces que los policías que efectuaban los allanamientos, les sacaban la droga a sus defendidos, así como todos los efectos que tenían en su poder por la venta de los estupefacientes, tales como electrodomésticos, instrumentos musicales y los más variados objetos. Les decían que iban a informar al juez que no habían encontrado nada y que por tanto no los detendrían, pero que en 10 o 15 días iban a volver y tenían que entregarles a cambio 200.000 pesos. Si no lo hacían, juntarían más droga de otros procedimientos, pedirían un nuevo allanamiento a otro juez, los detendrían y los pondrían a disposición judicial listos para ser procesados. Era una inversión segura: ningún detenido iba a denunciar el procedimiento policial deshonesto, pues supondría autoincriminarse. Es obvio que no podrían denunciar lo ocurrido, pues no podrían justificar cómo tenían en su poder los efectos. Esta modalidad era la más peligrosa, pues conllevaba un aumento desmedido de los delitos de hurto y de rapiña, porque los dueños de las bocas de venta de droga le urgían a sus clientes que salieran a robar y a rapiñar para conseguir el dinero que debían entregar a los policías corruptos”.
Otra modalidad similar consistía en que un par de policías que patrullaban en móviles entraran de noche en cualquier boca de drogas y mediante amenazas con armas, se llevaban todos los efectos que se encontraban en el lugar. Ante las protestas de los dueños de la boca, los policías les decían que no se hicieran problemas, que fueran a la seccional a denunciarlos. Obviamente no iban a denunciarlos, pues nadie iría a una dependencia policial a decir que les habían robado los efectos de un delito”.
El muro azul
Para poder denunciar actos de corrupción el sindicato de Funcionarios Policiales del Uruguay (Sifpom) propone la creación de una fiscalía para que los efectivos puedan denunciar hechos delictivos de forma anónima y eviten represalias, como traslados o descuentos salariales abusivos.
El Sifpom propone crear un ámbito en el que los policías puedan denunciar y se preserve su identidad, ya que advierten que inmediatamente que un efectivo realiza una denuncia “se le está avisando al jerarca” denunciado, y en algunos casos es el denunciado quien realiza la investigación interna, advirtió.
Para Patricia Rodríguez, dirigente de ese sindicato, “hay un antes y un después en la sindicalización, porque en la Policía, en un régimen vertical y de mando, hay mucho acoso sexual, muchísimo. El que está arriba tuyo se siente con la potestad… Tiene una forma de presionarte, si quiere, y una discrecionalidad que tienen, cuando llegan a ciertos mandos, que pueden jugar con la vida de un trabajador. Si yo me negaba a una orden de un jefe, ya era posibilidad de que te cambien de turno, de que te cambien de lugar de trabajo. Vivís en una punta de la ciudad y te mandan a trabajar a la otra”.
El abuso de las jerarquías policiales se expresa de muchas formas, no solo por las que señala Rodríguez. Por ejemplo en la distribución de las horas ciudad, los servicios especiales y aun en aquellos que están prohibidos pero siguen funcionando como el “tener agencias de seguridad mientras se está en actividad”.
La secretaria general del sindicato policial, señaló que “lamentablemente, lo que nosotros vemos y de lo que tenemos de prueba, es que muchas veces se filtra información reservada y eso no está bueno que pase, porque esa filtración deja expuesto al compañero que denuncia”.
Son muchos los policías sancionados o descalificados por denunciar corrupción en propias filas. Contra el “muro azul” es difícil luchar.
Una institución dividida
Ciertamente con espíritu revanchista, Jorge Larrañaga destruyó algunas de las buenas cosas que había hecho su antecesor Eduardo Bonomi.
Durante años este último alejó de la fuerza policial a oficiales que no habían dignificado la profesión y logró incorporar a jóvenes con formación universitaria en su mayoría. Apoyado en Guarteche, fortaleció a la División Asuntos Internos, antes casi inexistente.
Larrañaga corrió a los jóvenes y trajo a todos los viejos, no por mejores, sino por pertenencia partidaria. Ahora se ven los resultados.
Alguien puede sentirse tentado a creer que el ministerio está llevando adelante una denodada lucha contra la corrupción. Nada más lejos de la verdad. En realidad los corruptos han caído en el marco de investigaciones por otros delitos o denunciados, con mucho riesgo, por honestos policías.
El Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma), uno de los más viejos, reclamó la destitución del director nacional de Policía, Diego Fernández, afirmando que “la fuerza está liderada por retirados nostálgicos que reinstalaron viejas prácticas dañinas”
Funcionarios policiales que aceptaron hablar con Caras y Caretas a condición de no ser identificados, se preguntaron: “¿Cómo podemos confiar en nuestros superiores si nos enteramos de que les avisan a los delincuentes que van a ser allanados? Nosotros le ponemos el cuerpo a las balas y ellos nos entregan. ¿De quién tenemos que cuidarnos?”, volvieron a preguntarse.
Guarteche explicaba que “la corrupción significa un flanco que no podemos dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la ampare”.
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