Donde manda capitán

 

Brecha  5 noviembre 2021

Por presuntos delitos de millonarias malversaciones y serias desprolijidades en el manejo de dineros, el ministro de Defensa, Javier García, aplica un criterio de doble vara: denuncia ante la Justicia a 12 oficiales de la Armada, entre ellos dos almirantes, pero se abstiene de denunciar al excomandante del Ejército por las mismas graves irregularidades. En el caso de la Marina, existía el pretexto de un agujero legal que reclama inocencia; en el Ejército, la única explicación de la inacción radica en que el más notorio involucrado es ahora el más connotado senador de la república que vistió uniforme.

En los círculos jerárquicos de la Armada Nacional, la decisión del ministro de Defensa Nacional, Javier García, de activar una denuncia penal contra dos almirantes retirados y otros diez altos oficiales generó un malestar y un recelo que reavivaron enconos aletargados desde la drástica purga de 1973, durante la primera fase del golpe de Estado, cuando la Marina decidió respaldar la vigencia de la Constitución y apoyar al presidente Juan María Bordaberry, quien retribuyó el gesto pactando con el Ejército y la Fuerza Aérea.

Las resoluciones del Ministerio de Defensa, que según fuentes consultadas por Brecha provocaron un «estado de asamblea», se originaron en una investigación administrativa que derivó en una auditoría. De ella surgió evidencia de «manejos fraudulentos» en el pago de viáticos y horas extra en los servicios de inspección de buques mercantes que entran al puerto de Montevideo o que navegan por aguas territoriales.

La denuncia penal reclama la investigación judicial por presuntos delitos de malversación en el pago de horas extra no trabajadas, omisiones en los registros de las inspecciones y faltantes de dinero.

UN AGUJERO NEGRO

Según explicó después la Armada Nacional mediante un comunicado, por falta de normas que regularan la actividad –y que el Comando dice que se venían reclamando desde hace décadas– el pago de las horas extra al personal encargado de los servicios de inspección de barcos mercantes se registraba como viáticos. La excepcionalidad –que implicaba incluso que no se hicieran por esos pagos los aportes correspondientes a la jubilación– se subsanó en 2020 cuando el actual gobierno presentó en el Parlamento el presupuesto quinquenal, estableciendo un artículo que corregía la anormalidad.

Mientras se discutía el presupuesto y se reglamentaba la norma, el Ministerio de Defensa dispuso la suspensión de la liquidación de las horas extra. Fue así que, mientras desde la Armada se hacía conocer el descontento por la retención de haberes, surgieron indicios de irregularidades que motivaron una auditoría a cargo de un abogado y un contador del ministerio. Y, después, una investigación administrativa, que cubrió el estudio de los servicios de inspección de barcos mercantes de los últimos cinco años, es decir, durante el último gobierno del Frente Amplio, por más que se especificó que las irregularidades databan de décadas. La investigación reveló una iniciativa del ministro Eleuterio Fernández Huidobro, quien elevó un proyecto de ley que el Parlamento finalmente no llegó a considerar; ese hecho es manejado por la Armada para fundamentar la responsabilidad de los políticos en la ausencia de normas correctoras.

Los jerarcas de la Armada responsables de los organismos que ejecutaban y controlaban los servicios de inspección fueron citados a declarar en el transcurso de la investigación administrativa. Y una vez confirmadas las irregularidades (cobro de horas extra no trabajadas y faltantes de dinero), el ministerio decidió elevar a la Justicia el expediente. En consecuencia, fueron identificados como eventuales responsables los almirantes Leonardo Alonso y Carlos Abilleira y los capitanes de navío Juan Gabriel Diez, Gustavo Aleizon, Carlos Montaña, Jorge Bertrand, Fabio de los Santos, Marcelo D’Anato, Ariel dos Santos, Fabián Alves, Ramiro Hualde y Pablo Hauret.

La difusión de la nómina de los supuestos implicados, que abarca a los principales jefes de la Armada de la última década (cuyos cargos son equivalentes a generales y coroneles), provocó estupor en la oficialidad en actividad y un sentimiento de rechazo hacia la decisión ministerial por lo que consideraron un «escrache». Inevitablemente, como reacción, se «reflotó» otra auditoría que tenía puntos en común y que dejaba en evidencia prácticas similares registradas en el Ejército, pero que no fueron tratadas con el mismo rigor.

EN REITERACIÓN REAL

El Servicio de Cantinas Militares (SCCMM) del Ejército es un viejo conocido de los organismos estatales de control. Le han sacado innumerables tarjetas rojas, pero, se sabe, el Ejército es intocable.

Una de las últimas medidas adoptadas por José Bayardi como ministro de Defensa Nacional fue aplicar una sanción de apercibimiento al coronel Jorge Laquintana. Dicha sanción estaba incluida en la resolución número 75291, del 21 de febrero de 2020, debido a la reclamación de un funcionario que había hecho un juicio por haberes incobrados. Bayardi ordenaba «prohibir al SCCMM la contratación de personal civil y/o militar en situación de retiro», y «encomendar al Comando General del Ejército que en un plazo de 180 días, eleve a esta Secretaría de Estado un proyecto de ley que defina la naturaleza jurídica, estructura orgánica y funcionamiento del SCCMM».

Ninguna de las dos medidas propuestas fue ejecutada por su sucesor, el ministro Javier García. Una auditoría del Ministerio de Economía del 4 de enero de 2021 revelaba el grado de descontrol en que, una vez más, había caído el SCCMM, que, es importante señalarlo, depende directamente del Comando General del Ejército. A fines de 2020, el SCCMM (que incluía 24 puntos de venta en todo el país: seis supermercados y 18 cantinas, además de dos despachos de medicamentos en Montevideo) tenía 164 funcionarios, de los cuales 133 eran civiles contratados. Toda la responsabilidad estaba a cargo de nueve oficiales. Ese volumen de personal civil contratado era designado directamente por el director del servicio, cuando por ley debía ser contratado por el Poder Ejecutivo. Entre 2011 y octubre de 2020, el Ministerio de Defensa debió enfrentar 16 procesos judiciales por reclamos salariales.

 

Los beneficiarios del SCCMM son el personal de las Fuerzas Armadas en actividad o en situación de retiro, y sus familiares. Ese universo de clientes compró alimentos, electrodomésticos, ropa, calzado, pasajes, paquetes turísticos y medicamentos por un total de 400 millones de pesos anuales, según la contabilización al comienzo de 2020. Lo significativo es que la mitad de esa cifra corresponde a medicamentos.

Sin embargo, los aspectos más urticantes de la auditoría dada a conocer en enero de 2021 habían tenido un preestreno meses antes, en octubre de 2020, cuando el fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez, inició una investigación a raíz de dos denuncias, de dos funcionarios del SCCMM, sobre faltante de mercaderías y connivencia de militares con proveedores. Las denuncias, que fueron unificadas, se presentaron una ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y otra ante el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección de Crimen Organizado. Al parecer, esas denuncias activaron la auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas, que culminó a principios de este año.

Analizando el período comprendido entre enero de 2019 y julio de 2020, los auditores registraron gravísimas situaciones en los dos grandes rubros de comercialización: despacho de medicamentos y gestión de las cantinas/supermercados propiamente dichos.

UN DOLOR DE CABEZA

Debido a la estructura de funcionamiento, caracterizada por una ausencia de controles, el despacho de medicamentos reveló una serie de irregularidades que suponen la reiteración de delitos y actos de corrupción. El informe de auditoría señala: «Venta de medicamentos sin criterios definidos en cuanto a cantidades de compra permitidas por usuario, que determina que no se pueda asegurar que hayan sido efectuadas para el consumo exclusivo de los beneficiarios del servicio»; en otras palabras, que haya operado un sistema de mercado negro, y también: «Compra de medicamentos a precios superiores a los pagos por la Unidad Centralizada de Adquisiciones».

La conclusión anota la probabilidad de que «no se recaude por lo efectivamente vendido, que se adquieran medicamentos para la reventa, que se hagan ventas a personas sin autorización, que se pague por encima del mercado, que haya pagos por medicamentos no recibidos, que haya pagos duplicados y que exista faltante de mercadería». Precisamente porque el precio de los medicamentos que se venden en el SCCMM es sensiblemente inferior al del mercado, resulta aún más grave la ausencia de controles: «No hay un criterio establecido sobre la cantidad de medicamentos vendidos a un usuario; no se asegura que el consumo sea exclusivo de los beneficiarios y sus familias; no existen registros con datos del núcleo familiar que permitan verificar la relación entre las cantidades compradas y la cantidad de personas que componen el núcleo familiar del beneficiario».

DE LA PLAZA DE ARMAS A LA GÓNDOLA

El SCCMM «surgió con el objetivo de proporcionar al personal militar y su familia artículos de primera necesidad en condiciones accesibles y beneficiosas, a través de cantinas en los distintos batallones o brigadas». Desde el punto de vista institucional depende del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, que depende del Comando General del Ejército. Todas las compras que se hacen en el servicio se debitan de los sueldos o las pensiones del personal militar. El volumen de ventas estaba limitado a la oferta de las cantinas en cada unidad. La aparición de los supermercados militares multiplicó las ventas y, entre otras cosas, hizo más accesible el consumo para los familiares de los beneficiarios. No es posible determinar si el servicio se autosustenta o si, por el contrario, genera pérdida, porque su estructura económico-financiera se sumerge en la estructura del Comando General del Ejército. Parece poco probable que el servicio brinde beneficios, debido al sistema de precios «subsidiados», y a pesar de que todos los egresos (sueldos, compensaciones, viáticos, combustible, inmuebles, vehículos y los servicios de OSE, ANTEL, UTE) corren por cuenta del presupuesto del Comando General del Ejército.

En materia de «casino y supermercados», la auditoría comprobó deficiencias en el control de proveedores e irregularidades en la gestión del stock, todo lo que deriva en faltante de mercadería y compras innecesarias.

EL COMANDANTE ADMINISTRA EL DINERO

Sin embargo, el punto crítico de la auditoría estuvo referido a las transferencias de dinero y a las rendiciones de cuentas. Los auditores afirmaron que «no es posible asegurar que los fondos administrados por el SCCMM, que constituyen fondos públicos, sean destinados de acuerdo a la normativa vigente».

Se comprobó que los fondos administrados por el SCCMM «no son rendidos al Ministerio de Defensa Nacional ni ingresan en la Cuenta Única Nacional», con lo que «se configura el riesgo de que se utilicen fondos con un destino diferente al establecido en la normativa».

El documento del Ministerio de Economía afirma que en 2017 hubo un egreso de fondos desde SCCMM hacia el Comando General del Ejército por 200 mil dólares en efectivo, y otro en 2019 por 6 millones de pesos, mediante un cheque al portador. Los auditores consignaron que fue imposible obtener evidencia de que el Comando General del Ejército hubiera solicitado la transferencia de los 200 mil dólares en efectivo, ni que el Ministerio de Defensa lo haya invertido, como se argumentó, para «atender las necesidades más apremiantes del personal de tropa». Si bien se obtuvo una explicación del Comando del Ejército, en el sentido de que se había individualizado a quien recibió el dinero en nombre del Estado Mayor Personal del comandante en jefe, este organismo no proporcionó «documentación probatoria de que los fondos hubieran ingresado en una cuenta bancaria del Estado».

El episodio del cheque al portador por 6 millones de pesos, emitido el 25 de enero de 2019 y cobrado el 28 de ese mismo mes, es todavía más opaco: la auditoría consigna que tres meses después, el 1 de mayo de 2019, «fue proporcionado un recibo interno donde se confirma la recepción con destino al Fondo Especial de Cantinas Militares, administrado por el comandante en jefe del Ejército».

En ambos episodios, el responsable del Comando General del Ejército y del Estado Mayor Personal era el propio comandante en jefe, es decir, en aquel entonces, el general Guido Manini Ríos, que ocupó la comandancia entre el 1 de febrero de 2015 y el 12 de marzo de 2019, cuando fue obligado a pasar a retiro. Resulta sugestivo que el recibo interno que atribuye la recepción del cheque con destino al fondo especial que administraba Manini apareció cuando este ya no ocupaba la comandancia del Ejército.

Aunque el ministro García anunció, cuando se conoció la auditoría, la creación de una comisión con el cometido de hacer un seguimiento del SCCMM, con el objetivo de controlar que se cumplan las recomendaciones de la Auditoría Interna de la Nación, hasta ahora no ha trascendido que se hayan tomado medidas similares a las aplicadas en la Armada Nacional, aunque las irregularidades y presuntos actos de corrupción son tanto o más graves que aquellas.

El general Guido Manini no se ha sentido en la obligación de dar explicaciones sobre la administración del fondo especial que estaba bajo su directa responsabilidad.

CARAS & CARETAS Por Ricardo Pose 16 mayo, 2021

 

No es la primera vez que los casos de abusos de funciones y prácticas que pueden tipificarse de corrupción tienen como protagonistas a las autoridades militares de Cantinas Militares.

Tampoco es la primera vez que una auditoría realizada bajo los distintos gobiernos advierte a las autoridades políticas y civiles del Ministerio de Defensa de la necesidad de poner coto en esa suerte de ente autónomo en el cual se convierte el servicio de Cantinas, gobernado por los caprichos del director de turno.

Bajo la última administración frenteamplista fue escandalosa la gestión del coronel Arturo Astudillo, denunciado por prácticas que iban desde casos de acoso laboral y sexual, hasta manejos inescrupulosos de las finanzas y los contratos con proveedores en su provecho.

El coronel Astudillo fue sancionado por el entonces ministro frenteamplista José Bayardi.

Removidas las autoridades de Cantinas Militares, en el medio de los cambios en el gobierno nacional y las autoridades del Ministerio de Defensa, una nueva denuncia se vuelve a presentar contras las autoridades del servicio, de la cuál informó oportunamente Caras y Caretas en el artículo «Huele fétido en Cantinas Militares» en setiembre del año pasado.

Actos de corrupción, abuso de poder y de funciones, acosos laborales e irregularidades administrativas y financieras, son algunos de los elementos que la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del Fiscal Enrique Rodríguez, sigue investigando.

Desde setiembre del año pasado a mayo de 2021, varias cosas pasaron en Cantinas. La auditoría realizada confirmó algunas de las denuncias presentadas a Fiscalía, pero no necesariamente las más importantes.

Muchos contratos del personal civil no fueron renovados o los que estaban aún vigentes sufrieron algún tipo de medida sancionatoria  por la vía de traslados y designación de funciones muy por debajo de las capacidades.

El ministro Javier García removió a alguna de las autoridades de Cantinas Militares, pero también fueron removidos funcionarios militares, casualmente testigos de las denuncias presentadas.

Una de las tenientes que presentó denuncia fue primero traslada al Servicio de Material y Armamento y luego se le asignó como destino una unidad en Minas, Lavalleja, una forma elegante de obligarla a solicitar retiro voluntario.

El mayor Miguel Conti, jefe de adquisiciones de Cantinas Militares y uno de los principales denunciados, fue discretamente trasladado al Comando de Apoyo Logístico del Ejército.

Los escasos sumarios administrativos llevados adelante por el Ministerio de Defensa, a pesar de seguir en curso la denuncia penal, no hallaron méritos sobre algunas denuncias de acoso laboral, encontrando en el salomónico cambio de destino la justicia necesaria.

Fuentes del Ejército informaron a Caras y Caretas que hay un malestar generalizado con la actuación de las autoridades del Ministerio con respecto al manejo sobre las denuncias presentadas.

Tomando una sugerencia de la auditoría, en enero de este año se conformó una comisión presidida por el subsecretario del ministerio, el coronel retirado Rivera Elgue, y tres profesionales de la cartera, a fin de determinar las funciones de Cantinas Militares y definir el marco jurídico del servicio con respecto al resto de la estructura del ministerio, marco jurídico que curiosamente no existía.

A pesar de que la comisión todavía no se expidió, nuestras fuentes adelantan que parte de las resoluciones de la comisión seguramente apunten a eliminar varios puestos de ventas de Cantinas Militares y hacer desaparecer el personal civil, personal que por desprolijidades en los contratos y en la forma de vínculo ha ganado varios juicios laborales presentados contra el ministerio.

«La vuelta a García está pagada», nos reveló una fuente. «Cantinas militares es la maniobra diversionista que se presentará como una de las grandes transformaciones de gestión de un ministro que desconoce la tormenta que se está armando dentro del Ejército a sus espaldas».

 

Jugando con fuego

En todas las ramas de las Fuerzas Armadas hay un convencimiento de que Javier García está utilizando el Ministerio de Defensa para su carrera política y algunos hasta sospechan de que ambiciona una futura candidatura presidencial.

Si bien reconocen que está dentro de las reglas de juego que una nueva autoridad renueve los cuadros ministeriales con su personal de confianza, alertan que la imposición en lugares claves de la estructura militar de militantes del Partido Nacional está desequilibrando arriesgadamente los distintos grupos de poder, particularmente dentro del Ejército.

Nuestra fuente pretende tranquilizarnos cuando dice que por el momento no hay ningún aventurero que ponga en riesgo la institucionalidad, pero no deben confundirse el acatamiento y subordinación a la constitucionalidad con la lealtad al ministro político de turno, y subraya que en la jerga militar “el político” tiene un cierto sentido peyorativo y Javier García es visto por la oficialidad como el prototipo “del político profesional”

 

Es la economía, estúpido

Cierta parte de la oficialidad de la Armada está molesta con García por el tratamiento que este le dio a esa fuerza en lo presupuestal.

En la Fuerza Aérea, la oficialidad se divide entre quienes vieron jerarquizadas su función por los vuelos humanitarios hasta quienes sintieron vergüenza ajena por el manejo en la compra de los aviones Hércules y los fletes de las congeladoras para las vacunas contra la covid-19.

En el Ejército tienen la sensación de que García camina perdido sobre una alfombra de huevos.

 

Fuego cruzado

Las denuncias de acomodo de familiares dentro del Ejército por parte de algunos oficiales y denuncias de gestión corren como reguero de pólvora vía WhatsApp.

Alguna de esas denuncias son parte de silenciosos tiroteos entre distintas fracciones del arma, otras son probablemente maniobras de contrainteligencia.

Es verdad que García heredó el «tablero de ajedrez» dejado por Manini Ríos dentro del Ejército, lo que a veces se asemeja a un campo minado.

Un primer gran grupo dentro del arma son los oficiales maninistas en actividad, que encuentran en Cabildo Abierto su marco de referencia política y, al igual que en otras instituciones del Estado (ASSE), tienen sus tensiones con los cuadros fieles al Partido Nacional.

Dentro de estos, la logia Tenientes de Artigas es su fracción más dura y en permanente actividad, con recobrada autonomía dentro del Ejército a partir de la desvinculación del arma del actual senador Guido Manini.

Enfrentado claramente a este grupo, muchos militares que recientemente pasaron a retiro pero que conservan influencia dentro de la oficialidad, se encuentran los que sienten que Manini Ríos les soltó la mano dejándolos literalmente de a pie, lo que en términos militares implica sentirse traicionados.

Estos son los que tienen una visión más crítica sobre la gestión del actual comandante en jefe, el general Gerardo Fregosi, al que acusan de hacer la vista gorda ante varias irregularidades por parte de sus subordinados.

Jugando su partido y tratando de mantenerse al margen con un perfil muy bajo, pero consolidando su influencia, los integrantes de la logia masónica Caballeros Orientales contemplan los distintos movimientos de los distintos grupos en sus disputas de poder.

Los “cuquistas”, como se les denomina a los militares militantes del Partido Nacional, recuperan rápidamente los espacios perdidos en los últimos 20 años.

Entre ellos, la dirección de la Escuela Militar es uno de los botines de guerra más disputados.

Las estrechas relaciones retomadas por el gobierno de Luis Lacalle con el Comando Sur de Estados Unidos reorientan a las Fuerzas Armadas dentro de la estrategia geopolítica del Pentágono, que busca aislar la mayor cantidad de naciones de la «Ruta de la seda» y alinearlas contra la expansión de China.

Esta mirada es importante y explica una diferencia sustancial entre el nacionalismo conservador posfranquista, muy permeado por el neoliberalismo económico de los blancos, y  el nacionalismo de los Tenientes de Artigas y  el discurso de varios dirigentes de Cabildo Abierto y el propio Manini, que han realizado críticas a las políticas que abren las puertas a las multinacionales y al sistema financiero internacional.

 

Los de la gorra

No responden a ninguna logia. Ni tenientes, ni masones ni cuquitos, aunque todos medio mezclados. Hay otros que adhieren a los partidos tradicionales, pero con independencia orgánica de todos ellos y que enarbolan un  discurso anticomunista e incluyen un rechazo al manejo político dentro de la fuerza.

Son coroneles y capitanes que están capitalizando varios descontentos y que dicen “que todos son los mismo”, antesala  de “que se vayan todos”.

Son muchos que fueron sancionados por intentar sumarse a los juicios presentados por otros oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea contra la nueva Ley Orgánica y que como un gesto de disconformidad están solicitando los pases voluntarios a retiro.

Su fuerza, sumando los militares en actividad y en retiro, no es cuantificable, pero son los que están dispuestos, si Javier García sigue pisando huevos tapándose los ojos con la bandera del Partido Nacional como una venda, a buscar la remoción, como primer movimiento, del General Fregosi, y si no se termina de entender el mensaje, del propio ministro.

La vuelta servida sobre el mostrador ya se la dejaron pagada.

 

Granadas de fragmentación

Esta es la historia de Alejandra Fernández, la hija del general Ricardo Fernández, y Agustín Montaner, hijo del general Ricardo Montaner.

No sería importante si sus padres no hubieran usado sus influencias para abusar de su autoridad y conseguirles no solo trabajo a sus hijos, sino también armarles la carrera como oficiales del escalafón de apoyo.

Empezó todo en el año 2018, cuando expulsan de la Escuela Naval a Agustín Montaner por problemas de consumo de marihuana. Después “papá” le consigue trabajo en la “caja militar” del Ministerio de Defensa y lo manda a trabajar al Instituto Militar de Armas y Especialidades.

Por otro lado, Alejandra Fernández, le pide a “papá” que le consiga trabajo, siendo profesora de natación, entonces al padre se le ocurre la  idea de hacerla ingresar en el Instituto Militar de Armas y Especialidades en el año 2019, ordenándole a su “amigo”, el director de entonces, coronel Luis Prat, que la ingresara como soldado para que ese mismo año pudiese dar el concurso para oficial de apoyo.

También el general Ricardo Fernández (papá) habla con el general Montaner (papá), que estaba en el Comando del Ejército y entre los dos arman la jugada para que los “nenitos de papá” sean oficiales de apoyo.

El  ministro debe saber que las vacantes para oficiales de apoyo se ganan por concurso acorde a las vacantes que haya en ese momento, debiendo poseer un título terciario para poder presentarse.

El que relata disputaba una de las vacantes disponibles para informática, la cual conseguiría sin problemas dado que alcanzaban para todos lo que nos habíamos presentado.

Pero ese año solo había una vacante de oficial de apoyo para educación física, por lo que necesitaba más vacantes para los dos “nenes de papá”. Encima se presentó una mujer a la vacante de educación física, que, pese a los esfuerzos para que renunciara, lo hizo igual, siendo entonces tres personas para una sola vacante de educación física.

Para mejor, el general Montaner tuvo que conseguir un “diploma” para su “nene”, Agustín Montaner, para que pudiera concursar, por supuesto uno trucho, de un curso de fitness que duró un mes y que obviamente no era de nivel terciario. Para ello otra vez el coronel Luis Prat autorizó esta grave irregularidad.

Estando en el concurso que se realizó en el Instituto Militar de Armas y Especialidades, la misma Alejandra Fernández nos decía a todos: “Mi padre me consiguió la vacante y yo voy a salir primera”, pero esta “nena”, aparte de mala persona, es una gran burra y salía última en las pruebas.

Cuando le daban la nota, llamaba a “papá” y este presionaba al tribunal, como nos diría el teniente coronel Gutiérrez, excusándose sobre lo que estaba pasando cuando le pedimos explicaciones.

“No puedo hacer nada, estos están acomodados y esta Alejandra Fernández ya me cagó a manazos con el padre y nos tiene meta informes, mi jefe, el coronel Aranco, no aguanta nada y encima si no le ponemos buena nota, nos mata”.

Para colmo de males, la mujer les ganó a los dos “nenes de papá”, por lo que los “papás generales” abusaron de su autoridad para sacar dos vacantes disponibles para informática para cambiarlas por educación física, para que los “nenes” pudieran obtenerlas, pero de eso nos enteraríamos mucho después.

Así nomás se consumó el robo de las dos vacantes y se las dieron directamente a los “nenes de papá”. Y nos dejaron impotentes ante tanta corrupción y desidia.

A esta altura ya deben ser oficiales de apoyo los dos, pero en el camino cagaron a buenas personas sin importarles nada, viendo que en el Ejército campean la corrupción y el abuso de funciones.

Un día veo en la noticias que al general Ricardo Fernández lo dan de baja por acosador y golpeador de su amante, la capitana de apoyo Gabriela Hospital, y claro, si era una mala persona, un gran corrupto, y nadie hacía nada ni hizo. ¿Dónde están los tribunales de ética o como se llamen para estos señores?

Lo único que le pedimos, señor ministro, es que investigue lo que decimos y que cuando se dé cuenta, corrija esta corrupción que ensucia al Ejercito.

Nosotros, lo perjudicados, no queremos nada, pero si callamos, estos señores seguirán perjudicando a más gente y nosotros seremos cómplices de estos corruptos malnacidos».

(Uno de los mensajes que circulan por las redes)