La pandemia obligó a la institución a modificar por completo su metodología de investigación y por este motivo es que el informe correspondiente a marzo se hizo esperar.
Además, el cambio de metodología impide que se haga una comparación correcta entre los resultados de marzo y los del mes de febrero.
"Con el objetivo de identificar a los ocupados ausentes en el marco de la pandemia y captar situaciones especiales surgidas de este contexto (teletrabajo y horas efectivas de trabajo), se realizaron algunos ajustes a las preguntas habituales (tanto de redacción como de agregado de categorías de respuesta) y se sumaron otras", señala el informe.
"Hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las estimaciones que ofrece la "ECH (Encuesta Continua de Hogares) no presencial" no son estrictamente comparables con la "ECH presencial", añade la publicación.
En cuanto a los resultados del nuevo informe, el INE señala que de la "población en edad de trabajar" (2.889.000 personas aproximadamente) hay un 59 % que es "población económicamente activa" (1.705.000). Dentro de esa población, la ocupada es el 89,9 % (1.530.000) y la desocupada es el 10,1 % (172.000).
La población económicamente inactiva representa el 41 % de la que está en "edad de trabajar", o sea 1.184.000 personas.
En cuanto al desempleo (calculado en 10,1 %), es mayor en Montevideo (10,6 %) que en el interior (9,7 %). Las mujeres tienen mayor tasa de desocupación que los hombres: 10,5 % y 9,8 % respectivamente.
Adicionales
El informe de este mes presentó algunos indicadores adicionales sobre el mercado de trabajo debido al contexto de emergencia sanitaria. Uno de ellos señala que "los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos representan el 9,4 % del total de los ocupados en el mes de marzo". Los ocupados ausentes son aquellos trabajadores que "sin haber trabajado la semana pasada mantienen un vínculo con su puesto de trabajo".
Los ocupados ausentes, sin embargo, en la primera semana de marzo eran el 5,5 %, mientras que en la última semana fueron el 17,6 %. "Un 21,8 % declara no haber trabajado por estar suspendido por el contexto de emergencia o encontrarse en cuarentena; mientras que un 21,5 % se encuentra en seguro de paro especial o común", señala el informe en referencia a los ocupados ausentes.
"Como suele suceder todos los meses del año, la licencia es la principal causa de ausencia de los ocupados. Pero mientras en marzo del año pasado este motivo representaba al 68,6 % de los ocupados ausentes, para el 2020 este motivo cae al 44,2 %", añade.
Por otro lado, en comparación con febrero (último mes de encuestas presenciales), "el número de inactivos en marzo aumentó en 115.000 personas, aproximadamente, y el número de ocupados se redujo en 93.000 personas".
"Ante el llamado al confinamiento voluntario de la población, es posible que la búsqueda de empleo se encuentre reducida por la complejidad del mercado laboral (empresas cerradas y escasa demanda). Entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (81.000 personas), un 18,5 % dice que no buscó por la coyuntura de la pandemia", continúa el informe del INE.
Montevideo Portal
15 de mayo de 2020 |
La organización internacional publicó ayer dos informes sobre la situación actual en países en desarrollo.
“La crisis de la covid-19 es un llamado de atención. Ha demostrado que la falta de protección social no sólo afecta a los pobres; también pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes tenían una situación relativamente buena, pues el costo de la atención médica y la pérdida de ingresos puede destruir fácilmente el fruto de decenios de trabajo y los ahorros de una familia”, dijo Shahra Razavi, la directora del Departamento de Protección Social de la OIT.
La experta iraní hizo esas declaraciones al presentar dos informes sobre las carencias y la desigualdad en la cobertura de salud y de desempleo en los países en desarrollo.
“Los ejemplos de distintos lugares del mundo vuelven a poner en evidencia que los países con un sistema de protección social sólido e integral están en una posición mucho más fuerte para intervenir ante una crisis y para recuperarse de ella”, afirmó Razavi. Llamó a reforzar esa protección social, aprovechando “la creciente conciencia del público sobre la importancia” que esto tiene.
La falta de protección social en países en desarrollo puede impedir la salida de la crisis sanitaria mundial, señala la OIT. Agrega que la pandemia de covid-19 puso “de manifiesto déficits catastróficos de cobertura de la protección social en los países en desarrollo”, y que “la única forma de sostener la recuperación y prevenir crisis futuras es que estos países transformen sus medidas especiales de respuesta [a la pandemia] en sistemas de protección social integrales”.
En el informe “Respuestas de los países en desarrollo en materia de protección social ante la covid-19”, la OIT repasa una serie de medidas que se adoptaron frente a la epidemia para preservar el empleo y el ingreso, y para aumentar el acceso a la atención médica. Señala que las políticas de protección social son mecanismos “indispensables para proporcionar ayuda a las personas durante la crisis”.
El otro documento, que analiza el acceso de la población a los subsidios por enfermedad, afirma que la crisis sanitaria actual puso en evidencia la falta de cobertura. Una de las consecuencias de esa carencia es que empuja a una persona enferma o en cuarentena a ir a trabajar, y esto aumenta el riesgo de que contagie a otros, afirma.
La OIT llama a los estados a adoptar medidas urgentes para extender a toda la población la cobertura de salud y de seguridad social, y a trabajar para prevenir que los trabajadores y sus familias caigan, ante la falta de ingresos, en una situación de pobreza que “podría tener un efecto duradero”. Afirma que “aunque el virus no discrimine entre ricos y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales”, y señala que, en este momento de crisis sanitaria, “la capacidad de acceso a una atención de salud asequible y de calidad es ahora una cuestión de vida o muerte”.
A su vez, desde otro ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, la titular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, dijo este jueves que la epidemia de covid-19 puso en evidencia que “el actual sistema económico no funciona porque produce grandes desigualdades”. Por eso, agregó Bachelet, “a la hora de construir la recuperación debemos pensar en una nueva economía que sea inclusiva y sostenible”.
La funcionaria habló al respecto durante una conferencia de prensa virtual con periodistas acreditados en Ginebra, informó la agencia Efe. “No vamos a volver al día en el que esto empezó”, manifestó Bachelet, y apuntó en la misma dirección que la OIT: “Debe invertirse más en salud, pues durante mucho tiempo esa partida ha sido escasa e incluso los países más ricos mostraron que no estaban preparados”.
A veces la realidad se impone y no queda otra que correr atrás de los hechos. Esa sensación acompañó a los dirigentes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en los últimos días en los que, como tantos otros sectores y actividades, se vieron obligados a intentar seguir el ritmo vertiginoso que impone el coronavirus (Covid-19).
El nuevo escenario barrió de movida la agenda prevista. Suspendieron la Mesa Representativa en la que abordarían el proyecto de ley de urgente consideración que preveía enviar el gobierno al Parlamento y empezaron la semana con una reunión del Secretariado Ejecutivo, actividad que habitualmente desarrollan los miércoles. Pasaron a un cuarto intermedio para mantener reuniones con el ministro de Salud Pública, el de Trabajo, el de Industria y las cámaras empresariales. El martes los dirigentes volvieron a reunirse para intercambiar con la sensación de que la realidad otra vez les llevaba ventaja.
Según dijeron a Búsqueda fuentes sindicales, allí valoraron las reuniones del lunes con autoridades de gobierno y empresarios como una señal de buena voluntad y un intento por darle un “proceso ordenado” al impacto de la emergencia sanitaria en el mundo laboral. Sin embargo, la velocidad de los acontecimientos hizo que antes de que eso se tradujera en medidas concretas muchas empresas comenzaran a mandar trabajadores al seguro de paro.
“La realidad nos llevó por delante”, describió un dirigente.
El principal impacto está por ahora en el sector del comercio. En el sector industrial aún no ven un fenómeno similar, pero prevén que comience a hacerse sentir a menor escala en los próximos días.
En el Secretariado Ejecutivo del martes los dirigentes también analizaron el panorama que les espera por delante. En ese sentido, coincidieron en que habrá “consecuencias económicas importantes”. Ven como una posibilidad la pérdida de “varios miles de puestos de trabajo”, ya que no hay certezas de que todos quienes vayan al seguro de paro sean reincorporados de inmediato sino que será un proceso gradual, de acuerdo a la evolución de la economía. En conclusión, entienden que “es evidente que la salida va a venir con una desocupación más alta y un aumento de la pobreza importante”.
Complementariamente, expresaron su preocupación por un posible colapso de la seguridad social, al tener que enfrentar los seguros de paro y de enfermedad.
Ese mismo día, en el marco de una entrevista en el programa radial No toquen nada, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, deslizó el tema. “Deberíamos tomar todas las garantías para que Uruguay no salga con más pobres de los que tiene. Debería ser una responsabilidad ejecutar todos los rubros que el Estado tenga. No es el momento de analizar las cuentas públicas con tanta severidad, hay que analizar las cuentas sociales con severidad. Porque de las cuentas sociales no se vuelve”, dijo.
Prioridades y bloque
El martes 17 representantes del PIT-CNT mantuvieron una reunión con referentes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Intersocial Feminista y el Colectivo Ovejas Negras. Juntas, las seis organizaciones emitieron una declaración con cuatro pedidos al gobierno.
En primer lugar, reclaman “mecanismos especiales que amplíen la cobertura de las políticas sociales” para garantizar el acceso de los sectores más vulnerables a los “implementos necesarios para prevenir el contagio”. En esa misma línea, el punto cuatro considera “imperioso regular los precios de la canasta sanitaria” para evitar la “especulación del mercado”.
En el punto dos, manifiestan su preocupación por el 25% de los trabajadores que no tienen derecho al subsidio por desempleo y piden mecanismos para que se les cubra el 100% del salario. En el punto tres, solicitan frenar el aumento de tarifas que el gobierno implementará a partir del 1° de abril.
El miércoles 18, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución que habilita un seguro de paro parcial para los trabajadores a los que se les reduzca como mínimo seis jornales mensuales o 50% de las horas. La compensación es del 25% del promedio mensual de sus remuneraciones en los últimos seis meses. La medida apunta principalmente a aliviar la situación más comprometida que viven sectores como comercio y servicios, el turismo y la gastronomía.
Los reclamos del PIT-CNT van más allá. El miércoles 18, el Secretariado Ejecutivo emitió otra declaración con una plataforma de siete puntos. Entre ellos reclaman, por ejemplo, una renta básica para todos los que no están “comprendidos en la red de protección social”; flexibilizar los vencimientos de las tarifas públicas, tributos, alquileres y tarjetas de crédito y compensar los jornales perdidos en el trabajo eventual.
Para el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la principal bandera es la negociación colectiva. Que ninguna medida se tome de forma unilateral. Pero otra vez la realidad pasa por encima al ritmo del coronavirus.
“En este momento estamos cerrando con más de 2.000 enviados al seguro de paro”, asegura a Búsqueda Fabio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys). Lo dice desde el Ministerio de Trabajo, a punto de entrar a una reunión de urgencia del grupo 10 (Comercio General) de los Consejos de Salarios.
Hasta el ingreso a esa reunión, según contó, no habían tenido posibilidades de negociar “nada” con las empresas. Las expectativas y los propósitos que tenía para ese encuentro no eran demasiado ambiciosos: intentar establecer algunos “criterios básicos” para los envíos y reintegros, y buscar la menor pérdida salarial.
“Hasta acá el proceso ha sido demasiado desordenado. Queremos que por lo menos se vaya visualizando el mediano plazo, porque si no, va a ser mucho desorden. Y el desorden genera caos, genera incertidumbre en las trabajadoras y los trabajadores, y lo peor que puede pasar es que a una emergencia sanitaria, que ya está generando cierto caos, se le sume el caos de la situación laboral. Entonces, tratar de lograr determinadas señales de claridad”, dijo.
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