Un ser despreciable

El Dr Julio María Sanguijuela

CONDENADO EN LAS URNAS POR EL PUEBLO URUGUAYO, PASARÁ A LA HISTORIA COMO UN SER DESPRECIABLE POR HABER SIDO CÓMPLICE DE LA DICTADURA; DE LA CORRUPCIÓN, Y AUTOR DE LA LEY DE "IMPUNIDAD" QUE IMPERO EN NUESTRO PAÍS.

Amnistía Internacional exige anular Ley Caducidad

La ley fue diseñada como una carta de libertad para todos los que torturaron





Amnistía Internacional (AI) exigió este lunes la supresión de la Ley de Caducidad en Uruguay, una controvertida norma que impide el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1985) y cuya continuidad será sometida a referéndum el próximo 25 de octubre.

"Esta ley fue diseñada como una carta de libertad para todos aquellos que torturaron, mataron e hicieron desaparecer a mucha gente durante todo ese tiempo. Ahora llega el momento de que Uruguay demuestre que no va a permitir que esos crímenes queden impunes", indicó Guadalupe Marengo, responsable de la sección americana de la organización defensora de los derechos humanos.

En un comunicado divulgado desde la sede de AI en Londres, Marengo mostró su confianza en que el próximo referéndum declare nula una norma que "viola la obligación de Uruguay de hacer justicia y tan sólo sirve para tapar las incómodas verdades de su pasado reciente".

Amnistía Internacional aseguró que en los once años que duró la dictadura, el 99 por ciento de los presos políticos confesaron a diversas organizaciones pro derechos humanos que habían sido torturados.

La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986, inmediatamente después del fin de la dictadura, y fue ratificada por los uruguayos en referéndum en 1989.

La votación del próximo 25 de octubre es fruto de una movilización ciudadana encabezada por la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una iniciativa que ha logrado reunir las firmas exigidas por la Constitución de Uruguay para convocar un plebiscito nacional.

A su juicio, el resultado de la consulta de 1989 posibilitó la entrada en vigor de la ley ya que muchos uruguayos votaron a favor de la misma por miedo al regreso de la dictadura.
(EFE)
La Justicia uruguaya ve inconstitucional la amnistía a militares

Una ley que impide juzgar a militares acusados de violar los derechos humanos en la dictadura fue declarada inconstitucional por la Justicia para un caso, dijo el lunes la fiscal de la pesquisa, pocos días antes de que se realice un referendo sobre su anulación.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia se aplica únicamente a la investigación por la muerte de Nibia Sabalsagaray en 1974, debido a presuntas torturas, tras una petición de la fiscal del caso, Mirtha Guianze.

"Por unanimidad la declaran inconstitucional (...) es una posición de la corte muy contundente, muy sólida", dijo Guianze a Reuters.

El próximo domingo, junto con las elecciones presidenciales y legislativas, los uruguayos votarán en una consulta acerca de la nulidad de la ley de amnistía sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar (1973-1985).

"En caso de anularse la ley no tendría sentido plantear otras inconstitucionalidades, pero en caso de que el plebiscito no alcanzara los votos existe la posibilidad de plantearla para otros casos", comentó la fiscal.

"Normalmente cuando la Suprema Corte tiene una posición después emite lo que se llama decisión anticipada, que es más rápida", agregó.

La ley, que fue aprobada por la ciudadanía en 1989, obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo antes de comenzar una investigación por violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno de facto. Para que sea derogada en los comicios del domingo, la votación por nulidad debe superar el 50 por ciento de las adhesiones.

Según una encuesta de la consultora local Factum, un 45 por ciento votaría por la anulación de la ley y un cinco por ciento se inclina por la nulidad aunque mantiene ciertas dudas. Un 17 por ciento aún no ha decidido su voto.

En tanto, un sondeo de la empresa Interconsult mostró que el 47 por ciento está dispuesto a votar por la anulación de la norma, mientras que un 40 por ciento no lo haría y un 13 por ciento aún no lo sabe.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el Gobierno militar, la mayoría de ellos en Argentina, durante operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de las dictaduras de ambos países. El Gobierno del socialista Tabaré Vázquez excluyó algunas investigaciones de la ley debido a que los delitos se iniciaron en el país vecino.

Varios militares de la dictadura así como el presidente que disolvió el Congreso y dio paso al golpe de Estado están encarcelados.

A comienzos de octubre, Amnistía Internacional reiteró su condena por la existencia de la ley y pidió que la norma sea anulada. La ley, "al eximir de sanciones a policías y militares responsables de haber cometido crímenes atroces antes de marzo de 1985, optó por institucionalizar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en tiempos del gobierno militar", dijo la organización.

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