Dilma aprobó Comisión de la Verdad sin castigo en Brasil

Tras años de intensas negociaciones entre los militares y las distintas fuerzas políticas de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sancionó ayer la ley que crea una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos

La Comisión de la Verdad investigará violaciones a los derechos humanos, torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985). Sin embargo, el grupo no tendrá poder para castigar a los responsables que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó este viernes la ley que crea una Comisión de la Verdad para investigar, entre otras, las violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985).

La comisión, cuya creación fue aprobada en octubre por el Congreso, estará formada por siete personas que serán elegidas por la mandataria y tendrá un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos mortales de desaparecidos políticos.

Sin embargo, el grupo no tendrá poder para castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo, reseñó DPA.

El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la "revancha" por parte de los grupos de oposición a la dictadura.

Para evitar una crisis con los militares, del texto de la propuesta se quitaron expresiones como "represión política" y el período a ser investigado se amplió de 1946 a 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.

Según el relator de la propuesta en el Senado, el socialdemócrata Aloysio Nunes Ferreira, la Comisión de la Verdad tiene por objetivo asegurar a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos "el derecho a la memoria y a la verdad histórica" y así impulsar una "reconciliación nacional".

Los familiares esperan que el trabajo la Comisión tenga efecto práctico que abra camino a los procesos en la Justicia, y no sólo carácter testimonial, reflejó un cable de ANSA.

Miembros del Comité por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pablo dijeron que la creación de la Comisión demuestra "coraje" de parte de la mandataria, pero indicaron que éste es un "paso" hacia la apertura de procesos contra los militares acusados que por ahora están cubiertos por la amnistía.

Militares anmistiados se oponen a la verdad, amenaza de los altos mandos

Frei Betto para DD.HH.

El religioso brasileño Frei Betto fue impulsado como candidato a integrar la Comisión de la Verdad sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar (1964-1985), que debe ser lanzada por la presidenta Dilma Rousseff

La comisión de la verdad y la reconciliación

Coimbra: Comisión de la Verdad es insuficiente 

Para la presidenta del grupo "Tortura Nunca Más", Cecilia Coimbra, la Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar que se extendió de 1964 a 1985, no cumple con las expectativas de los afectados.

Brasil, critican acuerdo para la Comisión de la Verdad

Cuando era alcaldesa de SP, la diputada llegó a crear una comisión especial de investigación

La diputada Luiza Erundina (PSB-SP) acompaña hace casi treinta años la situación de las familias que buscan informaciones sobre parientes muertos y desaparecidos en los años de la dictadura militar. Como alcaldesa de São Paulo (1989-1993) ella llegó a crear una comisión especial para investigar casos de opositores del régimen que habían sido enterrados en fosas comunes de cementerios de la ciudad. De todas las iniciativas ya puestas en marcha en Brasil en esa área, fue la que tuvo mayores resultados.

Es a partir de esa larga experiencia que ella critica la forma como el gobierno viene intentando aprobar en el Congreso, por medio de un acuerdo de líderes, el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de la Verdad. En una entrevista a O Estado, ella dijo que la comisión, de la forma como está siendo organizada, tendrá pocas condiciones de añadir alguna cosa a aquello que las familias ya saben. A continuación, el texto de la entrevista.

Por qué usted está criticando, como voz aislada, la iniciativa del gobierno de crear la Comisión de la Verdad?

El año pasado, cuando el presidente Lula encaminó el proyecto al Congreso, estaba previsto que sería discutido en una comisión especial, con la posibilidad de audiencias públicas y consultas a especialistas, destinadas a perfeccionarlo. Pero la Cámara tardó en tomar iniciativas y el gobierno decidió apresurar la votación de la materia. No se tramitará más por la comisión especial sino en régimen de urgencia muy urgente, sin evaluación en las comisiones, sin debates ni posibilidad de enmiendas. Si fuera confirmado el acuerdo de líderes, va directo a la aprobación del plenario. Yo no concuerdo con ese proceso.

En relación al proyecto de ley, usted tiene restricciones?

Ese proyecto fue encaminado por Lula en mayo de 2010, en el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzaba a juzgar el caso de Araguaia, en una acción movida por familiares que acusan al gobierno de no haber hecho nada para localizar los restos mortales de los desaparecidos. Es probable que temía la repercusión internacional del caso y se preparaba para, en el caso de solicitud de providencias, decir: nosotros ya estamos actuando, ya encaminamos el proyecto de ley al Congreso. Analizado aisladamente, el proyecto es extremadamente limitado.

Por qué?

El proyecto prevé una comisión formada por sólo siete miembros titulares y siete suplentes para tratar de una cuestión que se esparce por Brasil entero. También está prevista la participación de militares en la comisión, hecho que disgusta a los familiares. A ellos aún les gustaría que el proyecto, además de hablar de memoria, verdad y reconciliación nacional, hablara de justicia.

El gobierno alega que no es posible hablar de justicia, porque los agentes del Estado acusados de violaciones de derechos humanos también fueron beneficiados por la Ley de la Amnistía de 1979. El STF confirmó esa interpretación de la ley.

En consonancia con las normas internacionales adoptadas en el Corte Interamericana y de las cuales Brasil es signatario, crímenes de lesa humanidad, como la tortura, no pueden ser amnistiados. Por otro lado, es bueno recordar que la Ley de la Amnistía fue aprobada a finales de la dictadura, en una coyuntura desfavorable a quien luchaba por la redemocratización y por una amnistía amplia para quien hubiera sido víctima del régimen. En otros países de América Latina que ya tuvieron comisiones de la verdad, como Argentina, Chile, Paraguay, los responsables por las muertes, torturas y desapariciones fueron condenados. Los Generales fueron detenidos. En Brasil los torturadores están siendo amnistiados.

Usted no estaría defendiendo el espíritu revanchista?

El espíritu no es de revancha sino de búsqueda de verdad, de justicia. Que los hechos vengan a la luz y se pase en limpio aquel período de la historia. Es preciso que se haga eso si queremos de hecho concluir el proceso de redemocratización y borrar esa mancha gris sobre la verdad.

O Estado de S. Paulo – Brasil

Autor: Roldão Arruda

Brasil, Comisión de la Verdad investigará sin presupuesto

Previsto para entrar en la pauta de votación del Congreso mañana, el proyecto de ley 7.376, que crea la Comisión Nacional de la Verdad, debe ser aprobado con apoyo de todas las bancas, tras una intensa negociación del gobierno, que colocó a cuatro de sus ministros – Justicia, Defensa, Derechos Humanos y Relaciones Institucionales – para conversar con la base y la oposición y convencerlos de la importancia de la materia. Sin embargo, quien acompaña con asiduidad el tema está temeroso con el proyecto, que nacería con debilidades evidentes.

Valor conversó con especialistas, fiscales y participantes de comisiones de la Verdad hechas en países de América Latina y África. La opinión unánime es que el proyecto, tal como está, es extremadamente dependiente de la buena voluntad del gobierno. El grupo de trabajo designado es considerado insuficiente y desprovisto de autonomía financiera, ya que no tiene dotación presupuestaria y dependería de traspasos, vinculado que está a la Casa Civil. El período analizado, de 1946 a 1988, es visto como demasiado extenso, lo que haría inviable una investigación minuciosa. “Se corre el riesgo de crear una comisión débil. Con siete miembros y 14 operarios para cuidar de todo, de atender el teléfono hasta hacer la investigación, la lectura de millones de documentos, investigar las violaciones cometidas en 42 años en todo Brasil, es completamente imposible”, afirma el procurador de la República Marlon Weichert. La opinión del procurador es compartida por especialistas de Perú y de Argentina, países que crearon comisiones semejantes para investigar violaciones a los derechos humanos en diferentes períodos. Para cumplir su misión, según especialistas, la comisión debería tener por lo menos 300 integrantes

“No hay ninguna posibilidad de que siete comisarios y 14 personas investiguen 40 años de violencia política. Eso es inviable”, dice Jo-Marie Burt, científica política americana que participó de la comisión de la verdad peruana. “Yo diría que esa es una estructura mínima, y que inmediatamente será necesario traer más personas”.  Leer mas:

La comisión fue aprobada tras conversaciones reservadas entre diputados y ministros. La propuesta sigue ahora para el Senado.

La Cámara aprobó este miércoles (21) la Comisión de la Verdad, que va a investigar violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. El acuerdo para la votación sólo salió a las 22 de miércoles (21). Diputados y los Ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo y de Derechos Humanos, Maria del Rosário, llegaron a reunirse en el cuarto de baño en conversaciones más reservadas. El secreto se justificaba porque la presidente Dilma Rousseff estaba envuelta directamente en la negociación. De Nueva York, por teléfono, ella fue consultada para dar la palabra final sobre una enmienda de Demócratas, que prohíbe participar de la Comisión de la Verdad a quien ocupe cargos en la ejecutiva de partidos políticos, en el gobierno o con implicación en los hechos investigados.

“Tiene que ser una comisión que va a pensar la historia del país, entonces ella no podía ser un escenario de disputas políticas y mucho menos del estrellato de partidos y fue por eso que nosotros construimos una enmienda que, a nuestro entender, perfecciona el texto”, dice el diputado ACM Neto (DEM-BA), líder del partido. La Comisión de la Verdad estará formada por siete personas indicadas por la Presidente Dilma Rousseff. Va a funcionar por dos años para investigar violaciones de los derechos humanos, muertes y la desaparición de perseguidos políticos de 1946 hasta la promulgación de la constitución de 1988, período que incluye momentos de inestabilidad política y la dictadura militar. La Comisión podrá requerir documentos, inclusive de las Fuerzas Armadas, y convocar a personas para deponer, pero no será permitida la apertura de procesos en la justicia contra torturadores, prohibida por la Ley de la Amnistía, lo que disgustó a algunos parlamentarios.

“Estamos atrás, en relación a Argentina, a Chile y a Uruguay. No es una Comisión de la Verdad, de la Justicia. Es una comisión con limitaciones”, dice el diputado Chico Alencar (PSOL-RJ), líder del partido. El gobierno conmemoró la aprobación en la Cámara, tras un año de debates. La propuesta va ahora para el Senado. “No olvidar significa jamás permitir, y es decir una marca importantísima de hoy para las próximas generaciones. Enfrentar eso puede ser duro para Brasil, pero será importante para la nación verdaderamente democrática y con derechos humanos que Brasil merece”, afirma Maria del Rosário, Ministra de la Secretaría de los Derechos Humanos. En Nueva York, la presidente Dilma Rousseff afirmó que la aprobación de la comisión fue importante para Brasil y para la posición del país delante del mundo.

La investigación sobre los crímenes ocurridos en la dictadura va más allá de lo que puede pretender un colegiado oficial tal como prevé el actual proyecto de ley

Los que desconocen el pasado histórico, dice una frase conocida, están condenados a repetirlo. Es derecho incuestionable de los brasileños tomar conocimiento, en su pleno detalle, de las violaciones de los derechos humanos que marcaron el período del régimen militar. Cerca de 40 años pasaron desde el auge de la represión política. La Ley de la Amnistía, estableciendo las condiciones irrevocables de un proceso de transición sin traumas para la democracia, asegura que se pueda tratar el tema con sobriedad y equidistancia. Aprobando la ley que instituye la llamada Comisión de la Verdad, la Cámara de los Diputados buscó atender a la demandas, más que justas, por una investigación histórica en profundidad de los abusos cometidos durante la dictadura.

En la tentativa de dejar menos marcado su tenor político, se extendió para el período de 1946-1988 el ámbito de las investigaciones a ser emprendidas por la comisión. Fruto, como se ve por ese detalle, de un delicado acuerdo entre las fuerzas presentes en la Cámara, no por eso el proyecto deja de suscitar dudas y cuestionamientos. Hay mucho de pretencioso e indebido, por ejemplo, en la propia denominación del colegiado que irá a instituirse. No le cabe a un organismo indicado por el Ejecutivo, por más imparcial que sea su composición, establecer “la Verdad”, con “V” mayúscula, en este o en cualquier asunto que sea. Aún en el campo de las ciencias naturales, donde en teoría los intereses y pasiones políticas no preponderan, no hay cómo concebir verdades definitivas. El descubrimiento de nuevas evidencias y circunstancias es un proceso continuo en cualquier área del conocimiento.

Es irrealista suponer que, en el exiguo plazo de dos años, una comisión de 7 miembros y 14 auxiliares, como establece el proyecto, venga a levantar todos los casos de violación a los derechos humanos. En el presupuesto de que se podrá alcanzar algún tipo de verdad “oficial”, se medita nombrar para la comisión a personalidades idóneas, algunas de ellas escogidas en el propio campo de la oposición. En qué medida, sin embargo, estarían contemplados representantes y defensores del propio régimen militar? Su presencia, no es exagerado suponer, traería dificultades y problemas al trabajo de la comisión. Su ausencia, por otro lado, abriría el flanco a acusaciones de parcialidad en las investigaciones.

La Comisión de la Verdad cumpliría mejor su papel, en rigor, si estableciera las condiciones más amplias posibles para el acceso de los ciudadanos a documentos del período. Investigaciones independientes, hechas por organizaciones, investigadores y periodistas sin vínculos con el Estado, constituyen en el mejor mecanismo para llegar más próximo a un ideal nunca definitivo, la verdad histórica. Esto no es monopolio de ningún colegiado oficial, por más imparcial que sea.